El rápido avance de tecnologías como el comercio electrónico y la inteligencia artificial genera conflictos no previstos en la legislación. El Poder Judicial se enfrenta al reto de resolver estas controversias aplicando categorías jurídicas tradicionales a nuevos fenómenos. ¿Cómo garantizar la tutela judicial efectiva sin sustituir al legislador? y, ¿cómo proteger los derechos fundamentales en los nuevos entornos digitales? Durante 2026, la labor de los tribunales sin duda estará marcada por estos temas.
FISCAL
Comisiones a plataformas de comercio electrónico
Bajo la nueva integración de la Suprema Corte se resolvió que es válida la cuota del 2% por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México, que desde 2022 deben pagar las plataformas de reparto, por cada intermediación que efectúen. La cuota es un aprovechamiento destinado a compensar el desgaste y uso intensivo de las calles, vialidades y demás bienes de dominio público, el cual no podrá trasladarse a los usuarios ni repartidores. [Suprema Corte] Proyecto de ejecutoria AR 681/2022 y Comunicado SCJN No. 270/2025.
En junio de 2025, la Segunda Sala sostuvo la inconstitucionalidad de esta cuota por considerar que no se podía identificar plenamente el objeto que pretendió gravar el legislador, violando el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes. Ejecutoria AR 392/2023.
AMPARO
Infracción por conducir en estado de ebriedad
La boleta de infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad es un acto administrativo, por tanto, si fue emitida carente de fundamentación y motivación, y posteriormente en amparo la autoridad responsable la complementa al rendir el informe justificado, es necesario correr traslado a la persona quejosa para que tenga oportunidad de defenderse. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031424.
Queja interpuesta por autoridad vinculada a cumplimiento
La autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, está legitimada para interponer recurso de queja en la etapa de ejecución si se le imponen cargas u obligaciones específicas y con ello se afecta directamente su esfera jurídica. Este supuesto es distinto al del recurso de revisión, respecto del cual, la Suprema Corte ha sostenido su improcedencia. Registro: 2031423.
Error al presentar demanda por buzón judicial
Si al presentar la demanda por buzón judicial el quejoso depositó un escrito en copia simple, en el que se advierte copia de la firma, el juzgado debe prevenirlo para que exhiba el escrito original con firma autógrafa. Se presume que el quejoso incurrió en un error. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031428.
Mediadores ¿son autoridad responsable en amparo?
Los mediadores privados certificados no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama su intervención como facilitadores en un convenio de mediación. Lo anterior debido a que el mediador se limita a facilitar la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo voluntario. Registro: 2031501.
Venta de inmueble de la masa hereditaria
Un tribunal resolvió que procede el amparo en contra de la sentencia que niega la venta judicial de un inmueble afecto a un juicio sucesorio intestamentario, por haberse determinado un crédito fiscal por adeudos en el impuesto predial. El peligro inminente de deterioro, pérdida o menoscabo de la masa hereditaria en el juicio sucesorio, es un acto de imposible reparación. Registro: 2031464.
PENAL
Declaración de testigo protegido
Si bien debe protegerse el derecho de las víctimas y testigos a resguardar su identidad y seguridad, el desahogo de la declaración de la víctima del delito en el área de testigos protegidos, no puede realizarse mediante una videoconferencia que impida que el tribunal de enjuiciamiento observe su persona y rostro, al proyectarse una imagen distorsionada. Lo anterior viola el principio de inmediación, por lo que deberá reponerse el procedimiento para desarrollar un nuevo juicio oral, en el que se resguarde la identidad y seguridad del testigo protegido. Registros: 2031425 y 2031426.
Atención médica o psiquiátrica para personas privadas de libertad
Cualquier persona privada de la libertad que busque obtener atención médica o psiquiátrica, puede promover amparo indirecto sin necesidad de agotar los recursos ordinarios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, dos personas en prisión no recibieron la atención médica ordenada en una sentencia. [Suprema Corte]. Comunicado No. 261/2025.
Amparo contra una orden de cateo
Una orden de cateo que ya fue ejecutada, no es un acto consumado de forma irreparable. Sí procede el juicio de amparo en contra de sus efectos y consecuencias, ya que pueden afectar derechos humanos de forma continua. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031421.
CONSTITUCIONAL
Cirugía de reasignación sexual ¿cubierta por el IMSS?
Una persona obtuvo, mediante juicio de amparo, la autorización para que el IMSS le practicara una cirugía de reasignación sexual después de haber sido rectificada su acta de nacimiento en cuanto a su nombre y sexo. El amparo debe otorgarse para que el IMSS le garantice el acceso a una intervención hormonal, quirúrgica o ambas. Registro: 2031433, 2031434, 2031435.
Derechos para los animales en la CDMX
La Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes, establece obligaciones respecto de ellos y les otorga derechos de protección y cuidado que pueden judicializarse. Este marco constitucional local configura un parámetro de regularidad para evaluar las acciones y omisiones de las autoridades. Registro: 2031508.
Principios de justicia para seres sintientes
La venta irregular o clandestina de animales vulnera los derechos de los animales y desconoce los principios de justicia que les son aplicables en su calidad de seres sintientes, estos principios son: no maltrato, no crueldad, no angustia, no muerte, ni desamparo. Tampoco está permitida la venta de animales vivos en mercados públicos. Registros: 2031506, 2031507 y 2031509.
Atención médica en diversas instituciones de seguridad social
Una persona puede ser derechohabiente en más de una institución de seguridad social, por tanto, procede el amparo en contra de la institución que negó la afiliación de una persona bajo el argumento de que ya contaba con otro servicio. No existe disposición constitucional que restrinja el acceso al servicio médico y por el contrario, debe garantizarse el derecho a la salud. Registro: 2031430.
ADMINISTRATIVO
Violencia obstétrica contra mujeres
Una mujer reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado por la deficiente atención médica recibida en el IMSS, ya que durante su embarazo molar se le removió el útero causando daños irreversibles. Un tribunal colegiado sostuvo que, al existir violencia obstétrica, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debía juzgar con perspectiva de género y garantizar el derecho a una reparación integral. Por tanto, de ser necesario debió suplir la queja deficiente para analizar si se actualizaron daños físicos, materiales y psicológicos a la mujer. Registro: 2031510.
Descarga eléctrica y reparación del daño
Las personas que sufrieron una descarga eléctrica mientras realizaban trabajos de albañilería, pueden reclamar directamente en la vía civil a la aseguradora que respalda a la Comisión Federal de Electricidad por los daños causados, sin necesidad de iniciar previamente un procedimiento administrativo. En caso de que la aseguradora no cubra todo el daño, podrán reclamar el monto restante a través del procedimiento administrativo, siempre que demuestren la existencia de una actividad irregular del Estado. Comunicado SCJN No. 268/2025.
Consentimiento tácito en contrato de publicidad
Cuando el convenio o la ley no exijan la manifestación expresa del consentimiento, debe considerarse que las partes otorgaron su consentimiento tácito para mantener un contrato, si aun después de que terminara su vigencia, una de ellas siguió solicitando servicios de publicidad y difusión conforme a lo pactado. En términos de la legislación civil de Veracruz, el consentimiento tácito o expreso es una forma de perfeccionamiento de los contratos. Registros: 2031453, 2031487 y 2031493.
CIVIL
Uso no consentido de la imagen de un actor
En caso de que una revista utilice sin autorización la imagen de un actor con fines lucrativos, el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios deberá fijarse por el juez junto con peritos, para analizar las cuestiones concretas del caso. Por tanto, no será viable que se cuantifique conforme al 40% del precio de venta al público del producto original, previsto en el primer párrafo del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, en tanto que el derecho a la propia imagen no es un derecho autoral. Registro: 2031458.
Emplazamiento a empresa en oficinas de co-working
Es legal el emplazamiento realizado a una persona moral que tiene su domicilio en oficinas de co-working, si se realiza con la recepcionista encargada de recibir la correspondencia de la persona moral demandada. Se trata de una nueva interpretación del legal emplazamiento basado en los nuevos modelos de negocio. Registro: 2031459.
Robo en tienda de autoservicio y fallecimiento de menor de edad
Los establecimientos comerciales tienen la obligación de adoptar medidas razonables y adecuadas que garanticen la seguridad e integridad de los consumidores. Por tanto, si un grupo de sujetos intentaron robar el establecimiento y lesionaron a los consumidores, le corresponderá a la tienda la carga de la prueba para justificar la idoneidad y eficacia de las medidas de seguridad implementadas, a partir de lo cual se podrá excluir o modular su responsabilidad. Registros: 2031460.
Elementos para definir la responsabilidad civil
Para atribuir responsabilidad civil subjetiva a un establecimiento, es necesario identificar cuáles son los riesgos que conlleva el desarrollo de su actividad comercial y definir para cada caso, el estándar de diligencia profesional exigible. A partir de esto se podrá determinar si se actualiza la negligencia o culpa inexcusable del agente. Registro: 2031484.
Venta de inmueble de la sucesión para pago de adeudo
Aun en contra de la voluntad de los herederos, el albacea está facultado para vender un inmueble de la sucesión mediante aprobación judicial, para el pago de una deuda del de cujus o para cubrir un gasto urgente para conservar los bienes de la sucesión. El simple adeudo de un crédito fiscal por falta de pago de predial no permite la venta inmediata del inmueble, sino que el órgano jurisdiccional deberá valorar los factores, incluyendo el monto del crédito fiscal y el valor del inmueble. Registro: 2031449.
Datos en instrumentos públicos
Los requisitos que los notarios deben asentar en los instrumentos públicos previstos en la Ley del Notariado para la Ciudad de México no son limitativos. Atendiendo a la función autenticadora de los notarios, en algunos casos deben señalar mayores datos cuando ello pueda impactar el acto que se pretende formalizar. En el caso se trataba de un paciente enfermo de covid que durante su enfermedad otorgó un poder para actos de dominio utilizado para la venta de un inmueble. Registro: 2031469.
MERCANTIL
Pruebas en cargos bancarios no reconocidos
Si en un juicio por cargos bancarios no reconocidos el cuentahabiente no acude a la audiencia, no podrá presumirse a través de la confesión ficta, que autorizó los cargos efectuados. La carga de la prueba de quién fue la persona que consintió y aprobó las operaciones recae en las instituciones bancarias. Solo en caso de que ello quede acreditado, se trasladará la carga de la prueba al cuentahabiente. [Suprema Corte] Comunicado SCJN No. 261/2025.
Responsabilidad de juzgadores en medidas prejudiciales
Si un juzgador otorga las providencias precautorias prejudiciales de retención de bienes contra una persona, con la finalidad de retener los fondos de su cuenta bancaria, solicitadas por la institución bancaria, el juzgador tiene la obligación de vigilar que la medida se ejecute en sus términos desde que se otorga y hasta que vence el plazo para la presentación de la demanda correspondiente. En caso de que no se presente la demanda, deberá revocar de oficio la medida prejudicial. Registro: 2031478.