Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, nos comparte, desde su propia experiencia, sus observaciones sobre la discriminación a las personas con discapacidad y sobre el impacto que tienen los actos de corrupción en la garantí y ejercicio de sus derechos.
¿A qué obstáculos se enfrentan las personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos?
Las personas con discapacidad nos enfrentamos a diversas barreras. Hay quienes piensan que solo son las barreras física (como la infraestructura –como rampas o barandales– o la arquitectura –como edificios completamente inaccesibles–), pero no es así.
También nos enfrentamos a barreras culturales, al pensamiento de que no somos personas sujetas de dignidad, de que no podemos hacer las cosas, de que no podemos llegar a ningún lugar si tenemos discapacidad, de que solo somos sujetas de dádivas.
A las personas con discapacidad nos respalda un instrumento internacional que garantiza nuestros derechos: la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde establece cómo el Estado debe garantizar nuestros derechos.
En la política pública también hay barreras. Toda política debe ser inclusiva, salvo que haya una cuestión en específico que vaya a atenderse. Ahí se tiene que ver para quién está dirigida, cómo, dónde y el impacto que causaría en la comunidad.
Otra barrera a la que nos enfrentamos es la denegación de los ajustes razonables. Pareciera, bajo la falsa creencia, que esta nivelación o estas brechas de desigualdad que hay que subsanar, que es la carga de la persona con discapacidad; no lo es. Nosotros no estamos en igualdad de condiciones que otras personas, por lo tanto deben de nivelarse esas brechas de desigualdad.
Si lo vemos desde un enfoque de derechos es una inversión para que más personas con discapacidad sean usuarias del servicio que tú estás dando. El Estado está obligado a implementar estos ajustes razonables y también habla de la responsabilidad del sector empresarial, siempre y cuando no sea una carga desproporcionada.
Esa es la parte importante de los ajustes, crear mecanismos de participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones. Eso es súper importante porque pareciera que todos saben de nuestros derechos y de nuestras necesidades, y entonces no nos consultan. Esa es una de las grandes deudas que tiene el Estado para con las personas con discapacidad, no preguntarles qué necesitan, y entonces nos ponemos a hacer leyes, reglamentos, sin tomar en cuenta la opinión del colectivo, también es una de las grandes barreras, nuestra negación a la participación colectiva pero también personal en cuanto a las decisiones que tengan que ver con nuestros derechos.
La pobreza y exclusión económica es otra de las grandes barreras. El pensar que una persona con discapacidad solo es sujeta de dadivas no te permite enfocarte en que hay todo un sistema de atención integral para la población que vive o transita también por México, hablando yo de Ciudad de México, que estamos incluidas las personas con discapacidad.
No se trata de meternos y lo digo meternos porque no nos incluyen no hablamos de inclusión de meternos en el mismo salón con todos los demás alumnas y alumnos cuando el docente no conoce del tema de discapacidad, ni la atención, ni la educación muy estigmatizada, educación especial. No es especial cuando fue concebida, si fue concebida bajo un modelo médico. No porque somos especiales, no lo es bajo la concepción que somos seres especiales, angelitos, no. Es educación especializada que lleva todo el enfoque de derechos hacia una educación inclusiva y tenemos que transitar. No digo que eso tiene que ser mañana, pero tampoco en 10 años.
La denegación de un trabajo digno, bien remunerado.Todos esos prejuicios nos conllevan también a estas barreras y nos llevan a vivir en pobreza, porque no somos económicamente productivos. Vivimos al día. Hay quienes tenemos un trabajo bien remunerado. Y vamos al día, porque aparte, una persona con discapacidad en su atención salud cuesta tres veces más que una persona que no la tiene, porque necesitamos una atención específica a nuestra condición y muchas veces a una consecuencia de nuestra condición.
En el sector empresarial, en el contexto de un sistema que protege los derechos humanos, ¿qué obstáculos permanecen que afectan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad?
Aunque sabemos que, aunque sí existe todo este marco jurídico del derecho al trabajo y bien remunerado al empleo –como decía, están la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Inclusión (hablando de Ciudad de México), la Ley para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal del Trabajo–, la realidad más allá de lo formal es distinta.
Cuando vamos a buscar trabajo, nos encontramos con que hay barreras en el acceso al empleo, porque no todos los procesos de selección son incluyentes. Se pensará que nosotros no buscamos empleo porque solo recibimos un apoyo económico, pero no es así. El apoyo económico es de gran ayuda, pero no es todo. Este debe ser parte del abanico de un servicio integral de atención a las personas con discapacidad. ¿Quién vive de manera digna únicamente con 3,100 pesos al bimestre? No alcanza, tenemos que trabajar. También es parte de nuestros derechos.
Las entrevistas a veces no son apegadas a derecho en cuanto a un lenguaje incluyente. Muchas veces le falta al sector empresarial esa visión de derechos humanos, de trato adecuado y lenguaje incluyente. No somos discapacitados, no somos personas con capacidades diferentes, no son cieguitos o muditos. En el Instituto de las Personas con Discapacidad, hicimos la campaña Las Palabras También Discriminan, enfocada a comunicar que, además de las acciones, las palabras también discriminan. Somos personas con discapacidad.
A esto se enfrentan las personas con discapacidad al momento de ir a una entrevista.
La rehabilitación o habilitación para nosotros es una forma de estar bien, no es como siempre necesitamos estar en rehabilitación ni en habilitación, pero es una parte de cómo te diría coloquialmente de nuestro mantenimiento para estar con esta estabilidad, muchas de las discapacidades o las condiciones repercuten en el tema que es crónico degenerativo, y entonces que hay que estar haciendo ejercicio o en la terapia.
Y otra de las cosas es la discriminación directa o indirecta. Hay dos temas, la discapacidad que es lo que se ve, y la discapacidad que no se ve. Por ejemplo, muchas personas con condición de discapacidad psicosocial van a buscar empleo; con quien llega pudiera pensar que está bien porque el prejuicio nos ha insertado la imagen mental de que una persona con discapacidad es usuaria de silla de ruedas, de bastón, de gafas negras, entre otras –este prejuicio hace también que se vincule erróneamente nuestra condición con nuestra capacidad–.
Cuando hablamos de la discriminación indirecta nos referimos a las políticas neutrales que parecieran incluir a todas las personas, cuando en realidad no lo hacen al no tomar en consideración las diferencias. En el sector privado, además, las empresas nos rechazan por no ser los perfiles que buscan.
En el Instituto hemos generado buenas prácticas con casi 45 empresas con las que siempre hablamos sobre incorporación e inclusión. La incorporación no es inclusiva, basta con que se incorpore a la persona al ámbito laboral sin que haya personal capacitado; la inclusión, por el contrario, implica que en ese determinado ámbito laboral la empresa ya es accesible (por ejemplo, cuenta con intérpretes, señalizaciones, ajustes para usuarios o usuarias de silla de ruedas, las personas ya están sensibilizadas y capacitadas en temas de derechos humanos y discapacidad).
Al respecto, en las empresas todavía encontramos barreras, pues la falta de capacitación impide que podemos participar desde la propia convocatoria cuando hay una vacante.
¿Cuáles rutas debemos de seguir en el contexto de transiciones políticas e institucionales hoy para evitar que se violen los derechos de las personas con discapacidad?
Una de las partes importantes es tomarnos en cuenta. La participación de las personas con discapacidad es importante. En la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 11 apartado g, las personas con discapacidad somos reconocidas como grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad –por el contexto estamos sujetas a ser receptoras de conductas de discriminación o de violencia–. Esta participación implica también que no nos quedemos calladas las personas con discapacidad cuando seamos violentadas, pero para poder ejercerla se requiere que el Estado informa sobre las diversas instancia protectoras y garantes de los derechos, como las comisiones de derechos humanos, las comisiones para prevenir y erradicar la discriminación, las fiscalías.
También tenemos que concientizar al sector privado. Las empresas también dependen y se benefician del sector público, y sus actividades impactan los derechos de las personas, por lo que se convierten también en garantes y tienen una responsabilidad hacia éstos.
¿Cómo afecta la corrupción directamente en el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no menciona como tal la palabra corrupción; sin embargo, establece que se tiene que evitar toda conducta que sea opuesta a la convención, entre éstas, la corrupción –que implica, entre otras, que a alguien se impida el acceso sus derechos (como el apoyo económico) en beneficio de alguien más–.
Lo que sucedía antes es que, por medio de asociaciones, acudía un tercero a tramitar apoyo económico; cuando ese apoyo se entregaba, no llegaba directamente a quien lo necesitaba, sino a quien lo había tramitado, y ésta lo asumía como un pago por su gestión, cuando realmente era para beneficiar a quien sí lo necesitaba. Pero para evitar estos actos de corrupción, ahora ya el trámite es personal: tiene que ir la persona –incluso acompañada por una persona de apoyo, si la requiere– y solicitar el apoyo económico.
Sigue ocurriendo que el gestor suele verse beneficiado y cobra más o tiene negocio con quien está en la dependencia de la que se reciben ciertos beneficios (como otorgar los apoyos a determinados grupos que lleve determinado gestor); el ejercicio de nuestros derechos se ve mermado por actos de corrupción.
Es nuestra obligación, como servidoras públicas, dar atención y servicio de calidad, y garantizar a las personas sus derechos sin recibir nada a cambio.
Eres la primera mujer que está como directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal siendo mujer y aparte una persona con discapacidad?
Al ocupar el cargo de directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, me enfrenté a violencia de género. He sido la primera mujer en ocupar un cargo de alta dirección; mis antecesores son dos hombres usuarios de silla de ruedas. Cuando a ellos los nombraron
En el 2008-2009, yo era la encargada del grupo de legislación y derechos humanos del consejo promotor que tenía el DIF Ciudad de México. Desde ahí impulsamos la primera ley que tiene Ciudad de México en materia de inclusión. En uno de sus apartados se prevé la creación del Instituto y los requisitos que se tienen que acreditar para ocupar la titularidad. Yo fui la encargada de realizar el perfil de la persona que iba a ocupar ese puesto.
En aquel entonces tenía 29 años y uno de los requisitos era tener 35 años, tener una discapacidad permanente –antes se clasificaban erróneamente como permanente y temporal; la temporal no existe, es una limitación, una incapacidad, la discapacidad no se cura, no se quita, es una condición que se puede tener por accidentes, por la edad, por el nacimiento o por herencia, con la que tendremos que vivir–, tener título profesional y una experiencia mínima de cinco años trabajando el tema de discapacidad con reconocimiento del mismo.
Yo tenía 29 años y no sabía cómo llegaría a ocupar la titularidad; sin embargo, 10 años después lo logré. Mi trayecto ha sido largo. Hubo amparos contra mi nombramiento como directora general hechos por hombres exactamente; amparos que nunca hubo contra los primeros dos directores, varones. Se argumentaba que no hubo consulta sobre mi perfil. En esta administración, que empezó el año pasado, se nombró a otro hombre titular de la dirección general para el bienestar de las personas con discapacidad, y no hubo ningún amparo en su contra. En este sentido, las personas con discapacidad, que además somos mujeres y ocupamos cargos de alta dirección, todavía vivimos más violencia.
