Diana Ascensión examina cómo la reforma judicial mexicana, observada por la OEA, enfrenta el dilema de legitimidad en medio de una participación mínima y un sistema colapsado.
El día 15 de septiembre del año 2024 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la última reforma al poder judicial, la cual, según lo dicho por la presidenta Sheinbaum, respondía al “reclamo de justicia del pueblo” y una medida para democratizar el poder judicial.
Esta reforma presentaba cambios significativos, como la desaparición y creación de nuevos órganos (como el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Disciplina Judicial, respectivamente), la disminución de salarios percibidos por los funcionarios en turno y nuevas elecciones.
Esto último causó total conmoción a nivel nacional, no solo se trataba de una elección para escoger a los nuevos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también para magistrados y jueces, es decir, se trataba de una verdadera reforma desde los cimientos, ya que lo primero significaba un cambio para el órgano supremo y representativo del poder judicial, lo cual, en esencia, era de esperarse, sin embargo, el anexar ramificaciones de éste como lo son jueces y magistrados dificultaba cuestiones prácticas, como el alinear circuitos judiciales con distritos electorales, el número de candidatos para votar y, en síntesis, un inminente colapso del sistema de justicia.
Esta elección se anunció el día 23 de ese mismo mes, donde el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG2240/202417, a través del cual emitió la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025; para los jueces actuales marcaba el fin de su cargo y, de quererlo así, el inicio de su candidatura; para todos los ciudadanos, la implementación de una obligación más.
A nivel político, la oposición no hizo esperar la expresión de su preocupación por todos aquellos obstáculos que representaban dichos cambios, pues no se trataba únicamente de una cuestión presupuestal, sino de cualidades; además de las mencionadas, los requisitos para ser aspirante a juez o magistrado dejaban más lagunas que verdaderos puentes de información para los interesados; quienes se encontraban en litigios activos no pensaron que sus procesos se extenderían resultado de la entrada de nuevos jueces; los actuales funcionarios perderían su sustento debido al despido o desaparición de sus cargos; la participación ciudadana podía marcar la legitimación o falta de validación de dichas votaciones, lo que también traería consigo la impresión de una buena o mala inversión de los recursos para la realización de este proceso electoral; entre otros.
Una vez iniciado el proceso y conformado el órgano vigilante de las elecciones, no se hicieron esperar las candidaturas; era por demás indignante pensar que un cargo tan honorable como servir al poder judicial se veía reducido a una campaña, pero no debe señalarse de manera peyorativa, pues esto no era otra cosa más que resultado de los requisitos solicitados, por ello resultaba más bien entristecedor; la labor de jueces y magistrados no es otra que dar pronta resolución a los conflictos, ello lo harán con base en toda la experiencia que han acumulado a lo largo de los años de carrera judicial, pero ahora todo había sido reducido al número de simpatizantes obtenidos.
De ninguna manera esto era justo.
Por otro lado, aún se guardaba la esperanza de que, ya en la ejecución de funciones se subsanarán detalles que, de esta nueva óptica, serían menores, pero entonces faltaba lo más importante: las elecciones.
Así, los ciudadanos fueron llamados a votar el pasado 1 de junio del año en curso; en cuestiones de logística, el INE estimó una participación menor al 20%, pero The Guardian reportó un total de 13%, lo que quiere decir que, de un padrón electoral de aproximadamente 100 millones de votantes según el dato aproximado de las votaciones de 2024, solo hubo 13 millones de votantes.
Lo anterior hacía realidad una de las principales preocupaciones: la apatía, falta de interés o simplemente la materialización del descontento poblacional con la reforma, reflejaban la falta de legitimación.
Y es que además del cúmulo de sentimientos en contra de dicho cambio, el proceso fue absolutamente complejo, con más de 7,700 candidatos, lo cual generó desinterés y un impedimento a la hora de tratar de tomar decisiones informadas.
Ahora bien, lo siguiente a esperar son las impugnaciones de dichos resultados entregados por el INE a la SCJN y al Tribunal Electoral, las cuales se resolverán antes del 28 de agosto de 2025; así como la presentación de leyes secundarias, mismas que detallarán la implementación de este proceso judicial.
Con lo anterior, no es de sorprenderse que los cambios en México no solo estaban en la mira de la oposición, sino de todo el mundo, de manera más concisa, de organizaciones tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y de esta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No éramos observados por un atentado a nuestra soberanía nacional, sino porque genuinamente sus funciones intervenían en este momento; la razón primordial de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es evitar la concentración de poder en un solo órgano o persona, toda vez que la palabra “república democrática” hace referencia al sistema político en el cual el poder lo ostentan los gobernados y lo ejercen a través de sus representantes.
Según el portal oficial gob.mx “[…] México es una república representativa y democrática, conformada por estados libres, unidos por un pacto federal.”, lo cual, de manera constitucional y convencional, da pauta a que organizaciones internacionales intervengan en defensa de quienes pueden o están siendo vulnerados.
El pasado 6 de junio del año 2025, la OEA emitió un informe preliminar acerca de la misión de observación electoral en México, el cual contiene como principales puntos la complejidad del proceso electoral; la ausencia de marco normativo; la preocupación acerca de la pérdida de independencia judicial; el señalamiento de robo de boletas electorales, polarización política y ausencia de precedentes; etcétera.
Además, dejó en evidencia la falta de participación, transparencia en la selección de candidatos e irregularidades operativas.
Dicho de otra manera, internacionalmente tampoco fue bien recibida la reforma judicial; el planteamiento es: si mayoritariamente nadie está de acuerdo, ¿qué mensaje se envía para la minoría? ¿qué va a hacer esa minoría para convencer a los demás? Pues, recalco, esto es una república democrática, no se necesita que todo sea unánime, pero sí que sea mayoritario.
Finalmente, se destaca lo abrumador que el nuevo proceso electoral resulta tanto para quienes se encargarán de él, como para los espectadores que tiene a su alrededor; asimismo, no debemos olvidar que formamos parte de una comunidad internacional, “tratados”, “reuniones”, “convenciones” y “ayuda”, son términos a los que México está acostumbrado y ligado, y esto, preferentemente, debería continuar así; las observaciones, recomendaciones e inclusive amonestaciones, no son una señalización de reprimenda, sino una señal externa que nos indica que algo no se está haciendo de manera correcta y que debe mejorarse, corregirse y continuar; un informe no hará que la reforma judicial dejé de existir, pero sí que llegue a ser un modelo digno de “justicia que reclame el pueblo”.
Otras notas:
- Graham, T. (2025, June 2). Mexican president hails “complete success” after just 13% vote in judicial elections. The Guardian; The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/jun/02/mexico-judicial-election-claudia- sheinbaum
- Información general sobre México. (2025). Sre.gob.mx. https://embamex.sre.gob.mx/republicadominicana/index.php/avisos/2- uncategorised/127-informacion-general-sobre- mexico#:~:text=Es%20el%20und%C3%A9cimo%20pa%C3%ADs%20m%C3%A 1s,unidos%20por%20un%20pacto%20federal.
- Instituto Nacional Electoral. Acuerdo del Consejo General INE/C G2240/2024, 23 de septiembre de 2024. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/176817/ CGex202409-23-ap-2.pdf
- Organización de los Estados Americanos. (2025, 6 de junio). Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones del Poder Judicial en México. http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C- 029/25
