Mateo Mansilla-Moya examina cómo la transformación democrática en México ha dejado fuera la regulación del error judicial, perpetuando la impunidad y la desconfianza en el Poder Judicial.
Inclusión a través de la propiedad industrial: el IMPI apuesta por denominaciones de origen que beneficien a comunidades indígenas y grupos vulnerables.
La responsabilidad patrimonial del Estado excluye la indemnización por errores judiciales, dejando a las víctimas sin reparación efectiva ante fallos del sistema de justicia.
Javier Dondé se plantea una importante cuestión ante el hallazgos de un colectivo de buscadores del rancho Izaguirre: ¿lo acontecido ahí constituye un crimen de lesa humanidad?