¿Cuál es la relevancia que tiene el lenguaje para el derecho?
Diego Valadés – Me da un gran gusto estar en esta revista, hecha por jóvenes con un gran sentido profesional, que contribuye al conocimiento del derecho, a la formación de la cultura jurídica en el país y, en particular, a hacer accesibles muchos temas que nos interesan a los abogados y que interesan al público en general. Una de las características que advierto en la revista es que la puede leer inclusive quien no tiene una formación jurídica especializada. De manera que felicito a este gran equipo de jóvenes que usted encabeza.
En principio, el derecho no es más que el lenguaje, es una creación artificial. Cuando ingresé a la Academia, mi discurso se refirió a las palabras, que llamo “con poder”, que son las que caracterizan al ordenamiento jurídico. El problema que tiene el lenguaje jurídico en nuestro tiempo es la complejidad que lo ha venido acompañando en su desarrollo y que lo hace accesible fundamentalmente para quienes lo trabajan de manera experta. Pero esto tiene un inconveniente: si bien se consigue una precisión conceptual cuando el lenguaje técnico se utiliza de manera adecuada, por otro lado, para el justiciable que no está formado o que no es versado en cuestiones jurídicas resulta de conocimiento y de entendimiento complicado; esto hace que se haya formado, en los últimos años, una corriente muy importante que aboga por la claridad del lenguaje jurídico.
Este no es un problema que nos afecte sólo a quienes hablamos español. Uno de los esfuerzos más significativos ha sido el que se está haciendo por parte de la Asociación de Academias de Lengua Española, con un impulso decisivo del director Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua. Él, además de ser un gran conocedor de la lengua y un gran prosista que ha escrito textos literarios extraordinarios, como una muy importante biografía de Cervantes, también es un abogado muy prestigioso, uno de los juristas españoles más conocidos, que trabaja tanto temas de derecho administrativo como de derecho constitucional y es quien ha puesto un énfasis muy particular en que avancemos en cuanto a la construcción de un lenguaje claro en materia jurídica. Tiene, por ejemplo, un libro de estilo de los jueces españoles que ha sido adoptado por muchos organismos jurisdiccionales también en la América hispanohablante. De manera que ya tenemos un espacio muy avanzado y una convicción generalizada de nuestro deber de promover el lenguaje claro.
Este tema se trató en el anterior Congreso de las Academias de la Lengua que se llevó a cabo en Cádiz, y se tratará otra vez de manera más amplia todavía, en el que tendrá lugar en octubre de este año en Arequipa, Perú.
Hay otros países que también están trabajando, de manera intensa, el lenguaje claro de relevancia jurídica: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Esto corresponde a un movimiento que tiende a generalizarse, porque uno de los aspectos centrales del Estado de derecho no sólo es la adecuación de la conducta de los gobernantes al ordenamiento jurídico, sino también, de manera sobresaliente, la exigencia que formulen los gobernados en relación con el acatamiento de la norma por parte de los gobernantes, así como con la práctica en las relaciones interpersonales, en las relaciones colectivas y en las relaciones sociales de normas jurídicas y su aplicación de la manera más puntual posible. Pero no sólo eso, también nos encontramos con que la multiplicación de contratos de adhesión, que en muchos casos afectan el patrimonio de las personas, de los contratantes con las grandes corporaciones, entre otros factores, tienen el problema de las llamadas letras pequeñas que recurren al uso de un lenguaje técnico que no siempre es accesible al conocimiento de quienes los suscriben, de suerte que el lenguaje claro no sólo es el que deben utilizar los órganos oficiales del Estado, sino también los particulares en la relación con otros particulares; es una de las bases fundamentales para que los justiciables ejerzan sus derechos, que sólo pueden ejercer a partir de su conocimiento.
La simplificación del lenguaje, la accesibilidad al conocimiento de los términos jurídicos claros, forma parte de lo que muchos consideramos debe constituir un nuevo derecho fundamental: el derecho al lenguaje claro.
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Este derecho al lenguaje claro, ¿a qué retos se va a enfrentar en el contexto de la institución de una nueva Suprema Corte y de un nuevo Poder Judicial de la Federación, con muchas personas que quizá llegan con otros lenguajes, no tan precisos en relación con la técnica jurídica?
Diego Valadés – Uno de los retos que tenemos en México es la corrupción. La corrupción tuvo un efecto en el ámbito jurisdiccional que ha sido imperceptible, pues no se identifica que una parte de lo que corresponde a las prácticas jurisdiccionales ha sido ocasionado por los vicios que desde tiempo inmemorial tenemos en el ámbito de la justicia en el país. Esto hace que nuestros expedientes en los juzgados, por ejemplo, tengan que ser cocidos, justamente para evitar la sustracción de sus elementos y para asegurar que todo lo que se haya hecho valer en juicio se haya tomado en cuenta por el juzgador (nuestras sentencias son extensísimas porque se suele incorporar a la sentencia el texto de la demanda, la contestación, las diferentes pruebas, las distintas instancias por las que se ha pasado, todos los recursos que se hayan interpuesto en el curso del juicio), lo cual hace la lectura muy difícil para quien no es abogado. Esto se debe justamente a que se procuró evitar la sustracción de elementos que integraban los expedientes, y a que constara, por lo tanto, en la sentencia todo lo que se había aportado en el juicio correspondiente, sobre todo para que sirviera como elemento para las siguientes instancias.
Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la cultura jurídica, simplificando las sentencias para que sean más fácilmente inteligibles para las partes en un juicio. En ocasiones amigos o familiares me han enseñado el texto de una sentencia y me preguntan que si la conclusión les es favorable o les es adversa, porque no lo entienden. Éste es un desafío al que se enfrentan los nuevos juzgadores, que ha sido un reto que se ha tenido desde mucho tiempo antes, pero que todavía no ha sido resuelto adecuadamente.
El segundo tema al que se enfrentarán los nuevos juzgadores es que se ha interrumpido la carrera judicial en el país al introducir el elemento electoral, pues ya no se trata de una carrera administrativa o técnico-judicial, sino que ahora es una carrera política. Quien desea aspirar a la máxima posición en el ámbito jurisdiccional, juez o magistrado, ya no sujetará sus aspiraciones a acreditar sus conocimientos y a aprobar exámenes de oposición, sino que sabrá que en un momento determinado tendrá que participar en un proceso electoral que dependerá de muchos elementos (padrinazgos, apoyos extralegales e incluso ilegales, como el uso de acordeones que condicionen el resultado de la elección). Las múltiples vicisitudes de carácter electoral alteran el sentido de la carrera que antes fue profesional y que ahora será estrictamente política. Los efectos tardarán en producirse porque todavía buena parte de los juzgadores, en el ámbito federal por lo menos, siguen siendo los que estaban en funciones antes (permanece más de la mitad de los juzgadores). El proceso de cambio se va a dar de manera paulatina conforme se vaya modificando la estructura del servicio civil, que tenderá a reflejar los vicios del patrimonialismo administrativo, burocrático, que infortunadamente caracterizan a México; es decir, los nuevos jueces y los nuevos magistrados incorporarán a personas de su confianza, tengan o no experiencia jurisdiccional. Esto significa el riesgo de que el lenguaje siga haciéndose confuso, ya no sólo por las características técnicas del derecho, sino por la formación o no formación de quienes arriben a los cargos de los órganos jurisdiccionales y que no estén lo suficientemente preparados en el lenguaje jurídico estándar tradicional o, en general, que tengan una formación que les permita expresarse con claridad y propiedad.
¿Qué acciones están emprendiendo en la Academia Mexicana del Lenguaje para clarificar el lenguaje en el derecho?
Diego Valadés – Quien encabeza este proyecto en la Academia es don Raúl Arroyo, que además es un gran escritor y jurista, con experiencia en los ámbitos docente y jurisdiccional. En general, estamos participando todos, tanto los que tenemos formación jurídica como los que no, pero que están interesados en temas que tienen relevancia pública y social, como filólogos, lingüistas y escritores, quienes forman parte de otras disciplinas en materia de humanidades o de ciencias sociales. De suerte que estamos una buena parte de los miembros de la Academia participando en este proyecto. Solamente podrá prosperar si se cuenta con una adecuada cooperación, solidaridad y acompañamiento por parte del sector público. Si la administración pública, los órganos legislativos y los órganos jurisdiccionales no se interesan y se involucran a fondo, las posibilidades de éxito son muy pálidas.
Donde esta acción del lenguaje claro está teniendo más rápidas consecuencias es en aquellos lugares en los qu la organización institucional ha acogido la iniciativa de la Real Academia y de la Asociación de Academias de la Lengua Española y están impulsando medidas adecuadas en el seno de su propio espacio de trabajo. Es notable lo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de Chile, donde tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos legislativos están involucrados en este proyecto. Creo, sin embargo, que la fuerza de esta corriente y la propia exigencia de la sociedad, de la opinión pública, de los justiciables, de los administrados, de los gobernados, hará que también en México los órganos del Estado se interesen por prestar oídos a este proyecto que estamos encabezando en la Academia Mexicana de la Lengua.
También será importante la atención que nos preste el sector privado en lo que respecta a la clarificación de los contratos que denominamos genéricamente de adhesión y de otros aspectos tan significativos como el etiquetado de los productos que se expenden como medicamentos o alimentos.
¿Cuál es la importancia del lenguaje para la materialización de la justicia en México?
Diego Valadés – En México tenemos un problema atávico que es el del acceso a la justicia. Son muy pocos los mexicanos que tienen la posibilidad de acceder a la justicia tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. En buena medida esto está determinado por la insuficiencia de nuestra cultura jurídica. A esto contribuye también el hecho de que no tenemos colegiación obligatoria de los abogados, de manera que la forma de relación entre el intermediario, que es el abogado, entre el juzgador y el justiciable, impide esa posibilidad de acceso a la justicia.
Por otra parte, desde 1917 en nuestro país no tenemos Secretaría de Justicia, esto es, una institución cuyo objetivo sea determinar la política o definir la política del Estado en relación con la justicia en el país. Esto se ha dejado en manos de los juzgadores y, en algunos casos, también de las fiscalías o de las procuradurías anteriores, pero son esfuerzos dispersos e insuficientes. Un Estado democrático, un Estado constitucional, necesita una política de justicia. No sabemos, por ejemplo, cuánto duran los juicios en los diferentes estados y en las diferentes materias; no sabemos cuál es el nivel de preparación real del foro mexicano; desconocemos el impacto que tienen las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales en lo federal y en lo local. Estamos a ciegas en cuanto a los efectos de la justicia y a los mecanismos para involucrar al justiciable en la justicia, para acercarlo a la justicia. No tenemos ni siquiera un número suficiente de juzgadores que hagan viable la obligación constitucional de la justicia pronta y expedita. México tiene 5.5 juzgadores por cada 100,000 habitantes frente a 25 de Costa Rica, por mencionar un caso. De manera que la accesibilidad de la justicia en nuestro país es muy limitada, locual genera que haya escepticismo en relación con el derecho, que haya comportamientos anímicos que caracterizan a una buena parte de las formas de conducta de diferentes sectores de la sociedad y, sobre todo, que haya insatisfacción con el Estado de derecho en un sentido muy amplio.
El cumplimiento de la norma es muy relajado en México y tiende a relajarse aún más en las condiciones de déficit de gobernabilidad que vivimos actualmente. De suerte que los efectos que tiene esta dificultad que plantea el acceso a la justicia se acentúan con el hecho de que no tenemos una forma diáfana de comunicar la norma y de que el gobernado, el justiciable, el administrado, lo entiendan. Ese nivel de complejidad en muchos casos es comprensible por la diversidad de las materias reguladas, pero en los aspectos que son más familiares o más necesarios para el justiciable promedio, que son los de relaciones familiares, sucesiones, contratos, tendríamos que hacer un esfuerzo muy importante para que el lenguaje fuera lo más transparente posible y que el ciudadano no versado en derecho tuviera una mayor familiaridad con lo que significan las leyes y las resoluciones jurisdiccionales. La tarea, por lo tanto, todavía es muy larga y compleja.
En este contexto, en México aqueja el tema de la seguridad: el alza en los índices de violencia, la delincuencia organizada, la imposibilidad de llegar a acuerdos pacíficos. ¿El lenguaje tiene alguna dimensión relevante para la paz?
Diego Valadés – Sin duda. En varios sentidos. Uno, muchas veces la utilización del lenguaje sirve para ocultar problemas reales de violencia. Por ejemplo, se dice que ha disminuido la tasa de homicidios, pero no se ha subrayado que ha aumentado la tasa de desapariciones. Y, claro, las personas que desaparecen no se dan por muertas, sino hasta transcurrido cierto tiempo, de acuerdo con lo que dispone la ley, de manera que no se consideran personas fallecidas, sino simplemente personas desaparecidas. De suerte que allí hay una utilización artificiosa o manipulada del lenguaje.
Por otra parte, la violencia no sólo se traduce en actos de intimidación directa o de afectación directa de la integridad física de las personas, sino también de carácter ambiental. Ya podemos ver en este momento la afectación que se está produciendo en niños y adolescentes que permanentemente están escuchando referencias a la violencia y que están comenzando a padecer los efectos de ese ambiente general que les ocasiona temores porque advierten que hay una utilización de un lenguaje áspero, y que de manera cotidiana se habla de homicidios, de balaceras, de ejecuciones multitudinarias, de desapariciones de personas, de feminicidios, de violencia familiar, de extorsiones. De manera que el lenguaje que se utiliza efectivamente perturba la vida de los jóvenes y, en particular, de los niños.
Tradicionalmente, la Academia Mexicana de la Lengua ha tenido una relación muy cercana con las autoridades políticas del país. Tanto así que hace 150 años, cuando la Academia fue fundada, uno de sus fundadores fue el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, que además de ser un gran jurista y un gran político, fue un personaje con una gran cultura y una pluma brillante; participó, en 1875, siendo presidente de la República, en la fundación de nuestra Academia. También fue integrante de nuestra Academia, y ocupó el cargo de tesorero durante muchos años, el presidente Miguel Alemán; se debe a él la donación del inmueble que ocupamos en la calle Donceles. La relación con el Estado mexicano siempre ha sido muy constructiva y muy cercana. Esperamos volver a tenerla con las autoridades existentes en el ámbito local y en el ámbito federal, para contribuir de manera eficaz a la clarificación del lenguaje jurídico en el país.