En Campo Algodonero, la justicia dejó de ser promesa y se volvió reclamo. La sentencia exhibió la omisión del Estado frente a los feminicidios y colocó a las víctimas en el centro de la escena jurídica internacional.
Karla Micheel Salas identifica en Campo Algodonero un parteaguas en la historia jurídica de México y de América Latina. La sentencia de la Corte Interamericana responsabilizó al Estado por no prevenir ni investigar con diligencia los feminicidios en Ciudad Juárez y desmontó la idea de que la violencia contra las mujeres pertenecía al ámbito privado. Para la abogada, el fallo evidenció que la omisión institucional, los prejuicios y la indiferencia oficial también constituyen violaciones a los derechos humanos.
Karla Micheel Salas destaca que el impacto trascendió a las familias de las víctimas. Campo Algodonero sentó estándares internacionales, impulsó cambios normativos y obligó a reconocer la violencia de género como asunto de responsabilidad pública. Aunque las sanciones individuales siguen pendientes, el precedente modificó el lenguaje jurídico y colocó el feminicidio en la agenda del Estado. Desde entonces, prevenir, investigar y sancionar dejó de ser una promesa retórica para convertirse en obligación internacional exigible.
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