Platicamos con Aresvir Marín y Eduardo Jácome, socios de Marín Jácome y Asociados, sobre el fraude en México, sus diversas modalidades, los retos ante la falta de una cultura de la denuncia y el trabajo que desde su despacho han realizado para combatir este delito en los tribunales.
Aresvir Marín, Abogado penalista y socio de Aresvir Marín y Asociados.
¿Cuál es el estado actual del fraude en México y cuál ha sido la evolución que ha tenido en los últimos años, de acuerdo con su experiencia?
AM. El fraude en México crece cada vez más y me parece que ha pasado inadvertido ante las autoridades. Se le ha dado más auge por obvias razones: es nota roja por los homicidios y las extorsiones. De hecho, las extorsiones subieron; incluso se reformó el Código para poder penalizarlas con mayor rigor e investigarlas.
A pesar de ello, pienso que el fraude está pasando por debajo del agua. Me atrevo a decir que si lo midiéramos estadísticamente —porque debo señalar que como tal todavía no se profundiza en estadísticas reales— sería muy alto el número de personas que han sido defraudadas; todos conocemos a alguien cercano que ha sido defraudado. Por eso me atrevo a señalar que el fraude en México va in crescendo; podría, incluso, puntear que hoy es uno de los cinco delitos más cometidos en toda la República.
Tenemos investigaciones mediante las cuales descubrimos que solamente denuncian cinco personas donde hay más de 1,000 víctimas en un solo caso. Imagínate. Quizá por eso de que pasa inadvertido, muchos no se atreven a denunciar.
¿Qué sectores son los más vulnerables y por qué?
AM. No podría precisarse un sector con mayor vulnerabilidad, como en el caso de otro tipo de delitos (a partir de sus ingresos, por ejemplo). Aquí hemos tenido clientes tanto con estudios doctorales como empresarios que a lo mejor no terminaron la preparatoria, y todos han sido víctimas de fraudes sofisticados.
La tecnología que han desarrollado los defraudadores es tal que logra defraudar incluso a la persona más preparada en su ámbito. Los empresarios son muy concurrentes porque llaman mucho la atención por su capacidad económica y son muy atractivos para fraudes grandes, los de cuello blanco. También tenemos personas jubiladas, señoras de la tercera edad principalmente, en una modalidad de fraude que tiene que ver con las pensiones. Hay personas a las que defraudan con 5,000 pesos, que a lo mejor no es una cantidad apetecible para denunciar, porque puede resultar más caro en tiempo y en dinero; estas víctimas son la media del país.
Cualquier persona como tú, como yo, el godín promedio, la persona trabajadora para una empresa en general, podemos ser víctimas.
¿Qué medidas preventivas están implementando las instituciones en México para proteger a sus clientes del fraude?
AM. Al respecto sí hay regulaciones; sin embargo, en el tema del lavado de dinero y para evitar los fraudes todavía no son suficientes. Cuando se habla de cuello blanco, normalmente los delincuentes, los defraudadores, siempre van por delante. Te puedes encontrar con correos electrónicos y con campañas mediáticas, en los que los propios bancos aseguran que no solicitan números confidenciales ni contraseñas, sólo datos generales; desafortunadamente, muchas personas caen en la estafa, porque incluso a veces el número del que les llaman es el mismo que el del banco. Por eso proliferan esas campañas.
La gente cae porque la envuelven —ese es el gran arte del defraudador— y terminan proprocionando sus números confidenciales. En ocasiones, llaman para decir que tienen a mamá, a papá, y cometen alguna modalidad de engaño para obtener un lucro, un depósito que se da inmediatamente después de la llamada.
Podríamos enlistar muchas modalidades, sobre las cuales los bancos principalmente tratan de generar regulaciones.
Si ya cayó alguien, puede haber incidentes primeramente en el banco, después en las instituciones reguladoras —Condusef o Profeco—, y luego en las fiscalías, pero es muy difícil que procedan porque uno voluntariamente realizó un movimiento. Para prevenirlo, te avisan, de acuerdo con la concurrencia de fraudes que han tenido, cómo o qué no debes hacer para no caer en fraudes.
¿Cuál es la metodología en su despacho para abordar el fraude desde el inicio hasta que culmina el asunto?
AM. Primero, hacemos una entrevista. Aquí quiero señalar dos vertientes: 1) donde nos constituimos como asesores victimales (asesores jurídicos privados) y 2) donde representamos al imputado, al investigado o, en su momento, al acusado — casi cuando ya van a ir a juicio— (defensores). En el despacho abordamos las dos ramas; evidentemente, cuando uno conoce la forma de actuar de un defraudador real (porque a veces son fabricados), entonces sabe cómo defender a una víctima de una manera mejor, y cuando lo hace en este sector también sabe cómo defenderla porque conoces la vulnerabilidad de las fiscalías y de algunos asesores jurídicos. (En derecho, más allá de distinguir el bien y el mal, todos tienen derecho a una defensa. Las defensas y las asesorías jurídicas partimos de esta premisa, dependiendo del tipo de cliente que nos busca.) Entonces, primero entrevistamos al cliente y distinguimos si está siendo investigado o si es víctima.
Posteriormente, realizamos una serie de anotaciones, trazos, estudios, análisis del caso, porque el fraude es muy técnico. A veces se confunde mucho con el abuso de confianza, por ejemplo, que es otro tipo de delito, y que no es lo mismo, aunque se parezcan. Por eso tenemos que distinguir el tipo penal de acuerdo con la entrevista, según los hechos (lo que denominamos conducta), y construir la querella (en el caso de las víctimas), mediante la que señalamos puntualmente, pues hay actos de investigación que hemos ido desarrollando, que creemos que son prudentes, con algunos especialistas. Cuando no hay dinero para solventar de manera privada a los especialistas, esto es, a los peritos, entonces se los pedimos a la fiscalía e iniciamos el procedimiento. Ese es encuanto hace a un primer momento de las víctimas.
Cuando se trata de un investigado, lo primero que hacemos en la entrevista es definir si está en un proceso inicial —cuando le acaba de llegar un citatorio—, o bien nos toca ir a verlos a la cárcel cuando ya están privados de la libertad. Y debo precisar de manera muy especial que este tipo de investigados normalmente son personas muy afables, amables, elocuentes y sociables; caen muy bien, se llevan muy bien con las personas, despliegan un uso verbal y gramatical muy amplio; son personas —hasta cierto punto— brillantes.
En esta entrevista definimos en qué momento procesal se encuentra el caso, cómo se cometió el delito, si en verdad se cometió y se genera un presupuesto para hacer el estudio de la carpeta de investigación; cuando ésta viene mal integrada, pues da grandes oportunidades para llevar a cabo defensas importantes; cuando no, también es viable una negociación. O sea, no siempre vamos a volver inocente al culpable, y menos en delitos patrimoniales.
Podemos, entonces, definir si esas personas son susceptibles de alguna salida alterna; en ese caso iniciamos un proceso de negociación con la víctima o con los investigados, y, dependiendo de eso, trazamos lo que sigue: si continúa el cierre con un acuerdo reparatorio, con una suspensión condicional del proceso, o si nos vamos a ir a juicio o si el sunto se va a judicializar. Son visiones distintas, de ataque y de defensa.
En el caso victimal, un gran logro radica en judicializar una carpeta. La primera gran batalla que tenemos que dar como abogados victimales es contra la fiscalía. Y esto hay que decirlo de manera clara, porque aunque hay ministerios públicos que son muy diligentes, hay otros que no lo son, y entonces uno tiene que batallar contra ellos, impugnarlos, ir con un juez que les ordene que realicen determinados actos; a partir de esa circunstancia logramos judicializar el caso. ¿Qué quiere decir esto? Llevar al imputado ante un juez de control y buscar que lo vincule a proceso. Si logramos eso en caso de un delito patrimonial, estamos del otro lado. Esa es nuestra mayor batalla: poner al investigado contra la pared y buscar una negociación más asequible. O de plano, si es muy recurrente, incluso pugnar por medidas cautelares privativas de libertad en su contra.
Del otro lado es lo mismo; será un tema de tratar de sacarlos de la cárcel con una medida cautelar diversa, luchar por eso, ver si hay forma de tenerlos en libertad en lo que se propicia un mejor escenario en términos del proceso en contra de ese delito.
Es muy amplio el mundo del derecho procesal penal, y el de los fraudes, pero ofrece la posibilidad, en ambos casos, de realizar negociaciones. Si como abogados fuéramos más eficientes, más persuasivos, más negociadores, beneficiaríamos mucho a los clientes, tanto a los imputados como a las víctimas.
Hay veces en que la víctima forzosamente quiere no sólo la cantidad por la que la defraudaron, sino los montos de reparación integral del daño; por decir un número que ilustre, 200 y no 198, y no va a ceder hasta que no tenga los 200. Del otro lado igual, el imputado no va a ceder hasta que no quieran aceptar el perdón. Es muy complejo en las negociaciones lograr persuadir ciertos montos. Es entendible en el caso de la víctima. El gran reto de un buen abogado es alcanzar un punto adecuado para los dos y concluir el caso: la víctima con su reparación integral y el imputado con su libertad, y a lo mejor con el registro de una suspensión condicional o de un acuerdo reparatorio, para evitar un futuro fraude (es importante decirlo, esto no quiere decir que se promueva la impunidad, sino que si la persona vuelve a cometer fraude, ya no va tendrá la oportunidad de una salida alterna y de evitar un juicio y una condena).
Ahí hay que valorar si se llega a ese extremo; si no, para los dos lados adviene el juicio. Y ya en un juicio se ventilan todas las pruebas; se desahogan testigos, peritos y víctimas. Entonces se llega a una conclusión, que es la sentencia. Y en esa sentencia se ordenará si es en contra o si es una condena, y los pagos correspondientes de la reparación integral y la pena. Y si es absolución, pues ahí termina todo, salvo los recursos, la apelación y, en su momento, el juicio de amparo.
¿Cuáles son los principales obstáculos o vacíos que ha enfrentado el despacho al enfrentarse a este tema de fraude?
AM. El primer obstáculo, cuando somos asesores victimales, muchas veces es la fiscalía. En ocasiones actúa como un pequeño cáncer que hay que extirpar. El segundo, algunos juzgadores. Ya nos ha pasado que tenemos todo sólido para una vinculación a proceso y que aquéllos terminan por no vinculando, pero en apelación logramos tal vinculación (o sea, teníamos la razón, tanto así que logramos la vinculación). Esas son dos pequeñas piedras iniciales.
Posteriormente —de las trabas más complejas actualmente–, la inteligencia artificial, para la que todavía no estamos preparados. La fiscalía es muy competente en los casos en que se tienen que hacer investigaciones con colaboraciones de instancias institucional, que a lo mejor ni siquiera están en México; por ejemplo, con Facebook, cuyas oficinas centrales se encuentran en Silicon Valley. También hay peritos altamente especializados en informática y en el ámbito tecnológico actual —que a lo mejor apenas están en desarrollo, pero todavía no son suficientes—. El factor delictivo siempre va por delante, y ésta es una de las novedades más impactantes del problema, porque esas personas defraudan miles de millones en segundos. Ese es uno de los mayores retos que tenemos como despacho, y lo es para cualquier despacho en México y en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya nos estamos allegando expertos especializados y colaboramos con fiscalías especializadas que nos están permitiendo generar un avance mayor.
Eduardo Jácome, Abogado experto en fraude de la firma Medial Curan y Asociados.
¿Cuáles son las modalidades de fraude en México en la actualidad?
EJ. En México se confunde mucho el tema del fraude con el abuso de confianza. Muchas empresas nos consultan y nos dicen que un empleado suyo cometió fraude, cuando no fue así. Si se gesta la conducta delictiva desde el interior, la figura jurídica es el abuso de confianza. Aquí en el despacho estamos más concentrados en el fraude que se realiza del grupo delictivo a la persona física, no tanto en el fraude que se comete en detrimento de personas morales.
Me explico. Tenemos el fraude mediante el cual, a través de la inteligencia artificial, simulan que la gente puede invertir en bonos del petróleo. Ocurre que la persona física ve esto como un modelo atractivo —porque además utilizan figuras como la del ingeniero Carlos Slim o la del ex presidente Andrés Manuel López Obrador–, y acude e invierte; simulan incluso plataformas digitales y aplicaciones en las cuales la gente ve cómo fluctúa su dinero; pero en realidad sólo se trata de una red con la que enganchan a las personas momento a momento para que sigan invirtiendo, y en el instante en que van a cobrar ese numerario, les dicen que hubo una pérdida y que su dinero es irrecuperable. Esa es una modalidad en la que estamos trabajando.
Por otra parte se encuentra lo que llamamos los préstamos milagro, que enganchan a la gente que tiene la necesidad de solicitar un crédito y acude a una supuesta financiera y esta financiera promete prestarle 100,000 pesos, pero las personas tienen que erogar 10,000 pesos por gastos de notario. Cuando acuden a las oficinas por su préstamo, les dicen que tienen que invertir 5,000 pesos más para pagar gastos por honorarios. Y así se los traen. Cuando se dan cuenta, ya invirtieron más de 100,00 pesos y no les prestaron nada ni se les devolvieron su dinero. Recordemos que el fraude requiere una conducta, que es el engaño, o dolo, como se le llama en el ámbito penal. Entonces, en ese momento se configura el fraude.
Otro timo muy común es el que se realiza al violar las contraseñas o las aplicaciones de los usuarios de servicios financieros, a través del cual los defraudadores vacían cuentas o generan gastos no reconocidos, aunque éste ya es un procedimiento meramente mercantil, en particular porque se acciona en contra del banco, responsable de cuidar y vigilar esos sistemas.
De manera general, nosotros nos especializados en las dos primeras modalidades.
Retomando el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo evalúa el impacto que ha tenido en los fraudes en México?
EJ No estamos preparados para todo lo que está aconteciendo. Hay una pandemia de fraudes. Hay personas de edad avanzada que no están tan familiarizadas con el uso de plataformas digitales, y de la tecnología en general, y son víctimas perfectas de los defraudadores porque los enganchan a través de simulaciones de inteligencia artificial, de llamadas telefónicas, con modelos de negocios que parecen muy prósperos, pero que detrás tienen una red de delincuencia.
¿Cree que la regulación de las leyes que tenemos en la actualidad es suficiente?
EJ. No es un tema de regulación. México está excedido en la creación de leyes. Más bien se trata, en primer lugar, de la cultura de denunciar; en segundo lugar, del problema que se gesta en las fiscalías. Nosotros, que estamos ahí en el día a día, hemos observado que los ministerios públicos tienen mucha capacidad, pero la mayoría se queja de que atienden entre 2,000 y 2,500 carpetas de investigación. O sea que su capacidad humana no es suficiente para encarrilar este tipo de investigaciones, porque requieren mucho esfuerzo, muchos actos de investigación y mucha precisión en sus procesos.
¿Podría hablarnos de algunos casos significativos atendidos por su despacho?
EJ. Contamos con la autorización de las víctimas que hemos defendido en este tipo de delitos para evidenciar a las supuestas personas morales que las defreudareon, y digo supuestas personas morales, porque utilizan nombres o razones sociales falsas. La primera es Venturi; a todo el público que sigue esta revista y que haya sido víctima de esta empresa, le hago un llamado para que se acerque a nosotros con el propósito de denunciarla; la investigación contra ellos está muy avanzada. La segunda es una supuesta firma de abogados que se denomina Morgan, que también está asociada con Venturi. Tenemos sendas carpetas de investigación en las que hemos avanzado de manera muy puntual y hemos llegado a la judicialización y obtenido acuerdos reparatorios para las víctimas.
¿Cuáles son sus metodologías para obtener resultados óptimos?
EJ. Yo invitaría a las personas que van a invertir o que van a realizar ciertos actos tendientes a hacerlo y que pueden redundar en un fraude, a que analicen muy bien la cuenta destinataria en la que van a invertir. Pueden realizar una transferencia de 1 o 10 pesos y descargar lo que se conoce como comprobante electrónico de pago y enviarlo al Banco de México para identificar quién es el verdadero destinatario de la cuenta.
Cuando nos entrevistamos por primera vez con las víctimas, eso es lo primero que vemos. Descargamos los comprobantes electrónicos de pago e identificamos ante quién nos enfrentamos. Entonces, como en el caso de Venturi, determinamos si son personas morales o son personas físicas, y así comienza toda la búsqueda y se sigue la diligencia para develar la estructura alrededor del delito. Por eso, primero pedimos un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rinda un informe sobre la cuenta bancaria destinataria de los fondos. Ese acto requiere control judicial. Si bien no está contemplado en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la práctica es preciso que sea un juez de control el que autorice ese acto de investigación al Ministerio Público, en virtud de que se violenta el secreto bancario; no obstante, hay una conducta con apariencia de delito que obliga a violentar ese derecho fundamental. En ese informe identificamos quiénes abrieron esa cuenta y se comienza la búsqueda de las personas que forman parte de ese andamiaje delictivo.
¿Cómo es la relación de su despacho en un tema de fraude para su resolución?
EJ. Es complejo. Las fiscalías, como les decía, tienen muy buenos elementos, pero están rebasadas; les hace falta presupuesto, coordinaciones territoriales y ministerios públicos que puedan tener una carga de trabajo menos sustantiva. Al complejizarse por estas circunstancias, nuestros honorarios se elevan, porque son demasiadas diligencias las que tenemos que realizar en maetria de asesoría jurídica privada.
¿Podría compartirnos algunos casos de éxito de su despacho?
EJ. Cuando nos toca fungir como asesores jurídicos privados, hemos logrado acuerdos reparatorios exitosos. Por ejemplo, un acuerdo ante la fiscalía en el que el imputado garantiza, mediante un convenio, que va a seguir pagando y restituyendo a la víctima, así como cubriendo los honorarios que nosotros generamos. Y, por otro lado, hemos tenido imputados que no quieren llegar a un acuerdo, por lo cual optamos por la judicialización de la carpeta y los llevamos a juicio para resarcir a la víctima su patrimonio. También tenemos los casos de éxito de los imputados. Primero, si ya están privados de la libertad, pugnamos por que sigan su proceso fuera de la cárcel. Segundo, llevamos a cabo un proceso de negociación en búsqueda de un acuerdo reparatorio. Tercero, tramitamos una suspensión condicional del proceso. Y cuarto, en juicio realizamos su defensa.
¿Podría darnos algunas recomendaciones para prevenir el fraude en México?
EJ. Lo primero va dirigido a los imputados: asesórense con expertos en fraudes. Pero recuerden que no todo abogado es penalista, ni todo penalista es experto en fraudes, por lo cual deben identificar un buen despacho que conozca el tema. ¿Qué consejos le daríamos a las personas, a los empresarios, a los empleados y a los jubilados?: acérquense a instituciones serias para invertir su dinero.
