María Cecilia Rocabado Tubert, decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, ofrece una reflexión crítica sobre la experiencia boliviana en la elección de jueces por voto popular, un modelo que hoy observa con cautela ante su reciente adopción en México. Concebida tras la crisis institucional de 2003 como una forma de “devolver el poder al pueblo” y desmontar estructuras coloniales, la reforma pretendía democratizar la justicia, pero en la práctica derivó en nuevos problemas: baja legitimidad, persistente corrupción, injerencia política y social en las decisiones judiciales, persecución a jueces y abogados, y una alarmante pérdida de independencia. Los resultados electorales reflejaron el desencanto: mayorías de votos nulos, desconfianza ciudadana y cuestionamientos de organismos internacionales por el alejamiento de estándares democráticos. Para Rocabado, la lección es clara: sin una sólida carrera judicial, sin criterios rigurosos de selección, ética profesional y formación integral, elegir magistrados no garantiza independencia ni justicia. El voto, advierte, puede convertirse en un instrumento de control político más que en un mecanismo de legitimación. Por ello, llama a México a analizar con detenimiento el trasfondo histórico y político de esta decisión, a fortalecer las competencias y valores de sus jueces y a no confundir la apariencia de “ampliación democrática” con su concreción real. “Estamos decidiendo sobre vidas”, recuerda, y en esa responsabilidad, la justicia debe ser libre, ética y técnica, no rehén de intereses partidarios o presiones externas.

