Un procedimiento quirúrgico urgente y necesario para una mujer mexicana de 22 años se volvió una pesadilla cuando, el 15 de abril de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) recibió la orden de un juez federal.
Hace unos días, la mamá de Mariana1 se acercó a mí muy afligida por la situación médica de su hija. En enero de 2025 le habían diagnosticado un pequeño teratoma alojado cerca del ovario izquierdo; en ese momento no era grave. Sin embargo, habían transcurrido más de cuatro meses sin la debida atención por parte de las autoridades médicas, por lo que la situación había empeorado: el teratoma había crecido casi al doble de su tamaño.
En un contexto “normal” —o más bien privilegiado— la situación médica de Mariana se habría resuelto con una cirugía sencilla para extraer el teratoma, permitiendo que ésta siguiera su vida normal después de un breve periodo de recuperación. Sin embargo, como no es novedad en este país, acudir al IMSS se vuelve una odisea de semanas o, incluso, de meses que normalmente ponen en riesgo la vida de los pacientes. Mariana no fue la excepción. Los días pasaban lentamente, algunos con dolores abdominales casi insoportables. A pesar de las múltiples visitas al hospital de Gineco Obstetricia 4 Luis Castelazo Ayala del IMSS, a los doctores no les importaba que un tumor estuviera destrozando el ovario izquierdo de Mariana. Eso era irrelevante. Lo verdaderamente importante para ellos era que se sobrepasara un umbral de dolor arbitrario.
El 10 de abril de 2025 el teratoma había crecido de manera rápida. Mariana llegó con un dolor insoportable al Hospital Luis Castelazo donde la internaron para tenerla en observación. Esa noche tuvo una severa hemorragia, pero no quedó rastro del incidente. No avisaron a sus familiares. No quedó huella de ese suceso en su expediente. Los doctores y las enfermeras suelen encubrir la ineficiencia del sistema, volviéndose cómplices de sus falencias.
Al día siguiente, una doctora dio de alta a Mariana y le prescribió reposo casi absoluto, ya que cualquier movimiento brusco podría agravar el teratoma y poner en riesgo su ovario y su útero. Le programó una cita para hacerle estudios el 15 de mayo de 2025 y le advirtió que pasarían al menos otros quince días para obtener los resultados. Después de ese largo proceso, entonces podría agendarse la cirugía. Para entonces, habrían pasado casi cinco meses de espera, con un diagnóstico que solo podía empeorar.
La mamá de Mariana, muy preocupada, me preguntó si había algo que pudiéramos hacer para que atendieran debidamente a su hija en el imss. Un diagnóstico sencillo se estaba volviendo, más que en una pesadilla, una tortura física y psicológica para Mariana y su mamá que, además, ponía en riesgo su útero con tan sólo 22 años de edad.
En ese momento, con un fuerte y gran equipo de mujeres y amigas me propuse presentar un amparo habeas corpus en representación de Mariana. Planteamos la violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4° constitucional y solicitamos la suspensión de plano para el efecto de que le realizaran la cirugía a Mariana a la brevedad, para extraer el teratoma.
La demanda se presentó el 14 de abril de 2025. En cuestión de horas, el secretario en funciones de juez del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, Osvaldo César García Ortega, concedió la suspensión de plano. El juez actuó con rapidez, sensibilidad y rigor jurídico. Ordenó que Mariana recibiera atención médica integral y especializada, incluyendo todos los estudios, tratamientos, medicamentos y, en su caso, la cirugía necesaria. La redacción de la interlocutoria fue clara y ejemplar: se debía garantizar la atención completa, oportuna y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades médicas.
Pocas horas después, el actuario judicial notificó la resolución y el hospital se comunicó con Mariana para que acudiera al día siguiente a realizarse los estudios. Por fin, parecía que la justicia había triunfado. Fui a casa de Mariana, les expliqué la resolución, y nos preparamos para su cita.
Pero la justicia en México, cuando incomoda, no pasa inadvertida. El día de su cita, Mariana fue recibida con hostilidad: médicos molestos, enfermeras indiferentes y una doctora que la llamó “esa pinche vieja del amparo”. Le entregaron un nuevo diagnóstico sin sustento: una ooforectomía unilateral, es decir, la extirpación completa del ovario. Sin estudios nuevos ni justificación adicional. Sólo amenazas. Le pidieron que firmara cartas responsivas y le advirtieron que si en la cirugía “notaban algo raro”, le extraerían el útero. Le hablaron de la posibilidad de morir. Todo bajo un ambiente de intimidación, castigo y desprecio.
Mariana no se sometió a esa cirugía. ¿Quién en su sano juicio se pone en manos de un equipo médico que lo considera enemigo? Decidió buscar atención médica privada, aunque eso implicara endeudarse. Su nueva doctora, con perspectiva médica y humana, considera que su fertilidad aún puede preservarse.
Este caso, más allá de la negligencia médica, revela algo profundamente grave: la represalia institucional contra quien ejerce sus derechos. Cuando el IMSS actúa sólo tras una orden judicial, y luego responde con hostilidad, lo que está en juego no es únicamente un órgano, sino la legitimidad de nuestras instituciones.
El juez noveno actuó con integridad, incluso en vísperas del periodo vacacional. Protegió los derechos de Mariana, no sólo porque era su deber, sino porque creyó en la justicia como herramienta viva. En contraste, el sistema médico respondió con venganza y omisión, violando no únicamente la Constitución, sino también los principios básicos de la ética médica.
En tiempos electorales, conviene recordar que el Poder Judicial también se defiende desde abajo, desde casos como éste. No sé si el juez García Ortega esté próximo a un proceso de ratificación o ascenso —no es ese el propósito de este texto promoverlo—, pero estoy segura de que es el tipo de juzgador que queremos ver en el Poder Judicial: sensible, preparado, eficiente, valiente.
Porque en México, hoy más que nunca, pedir justicia no debería ser motivo de castigo.
Notas:- El nombre real de Mariana fue cambiado por respeto a su privacidad.[↩]
