Platicamos con Fabienne Cabaret acerca del trabajo que hacen de acompañamiento a las víctimas de violaciones a derechos humanos desde el litigio en la Fundación para la Justicia, y de los retos que proyecta el actual sistema de justicia en México.
¿Hasta dónde puede llegar una organización de la sociedad civil en contextos donde el acceso a la justicia está estructuralmente bloqueado?
Fabienne Cabaret – Estamos en un contexto complejo para el trabajo de la sociedad civil que busca justicia y el acompañamiento a víctimas. A partir de las grandes reformas que se han dado en México y todo el cambio que eso ha implicado en la estructura del sistema de justicia, estamos en parte preocupados y en parte observando de qué manera eso se va a reflejar en nuestras posibilidades de litigio y de acompañamiento a víctimas en ese nuevo contexto. Tampoco ha habido avances en relación con la inercia histórica que existe en el sistema de procuración y administración de justicia en términos generales. Sigue habiendo impunidad prácticamente generalizada, para cualquier víctima en el país. El modelo es similar en ese sentido y se complejiza un poco más a partir de la politización de la reforma judicial, que nos coloca en otro lugar.
Tenemos que avanzar y trabajar con el sistema que existe, y es donde nos damos cuenta de que está la sociedad civil como un actor importante para tratar de obtener resultados para muchas víctimas, en especial a más vulnerables para la Fundación que trabaja con población migrante y los fenómenos de violencia, como la desaparición, los secuestros, las ejecuciones, donde las víctimas muchas veces no están en territorio mexicano. Esto es lo que la Fundación ha venido litigando y peleando durante muchísimos años, para reconocer esos derechos y que el sistema de justicia pueda producir resultados.
Hemos avanzado pero los alcances siempre van a ser muy limitados pues la capacidad institucional y política es muy limitada para garantizar realmente la justicia a las víctimas. Eso implica un esfuerzo muy grande para cualquier caso que se acompañe, no solamente por parte de abogados, sino de todo el entramado que se involucra en el acompañamiento de un caso de grave violación a derechos humanos.
Sí se pueden obtener resultados, pero llegar al punto final de la justicia –por ejemplo, a la sanción de cada uno de los involucrados en los hechos– es prácticamente imposible. La gran mayoría de los casos que están denunciados no pasan a la etapa de judicialización. Algunos sí, pero con ese esfuerzo mayúsculo que implica necesariamente acompañamiento, especialmente para los casos de grupos vulnerables, donde si no hay un acompañamiento adicional, como el de una organización de la sociedad civil, es extremadamente difícil alcanzar la justicia esperada.
En ese sentido, el sistema de justicia no ha avanzado. Se refleja en los números de impunidad y en la vivencia cotidiana del trato que se da a los casos, desde pelear para que una denuncia sea recibida, hasta esperar un proceso que tenga un resultado positivo.
Con la implementación del nuevo sistema de justicia judicial estamos todavía en etapa de observación si va a cambiar las condiciones y de qué manera. Lo que hemos observado hasta el momento, a raíz de los casos que acompañamos que se encuentran en el sistema judicial, es que ha habido una tendencia a posponer las diligencias… Muchos jueces están tomando el cargo y conociendo de los asuntos, y en muchos casos tenemos que esperar bastantes meses para que se dé continuidad al proceso.
¿Cómo es que se ha modificado el margen de acción de las organizaciones que litigan violaciones graves de derechos humanos a la luz de esta reforma?
Fabienne Cabaret – Estamos todavía en la etapa de observación para saber qué va a pasar, y entendemos que muy probablemente no va a haber una evolución positiva para los derechos que ya se pelearon y se lograron reconocer desde hace más de diez años. Ya se empiezan a ver situaciones concretas, como lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia, en el caso que están atendiendo los colegas del Centro Miguel Agustín Pro Juárez –con distintas organizaciones nos sumamos a un pronunciamiento sobre el posicionamiento regresivo de la Corte– en relación con la existencia de un porcentaje mínimo obligatorio para asignar a los procedimientos de apoyo y reparación del daño por parte del sistema de atención a víctimas. Eso ya había sido una lucha. Y lo que hizo la Suprema Corte fue volver a abrir la discusión sobre si ese porcentaje realmente tiene que ser o no. Eso significa que no hay seguridad en el presupuesto asignado para el acceso a la reparación del daño y los apoyos para las víctimas. Muy posiblemente los criterios que se han alcanzado durante los últimos 10 años van a ir más bien retrocediendo.
Ustedes acompañan el caso de la masacre de los 72 migrantes. ¿Cómo se sostiene la cuestión del litigio sin que las diferencias jurisdiccionales e institucionales fragmenten la búsqueda de justicia colectiva?
Fabienne Cabaret – No hemos visto un cambio sustancial en la forma en la que el gobierno mexicano, a través de las instituciones, aborda los fenómenos criminales de ese tamaño, y que son muchos en el país, desafortunadamente. La masacre de los 72 es un caso emblemático de una masacre contra personas migrantes en territorio mexicano, que ya tiene bastantes años; sin embargo no ha habido ningún cambio sobre la forma de abordar ese tipo de casos y verlos desde esa perspectiva de la macro criminalidad como un caso no aislado, sino que forma parte de un fenómeno donde se cruzan finalmente estructuras tanto de la delincuencia como del propio Estado.
Algo importante que hemos podido observar en este caso es que, si bien en los últimos años han dictado sentencias contra algunos sujetos, la maquinaria de la justicia va desmembrando las historias y los procesos, de tal manera que se van reduciendo a sentencias que ni siquiera tienen que ver con la muerte de las víctimas como tal. A qué me refiero: el caso de la masacre de los 72 migrantes está vinculado con las fosas clandestinas de San Fernando y otros casos que ocurrieron en el mismo contexto temporal y territorial; sin embargo, no ha habido un esclarecimiento histórico de lo que ocurrió en Tamaulipas en aquellos años ni claridad sobre las personas que fueron vinculadas a estos casos.
Claramente fue un caso dirigido a la gran política que hubo de judicialización del cartel de los Zetas, pero no ha habido otra hipótesis y menos aún ha habido un esclarecimiento de los hechos respecto a las muertes de las víctimas. Si estudiamos las sentencias que han salido muchos años después de los hechos, nos damos cuenta que tienen que ver con la pertenencia, de esos sujetos a la delincuencia organizada, más no a su responsabilidad por la muerte de cada una de esas víctimas. Toda esa fragmentación que se va generando a lo largo de los años desde el ámbito del Ministerio Público hasta el de los jueces, finalmente quita su esencia a los asuntos y los termina con sentencias de muy poco alcance, y no brindan solamente a las víctimas, sino a la sociedad, una explicación de lo que ocurrió en estos casos.
La fragmentación justamente sigue operando. No hemos visto una diferencia en el abordaje de los fenómenos criminales. Eso lo podemos observar en casos muy concretos a partir del análisis de expedientes concretos. Esa lógica del caso a caso es uno de los reclamos que la Fundación y muchos más hemos venido señalando todo el tiempo.
En el 2018, cuando se dio el cambio de gobierno, hubo un espacio de trabajo para modificar la entonces Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para hacer un planteamiento más acorde a las necesidades del país; nosotros hicimos un llamado para trabajar en un plan de persecución penal, es decir, para que las fiscalías pudieran trabajar con base en la identificación de los fenómenos criminales, más allá del caso a caso. Mientras no se hagan esas modificaciones y se sigan acumulando miles de denuncias que no llegan a nada o muy poco en lo concreto, no estamos atacando los fenómenos que dañan no solamente a las víctimas sino a la sociedad en general.
En este momento la justicia ordinaria mexicana no está funcionando.
Recordarás que este año algo llamó mucho la atención en el país en relación con la entrega de cabezas de grupos delictivos a Estados Unidos. Eso preocupó bastante a las víctimas en el sentido de que si Estados Unidos se lleva o si México entrega las cabezas de las estructuras criminales al país vecino, ¿qué nos va a quedar aquí de justicia en México?
Sobre el tipo penal de feminicidio existe cierta resistencia al usarlo. ¿Qué revela este caso sobre esa misma resistencia del sistema a nombrar un feminicidio como es?
Fabienne Cabaret – El caso de Karla Pontigo sigue siendo un caso emblemático de esa lucha no solo por alcanzar la justicia, sino también por nombrar las cosas como son. Cuando el caso se encontraba en la Fiscalía de San Luis Potosí, votó sí a un caso catalogado como homicidio y culposo, aparte de todo. Evidentemente, el litigio que se llevó a cabo durante muchos años y que permitió llegar a la sentencia de la Suprema Corte en el año 2019 para revertir esa lógica misma del caso ha sido relevante y sigue su curso actualmente lo que es el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte que colocó dos cosas importantes. Por un lado, que el caso se volviera a investigar bajo la perspectiva de feminicidio; por otro, y que esa investigación se llevara a cabo bajo esa lógica de la responsabilidad por cadena de mando –eso en relación con la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que en algún momento permitió que eso pasara en San Luis Potosí–.
Aquí hay un triple reto: que el caso se investigue y se clasifique como feminicidio, que genere precedentes para todas las investigaciones vinculadas a muertes violentas de mujeres y que el feminicidio sea la primera hipótesis de investigación. Claro, cada caso puede marcar un destino distinto, pero se debe partir de la perspectiva de género antes que nada para cualquier abordaje de caso de esa naturaleza. Ya luego las investigaciones tienen que decir lo que pasó.
El precedente que también dejó el caso es que cuando se revisa la actuación de las autoridades en las investigaciones previas, se puede partir de la claridad sobre la responsabilidad no solamente del agente del ministerio público a quien le tocó firmar en lo individual, sino también de la cadena de responsabilidades que hay detrás en la institución.
Eso es importante no solamente en el caso de feminicidio o en el de Karla Pontigo. La responsabilidad por cadena de mando es algo que en México tampoco hemos avanzado y que fomenta la impunidad, porque al fin y al cabo cuando por presión la autoridad tiene que resolver un asunto, tiende a dejarlo con el alcance mínimo e individualizar la responsabilidad en el nivel más básico. Siempre la pregunta será quién o quiénes permitieron u ordenaron que la cosa fuera así.
Ojalá México pudiera avanzar en algún momento en esas grandes problemáticas. Son muchas más, solo cito algunas de ellas; pero desafortunadamente en este momento y a partir del nuevo régimen que tenemos, no están las bases para ello; por el contrario, el nuevo régimen concentra los poderes, genera verticalidad del trabajo de las instituciones y, con ello, el riesgo de dificultar la posibilidad de tener un sistema de justicia flexible donde los operadores de justicia tengan libertad para atender y resolver los asuntos que conozcan.
Ustedes han litigado varios casos por años. ¿Qué se entiende hoy como una victoria en nuestro sistema actual de justicia (una sentencia, un precedente, una reparación del daño)?
Fabienne Cabaret – En cualquier caso. esa pregunta la puede contestar primeramente la víctima. Claro que a la sociedad también nos interesa llegar a una sentencia en cualquier caso judicializado, pero la justicia se puede entender de forma diferente según muchos factores. Tener una sentencia condenatoria en contra de una persona para que vaya a la cárcel y ahí se quede, no es necesariamente el sentido de justicia para todo el mundo. Siempre va a depender de la visión y de lo que la víctima entiende por justicia. De cualquier modo, en nuestro sistema ni siquiera tenemos esa garantía.
En términos de éxito del litigio, evidentemente conseguir una sentencia condenatoria, si hay mucha claridad que la persona juzgada es la persona responsable, siempre se puede ver como un éxito (así como las condiciones en las que se dictó). Un caso muy concreto de una de estas sentencias, que va más allá de sí misma, y que ilustra cómo se articuló desde el juez, las víctimas y nuestro acompañamiento lingüístico, y se logró establecer una dinámica de trabajo en el marco de un proceso y de un juicio penal bastante satisfactorio también para las víctimas, es la del caso de la masacre de Camargo que ocurrió en el 2021. Se trata de 19 personas que fueron perseguidas, baleadas y quemadas por 12 policías estatales de Tamaulipas; un caso que, en términos de crueldad y de gravedad, lo tiene todo. Su diferencia con otros casos es que hubo evidencias muy prontas y claras de quiénes habían sido, lo que ayudó a agilizar el proceso. Parte del reto era que las víctimas no estaban en México, sino en Guatemala, en una población indígena donde no todas las personas hablaban español. Eso implicó una articulación y un reto bastante fuerte. El trabajo de la sociedad civil es esencial, porque si no fuera por eso no hubiera sido posible. La Fundación tiene colaboradores en Guatemala y en Ciudad de México, y el juicio se llevó a cabo en Tamaulipas. En parte, nos ayudó la virtualidad, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales lo permite –eso fue un gran aporte de la reforma al sistema de justicia penal–; en materia de acompañamiento y litigio de casos de migrantes, si no fuera por la virtualidad establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sería mucho más complejo. En ese sentido, en este caso, lo que la Fundación hizo fue no solamente representar legalmente a las víctimas, sino también asumir toda la logística de lo que implica el desarrollo del juicio, teniendo al juez en Tamaulipas, a los imputados en Tamaulipas, ya privados de libertad, y a las familias en Comitancillo, Guatemala.
Eso implicó muchísimo trabajo y el apoyo lingüístico y social de la Red Jesuita para Migrantes en Guatemala. Esa articulación y complementariedad entre distintas organizaciones –porque no todas tenemos la misma especialidad– fue esencial en el caso de la masacre de Camargo. Nos permitió llevar un proceso bastante rápido, a diferencia de muchos otros, donde las víctimas pudieron participar en cada una de las audiencias que se realizaron, que fueron como 50. Esa presencia, esa proactividad de las víctimas, a pesar de que no hablaban español, facilitó y generó un impacto en la sentencia.
Algo positivo en este caso fue la actitud del juez. Por un lado defendió y respetó los derechos de los imputados, pero también dio su lugar a las víctimas y, sobre todo, a la gravedad del hecho. Lo menciono como un caso que, a pesar de las coyunturas políticas nebulosas y preocupantes, se pudo trabajar de manera adecuada. No siempre es el caso, pero este tipo de experiencias es la que buscamos reproducir.
Lo que tratamos de cuidar es que, independientemente de la evolución política y de los cambios de titularidad, es mantener fuertemente el trabajo con los funcionarios de base. Ahí es donde está el punto medular para poder tener una atención adecuada y un resultado positivo. Eso implica no bloquearnos con el hecho de que tengamos reformas regresivas y que sigamos avanzando y trabajando lo mejor que se pueda para tener respuestas distintas, dependiendo de la dependencia, dependiendo del Estado.
No vamos a dejar de reclamar los derechos y de poner a prueba el nuevo sistema judicial, porque las fiscalías no han cambiado aún; por lo menos en lo que respecta a las dependencias federales, hay una intención muy clara de delineación de las titularidades del gobierno federal. En algún momento, la presidenta, en una de las mañaneras, hizo referencia a que no sabía si era bueno o malo que la fiscalía tuviera autonomía constitucional.
Lo coloco sobre la mesa porque en la cuestión sobre la fiscalía todavía no tenemos mucha claridad hacia dónde va.
Otro señalamiento que me parece interesante de lo que ha comentado a raíz del caso Michoacán, con ese plan para la paz y la justicia podríamos entender que la presidenta tiene el enfoque de que sin justicia no hay paz. Estamos de acuerdo con eso desde hace muchísimos años. La pregunta es cómo va a garantizar la justicia. Porque si vamos a seguir con el mismo modelo de cómo están trabajando las fiscalías no sé qué podemos esperar; para que hubiera resultados distintos se tendrían que cambiar los modelos de trabajo. Eso ya lo colocamos en la discusión cuando en el 2018 participamos en la redacción de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que en el 2021 fue abrogada para que volvieran a sacar una como la que conocimos siempre. La ley del 2018 sí ofrecía un modelo renovado. Pero no fue del agrado del fiscal general.
El sistema ordinario que conocemos ya topó con pared en muchos sentidos. Todo eso, evidentemente, va a llevar todavía bastantes meses, pero actualmente seguimos trabajando con la fiscalía y con el Poder Judicial. Durante el 2026 distintas organizaciones y actores vamos a estar observando al nuevo poder judicial, tratando de identificar qué sigue igual y qué cambió y de qué manera, pero arrastrando esa pregunta de qué va a pasar con las fiscalías.
¿Qué implica para la sociedad mexicana que las violaciones graves de derechos humanos se resuelvan o al menos avancen únicamente cuando intervienen las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuál es el peligro de normalizar que la justicia llegue solo si la organización tiene la capacidad de acompañar el caso?
Fabienne Cabaret – Un elemento de contexto también preocupante para nosotros es que hay que reconocer esa capacidad narrativa que ha tenido el gobierno de disminuir la relevancia de los derechos humanos. Esa lucha de tantos años de hablar, de colocar, de exigir el respeto a los derechos humanos, ha permitido avanzar muchísimo a nivel normativo y a nivel estructural. Han sido batallas de décadas. Estamos en un contexto de regresión en la región y en el mundo, en un momento histórico donde la importancia de los derechos humanos y la materialización del acceso a la justicia.
Evidentemente un reto muy fuerte para las organizaciones que nos dedicamos a esto es mantener el interés y la exigencia de la sociedad, que finalmente es la beneficiaria.
Estamos muy preocupados por escuchar esas nuevas narrativas impulsadas en el sentido de que si no se puede controlar la sociedad, más vale restringirla. Apenas estamos tratando de identificar cómo va a evolucionar ese tema; lo cierto es que la forma en la que el gobierno ha estado manejando el tema, se habla cada vez menos de los derechos humanos; se habla de apoyos sociales, por ejemplo, pero no de derechos humanos.
Creo que vamos a tener que entrar en una lucha nuevamente para defender su existencia. Para poder defenderlos, evidentemente las víctimas se tienen que identificar con ellos.