Valencia y Asociados, Abogados Penalistas ha surgido en un contexto de fuertes transiciones normativas, institucionales y culturales, con el objetivo de innovar las prácticas jurídicas desde una perspectiva sustancialmente humanista. Platicamos con las abogacías Lesly Fernanda Valencia, Simón Hernández y Quetzal Tzab sobre sus trayectorias profesionales y sus reflexiones sobre lo que esta transformación implica en cada una de sus áreas de trabajo.
Lesly Fernanda Valencia González
Soy Lesly Valencia, Socia Fundadora del despacho Valencia y Asociados, Abogados Penalistas. Empecé mi carrera profesional a los 16 años en la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el área penal, y después trabajé en el Bufete Jurídico Gratuito Social de la Universidad Panamericana, litigando también en el área penal y ayudando Pro Bono a personas de escasos recursos económicos.
Posteriormente, trabajé en el despacho Coello Trejo y Asociados por más de cuatro años, junto a los que son para mí, los mejores abogados penalistas de México, los Licenciados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, con quienes estoy profundamente agradecida profesional y personalmente.
En el ámbito académico siempre estuve muy activa. Presidí el Consejo Estudiantil de la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana y el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho (CINED), en el que llevamos a cabo proyectos sociales para toda la comunidad. A la fecha, sigo inmiscuida en la academia, escribo y doy conferencias sobre temas jurídicos de actualidad en diversos estados de la República Mexicana. Mi trabajo de investigación ha sido publicado en reconocidos espacios, como lo es el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
De igual forma, es importante mencionar, que soy abogada colegiada, principalmente por la Barra Mexicana de Abogados (BMA) y por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), donde he ocupado diversos cargos a lo largo de estos años.
Abogada, mujer, joven, en el ámbito penal… ¿Cuáles consideras que son las implicaciones de ejercer desde ahí?
Es una realidad que, es mucho más complicado para una mujer ejercer la abogacía, que para un hombre. Y lo es más en el ámbito del Derecho Penal.
En primer lugar, díganme el nombre de una mujer abogada que sea igual de reconocida que las vacas sagradas. No hay ninguna en el Derecho Penal, y no porque no sean igual de buenas, sino porque no se les da ese mismo reconocimiento. Hay que cambiar el chip. Las mujeres jóvenes no se avientan porque no tienen una referente y piensan que no lo van a lograr; por ejemplo, casi no hay mujeres socias en despachos en materia penal –es decir, sustancialmente socias, no solo aquellas que han sido colocadas ahí para cumplir con el eslogan empresarial de igualdad de género–.
En segundo lugar, es muy dura la discriminación y el acoso en los despachos. Lamentablemente yo lo sufrí cuando iba empezando mi carrera profesional en esta materia, cuando uno de mis superiores me acosó. Fue muy complicado porque nadie te enseña cómo actuar en esas situaciones. Estas prácticas se tienen que evidenciar y cambiar.
Como mujer, hay que poner el ejemplo e incentivar a las más jóvenes, para que sepan que sí se puede llegar lejos ejerciendo en el ámbito del Derecho Penal en México.
¿Cómo Valencia y Asociados, Abogados Penalistas se inserta en la realidad para transformarla?
En Valencia y Asociados, Abogados Penalistas, precisamente se busca cambiar la práctica del Derecho, innovando. ¿De qué manera? Protegiendo a las minorías y velando por los derechos humanos, y no sólo como parte de un eslogan empresarial.
En marzo, a todos les encanta vestirse de morado e ir a las marchas; en junio, poner la bandera de la comunidad LGBT+. Y cuando se les pregunta por la cantidad de socias mujeres que tienen en su despacho, o de integrantes de la comunidad LGBT+ en sus equipos de trabajo, inmediatamente se evidencian. Es muy diferente lo que dicen en relación con lo que hacen. Hay que ser congruentes. Por ejemplo, hay despachos que tienen diversas denuncias por discriminación y porque acosan a sus colaboradoras. Aquí se trata de que haya una verdadera protección de los derechos humanos y de las minorías, a través de prácticas inclusivas, y no únicamente desde el discurso. Los derechos humanos no son un eslogan empresarial, tenemos que hacerlos realidad en México. La idea es poner el ejemplo para que otros despachos tengan un referente en las buenas prácticas; esto, sin embargo, no implica abandonar las buenas prácticas que aprendimos de firmas más antiguas, simplemente dejar atrás aquellas que siguen perpetuando las desigualdades y la violencia.
En este despacho, además de mi perfil como socia, mujer y joven, hay perfiles muy diversos: desde el maestro Quetzal, abogado indígena especializado en derechos de las comunidades originarias, y el maestro Simón Hernández, especialista en derechos humanos y protección de personas en situación de vulnerabilidad –quien además ha combatido la prisión preventiva oficiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, y el equipo de pasantes, conformado por personas de la comunidad LGBT+.
Simón Hernández
Soy un defensor de derechos humanos vinculado a esta agenda desde hace más de 15 años: 10 años en organizaciones de la sociedad civil, que son espacios formativos y de garantía de los derechos humanos en nuestro país –como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, la Fundación para la Justicia– y casi una década en espacios académicos desde donde he podido impulsar los temas –primero coordinando la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla y, a partir de este año, como coordinador de la maestría en Derechos Humanos–.
Además, tuve la encomienda de conformar la clínica jurídica “Minera Calderón”, donde hemos conseguido resultados significativos; por ejemplo, la generación de una Ley de Declaración de Ausencia a través de un amparo, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas desaparecidas, esto es, que sus familiares puedan ejercer sus derechos a pesar de la desaparición, la atracción por la Suprema Corte de un amparo sobre autonomía indígena, la defensa de guardianes del territorio y el acceso a servicios de salud de grupos vulnerables. Todo esto a partir de un equipo de abogadas y abogados jóvenes e inspiradores, que ven en los derechos humanos una vocación y un camino profesional.
Soy un abogado privilegiado por el hecho de haber accedido a la universidad pública, un mecanismo de movilidad social importante en el país, pero que desafortunadamente sigue siendo limitado ya que solo 20% de la población en México accede a las universidades. Estudié la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México; posteriormente tuve una beca de la Ibero México para el posgrado en Derechos Humanos. Soy el primer integrante de mi familia en tener estudios de licenciatura y posgrado.
En este caminar de defensa de los derechos humanos he tenido oportunidad de participar en procesos con diversos temas: personas privadas de la libertad, víctimas de tortura, pueblos indígenas y derechos territoriales, detención migratoria, desaparición de personas; esos procesos de litigio estratégico han tenido un nivel importante de éxito con impacto en 30 criterios de tribunales colegiados, 10 de la Suprema Corte, 3 decisiones del Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, una del Comité de Derechos Humanos y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso García Rodríguez, que se relaciona a la prisión preventiva oficiosa y a las restricciones constitucionales expresas, el caso más importante en mi trayectoria profesional por sus implicaciones. Hace unos meses, en el marco de la reforma judicial, participé –siempre con distancia crítica–, y fui considerado idóneo para el cargo de ministro de la Corte en una lista de 22 aspirantes hombres de los cuales 10 pasaron a la boleta y elección a través de la insaculación en la tómbola. Esta es parte de mi trayectoria, de formación y de vida.
Usted ha trabajado mucho el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el estado de cosas sobre la prisión preventiva oficiosa en México?
La prisión preventiva oficiosa en México es una de las situaciones más complejas para la vigencia de los derechos humanos. Por una parte, tenemos una regla constitucional que permite la detención automática de personas que ingresan al sistema penal sólo por el delito que impute la Fiscalía además de una jurisprudencia del Pleno de la Corte que establece que cuando hay alguna antinomia entre la Constitución, los tratados y las sentencias internacionales, deberá prevalecer la Constitución; y por otra, tenemos la decisión –yo diría política–, de la gran mayoría de las instituciones del Estado mexicano, de apartarse de la sentencia y de los criterios de la Corte Interamericana.
Hoy, en el 2025, salvo la Suprema Corte, prácticamente la totalidad de las instituciones y los poderes públicos han decidido desconocer esta sentencia internacional. El poder legislativo, a través del Congreso de la Unión, no sólo incumplió la orden de la Corte Interamericana de suprimir la oficiosidad de la Constitución, sino que incrementó los delitos de prisión preventiva con una reforma avalada por 20 congresos de las entidades federativas, por la CONAGO, por la Conferencia de las Fiscalías y por la CNDH. De esta forma, una parte de nuestra Constitución, de las decisiones políticas y de la actuación de los poderes del Estado mexicano están desacatando una sentencia vinculante.
Aquí tenemos lo que hemos denominado un estado de cosas inconvencional y una situación de responsabilidad internacional agravada. ¿Qué significa esto? Que la prisión preventiva oficiosa es una situación estructural en nuestro orden jurídico, que involucra a varias instituciones públicas del país, genera una serie de violaciones de derechos a un gran sector de la población –más de 43 mil personas que están detenidas en prisiones, sin plazos para resolver sus procesos, siendo procesalmente inocentes, pero sujetos a una detención automática y en muchos casos prolongada–; mientras tenemos una decisión internacional, con carácter de cosa juzgada, a la que el Estado mexicano se encuentra vinculado porque aceptó soberanamente suscribir la Convención Americana y reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, instancia que tiene un proceso abierto de supervisión de cumplimiento de esta resolución.
En México una de las formas más sustanciales en las que se han protegido y alcanzado a respetar y garantizar derechos humanos, ha sido el litigio estratégico. Muchos cambios han venido desde ahí. ¿Qué son los litigios estratégicos? ¿Se va a ver afectada esta forma de litigio con la reforma de la Ley de Amparo?
El litigio estratégico es un medio más que un fin en sí mismo. Es un mecanismo que permite utilizar el sistema jurídico, sus distintos niveles, fuentes y garantías, para posicionar, a través de un caso, una problemática de carácter estructural (como puede ser la falta de garantía de un derecho, la aplicación selectiva de la ley, la falta de determinación de un contenido esencial, las medidas que van contra la progresividad, la falta de política pública, entre otras), y a partir de ello develar que hay una condición de estructura que posibilita la violación de derechos no solo en el caso en concreto, sino en la generalidad y a un sector importante de la población. A partir de una estrategia de defensa pensada en clave de transformación, se puede lograr un cambio significativo en el orden jurídico o en la garantía de los derechos de las personas en México. Por eso ha sido una herramienta fundamental, no solo de las organizaciones de la sociedad civil, también de gremios específicos, como los periodistas, las comunidades indígenas o agrarias, las colectividades, como la población LGTBIQ+, niñas, niños y adolescentes, madres y padres buscadores. El litigio estratégico ha posibilitado un avance importante de los derechos en el país en las últimas décadas.
La actual modificación a la Ley de Amparo establece criterios restrictivos sobre el interés legítimo y una acotación de la figura de la suspensión. En el contexto de la reforma judicial y de otras reformas constitucionales, se genera un entorno regresivo para la tutela de los derechos humanos. No solo porque hay nuevas reglas de aplicación para acceder al juicio de amparo, sino también porque hay nuevos operadores jurídicos y una racionalidad política que subyace a las reformas que limita los márgenes de interpretación judicial de las y los jueces, al tiempo que se fortalece un proceso de concentración de funciones en el Ejecutivo.
De manera conjunta, las últimas reformas, las decisiones políticas que las han impulsado y las nuevas reglas del juicio de amparo, conforman un obstáculo importante para el litigio de sectores desaventajados: campesinos, pueblos indígenas, periodistas, madres y padres buscadores, grupos ambientalistas y otros actores que tenían en este medio un mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad del Estado.
¿Cómo fue su experiencia llevando el tema de la prisión preventiva oficiosa hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos en el sistema penal para poder deshacernos materialmente de esa figura?
El tema de la Corte Interamericana y, en general, el de los sistemas de protección internacional de derechos humanos, tienen una dificultad significativa que no podemos eludir: su acceso es limitado y prolongado. En principio, por la propia saturación del sistema. Hay una Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] una Corte [Interamericana de Derechos Humanos] que ven asuntos de una parte significativa de los Estados del continente americano. Hay miles de casos que no se resuelven en sede nacional y acudir a los sistemas internacionales representa un desafío en términos del tiempo, de recursos a invertir y de la capacidad técnica que requiere el litigio internacional. Esos elementos son desafíos significativos para acceder a la justicia.
El proceso sobre la prisión preventiva oficiosa tiene al menos 16 años. Desde 2007 que se presentó la petición ante la Comisión Interamericana, su admisibilidad en el 2016, un informe de fondo en el 2019, su sometimiento a la Corte en el 2022 y posteriormente la audiencia y la sentencia, que está en supervisión de cumplimiento. Litigar en el ámbito internacional requiere de importantes esfuerzos de los equipos y de las personas que lo realizan. Por eso es importante fortalecer la sinergia entre las organizaciones de la sociedad civil con las universidades, para acompañar con mejores elementos a aquellos grupos que si no fuera por estas plataformas, difícilmente podrían acceder a un litigio internacional.
El caso de la prisión preventiva oficiosa es una experiencia de múltiples aprendizajes en términos de litigio de derechos humanos. Inicialmente se construyó en torno a un argumento de tortura, que estaba sólidamente documentado y el derecho a la integridad personal y la exclusión probatoria. A lo largo de los años surgió una interrogante adicional: por qué Daniel y Reyes permanecían tantos años en prisión sin alternativas. Entonces se incorporó el componente de libertad personal, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y su tutela judicial, lo que posteriormente llevará al planteamiento de la restricción expresa de la libertad en la Constitución por el carácter automático de la prisión preventiva, que será lo que en última instancia analizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es un caso exitoso. Desde la organización Pena sin Culpa se fijaron tres grandes objetivos: 1) obtener una declaración de la Corte Interamericana sobre la inconvencionalidad de la Constitución mexicana, lo que se logró –es un precedente importante porque desde el año 2001, con La última tentación de Cristo vs. Chile, no se había ordenado a un Estado reformar la Constitución–; es un mensaje potente hacia los gobiernos de la región en un contexto de expresiones autoritarias, de estados de excepción que lejos de ser extraordinarios, temporales y transitorios, se han vuelto condiciones de normalidad y se ha normalizado la limitación de derechos. La Corte Interamericana ubica que el caso de México permite visibilizar una tendencia de los Estados a legalizar, constitucionalizar o utilizar el derecho para dar apariencia de legalidad a decisiones políticas que violan derechos humanos.
2) Caracterizar un proceso donde dos personas permanecen casi 20 años en prisión como un caso de desviación de poder y ampliar la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana que ha condenado por actos de las instituciones públicas que tienen apariencia legal y son ejercidas por instancias competentes, pero que tienen un propósito ilegítimo distinto a la aplicación de la ley. Aquí hablamos de la instrumentalización de la justicia contra determinados sujetos sociales.
3) La tercera era muy ambiciosa: lograr ampliar la línea de jurisprudencia sobre la libertad personal y si puede declararse víctimas directas a las familias y no sólo a quien está privado de la libertad. Lo planteamos con un argumento muy contundente: hablamos de un caso donde la prisión es automática, que puede prolongarse por años y sin una adecuada protección judicial. Las familias viven todo su proyecto de vida en torno a la prisión, los recursos económicos, las audiencias judiciales, la convivencia; toda la existencia familiar orbita en torno a la persona privada de la libertad. Por lo tanto, consideramos que la afectación a la libertad se extiende a los núcleos familiares en estas dos condiciones: a) cuando la prisión es automática y b) cuando estamos frente a procesos prolongados en el tiempo sin ningún mecanismo de garantía o de alternativa en libertad.
Los desafíos que hoy se presentan son preocupantes por las reflexiones que han compartido distintos sectores del gremio jurídico: qué sucederá con la nueva conformación de la Suprema Corte y con las recientes reformas, como la de supremacía constitucional que prohíbe expresamente hacer control judicial del contenido de una reforma a la Constitución, lo cual es riesgoso y potencialmente regresivo, suponiendo que el día de mañana hay una decisión de los órganos de representación política de constitucionalizar alguna violación de derechos humanos y que no haya ningún mecanismo, ni de control abstracto, ni a través del juicio de amparo, para controlar estas reformas. Esto colisiona con uno de los resolutivos de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez, que establece que, independientemente de que México como Estado, a través de los poderes de la Unión, deba modificar la Constitución, se mantiene la obligación de los jueces de ejercer el control de convencionalidad sobre la totalidad del ordenamiento jurídico nacional, incluyendo los contenidos de la Constitución.
La Corte Interamericana ha señalado que el Estado mexicano debe suprimir el carácter oficioso de la prisión preventiva, lo que le corresponde al órgano legislativo, pero en tanto se da este proceso, el Poder Judicial tiene la facultad y la obligación de ejercer el control de convencionalidad, incluso sobre la Constitución. Por eso las reformas constitucionales de 2024 representan un dique al control de convencionalidad; por una parte, establecen la aplicación literal de la prisión preventiva e impiden suspenderla o interpretarla judicialmente; por otra, prohíben cualquier tipo de control judicial sobre disposiciones constitucionales. Esas dos reformas implican una renuncia tácita a la jurisdicción de la Corte Interamericana y a la posibilidad de aplicar el control convencional, porque se ha establecido constitucionalmente esta limitación a uno de los poderes del Estado.
Eventualmente esto va a representar una problemática importante a nivel internacional: cómo va a responder México cuando tenga que rendir cuentas ante la Corte Interamericana, no sólo del incumplimiento de adecuar la prisión preventiva a ciertos estándares de toda democracia funcional (esto es, a que la medida sea dictada por una autoridad judicial bajo un análisis de necesidad). El Estado tendrá que responder por el incumplimiento para suprimir el carácter oficioso, y por haber robustecido el andamiaje normativo y constitucional que permite desacatar la sentencia internacional y prohibir el control de convencionalidad.
Hoy existe este reto. El poder ejecutivo defiende la necesidad de la prisión preventiva oficiosa y frente a ello prácticamente la totalidad de los poderes del Estado han adoptado esta posición para justificar esta figura violatoria de derechos. La interrogante es qué papel adoptará la Suprema Corte, único poder que no se ha pronunciado sobre la sentencia.
¿Cuál es el rol que tienen las universidades y la academia en general para que se mantenga la vigencia de los derechos humanos en México?
La academia tiene un papel importante y una obligación muy significativa en la formación jurídica. Las universidades estamos obligadas a trabajar con nuevos paradigmas de enseñanza que conjuguen la apertura epistémica y global hacia las problemáticas que se dan en el mundo contemporáneo y sus soluciones. Nuestro sistema de conocimiento debe ir más allá del derecho doméstico producido en el país, que ha sido positivo a lo largo de muchas décadas, pero que hoy en día resulta insuficiente frente a una realidad compleja y cambiante.
En principio, la disciplina jurídica no se agota en sí misma. Requiere del conocimiento de otras disciplinas y de otras regiones. Frente a desafíos como el calentamiento global o el riesgo de los conflictos armados o la emergencia de actores no estatales que comprometen los derechos, tenemos que problematizar cómo enseñamos el derecho, a partir de qué elementos lo difundimos, con qué capacidad crítica se forma a las abogacías para que no sólo repliquen la legislación, sino que sean capaces de generar soluciones a partir de la utilización de las herramientas jurídicas. Eso supone también transitar hacia un modelo de enseñanza menos formal, rígido y abstracto de la enseñanza de la ley para plantear soluciones de los problemas de la realidad con el sistema jurídico. Es un cambio de paradigma importante, no estudiamos la ley en abstracto, sino estudiamos problemas sociales que hay que resolver con las herramientas jurídicas.
La promoción de la justicia es otro rol importante: Las universidades tienen el deber de formar abogacías que, independientemente del ámbito profesional que elijan, tengan una formación social y un compromiso para transformar los grandes problemas del país y acompañar a las personas más vulnerables, no sólo desde los colegios y clínicas jurídicas, sino a través de todos los ejercicios profesionales se promuevan soluciones y asuman la responsabilidad de generar mejores condiciones de existencia. Si desde la formación universitaria no se incorpora un componente de servicio, tardaremos décadas para que el gremio jurídico pueda generar condiciones de transformación para el país.
Finalmente, otro deber de las universidades es el trabajo y la enseñanza clínica. Muchas generaciones han aprendido en años recientes a partir del servicio de casos prácticos con compromiso hacia ciertos grupos sociales, cómo operar el derecho de una manera distinta. La academia tiene un acervo de conocimiento muy robusto. Tenemos que dar una revolución epistémica a la formación tradicional para generar un sistema de enseñanza renovado en sus fuentes y objetivos, que coloque a las personas, a las comunidades y a sus derechos en el centro de toda la actuación de las abogacías. En la actualidad hay una regresión desafiante para los derechos humanos en el país; frente a ello las universidades juegan un papel crucial para volver a generar condiciones de vigencia de los derechos y conocimiento crítico necesario para la discusión pública.
Quetzal Tzab
Me considero un hombre indígena muy afortunado debido a que las oportunidades que se me han presentado las he aprovechado desde muy temprana edad. Mi familia invirtió mis primeros años de estudio en Isla Mujeres y Mérida, donde resaltaba en áreas estudiantiles y como activista sobre pueblos indígenas.
Mérida, donde estudié, es una ciudad blanca. Yo iba a escuelas muy buenas, en donde había cero indígenas, y en donde me tocaba defenderme. Eso me arraigó mucho a lo que soy ahora, alguien totalmente orgulloso de su indigenidad, avocado a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no solamente en México, sino a nivel mundial: he tenido la oportunidad de representar a muchos pueblos indígenas del mundo; ahora que vivo en México, todavía más, en Quintana Roo.
Tomé la oportunidad de viajar desde muy temprana edad. Tengo abuelos mayas y abuelos mestizos. Los mestizos me enseñaron a viajar; los indígenas, la naturaleza, el amor a los árboles, el amor a sembrar. Gracias a eso, poco a poco fui amando cada vez más la naturaleza. Entonces ya hacía windsurf, eso me llevó a viajar. El windsurf fue para mí un parteaguas pues es el primer campeonato al que fui en Cozumel, –quedé en segundo lugar a nivel nacional–, y eso influyó mucho a que yo empezara a viajar; fui representante del equipo mexicano de windsurfers y así fue como llegué a Holanda, donde tuve una novia que se vino a vivir conmigo a México y con quien después, a los 18 años, me fui a vivir a Holanda. Viví ahí 32 años.
Otra vez las oportunidades se me presentaron, los estudios, el trabajo. Trabajé 27 años en industria del petróleo y 12 años en la academia, donde tuve la oportunidad de conocer mujeres grandes como Tarcila Rivera, Marta Méndez, Ramona Quiroga, Vicky Tauli-Corpuz, mujeres que hoy están en puestos de toma de decisiones y por quienes mi activismo por los pueblos indígenas se reforzó.
Fui parte del Grupo de Trabajo para los Derechos de los Pueblos Indígenas y viajé mucho a diferentes pueblos y comunidades del mundo. Me tocó ir a África y a Nueva Zelanda, donde trabajamos haciendo preguntas sobre la religión, la espiritualidad, la tradición, y sobre cómo se pueden interpretar en los artículos que tenemos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Siempre me consideré un activista y a la edad de 32 años, aunque ya había estudiado en Holanda, recibí una beca de las Naciones Unidas. Me especialicé en el estudio de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una vez que recibí el título de la Carlos III de Madrid, regresé a Holanda, donde empecé a litigar a favor de los pueblos indígenas y a testificar a favor de sus derechos contra empresas muy grandes que se aprovechaban de éstos.
Dos de los temas que siempre me han apasionado son los territorios y las autonomías. Son a los que cada vez más les pongo atención. Autonomías es sobre lo que más me consultan. Doy clases y talleres. Es así como empecé a conocer más sobre los catalanes y los italianos que quieren sus propias autonomías, aunque lo veo muy difícil, pero sueñan con eso, estamos hablando de los vascos también, que también gustan hacer eso, o de pueblos que hoy en día, desafortunadamente, por el cambio climático que estamos teniendo, empiezan a sufrir problemas –como los indígenas Sami de Noruega, de Suecia, de Finlandia y de Rusia–. Ese fue uno de los trabajos más interesantes que tuve en el 2014.
Me solicitaron ir a trabajar con ellos por dos meses y me quedé casi cinco. Descubrí algunas cosas, porque para poder hacer una sugerencia a los pueblos Sami, formar nuevas ideas, artículos en defensa de los territorios de los pueblos Sami, me di cuenta de que los pueblos nórdicos no firman convenios. La mayoría de lo que ellos hacen es moral. ¿De dónde me iba a agarrar para formar un historial para proteger a esos pueblos de la problemática del cambio climático? El Ártico se deshiela y en las tierras de los pueblos Sami se encuentran el oro, el petróleo y el diamante, en sus territorios, en donde empieza a llegar gente que se quiere aprovechar de éstos.
Ellos querían tener la certeza jurídica de su tierra, pero sin convenios. Fue muy difícil. Al final lo único que pude hacer fueron recomendaciones. Estuve en la Universidad de Turku y Helsinki, para terminar en la universidad de los Sami. No encontraba escritos ni investigaciones. Lo único fueron mis recomendaciones para la comunidad europea para que los tomara en cuenta y los protegiera, pues ellos tampoco habían firmado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En 2017 la comunidad europea adoptó mis recomendaciones. Estas son uno de los pocos escudos que tienen para proteger sus tierras ahora. Gracias a eso, los pueblos se han estado organizando para crear derecho, su derecho es consuetudinario. El tema es cómo llevarlo al plano internacional.
Regresé a vivir a México. Pensé que iba a ser fácil porque yo hablo español; sin embargo, muy pronto me di cuenta de que mi español era de 32 años atrás. No entendía muchas cosas del nuevo idioma. Me la llevé tranquilo, hasta que me puse a trabajar en algunos despachos en Isla Mujeres, en Cancún. Aunque el activismo me llama más. Me gusta ir a las comunidades que tienen problemas; los desafíos que enfrentan y cómo yo los traduzco para poderlos defender en todo esto nuevo que se está viviendo, contando los cambios que ha habido en México, muy fuertes, muy latentes, muy impredecibles, muy alarmantes. Ha habido muchas cosas buenas, sí hemos avanzado en México con respecto al derecho indígena, ese es el desafío de lo nuevo que estamos teniendo en México desde una perspectiva de pueblos indígenas y tomando en cuenta también cómo tenemos ahora la Suprema Corte, conformada también por mujeres indígenas bien preparadas, que integran su cosmovisión, sus justicias… donde el derecho empieza a tornarse multicultural, donde ya no es más ese derecho que estamos acostumbrados a defender, un derecho colonial que no le da paso al nuevo derecho multicultural.
Hoy ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un ministro indígena. ¿Cómo ve el panorama en este contexto de transformaciones e inclusión, en términos de los retos de acceso a la justicia para personas de comunidades originarias?
Es muy bueno lo que estamos teniendo en México, pero tomará su tiempo. Lo veo todavía más difícil porque existe todavía el colonialismo, el no aceptar lo indígena. Cuando uno es indígena y se presenta como conocedor existe inmediatamente la duda: “cómo lo va a saber ese indio patarrajada”; y si no pronunció una “s” una “equis” o algo que tenga que ver con el léxico, inmediatamente se desconfía. Ese es el desafío, que la sociedad dé la oportunidad. El ministro tiene la capacidad, es un persona educada, con conocimiento, con mucha experiencia; es un grande desafío ser el primer ministro indígena, además del compromiso que tiene con los pueblos indígenas en la transformación del Derecho con el Derecho Indígena, de llevarlo a sistemas normativos internos; además de hacer que la sociedad mexicana acepte que otro Derecho es posible.
Lo bonito del Derecho es que pueden tener diferentes interpretaciones. La aplicación me fascina, crear nuevos derechos en beneficio de la sociedad.
Independientemente de si es indígena o no lo es, pero un beneficio social, es la colectividad. Eso es algo que hemos perdido. Nos estamos cada vez yendo más al individualismo; eso lo vi muy de cerca en la pandemia, cuando estaba yo como el primer jefe de asuntos indígenas en Quintana Roo. La pandemia nos tocó de sorpresa. Allá el individualismo se quedaba solo en las ciudades, las comunidades se fueron a su casa en la colectividad; donde yo trabajaba ninguna persona falleció, inclusive me dijeron que no llevara despensas, sino frijol, arroz, sal, azúcar, café; y después ya ni eso. Eso demuestra que la colectividad tiene resiliencia.
Otro reto es el medio ambiente. Ya casi lo destruimos. Lo que nos viene no es tan lindo. En el 2050, no vamos a lograr terminar con el hambre. Tendremos que crear alianzas entre los mismos humanos, porque la agricultura no funcionará. Tenemos que buscar nuevos métodos en los cuales el derecho también influya en el medio ambiente, para que podamos ser y mantener lo que tenemos ahora vivo. ¿Cómo podemos ahora regular ese derecho al medio ambiente? El indígena pelea también el derecho a la naturaleza, pero no hay que ser indígena para pelear por ésta; los humanos nos tenemos que unir para tener acceso a ella y que se vuelva también un derecho.
¿Cómo se pueden proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades desde un despacho particular? ¿Cómo fue su experiencia en el tema de hacer que un territorio nacional fuera reconocido como territorio ancestral?
El desafío fue convencer a la gente de que sí se puede. Cuando me comentaron cómo era todo y con la experiencia que tengo, empecé a formularme cómo podemos hacer algo que no se haya hecho. Yo estaba convencido de que sí se podía, tomando en cuenta el Derecho Internacional, el Derecho de nuestra Constitución mexicana, las leyes de Semarnat y los 169. En Quintana Roo gozamos del Derecho Indígena Maya, de la ley orgánica municipal, de la ley orgánica estatal, así que me puse a leer, leer, leer, leer, y vincular el Derecho.
La ley indígena dice que es la gente arraigada a esos lugares la que debe de tener ese Derecho. ¿Cómo crear ese Derecho? Lo que me cuenta la gente, cómo llegaron ahí después de la guerra de castas, es que fue en los años de 1930, cuando destituyen a Francisco May de Carrillo Puerto; llegaron al norte de Tulum. Me contaron 12 familias la historia de este primer lugar que se llamó San Antonio Muyil. Todo lo que yo tenía eran historias intangibles. Aunque tenía los artículos, ninguno podía vincularlo, tenía que encontrar alguna tesis, encontrar cómo lo intangible podía volverlo tangible. Ya después el camino era por medio de peritajes (topográficos, antropológicos y de flora y fauna), comprobar lo que la gente me dijo. En mi búsqueda, encontré una tesis en la Universidad de Chiapas de un japonés que estudió la vida de Manuel Antonio Ay. Gracias a esta tesis pude juntar todo: los artículos internacionales, las normativas municipales y estatales, y la constitución.
Ahora tienen ya el derecho de su tierra.
Otro desafío era la interlegalidad. Yo estaba seguro, la Semarnat ya lo había aceptado, la CONANP ya lo había aceptado, pero tenían que aceptarlo la SEDATU, la SEGOB y diferentes secretarías; mismas que fueron estudiando el proceso y aceptando su viabilidad. Ellos han estado siempre allá (no vive nadie más allá de ellos), tenían su enajenación desde los años –el más viejo, 1972–, eso no era todavía ni estado, era territorio, tenían papeles ahí que les habían dado. Pero con eso ya pude comprobar. Todo eso influyó a que hubiera una resolución favorable. Sin embargo, hoy en día la CONANP no quiere volver a hacer este proceso, el cual sería muy bueno para diferentes comunidades, no solamente en México, sino en Latinoamérica y el mundo.
Este caso lo llevamos a Ginebra y mucha gente se puso muy feliz de ver cómo lo hicimos. Estuvimos los expertos de los mecanismos de derechos de los pueblos indígenas en el podio internacional y en un evento paralelo donde tuvimos dos horas para conversar sobre esto. Hasta el día de hoy hay propuesta de que lo hagamos en otros países, pero me gustaría mucho que México pudiera ser un derecho. Ojalá que la CONANP y la SEDATU decidan.
No es precisamente un título, sino una concesión que reciben las personas. Y eso les da la certeza de que sus lugares no van a ser tomados por inmobiliarias y nadie puede entrar allá. Lo mejor es que se hicieron proyectos para que el trabajo surja y ellos puedan empezar a trabajar y gozar de esas tierras y esa biodiversidad, y al mismo tiempo ser vigilantes de toda esa preciosa selva que existe en Quintana Roo.
Comunidades indígenas, transnacionales, poderes fácticos apropiándose de territorios. En este contexto tan complejo, ¿cómo proteger y garantizar los derechos de las comunidades indígenas?
Ese es un desafío. Nosotros lo vivimos por inmobiliarias. En el norte hay minas. Todo el crimen organizado toma comunidades indígenas, igual lo vemos en Chiapas. Está muy fuerte. Nosotros en Quintana Roo tenemos casi el mismo problema, pero con inmobiliarias. Ahora estoy viendo tres casos, pues hace algunas semanas una llegó e invadió tierras. Algo fuerte para nuestra lucha es que estas inmobiliarias están respaldadas por políticos que tienen una trayectoria fuerte. Es difícil, porque llegan con máquinas y con gente que dice tener títulos sobre la tierra. Nosotros sabemos que no los tienen.
En el norte, los pueblos indígenas están cada vez más conscientes de hacer vigilancias colectivas y de formarse con toda la tecnología. Sin embargo, eso tiene dos filos, porque se arman; al pueblo indígena le corresponde defender su tierra, pero no con violencia, esa parte le toca al gobierno.
Esa gente que está ahí despojando a las comunidades, a los pueblos. Yo creo que definitivamente es trabajo del gobierno hacer eso. Tenemos el caso de Cherán, el primer pueblo en lograr su autonomía, allá en Michoacán. Fue un caso que se dio a causa de la tala de árboles que existía en esa área. Lograron reunirse, y gracias al doctor Orlando Aragón Andrade, quien llevó el caso, años después consiguieron su autonomía.
La libre determinación es siempre un tema que asusta a los gobiernos, porque inmediatamente se piensa que los pueblos indígenas quieren formar sus propias naciones. Pero no, los pueblos indígenas están conscientes de querer tener su propia identidad, pero dentro de un país. Yo me considero maya. Puedo decir que soy de la nación maya, pero soy mexicano. Ese es el sentir que tenemos. El gobierno no ve muchas veces esto, ve con temor la libre determinación. Y es algo que en el caso de Cherán ya lo han llevado a términos legales, la comunidad tiene su autonomía, pero también son mexicanos.
Algo importante es que los municipios no controlen el dinero del subsidio que se da a las comunidades, sino que sean directamente éstas. En el caso de Cherán lo han hecho bien porque están bien organizados, pero ¿qué pasa en otras comunidades? Supuestamente se da el dinero a las comunidades –lo digo como una crítica constructiva porque eso destruye lo comunitario–, de nada sirve que haya mandado el dinero porque “ellos”, y cuando digo “ellos” quiero pensar en los que dan el subsidio, que hicieron sus propios comités y si ya tenemos en las comunidades su propia gente, su presidente, su comisario, su secretario, su tesorero, sus vocales, sus vigilantes. Cuando llega este dinero, ellos dicen, no, nosotros ponemos nuestro comité. Entonces es ahí donde rompen el esquema de una comunidad y empiezan a haber confrontaciones. Así que estamos viendo dos sistemas.
Uno, el que la comunidad lleva con una autonomía y la lleva muy bien. Hay prosperidad en el pueblo, no hay el vandalismo, se elimina el narcotráfico, ellos se unen, hay más familiaridad en la comunidad, como el caso Cherán. Por supuesto tendrán sus rencillas y cada vez se están yendo un poco más, es un buen ejemplo yo creo el caso Cherán.
Y por otro lado, lo que estamos viendo ahora en el 2025, porque de qué sirve que tengan dinero si eso trae rencillas al poner comités que regulen ese dinero, así que he ahí dos ejemplos de cómo debería ser esa parte.
