Luis Bartolini subraya que la bancarización sin acceso a crédito es insuficiente. ¿Qué riesgos implica depender del financiamiento informal con tasas que rozan la extorsión?
Durante años, el debate sobre inclusión financiera en México ha girado en torno de lograr que cada vez más personas tengan acceso al menos a un producto financiero o de pago formal dentro del sistema. Lo anterior, sin duda, es un presupuesto importante ya que sin cuentas de depósito formales el sistema financiero carece de la “puerta de entrada” que canaliza ahorro, permite transacciones seguras y construye historiales. Sin embargo, cuando el análisis se detiene en esa frontera, pasamos por alto que el verdadero salto hacia el desarrollo económico sostenible ocurre cuando ese acceso a servicios financieros incluye también la posibilidad de acceder a créditos y a préstamos productivos.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en marzo pasado, revela que 76.5 por ciento de los adultos mexicanos cuentan con al menos un producto financiero formal. El dato, por sí mismo, es alentador ya que en 2015 era de 68.4 por ciento. No obstante, en 2024 sólo 37.3 por ciento del mismo universo tiene acceso a crédito formal. Y ahí yace la asignatura pendiente; se ha incrementado la población que se denomina bancarizada por la apertura de cuentas de depósito y pago pero que todavía no se financia en forma suficiente y adecuada. Al respecto, cabe mencionar que la evolución tecnológica en los sistemas de pago y la disminución que en cierta medida se ha presentado en el uso de dinero en efectivo, conjuntamente con el nacimiento de todo lo que se conoce como sector Fintech, ha propiciado que más personas puedan utilizar este tipo de instrumentos en forma más fácil, económica y, en general, accesible, en comparación con las alternativas que tradicionalmente ha ofrecido el sistema bancario, donde los procesos de apertura y costos de mantenimiento y operación desincentivaban la apertura masiva de cuentas, particularmente para las personas de menores capacidades económicas y cultura financiera.
En ese orden de ideas podemos decir que, en su función más pura, el crédito es un acelerador de procesos económicos, ya que permite a las familias adquirir una vivienda, vehículos para uso personal o mixto (que también puede servir para algún tipo de actividad productiva complementaria), invertir en educación o afrontar emergencias sin descapitalizarse. Por otra parte, a las empresas, especialmente a las Mipymes y Pymes, les da margen para ampliar operaciones, incorporar tecnología y competir en mercados más complejos. El crédito formal, otorgado por entidades financieras, bajo cierta regulación y supervisión, además presenta la importante ventaja de que sustituye fuentes informales de financiamiento que suelen imponer tasas usurarias y condiciones abusivas, además de una serie de malas prácticas que en ocasiones llegan hasta el grado de ser auténticos modelos de extorsión corporativos o “institucionalizados” y que, al estar revestidos de cierta forma societaria financiera o de apariencia financiera, suelen operar por debajo del radar de las autoridades financieras, tomándose conocimiento de su existencia a partir de las denuncias penales que presentan los afectados cuando la situación a la que se enfrentan es insostenible. En otras palabras, la autoridad financiera se entera por los periódicos o en la indagatoria de alguna fiscalía.
En el artículo publicado el 14 de agosto de 2024 por el Foro Económico Mundial bajo el título “Acceso al crédito: el problema invisible que dificulta el crecimiento y el desarrollo de las economías emergentes”, se muestra, entre otros temas, que una expansión ordenada del crédito al sector privado como porcentaje del producto interno bruto se asocia con mayor crecimiento, productividad y reducción de pobreza. Sólo como referencia comparativa, dicho artículo precisa que, con cifras de 2022, Estados Unidos reportaba un 82 por ciento de su población adulta con algún instrumento de crédito formal, mientras que, en el caso del Reino Unido, la cifra era de 64 por ciento. En ambos casos, muy superior a la que en la actualidad tenemos en nuestro país (37.3 por ciento). Igualmente, en esa nota se subraya la importancia de atender las necesidades de financiamiento mediante la generación de nuevos modelos como los productos denominados de acceso al salario devengado (earned wage acces) que permiten a los trabajadores disponer de una parte de su salario en cualquier momento previo a la fecha de pago o quincena, ayudándoles a gestionar de mejor forma su flujo de efectivo. Por su parte, el Banco Mundial, en múltiples publicaciones —entre otras, la más reciente del Global Findex Database 2025— destaca la importancia de la inclusión financiera como herramienta para contribuir al desarrollo de emprendimientos, crecimiento empresarial, creación de empleos y empoderamiento de las mujeres, todo en aras de lograr modelos económicos con desarrollo sustentable; y al igual que otros organismos internacionales, generan sus propias metodologías para evaluar, cuantificar, dar seguimiento y diseñar políticas que maximicen los resultados obtenidos en cada país.
Expuesto lo anterior, queda clara la correlación que existe entre inclusión financiera y, especialmente, acceso a esquemas de financiamiento formal, con el desarrollo personal, empresarial y nacional. Pero ¿qué es lo que sucede en su ausencia o deficiencia? Que la gente suple la oferta de financiamiento formal a través de mecanismos próximos como el préstamo por parte de amigos y familiares, o la búsqueda de alternativas en el mercado informal de financiamiento; y aquí retomamos lo que ya habíamos adelantado en cuanto a que esta última opción conlleva costos y riesgos que pueden ser sustanciales. Por ejemplo, en los modelos de crédito formal, habrá dependiendo del tipo de entidad de que se trate: i) los marcos regulatorios que sirvan para delimitar los derechos del acreedor; ii) la transparencia y el equilibrio de los contratos que se suscriban; iii) la existencia de autoridades financieras que además de regular supervisen e incluso sancionen las malas prácticas y los abusos, y iv) tasas de interés que pueden llegar a ser altas, pero dentro una razonabilidad de mercado. Por el otro lado, la contratación de préstamos o créditos informales puede implicar: i) la no existencia de marcos jurídicos especiales aplicables; ii) la documentación de la obligación de pago en forma abusiva, confusa y leonina en perjuicio del deudor, a través de instrumentos con condiciones excesivas, garantías extraordinarias y mínima seguridad jurídica para el deudor; iii) la ausencia de autoridad especializada encargada de la supervisión y la sanción por faltas en la prestación de esos servicios financieros; iv) un importante riesgo de extorsión, amenazas, difusión de datos personales y vínculos con el crimen organizado; v) la falta de mecanismos especializados para la defensa del deudor (como sí los hay con la Condusef, la CNBV y Banxico cuando se trata de entidades financieras reguladas), y vi) tasas de interés extraordinarias que pueden llegar a representar un costo anual superior a 1,000 por ciento. Absurdo e inadmisible, pero desafortunadamente, eso es parte de la realidad. No contar con un acceso al financiamiento formal no sólo no contribuye al desarrollo de los individuos de que se trate, sino que, además, termina exponiendo a riesgos inaceptables a la población más vulnerable y resultándole, paradójicamente, al que menos tiene mucho más oneroso que lo que pagan personas con mejores situaciones económicas.
En suma, creo que se puede coincidir en la importancia y la necesidad de promover políticas financieras públicas que tiendan a mejorar los porcentajes de acceso al financiamiento formal de la población, brindándoles seguridad jurídica y mejores oportunidades de desarrollo, sin caer en el extremo de la laxitud regulatoria que después pueda convertirse en causa de una futura crisis financiera ante el incremento en los índices de morosidad y no recuperabilidad de las carteras crediticias, aspecto que igualmente tendría impacto negativo en la economía nacional.
