El combate a la pobreza no es cosa menor; entre otras, tiene que garantizar a las personas el acceso a los servicios de salud. ¿Son suficientes y adecuadas las medidas que se están implementando? Gustavo Adolfo Santillana Meneses reflexiona críticamente.
Sin duda, los informes y los datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportando la reducción de la pobreza en México y el alto impacto social que ha tenido el incremento de los salarios y los programas sociales, son una estupenda noticia. Sin sesgos, reservas ideológicas, ambages o cálculos políticos, creo que debe señalarse y subrayarse este logro de la política económica diseñada desde el gobierno federal en los últimos años. También debemos mencionar que esa mejora se debe a la actuación conjunta de las empresas del sector privado que implementaron los pasos laborales requeridos para los incrementos salariales respectivos. En el mismo orden de ideas, los denominados programas sociales, que implican la transferencia de dinero a las personas que reúnen ciertas condiciones, tales como la edad, han representado un indudable apoyo para esa reducción. Con datos del Inegi se puede señalar que “entre 2022 y 2024 la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones: la disminución fue de 8.3 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones”.1 Datos duros, estadísticas serias: en México se redujo la pobreza en los últimos años.
Muy bien, pareciera que el rumbo y la dirección son las correctas y las políticas económica y social marchan viento en popa para México; pero, un momento, creo que deberíamos pausar nuestros pasos y mirarnos bien en el espejo, con sinceridad, más allá de la estrategia política y la velocidad de las redes sociales (con su natural veneno). Sugiero un alto y una revisión profunda de nuestro país (de sus carencias y sus vulnerabilidades) a partir de la auténtica humildad, aquella que consiste en conocerse así mismo. El comunicado del Inegi es del 13 de agosto y provocó olas de comentarios a favor y en contra. Es obvio y entendible que cualquier gobierno dé a conocer y festeje sus logros, como el que estamos revisando; sobre todo en un país que ha sufrido ancestralmente por la pobreza: son millones las personas que durante siglos se han encontrado en esa situación, y reducirla me parece loable. Ahora bien, a la reflexión a la que me refiero, es aquella que implica humildad y sinceridad para una revisión profunda de México, sus carencias, sus deficiencias y sus vulnerabilidades, éstas que aquejan día con día a las personas, quizá forzándolas a tomar el durísimo camino de la inmigración, ya que su tierra no puede ofrecerles condiciones de vida dignas. Las vulnerabilidades no se pueden olvidar ni soslayar: están presentes en nuestro territorio y lastiman a las personas. El aumento de ingreso no las borra; por el contrario, diversas carencias ocasionan severos daños al patrimonio, entre las cuales podemos mencionar a la alimentación, a la vivienda, a las educación y, desde luego, a la salud, este satisfactor considerado en México un derecho humano reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de la materia, de los que México es parte; por ende, conforma un bloque convencional que lo reconoce, con la obligación del Estado de protegerlo y satisfacerlo.
El motivo de estas líneas es comentar respecto de este último concepto: La carencia en el acceso a la salud y la profunda vulnerabilidad que provoca. La reducción de la pobreza no implica de forma alguna que las políticas social y económica se hayan orientado a tratar de reducir la pobreza denominada multidimensional, es decir, aquella que mide ingreso y acceso a satisfactores o derechos: “En la definición, identificación y medición de la pobreza multidimensional, se considera que una persona se encuentra en esta situación cuando no tiene garantizado al menos uno de sus derechos sociales y cuenta con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades”. Así la define el propio Inegi. Partamos de ese concepto y veamos cómo, debido al impacto de las carencias sociales, las personas se ven obligadas a tratar de satisfacerlas a través de su propio ingreso, a pesar de tener derecho al acceso a cierto satisfactor, sin costo; es el caso del derecho humano a la protección a la salud. Pudiéramos profundizar en el origen del reconocimiento por el Estado mexicano a la protección a la salud como un derecho de las personas, sólo que este artículo se convertiría en un análisis histórico y esa no es la idea. Sólo trataré, a través de unas breves líneas, de mencionar que tal garantía de protección surgió en nuestra Constitución en 1983 a raíz de dos temas fundamentales: a) el reconocimiento del derecho a la protección de la salud como un derecho humano, contemplado en convenciones internacionales de las que ya México era parte en ese entonces, y b) el reconocimiento de las profundas carencias que sufrían las instituciones públicas de salud en la época.
Es el doctor Guillermo Soberón, quien como secretario de Salud creó e impulsó esa iniciativa, profundo conocedor de la situación, siendo un reconocidísimo médico y académico, no sólo tuvo la visión de que nuestro Constituyente Permanente aprobara tal reforma, sino que, a partir de ella, se promulgara una ley reglamentaria de ese derecho, hoy vigente: la Ley General de Salud, mediante la cual se creara al Sistema Nacional de Salud como la estructura de los sectores público, social y privado a partir de la que se podrían proporcionar servicios de salud a la población y mejorar la calidad de los mismos (entre otras diversas funciones de coordinación, promoción e impuso de los servicios de salud). Con estos pilares constitucionales, convencionales y legales podría partirse para lograr la satisfacción del acceso a la salud.
Toda esa transformación jurídica ocurrió entre 1983 y 1984 y su objetivo fue mejorar los servicios de salud, garantizando ese derecho a las personas: Hoy, en 2025, el Inegi no dice: “En 2024, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud fue de 34.2 por ciento, lo que representó a 44.5 millones de personas. De 2016 a 2022 se incrementó esta carencia: pasó de 15.6 a 39.1 por ciento de la población (la diferencia fue de 31.6 millones de personas más)”.2 Con datos estadísticos y una metodología científica se elaboró la Medición de la pobreza multidimensional correspondientes a 2024 que por mandato del artículo 26 B de la Constitución sus datos son oficiales, los cuales nos muestran que la carencia por acceso a los servicios de salud se incrementó de 2016 a 2022, pasando de 15.6 a 39 por ciento.
Cuarenta y dos años después del 3 de febrero de 1983 (fecha de publicación de la referida reforma constitucional), el instituto a cargo de las estadísticas en nuestro país nos indica que el derecho humano a la protección a la salud, lejos de encontrarse garantizado, debido a la prestación de servicios públicos, va en franco retroceso. Surgen diversas preguntas a este respecto y yo tengo una que me parece básica: ¿dónde se encuentra la inversión pública en este rubro? Más allá de planes, programas y discursos, el cuestionamiento lo centro en la inversión, en el gasto, en aquellas acciones concretas orientadas a evitar que las personas, teniendo derecho a la prestación de servicios públicos, deben erogar de su propio bolsillo recursos económicos para buscar atender sus padecimientos.
En los 42 años que han pasado, México ha intentado diversos sistemas, formas y mecanismos para tratar de dar cobertura de salud a las personas que no cuentan con un sistema de afiliación, sea por su empleo o bien por la relación familiar que les pudiera permitir ese acceso. Para este grupo de personas sin afiliación, denominado población abierta, la vida es compleja y riesgosa, ya que, ante la presencia de enfermedades de ellos o de sus familias, es muy probable que enfrenten los gastos directamente de su bolsillo, sin contar eventualmente con un reembolso o una ayuda. Hoy las instituciones públicas de salud no poseen la infraestructura necesaria para recibir y atender de manera adecuada a este grupo de la población (que son millones de personas): Así lo confirman las estadísticas del Inegi.
En 2023, en uno más de los múltiples intentos por configurar una estructura para prestar adecuadamente servicios públicos de salud, se creó el organismo denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).3 Este nuevo instituto forma parte, junto con la Secretaría de Salud, del Sistema de Salud para el Bienestar, y trata de tener un enfoque solidario y social para que todas las personas que se encuentren en el país y que no cuenten con seguridad social puedan recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud. Al momento de escribir estas líneas sabemos que ese multimencionado derecho a la protección de la salud se encuentra muy lejos de poder ser satisfecho y esa carencia representa uno de los factores por los que la pobreza en nuestro país se acentúa. ¿En verdad estamos caminando hacia la garantía universal y progresiva de protección a la salud? Ante la estadística y los datos del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, ¿vamos hacia esa progresividad que mandatan los tratados internacionales en materia de derechos humanos para tratar de alcanzar el deseado máximo nivel posible?
Existen otros factores que inciden en este tema y que lo afectan de modo profundo; por ejemplo, la adquisición y el abasto de insumos para la salud. En tanto no se cuente con un mecanismo de compra y logística eficiente, continuará el abasto ineficaz donde se necesita: las clínicas y los hospitales del Sistema Nacional de Salud, para atender a las personas.
Concluyo subrayando que el combate a la pobreza incluye atender las vulnerabilidades de las personas en su vida diaria.
Notas:- “En 2024, en México 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional; 7.0 millones estaban en situación de pobreza extrema”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/10100. Recuperado el 10 de septiembre de 2025.[↩]
- “Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, 2024”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2024.[↩]
- Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2023.[↩]
