¿Quién es Ranmses?
Ranmses es una persona que ha dedicado su vida al estudio y la aplicación del derecho. Soy licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tengo una maestría en inteligencia para la seguridad nacional en la escuela del Cisen. También tengo una maestría en administración pública y políticas públicas en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente estoy terminando el doctorado en derecho financiero en la UNAM. Prácticamente he dedicado mi vida a los temas de la procuración de justicia. Durante los últimos años he estado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Unidad de Inteligencia Financiera como director general de Análisis, y en los últimos cuatro años, como subprocurador de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Su formación combina derecho, administración pública e inteligencia para la seguridad nacional. ¿Cómo se integran estas tres disciplinas en su labor como subprocurador de Asuntos Financieros?
Ranmses Ruiz – En este momento, la Subprocuraduría de Asuntos Financieros es un área que identifica temas normativos y su participación se ciñe a la colaboración en las juntas de gobierno de diferentes instituciones, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y diversos órganos colegiados en los que tiene una intervención de garante de la normatividad en materia financiera. Otra de sus principales funciones consiste en generar normatividad o reformas legales que permitan fortalecer el sistema financiero mexicano.
En este contexto, ¿cuál ha sido la evolución más significativa en México en lo que concierne al combate de delitos financieros y al lavado de dinero?
Ranmses Ruiz – Creo que con el tiempo el marco jurídico mexicano se ha ido fortaleciendo. Asimismo, se han ido delimitando los alcances de las autoridades encargadas de llevar a cabo investigaciones o análisis financieros, sobre todo de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de los reportes que genera el sistema financiero sobre actividades vulnerables. Creo que México tiende a actuar con base en un marco normativo más robusto, más certero, identificando nuevas amenazas y nuevos riesgos al sistema financiero, como en el caso de los activos virtuales, y ha ido evolucionando conforme el sistema financiero y la economía mundial lo han ido haciendo.
¿Cuál es el mayor reto jurídico para transformar la inteligencia financiera en evidencia, medios o datos de prueba útiles para las autoridades judiciales, sin que se vulneren las garantías y los estándares del debido proceso?
Ranmses Ruiz – El principal reto en materia de inteligencia financiera sigue siendo el bloqueo de cuentas. Pienso que ésta es una medida con alcances bastante significativos que tiene que establecerse bajo un marco legal lo suficiente robusto para que permita generar garantías de seguridad jurídica respecto de los sujetos incluidos en la lista de personas bloqueadas, porque se trata de una medida que afecta el patrimonio de las personas y que, en el caso de empresas que pudieran ser incluidas en esa lista, podría colocarlas en una situación vulnerable en la que, al estar aisladas del sistema financiero, tarde o temprano su operación tendría un desenlace negativo, lo que afectaría a empresas que llevan a cabo operaciones de manera cotidiana. Ha habido casos de empresas que tienen una operación normal en el sistema financiero pero que, por determinada actividad o determinada operación que realizaron, se vieron involcuradas en temas de lavado de dinero y la sanción o la medida administrativa que se les impuso terminó con la empresa y con fuentes de ingreso y de empleo en nuestro país.
En relación con las personas que son investigadas, ¿cuál es la calidad jurídica que adquieren conforme al marco jurídico mexicano?
Ranmses Ruiz – En el momento en el que las personas están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solamente se realiza un análisis financiero de su caso, lo que equivale a someterse a un proceso diferente al de estar sometidas a una carpeta de investigación durante una averiguación formal de la Fiscalía General de la República. En el instante en que la UIF realiza su investigación, se trata de un tema administrativo —la UIF es una autoridad administrativa que actúa supeditada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene la capacidad de recopilar toda la información del sistema financiero y de las actividades vulnerables de las personas para generar el análisis de esas operaciones en busca irregularidades, sobre todo vinculadas con lavado de dinero–. En caso de que esa unidad identifique irregularidades, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Cuando la denuncia llega a la fiscalía, el ciudadano se hallará sujeto a un proceso penal con todos los derechos que ampara el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El gobierno mexicano ha fortalecido su cooperación internacional en materia de combate al lavado de dinero. ¿Qué papel juegan hoy los estándares globales como los que comparte el Grupo de Acción Financiera Internacional y cómo influyen para proteger los intereses fiscales y la seguridad nacional?
Ranmses Ruiz – Por medio de sus recomendaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha generando diversos estándares internacionales. El lavado de dinero es un tema internacional que no discrimina fronteras; por lo tanto, los estándares que se deben establecer sobre ese asunto deben ser acordes con el marco jurídico que pueda ser aplicable en cualquier país de los que integran el GAFI. Estas medidas se han ido profundizando para abordar los temas que se han identificado, como el del beneficiario final —esto es, el del beneficiario controlador—, en que se sigue la ruta del dinero para llegar hasta la persona que controla los recursos ilícitos y que podría estar moviendo en el ámbito internacional. El GAFI ha hecho un muy buen trabajo bajo la batuta de la mexicana Elisa de Anda, que ha reportado buenos resultados. La idea es fortalecer el marco jurídico para adaptarlo progresivamente a las nuevas tipologías delictivas, para evitar el lavado de dinero.
¿Cuál es la aproximación, en la relación México-Estados Unidos, para combatir el lavado de dinero?
Ranmses Ruiz – Hay que partir de varios supuestos. El primero: ambos países cuentan con una unidad de inteligencia financiera. En México es la UIF; en Estados Unidos, el FinCEN. Estas unidades comparten facultades como la recepción, el procesamiento, el análisis y la diseminación de la información hacia las autoridades judiciales. Digamos que en el marco normativo, en lo que concierne a sus principales funciones, tienen las mismas facultades. El FinCEN cuenta con algunas otras facultades; por ejemplo, las que establece la Ley Patriota, en su Sección 311, que les permite realizar señalamientos respecto de bancos que se encuentran en el extranjero y que tienen corresponsalía con bancos estadounidenses y le concede la posibilidad de generar observaciones respecto de temas muy precisos, como la identificación del beneficiario final o sobre asuntos en los que se generan medidas más precisas para identificar acciones vinculadas con el lavado de dinero. A diferencia del FinCEN, la UIF tiene la facultad de generar el bloqueo de cuentas y su inclusión a la lista de cuentas bloqueadas. En cuanto a la generación de productos de inteligencia a través de los cuales se pudieran identificar elementos de lavado de dinero, el FinCEN proporciona esta información al Departamento de Justicia por medio de sus diversas agencias, las cuales, vía control judicial, tienen la posibilidad de solicitar el congelamiento de las cuentas. En México la UIF realiza este bloqueo de manera directa.
¿Cómo estas medidas jurídicas administrativas repercuten de manera positiva o negativa en la forma en que México es visto desde el exterior?
Ranmses Ruiz – El bloqueo de cuentas de México ha sido una medida muy efectiva y reconocida a nivel mundial porque permite, sobre todo en lo que concierne a la delincuencia organizada, que se detenga el flujo de sus recursos, pues es obvio que esos capitales les permiten a la delincuencia organizada tener una mayor base social, generar actos de corrupción en relación con las autoridades que llevan a cabo una investigación y garantizar la fortaleza financiera que les permite la compra de armas o su ampliación a otros lugares.
El uso de esta medida ha sido fundamental, por ejemplo, para inhibir el empleo del sistema financiero mexicano para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Hay un tema que debe revalorarse en lo que concierne al bloqueo de cuentas: la temporalidad. Tendría que implementarse únicamente para darle el tiempo necesario a la Fiscalía General de la República para que, a través de control judicial, solicite el aseguramiento de determinados recursos.
En términos generales ,el bloqueo de cuentas es una de las herramientas más importantes que tiene el Estado mexicano para combatir a las organizaciones criminales.
¿Cuál es el mecanismo que existe en Estados Unidos equivalente al bloqueo de cuentas en México?
Ranmses Ruiz – Estados Unidos cuenta con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro. Es una oficina del gobierno estadounidense que tiene la facultad de realizar el bloqueo de cuentas. Su principal finalidad es identificar transacciones monetarias de sujetos que se encuentren fuera de Estados Unidos que podrían llevar a cabo actividades que eventualmente vulneren la seguridad nacional del país del norte. Esa oficina tiene la capacidad de generar un listado que, de manera automática, prohíbe a las entidades del sistema financiero estadounidense llevar a cabo operaciones con algún sujeto determinado —en este caso, extranjeros— y obliga a que, si esa persona tiene cuentas en dicho país, o existen a través de ciudadanos norteamericanos que podrían fungir como prestanombres, se realice el bloqueo de dichas cuentas, tanto del ciudadano extranjero que tenga cuentas en Estados Unidos, como de los ciudadanos estadounidenses que tuvieran bajo su control esos recursos.
Esta es una medida importante en Estados Unidos, pero tiene una diferencia completamente clara en relación con el marco jurídico mexicano, porque dicha medida solamente se aplica a ciudadanos extranjeros con la única excepción que se describió antes.
¿Qué reflexiones merece el tema del lavado de dinero en México para garantizar certeza jurídica a los inversionistas?
Ranmses Ruiz – En este punto hay que cerrar el círculo en cuanto al combate al lavado de dinero. Hay que establecer una línea clara. Se deben generar —como ha venido haciendo la UIF— un análisis respecto de las operaciones de lavado de dinero. La fuente más importante que tiene nuestro país para detectar esas operaciones es el propio sistema financiero: los bancos detectan las operaciones sospechosas que se generan en su interior y las informan a la UIF. Éste es el sistema más importante y es al que tenemos que voltear a ver, porque ahí es donde se detectan los casos de lavado de dinero.
Lo más importante es identificar los grandes casos de lavado de dinero a través de los cuales se generan los mayores recursos para las organizaciones criminales. La UIF puede llevar a cabo el bloqueo de cuentas de estos sujetos y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, uno de los grandes pendientes que tiene nuestro país en este tema es la posibilidad de que la fiscalía ejerza un liderazgo importante para asegurar esos recursos, en contra de los criterios que ha establecido el Poder Judicial, y realice el aseguramiento de los recursos, los sujete a un proceso penal y, en algún momento, obtenga una sentencia condenatoria que permita que esos recursos puedan ser decomisados y reintegrados a la sociedad, en los términos en los que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales..
Esta es la línea que tenemos que seguir: llevar a cabo el bloqueo de cuentas, con una temporalidad determinada, porque el objetivo del bloqueo de dichas cuentas no es que los recursos permanezcan inamovibles, sino que la autoridad investigadora tenga la posibilidad de asegurarlos y someterlos al proceso penal para que estos recursos tengan un destino final inmediato. Ese es el gran reto que tiene nuestro país en la materia
¿Qué reflexiones merece el equilibrio entre la actuación del gobierno mexicano para proteger el sistema y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas investigadas?
Ranmses Ruiz – El sistema financiero es el pilar fundamental para el desarrollo económico y el crecimiento de nuestro país. México, por ser la economía número 12 del mundo, debe contar con los estándares legales que permitan a los inversionistas estar seguros de que los recursos que incorporan al sistema financiero mexicano están respaldados por las autoridades y por las leyes. A su vez, si bien es cierto que se deben implementar los controles antilavado, también es verdad que se deben generar las condiciones para que los ciudadanos y los inversionistas puedan acceder a los recursos legales establecidos previamente en la ley que les permitan combatir alguna medida, como su inclusión en la lista de cuentas bloqueadas.
