Irving Arellano expone una justicia penal que encarcela sin pruebas, silencia muertes y convierte el hacinamiento en norma.
La justicia penal en México, en este 2025, no atraviesa su mejor momento. Mientras los delitos de alto impacto se mantienen constantes, las instituciones de procuración y administración de justicia parecen naufragar entre rezagos, corrupción, falta de recursos y desinterés político.
Los casos recientes nos pintan un escenario crudo: más presos, menos cárceles; más víctimas, menos sentencias firmes; más procesos abiertos, menos justicia reparadora. Cada expediente judicial parece un recordatorio de que, en nuestro país, el derecho penal no siempre camina de la mano de la verdad.
Menos cárceles, más presos: ¿castigo o abandono?
Según datos recientes, México enfrenta una paradoja inaceptable: disminuyeron los centros penitenciarios, pero creció el número de personas privadas de la libertad. El hacinamiento ya no es un problema latente: es una realidad diaria. En espacios pensados para 100 reclusos, sobreviven 200 o 300.
Esta situación se agrava porque una gran parte de la población penitenciaria sigue sin sentencia definitiva. La prisión preventiva, en lugar de ser la excepción, se ha convertido en regla de facto. El derecho a la presunción de inocencia no solo se vulnera, sino que se pisotea en cada celda abarrotada.
El sistema penal mexicano sigue apostando al encarcelamiento como única respuesta, olvidando que sin debido proceso, toda pena es ilegítima, y que la reinserción social, en condiciones de hacinamiento y violencia, no es más que un discurso vacío.
Daniel García: la otra cara del sistema
El caso de Daniel García es, probablemente, el reflejo más brutal de esta crisis. García estuvo encarcelado injustamente durante 17 años por un homicidio que no cometió. Al recuperar su libertad, encontró que su única propiedad había sido despojada mediante fraudes notariales, juicios exprés y silencios institucionales.
¿Quién protege a las víctimas de errores judiciales?
¿Quién responde cuando el Estado encarcela injustamente y luego permite que el despojo y la impunidad sigan su curso?
Daniel no solo fue privado de su libertad injustamente, sino que fue doblemente victimizado por un sistema que primero lo acusó sin pruebas, y luego lo abandonó en la intemperie legal.
Su caso es un llamado urgente a repensar no solo las garantías procesales, sino la responsabilidad patrimonial del Estado frente a sus víctimas.
Muertes en prisión: cuando la justicia también se silencia
La muerte en prisión de figuras mediáticas como Miguel Cortés (presunto feminicida de Iztacalco) o Yudiel Flores (influencer condenado por trata) refleja otra vertiente del problema: el silencio institucional ante muertes en custodia.
Cuando un imputado muere sin sentencia, no solo desaparece el caso. Desaparecen también las posibilidades de conocer toda la verdad, de garantizar reparación a las víctimas, de consolidar la memoria de lo ocurrido.
Una muerte en prisión, en condiciones dudosas, no es solo un accidente. Es una falla del Estado en su deber de custodia, de transparencia y de protección de derechos.
La justicia no puede depender del azar biológico.
Ni el castigo anticipado, ni la muerte sin aclaración son compatibles con un Estado de Derecho.
Voces que deben ser escuchadas
Casos como los de Daniel García, los muertos en prisión, o el crecimiento brutal del hacinamiento carcelario en México nos confrontan con una pregunta incómoda:
¿De qué sirve el derecho penal si no protege al inocente, ni repara al ofendido, ni controla al Estado?
Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la justicia no se mide por cuántos presos hay, sino por cuántos inocentes están libres, cuántas víctimas encuentran verdad y cuántos procesos garantizan dignidad.
En un sistema saturado de expedientes, de víctimas olvidadas, de imputados abandonados, dar voz a esas realidades es un acto de responsabilidad.
Porque entre el crimen y la ley… existen verdades que aún deben ser escuchadas.