La eutanasia se ha presentado como una posibilidad para poner fin al sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales o estados de sufrimiento insoportable. Su legalización sigue siendo un pendiente en la agenda jurídica mexicana, donde la autonomía y la dignidad de los pacientes se ve mermada por prejuicios culturales. María Fernanda López Piter reflexiona al respecto.
México es un país que celebra y convive con la muerte de manera única y singular. Desde tiempos prehispánicos, las diversas culturas originarias concibieron la muerte como un “tránsito” y no como un final absoluto. Esa cosmovisión se conserva hasta el día de hoy en el Día de Muertos; cada 2 de noviembre, las calles del país se llenan de flores de cempasúchil, altares coloridos decorados con velas y papel picado, calaveras y catrinas que simbolizan la pérdida de los seres queridos y la continuidad de la vida en la memoria de quienes los conocieron en vida. La muerte para los mexicanos no se esconde, no busca causar dolor, sino celebrar lo que fue la vida de aquellas personas y cómo han trascendido a otro plano.
Sin embargo, cuando la muerte deja de ser un símbolo cultural y se convierte en una decisión personal y médica, el discurso cambia completamente. La eutanasia se transforma en un tema tabú, rechazado por instituciones y por la misma sociedad. La paradoja es evidente: un país que adora y celebra la muerte pero no logra reconocer el derecho a decidir sobre ella, marcado principalmente por la influencia de la religión católica, que concibe la vida como un don divino e inquebrantable.
La palabra eutanasia significa “buena muerte”. En bioética y derecho se entiende como el acto médico en el cual se pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada con el fin de evitar o terminar con un sufrimiento intolerable. La literatura distingue entre eutanasia activa, cuando se administra una sustancia que conlleva a la muerte; eutanasia pasiva, cuando se suspenden aquellos tratamientos que prologan la vida de manera artificial; suicidio médicamente asistido, cuando el médico facilita los medios pero el paciente es quien los administra, y ortotanasia, la cual consiste en que no haya intervención del médico ni de medicamentos, sino que la enfermedad sigue su curso. En México sólo esta última es legal en 16 entidades federativas, donde se permite a los pacientes rechazar tratamientos. La eutanasia activa y el suicidio medicamente asistido siguen siendo considerados delitos en el Código Penal Federal, inclusive si existe el consentimiento del paciente.
La explicación de este contraste radica en gran parte en la herencia católica. La iglesia considera que la vida es un don divino y que sólo Dios puede decidir sobre su inicio y su fin. Esta visión ha permeado en el marco legal y en la opinión pública mexicana, donde la eutanasia suele asociarse a un pecado o a un acto inmoral, más que a una expresión de autonomía y dignidad. Este contraste nos sitúa en un punto ilógico, ya que mientras se celebra la muerte como un símbolo de identidad nacional, se niega la posibilidad de una muerte digna a quienes enfrentan dolor y enfermedad.
La eutanasia ha sido durante décadas una de los temas que más sensibilidad genera entre el derecho, la medicina, la ética y la religión. En México, hablar de la muerte asistida sigue siendo un tema que provoca resistencia social y política debido a su estigmatización, a pesar de los miles de pacientes que se enfrentan día con día a enfermedades terminales o a estados de sufrimiento intolerable. En diversos países se ha logrado crear un marco jurídico que representa un avance significativo pues reconoce el derecho a morir con dignidad; sin embargo, en México este debate se encuentra rezagado.
El derecho a una vida es reconocido ampliamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México forma parte. Sin embargo, la dignidad implica poder elegir cómo enfrentar el fin de la existencia y la vida misma. En este sentido, la eutanasia se plantea como un acto que involucra la autonomía individual, dentro de los principios de libertad, compasión e, inclusive, justicia.
La legalización de la eutanasia en México no conlleva promover activamente la muerte o el suicidio, sino que pretende garantizar que las personas tengan la posibilidad y el derecho de decidir sobre su vida en circunstancias de extremo sufrimiento. Esto no debe verse como un atentado contra la vida; más bien se trata de reconocer que para el individuo no tiene sentido alguno prolongarla sin esperanza médica, lo que sólo se convierte en una forma de crueldad, pues se aplaza un sufrimiento gigante e inevitable. Por ello, el debate de la legalización de la eutanasia no debe centrarse en el temor o en el estigma, sino en la dignidad y en los derechos humanos.
El artículo 1º de la Constitución mexicana establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y prohíbe de manera expresa cualquier acto de trato cruel, inhumano o degradante. En razón de esto, forzar a una persona a prolongar su existencia en condiciones de sufrimiento insoportable podría considerarse anticonstitucional.
De igual manera, el artículo 4º reconoce el derecho a la salud, en el cual se contemplan los cuidados paliativos, aunque éstos no siempre son suficientes para eliminar el dolor o poner un alto al deterioro de la calidad de vida del individuo. En este contexto, la eutanasia se perfila como una alternativa ética y jurídica para hacer efectivo el principio de dignidad humana.
Por otro lado, la autonomía debe ser vista como un eje central. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado en el reconocimiento en materia de salud y éste se ha visto reflejado en que una persona tiene derecho a rechazar tratamientos que prolonguen su vida, pero, de igual manera, esta persona debe tener derecho de solicitar asistencia médica cuando su sufrimiento sea intolerable. Al negarle esta posibilidad, se limita de manera arbitraria su libertad individual, ya que el mismo Estado es el que está interfiriendo en una decisión personal, lo que resulta contrario a un pluralismo democrático.
Los países que han legalizado la eutanasia o el suicidio con medicamento asistido, como Países Bajos (2002), Bélgica (2002), Colombia (1997, vía Corte Constitucional y, posteriormente, regulado), Canadá (2016) y España (2021), son claros ejemplos de que es posible legislar con responsabilidad, ya que al la legalización de la eutanasia no se pretende que cualquier persona pueda acudir a un médico y decida terminar con su vida sin razón aparente, sino que una persona víctima de una enfermedad terminal pueda acabar su vida con dignidad sin tener que prolongar de manera indefinida su sufrimiento.
En estos marcos jurídicos se establecen protocolos estrictos: debe existir un diagnóstico confirmado de enfermedad terminal o de sufrimiento intolerable; el paciente debe tener la capacidad de decidir, y su consentimiento debe ser de manera informada y bajo supervisión médica y ética. Estas regulaciones aumentan la confianza en el sistema de salud y evitan que estas decisiones se tomen en la clandestinidad. México podría nutrirse de estas experiencias para diseñar una ley adaptada a su realidad social y sanitaria.
Además de los argumentos éticos y jurídicos existen razones prácticas. En hospitales públicos y privados, una parte considerable de los recursos médicos se destina a prolongar artificialmente la vida de pacientes sin expectativas de recuperación. La eutanasia, bajo regulación, permitiría liberar recursos que podrían invertirse en prevención, investigación y atención de enfermedades tratables.
Asimismo, proporciona un marco de certeza jurídica a los profesionales de la salud, quienes actualmente se enfrentan a dilemas éticos y legales cuando los pacientes solicitan poner fin a su sufrimiento.
Sin embargo, la influencia de la Iglesia católica y de posturas religiosas conservadoras ha sido un freno significativo en la discusión sobre la eutanasia. Desde esta perspectiva, la vida es considerada un don divino que no puede ser interrumpido por decisión humana. Documentos como la encíclica Evangelium Vitae (1995) sostienen que la eutanasia es “una grave violación de la ley de Dios”. Sin embargo, no todas las posturas religiosas coinciden. Algunas corrientes en el seno del cristianismo y otras religiones sostienen que la compasión y el alivio del sufrimiento también son valores espirituales. Además, en un Estado laico como México, las creencias religiosas no deberían imponerse como limitación al ejercicio de los derechos civiles.
Legalizar la eutanasia en México no significaría romper con las tradiciones, sino reconciliarlas: permitir que el amor y el respeto que se demuestra por los muertos también se traduzca en compasión hacia los vivos que sufren. El reto es reconocer la pluralidad de convicciones. Quien, por motivos de fe, decida rechazar la eutanasia, debe estar protegido en esa decisión; pero, de igual forma, quien considere legítimo y digno solicitarla, debería contar con un marco legal que respalde esa elección.
En la actualidad, México sólo cuenta con leyes de voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos, pero necesitamos leyes que permitan solicitar activamente la eutanasia. Los legisladores tienen la responsabilidad de ir más allá, para generar una legislación nacional que reconozca la eutanasia como parte de los derechos a la salud. Una ley de eutanasia no impondría un modelo único, sino que abriría la posibilidad de elegir. La libertad y la dignidad se respetan mejor cuando el Estado proporciona opciones, no cuando se restringen.
La eutanasia no es un atentado contra la vida, sino un reconocimiento de que la vida sólo tiene sentido en condiciones de dignidad. Legalizarla en México sería un acto de justicia, compasión y respeto a los derechos humanos. Negarla, en cambio, significa criminalizar la compasión y prolongar el sufrimiento de manera innecesaria.
México tiene la oportunidad de unirse a la comunidad internacional en un paso histórico hacia la dignidad y la libertad individual. La pregunta ya no es si debemos debatir la eutanasia, sino cuánto sufrimiento más estamos dispuestos a permitir antes de reconocerla como un derecho. Extender este razonamiento a la eutanasia resulta un paso lógico en la consolidación de un modelo de derechos centrado en la dignidad y en la libertad individual.
Legalizar la eutanasia en México no es implica la muerte, sino afirmar que la vida sólo tiene sentido si se vive y se concluye en condiciones de dignidad. Es un acto de justicia, compasión y coherencia con un país que convive con la muerte, pero que necesita aprender a respetar las decisiones de quienes desean enfrentarla de manera libre.
Fuentes de consulta
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——— (2015), Sentencia T-970/14, Corte Constitucional, Bogotá.
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Wojtyła, K. (Juan Pablo II) (1995). Evangelium Vitae, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano.World Medical Association (2019). WMA Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide.
