En su análisis, Diana Ascención denuncia el costo oculto del desarrollo: el etnocidio y el ecocidio que el tren arrastra consigo.
Cuando hablamos de Plan Nacional de Desarrollo automáticamente pensamos en la mejora progresiva de todos y cada uno de los sectores de interés público: economía, educación, cultura, salud y turismo.
La realidad es que cada uno de los asuntos anteriores enaltece a una nación, pues refleja la preocupación a nivel institucional que existe dentro del territorio, pero también de las prioridades qué hay para los mandatarios. Ahora bien, esto no quiere decir que la focalización de un solo aspecto desplace a los demás, pues a veces se trata de una cuestión de difusión y no de prioridad.
En 2023 se presentó el magno proyecto “Tren Maya”, obra pública que prometía mayor movilidad para los estados del sur de México. Dicho “proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través de una línea ferroviaria”, que además, como extra, captaría mayor atención turística, pues por su ubicación geográfica regalaría vistas dignas de un paraíso.
Su nombre corresponde al lugar donde estaría situado, la selva maya, la cual, después de la Amazonia, es el bosque tropical más extenso del continente americano, con una superficie de más de 14 millones de hectáreas, que abarca México, Belice y el norte de Guatemala, lugar repleto de biodiversidad.
Suena fabuloso lo que dicho medio de movilidad representaría a nivel internacional para México, pues, como se dijo, el turismo tendría un impacto por demás favorecedor y la movilidad adquiriría un mayor nivel. En eso parece haber más ganancias que pérdidas; sin embargo, esta medición sólo aplica tratándose de bienes materiales pecuniarios, no así de aquellos invaluables, como la naturaleza, bien llamada “oro verde”.
El problema no es otro sino la deforestación, la invasión, la erosión de suelos, la contaminación, etcétera. Y es que el simple hecho de pensar que se antepuso una obra por sobre todas las demás formas de vida es escandaloso. No por nada ecologistas y activistas presentaron amparos y diversos recursos a nivel nacional e internacional con la intención de frenar aquella obra.
Partiendo del tópico ecológico, un proyecto de esa envergadura constituye un ecocidio en toda regla, pues se entiende por ecocidio el conjunto de actos ilícitos o arbitrarios que causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Además, los beneficios de la obra se ven rebasados cuando se contraponen con las pérdidas.
No sólo especies endémicas y comunes sufrieron por la construcción del tren, pues poco se visibilizó el desplazamiento de comunidades aledañas al territorio. En Quintana Roo, por ejemplo, existen pequeñas poblaciones mayas que aún mantienen vivas lenguas, tradiciones, arquitectura y costumbres e historia, que un día de 2023 se vio amenazada, traicionada y minimizada.
Asimismo, los desplazamientos forzados producto de aquella concesión otorgada a favor de la construcción dejaron en estado de vulnerabilidad e indefensión a personas que, por generaciones, habían mantenido un estilo de vida natural.
De hecho, esto encuadra con la definición de “etnocidio”, un concepto que se utiliza desde que, en 1980, se celebró la Declaración de San José, la cual se refiere al etnocidio como la situación en la que “a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua”. Este término alude a la opresión que sufren quienes no pueden mantener viva su cultura y a quienes no se les permite vivir de la única manera que conocen.
Estos puntos contrastan nítidamente con el panorama contemporáneo mexicano, aquel en el que abrazamos nuestras raíces a través de simbolismos y ceremonias étnicas; representaciones más bien hipócritas, pues según esas imágenes públicas somos muy unidos, pero a puerta cerrada destruimos lo más preciado que se nos ha encomendado: la vida.
Y es que vivir tiene muchos sentidos; no percibimos la existencia de la misma manera que quienes le dan valor y peso a lo que los rodea: los campos, los cuerpos de agua, los animales que los acompañan; todo ese cúmulo de signos que les otorgan identidad, familiaridad y pertenencia.
Por lo anterior, no fue sorpresa para nadie que, en marzo de 2023, tribunales internacionales voltearan ante esa problemática, observación que se extendió hasta septiembre de 2025, cuando el pronunciamiento del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza no se hizo esperar: “Reconoce de modo irrefutable la violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de los pueblos mayas peninsulares, que ancestralmente han sido y continúan siendo protectores y guardianes de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El tribunal responsabiliza al Estado mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la naturaleza y de los pueblos mayas peninsulares”. La sentencia hizo énfasis en la reparación integral del daño y en la condena de no repetición, entre otras cuestiones.
Ante esto, el mayor problema es que, como sucede normalmente, las sentencias internacionales no siempre son vinculatorias y tienden a ser ignoradas, aunque permiten llegar a una instancia superior: la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo, a través de su comisión medioambiental, sí está facultado para emitir resoluciones obligatorias para los Estados firmantes, lo que fuerza al Estado infractor a cumplirlas.
Aunque lo ideal sería que un tribunal en toda regla fuese el que condenara esos actos. En 2023 se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la propuesta de anexar a su catálogo los delitos de etnocidio y ecocidio; son coincidencias que parecen más bien la enunciación de aquello que nunca se notó, pero que va siendo tiempo de visibilizar; sin embargo, las discusiones sobre el tema aún se mantienen en proceso, por lo que, en la práctica, esa Corte aún no está facultada para resolver esas cuestiones, lo cual una vez más evidencia que el derecho, sus órganos y sus leyes, no son dinámicos y no atienden las necesidades que socialmente deberían priorizar.
Así, aunque sólo parezca como un pequeño avance, la realidad es que la sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza será de gran importancia para el futuro, ya sea a mediano plazo, cuando se permita continuar con el proceso, o a largo plazo, cuando, si vuelve a ocurrir una situación similar, se tenga idea de cómo ofrecer una solución al problema, tal como señala la ley: completa, pronta, expedita e imparcial.
Finalmente, esta situación trae a colación no sólo la vulnerabilidad en la que viven día tras día algunos grupos étnicos y el entorno en el que coexisten, sino también la inconsciencia en la que permanecemos socialmente, la apatía que nos invade cuando ponderamos la globalización y los recursos naturales y nos inclinamos por la primera. Un análisis a nivel institucional, pero también personal, quizá, podría hacer una diferencia o, por lo menos, marcar el inicio de una idiosincrasia más humanitaria, consciente y noble, pues el egoísmo del ser humano no le permite entender que no es él en el mundo, sino él con el mundo y lo que en éste habita. Territorialmente la selva maya nos pertenece, pero a no sólo es habitada por seres humanos, sino también por otros seres vivos.
Ampliar el catálogo de delitos a nivel nacional e internacional en cuestiones naturales y culturales es, sin lugar a dudas, pináculo del verdadero desarrollo humano, el cual bien podría verse reflejado de manera institucional, por ejemplo, a través de un Plan Nacional de Desarrollo o una agenda anual correspondiente a diferentes órganos y organizaciones no gubernamentales de carácter internacional.
Fuentes de consulta
Communications (10 de septiembre de 2025), “International Rights of Nature Tribunal”, en https://www.rightsofnaturetribunal.org/.
Núñez, E. (2022), “Especial ‘Emergencia climática’. El ecocidio, crimen sin castigo”, Ciencia UNAM, en https://ciencia.unam.mx/leer/1321/especial-emergencia-climatica-el-ecocidio-crimen-sin-castigo-Selva Maya, The Nature Conservancy (2025). The Nature Conservancy, en https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/mexico/selva-maya/.
