¿Te has detenido a conocer a las personas que buscan ocupar los cargos en el Poder Judicial, para saber si son idóneas o no? Ahora que te toca elegirlas, es muy importante que te acerques a sus perfiles para saber si representan alguno de los discursos relevantes para el cargo, como el de los derechos humanos. Te presentamos el análisis que realizaron estudiantes del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana para conocer qué tan cercanas son a los derechos humanos las personas candidatas a las magistraturas del Tribunal de disciplina Judicial.
Presentación de grupo
Somos estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde una formación crítica y ética, realizamos este escrito para analizar las trayectorias y las propuestas de quienes aspiran a integrar el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, debido a que la consideramos una institución clave del nuevo modelo de Poder Judicial. A lo largo del texto, encontrarán reflejados los resultados de la investigación, divididos en dos apartados: el primero, en el que mostramos las candidaturas que, en caso de resultar electas, consideramos que pueden comprometer el buen actuar de la institución; y, el segundo, en el que mostramos aquellas candidaturas destacadas, por alguno de los rubros evaluados.
En particular, evaluamos criterios como la preparación académica, la experiencia profesional y las propuestas, con énfasis en si cuenta con alguna propuesta en materia de perspectiva de género, diversidad sexual, justicia abierta y participación ciudadana. Con este ejercicio, pretendemos aportar una perspectiva crítica que visibilice el compromiso de las personas juzgadoras con los derechos humanos y la justicia, con el fin de contribuir con elementos para un proceso de selección más transparente e informado.
Para hacerlo, este artículo se basa en una investigación cualitativa de corte documental y analítico, centrada en el perfil de las personas candidatas al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial.
Se diseñó una base de datos (disponible en https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pCGuCPpQzyH7lJKvNHrUru7AuamfnZOnNfsP1sHEts/edit?usp=sharing) que contempló los siguientes ejes:
a) Formación académica y trayectoria profesional;
b) Enfoque en derechos humanos, perspectiva de género, diversidad sexual y justicia abierta;
c) Posibles elementos de alerta que pudieran comprometer su imparcialidad o independencia judicial, tales como afinidad con partidos políticos, vínculos con grupos de poder, señalamientos por violencia sexual o de género, pertenencia a redes de deudores alimentarios, o cualquier antecedente relacionado con el crimen organizado.
Las fuentes utilizadas incluyeron documentos oficiales del proceso de selección, entrevistas y posicionamientos públicos, registros académicos y profesionales y notas periodísticas. El análisis se desarrolló con enfoque crítico, identificando tanto elementos positivos como posibles riesgos éticos, políticos o estructurales que puedan incidir en la labor jurisdiccional de las personas candidatas.
¿Por qué elegimos hacer el ejercicio con el Tribunal de Disciplina Judicial?
El Tribunal de Disciplina Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un órgano del poder judicial con autonomía administrativa, técnica y decisoria, cuya misión es supervisar el desempeño y la conducta de las personas juzgadoras. Es decir, es la instancia del Poder Judicial que se encargará de vigilar y sancionar la actuación de las personas juzgadoras.
Estará conformado por 5 personas electas por medio de los procedimientos establecidos en el artículo 96° de la CPEUM. El periodo durante el cual desempeñará el puesto será de 6 años, alternando la presidencia del mismo Tribunal cada 2 años de acuerdo con el número de votos que hayan recibido. A su interior, se dividirá en el pleno y las comisiones. El pleno será la autoridad substanciadora1 y resolverá los asuntos de su competencia, también podrá encargar investigaciones, ordenar medidas cautelares y sancionar a servidores públicos, e incluso solicitar juicio político o dar vista al Ministerio Público de acuerdo con los parámetros previstos en la ley.
Este Tribunal tendrá atribuciones para sancionar faltas administrativas y conductas delictivas cometidas por personas servidoras públicas del Poder Judicial, exceptuando a ministros y magistrados electorales, quienes solo podrán ser removidos bajo reglas específicas constitucionales. Podrá evaluar a las personas juzgadoras electas durante su primer año en el cargo, en caso de que la evaluación sea insatisfactoria se podrán pedir medidas de reforzamiento o sanciones como suspensión y destitución si la evaluación resulta insatisfactoria. Las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables, dotándolo así de un alto poder2.
Resultados de la investigación
Tras la investigación realizada a las personas candidatas, se identificaron varios perfiles con vínculos preocupantes al partido político actualmente en el gobierno, lo cual podría representar un riesgo para la división de poderes y la independencia judicial.
En primer lugar, se detectaron personas formalmente afiliadas a Morena en el padrón de militantes del partido. Tal es el caso de Celia Maya García y Gabriela Jazmín Rivera Reyes, quienes aparecen registradas como militantes activas.
Además, aunque algunas candidaturas no figuran en los registros formales de militancia, presentan trayectorias claramente ligadas al partido en el poder. Por ejemplo, Rufino León Tovar se postuló en 2022 como precandidato de Morena en el estado de Hidalgo. Durante su trayectoria en cargos públicos, ha sido señalado por actuar en beneficio del partido gobernante.
Otro caso destacado es el de Bernardo Bátiz Vázquez, quien fue titular de la Procuraduría General de Justicia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México (2000-2006). Su cercanía con el expresidente y su protagonismo en esa administración lo vinculan estrechamente con el proyecto político actual.
De igual forma, Eva Verónica de Gyvés Zárate fue considerada por el presidente López Obrador para cargos clave: fue propuesta en 2019 como titular de la Fiscalía General de la República y en 2021 como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque finalmente fue designada como consejera de la Judicatura Federal.
Asimismo, Juan Pedro Alcudia se desempeña actualmente como consejero jurídico del gobierno del estado de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, lo que evidencia una relación directa con la administración actual.
Otro perfil relevante es el de Emanuel Montiel Flores, exfuncionario del Tribunal Electoral de Tlaxcala y exsecretario técnico en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado, presidida por la senadora morenista Ana Lilia Rivera. Montiel Flores también aparece como donante de su campaña electoral en 2018, según información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia. Además, figura como militante de Morena desde 2013 y su nombre seguía presente en el padrón del partido hasta la última actualización de diciembre de 2023.
Estos son solo algunos ejemplos de los perfiles que presentan vínculos con el partido en el gobierno. La lista completa está disponible en la base de datos que se anexa a este informe. A juicio de este equipo, la postulación de personas con afiliación o cercanía directa al partido político gobernante compromete el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución, al generar posibles conflictos de interés e injerencias en la toma de decisiones judiciales, particularmente si estas responden a la línea partidaria o a lealtades políticas previas.
Es importante destacar algunas candidaturas que, además de no presentar escándalos ni afiliaciones partidistas, por lo que fortalecen la independencia judicial y, en consecuencia, ofrecen mayores garantías para la protección de los derechos humanos; cuentan con trayectorias profesionales sólidas y propuestas significativas orientadas a la mejora del sistema de justicia.
Un caso positivo es el de Villa Bedolla Hasuba, candidata con licenciatura y maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una especialización en Derecho Constitucional, Administrativo y Derechos Humanos. Su último cargo fue como directora en el CEDIP. A lo largo de su trayectoria como servidora pública no se han identificado faltas administrativas ni escándalos. Sus propuestas son particularmente relevantes, ya que incorporan una perspectiva de género clara. Entre ellas destaca la creación de una comisión especializada para atender casos de violencia de género dentro del Poder Judicial y la reforma al Código de Ética del Poder Judicial para asegurar la transparencia. En entrevistas, Villa Bedolla ha resaltado la necesidad de una justicia cercana, sencilla y accesible para la ciudadanía, enfatizando el espíritu transformador de la reforma judicial.
Otro perfil destacado es el de Jorge Isaac Lagunes Leano, jurista con más de 24 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrado del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Su sólida formación académica incluye una licenciatura en Derecho, tres maestrías en Ciencias Penales, Derecho Judicial y Amparo, y un doctorado en Derecho. Su carrera está marcada por un compromiso ético y una capacidad de juicio independiente, como lo demuestra su intervención en el caso de Genaro García Luna, donde negó el amparo solicitado, evidenciando imparcialidad y rigor jurídico.
También es relevante el caso de Yolanda Otero García, abogada por la Universidad Tecnológica de México y con maestría en Derecho por el Posgrado de la UNAM. Aunque no cuenta con carrera judicial ni ha ejercido como servidora pública, su trayectoria combina experiencia como litigante con un sólido trabajo académico en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En su postulación al Tribunal de Disciplina Judicial ha planteado propuestas orientadas a fortalecer la formación de jueces, magistrados y ministros, así como a establecer mecanismos de evaluación que consideren no solo el volumen de resoluciones, sino también su calidad argumentativa. Además, propone la implementación de procedimientos de vigilancia, revisión, supervisión y sanción para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Por su parte, Octavio Ávila Martínez cuenta con una reconocida trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, donde ha supervisado y coordinado actividades clave de vigilancia y control. Como candidato al Tribunal de Disciplina Judicial ha subrayado la importancia de combatir la corrupción dentro del Poder Judicial y de acercar este órgano a la ciudadanía, con el objetivo de demostrar que no se protege a jueces y magistrados que incurran en malas prácticas.
Finalmente, destaca el perfil de Jorge Antonio Cruz Ramos, jurista con más de tres décadas de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado diversos cargos enfocados en la administración y fortalecimiento institucional de la justicia. Su candidatura al Tribunal de Disciplina Judicial se distingue por propuestas centradas en la integridad, el acceso a la justicia y la inclusión. Entre sus planteamientos se encuentra la implementación de sanciones ejemplares con enfoque preventivo, la creación de programas de integridad judicial que permitan detectar riesgos éticos desde etapas tempranas y el desarrollo de mecanismos accesibles —tanto digitales como presenciales— para la denuncia ciudadana de faltas judiciales. Además, propone incorporar la perspectiva de género y diversidad en el análisis y sanción de conductas judiciales, entendiendo que una justicia equitativa debe responder a contextos de discriminación estructural y reflejar la realidad multicultural del país. Su enfoque representa una apuesta clara por una justicia abierta, participativa y respetuosa de los derechos fundamentales.
En conclusión, este ejercicio no tiene la intención de influir en el voto del electorado ni de establecer juicios definitivos sobre las personas candidatas. Su objetivo es ofrecer información útil y accesible que permita identificar perfiles con posibles riesgos para la independencia judicial, así como destacar candidaturas que, con base en criterios de trayectoria profesional, ausencia de vínculos partidistas y propuestas orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia, representan opciones sólidas. Con ello, se busca contribuir a una toma de decisiones informada y al fortalecimiento del debate público sobre la justicia que queremos.
Grupo de sexto semestre en la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana:
Arantza Franchezka Calzada Buendía
Ximena Quiroz Martínez
Tabatha Paulina Anaya Robledo
Mayra Sandoval Doblado
Violeta Llorente Martínez
Nicole Crowley Sábato
Ivana Paredes Calderón
Ana Cecilia Flores Mc Dowell
Mario Iorio
Emma Estela de Guadalupe Cordero Covarrubias
- Instancia encargada de dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) hasta la conclusión de la audiencia inicial.[↩]
- CPEUM. Art. 100°. Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf[↩]
