En este mes de la abogacía, Raúl Arroyo reflexiona sobre la importancia que la profesión repiense su compromiso social en un contexto de profundas transformaciones, en atención al llamado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
La abogacía está obligada a repensar su compromiso social —y actuar en consecuencia— ante el abrupto cambio en el orden mundial, consecuencia de conflictos militares, nuevos equilibrios económicos, resurgimiento de nacionalismos, fenómenos y crisis migratorias, avances de la inteligencia artificial, un nuevo papado y, especialmente, de la recesión democrática1 provocada por regímenes disruptivos legitimados con procesos democráticos.
Es evidente, ante ese cambio de gran calado, la necesidad de una revisión de la profesión jurídica por excelencia para emprender una andadura congruente a las circunstancias ahora determinantes del ejercicio profesional, independientemente del ámbito de desempeño.
Sería una gran irresponsabilidad de las actuales generaciones de abogadas y abogados, cuando no ingenuidad, ignorar los riesgos y las afectaciones a la vista, y evadir el reto, individual y gremial, de asumir la discusión e impulsar el diseño del modelo necesario para adecuarnos a la realidad imperante.
La ruta debe empezar por innovar la enseñanza del derecho en contenidos y formas, privilegiar una investigación jurídica crítica y propositiva dirigida al fortalecimiento del Estado democrático de derecho, fortalecer la colegiación y la defensa del libre ejercicio de la profesión y participar en el debate de los grandes temas de interés público. Es muy importante apuntar esa cruzada con una visión más amplia de la regional.
En ese contexto, Iberoamérica enfrenta la encrucijada entre su inmenso potencial para vincular continentes por su condición de polo estratégico de crecimiento y el deterioro del Estado de derecho y una seguridad jurídica frágil. Así lo afirma desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid su decano Eugenio Ribón,2 con motivo de la Cumbre Internacional icam2025 Iberoamérica, basado en el reporte de World Justice Project: 78 por ciento de los países latinoamericanos ha retrocedido en calidad institucional desde 2016.
De ahí el llamado a la abogacía a asumir un papel transformador. No basta, afirma, ejercer la profesión en términos técnicos, pues en tiempos de crisis institucional tiene un deber democrático como garante del orden jurídico, defensora activa de derechos, promotora de reformas estructurales y constructora de confianza social.
La abogacía hoy no está sólo para interpretar leyes, sentencia Ribón, sino también para defender principios, promover reformas, frenar abusos y proteger libertades; no puede permanecer neutral ante el colapso institucional, ni callar ante la erosión de derechos.
Tres lamentables agresiones coincidieron con la expresión del colega español, lo qe confirma su oportunidad: la detención arbitraria del constitucionalista Enrique Anaya Barraza en El Salvador, donde su trayectoria profesional destaca por la denuncia consistente de violaciones a derechos humanos en su país, “enmarcada en un patrón preocupante de detenciones y hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su labor de defensa y promoción de los derechos humanos”, como lo condenó en un comunicado el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.3
Otro, la detención abusiva en California de trabajadores mexicanos migrantes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aspirante a la Presidencia de Colombia, una preocupante afectación directa al desarrollo democrático de la región latinoamericana, seguido de la confusa reacción del presidente Gustavo Petro.
Todos validan la invocación de Ribón al aprovechamiento de instituciones multilaterales, foros de cooperación, universidades de excelencia, redes de juristas y una sociedad civil vibrante, y al papel insustituible de la abogacía, no para atestiguar el deterioro sino para promover el renacimiento institucional.
En ese escenario cobra fuerza la afirmación de Ribón: en un contexto de creciente incertidumbre global, Iberoamérica puede —y debe— liderar una agenda jurídica compartida, desde el respeto a las instituciones hasta la regulación de los desafíos tecnológicos, como la inteligencia artificial.
Iberoamérica en la agenda global, Estado de derecho y gobernanza, competitividad, productividad e innovación, futuro del comercio, inteligencia artificial, tecnologías emergentes, oportunidades y desafíos jurídicos, arbitraje internacional, transición energética y sostenibilidad, así como defensa de los derechos humanos en tiempos de retroceso, fueron los temas abordados en la Cumbre ICAM2025, encuentro convocado en la capital española.4
Concluida la Cumbre Iberoamericana, en la que participó el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, se emitió la Declaración de Madrid,5 un posicionamiento en 10 puntos a través del cual se establecen acciones y compromisos y la divisa de una abogacía comprometida con su tiempo.
De lectura obligada para la abogacía mexicana, la Declaración de Madrid aborda nueve definiciones: promoción de una visión iberoamericana compartida y estratégica; defensa del Estado de derecho y la seguridad jurídica como motores de estabilidad y progreso; denuncia del deterioro institucional y sus efectos sociales y económicos; abogacía protagonista de las transformaciones, no espectadora; apuesta por una respuesta regional coordinada a los grandes desafíos globales; refuerzo de la apuesta por una educación jurídica de excelencia; reivindicación del acceso a la justicia como derecho estructural; consolidación de una agenda común de integración jurídica iberoamericana, y llamado a la acción: de los principios a las políticas.
Y asume un compromiso: seguir construyendo una agenda compartida y reforzar todos los mecanismos de cooperación jurídica, desde la formación hasta la diplomacia legal.
De ahí el llamado del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid a la abogacía iberoamericana a cumplir con su papel insustituible, no como testigo del deterioro sino como agente del renacimiento institucional. Convocatoria que igual vale “para colegios de profesionales, asociaciones académicas, cámaras empresariales, sindicatos, universidades y organizaciones de la sociedad civil, porque urge que asuman una postura clara y valiente ante la decadencia democrática”.6 En sintonía, con motivo de la celebración del Día de la Abogacía Mexicana en este mes, cabe referir la apreciación de Tsevan Rabtan: “Existen los abogados porque, aunque le hemos cedido al Estado el monopolio de la violencia y de la coacción, no le hemos cedido el monopolio de la razón”.7
Notas:- Diccionario enciclopédico de polarización política y emociones, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2024.[↩]
- Véase larazon.es 7/6/25.[↩]
- Véase X: @iidcunam, 7 de junio de 2025.[↩]
- Madrid, 4-6 de junio de 2025.[↩]
- Véase confilegal.com, 6 de junio de 25.[↩]
- “Más allá de la abogacía: una convocatoria a la conciencia profesional colectiva” Esteban Ángeles Cerón, economista, ex senador, nuevaimagendehidalgo.com.mx, 17 de junio de 25.[↩]
- Tsevan Rabtan. Anatomía de la ley, Deusto, Madrid, 2025.[↩]
