La violencia se inserta sutilmente en el lenguaje y desde ahí se cuela a la cotidianidad de la vida de las personas; las desapariciones, las torturas, las ejecuciones multitudinarias, el narcoterrorismo, las violaciones a los derechos humanos, entre otras categorías, emergen a la superficie de las conversaciones y de las expresiones diarias, impactando en la forma en que la comunidad se relaciona (con temor, sigilo, desconfianza y apatía, que se activan como mecanismos de supervivencia).1
Mientras eso acontece, otra parte del lenguaje, donde la violencia podría debilitarse, donde existen palabras que describen la paz y los mecanismos no violentos para resolver conflictos, se codifica y se vuelve impenetrable: el lenguaje del derecho, la herramienta que tiene la comunidad para resolver sus conflictos pacíficamente. Esto termina por hacer que el lenguaje de la violencia se imponga sobre el de la paz, lo cual tiene implicaciones contundentes en la salud de un Estado democrático y social de derecho.
El entendimiento del lenguaje jurídico no es cosa menor; implica, además de acceder a un lenguaje más cercano a la paz (donde existen palabras como acuerdo, diálogo, respeto, convivencia), la posibilidad de que las personas puedan participar en la vida pública en un Estado democrático. En este sentido, la capacidad de entender lo que nos dicen las autoridades, por un lado, y la de formularles nuestras exigencias, por otro, representa lo que, en alguna ocasión, mientras conversábamos con Rodrigo Arístides Guerrero García, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominó el “derecho a entender el derecho”. En este sentido, la clarificación del lenguaje jurídico resulta esencial para la paz y la democracia, condiciones necesarias para la existencia del Estado de derecho.
Son tres los ejes temáticos de la presente edición: paz —encabezado por Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992—, derecho sanitario —al que se le ha dedicado un dossier con el apoyo de Marco Antonio Zeind Chávez y en el que participan diversas voces y plumas de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario— y lenguaje —donde las abogacías que forman parte de la Academia Mexicana de la Lengua han emprendido la tarea de clarificar el lenguaje jurídico—.
Los tres tópicos se conjugan en un solo espacio para invitar a la reflexión sobre esto que urge a todas las personas, independientemente de su postura ideológica y política: el lenguaje propicia un entorno pacífico y democrático donde el acceso al derecho, a los derechos y a la justicia pueda ser tangible.
¡No dejen de sumarse al diálogo y a la reflexión!
Notas:- Sobre este tema reflexiona el doctor Diego Valadés en este número.[↩]
