Ser abogado en México, en el contexto actual, no es una tarea sencilla. Nunca lo ha sido del todo, pero en los últimos años el ejercicio profesional del derecho se ha vuelto particularmente exigente, no sólo por la complejidad técnica de los asuntos jurídicos, sino por el entorno institucional, social y cultural en el que la abogacía debe desenvolverse. No son tiempos fáciles para el derecho ni para la profesión jurídica, en sus distintas vertientes.
A la fragilidad de las instituciones se suma una profunda desconfianza social hacia el sistema de justicia, una opinión pública impaciente y, en muchos casos, una confusión peligrosa entre justicia, castigo y venganza (quienes atienden temas penales tanto desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la defensa, como quienes trabajan en las fiscalías, saben muy bien a lo que me refiero, porque lo padecen a diario).
En este escenario, la abogacía no puede reducirse a una actividad meramente instrumental ni a un servicio profesional más dentro del mercado. Ejercer el derecho hoy implica asumir una responsabilidad que trasciende el interés individual del cliente y se proyecta hacia la preservación misma del Estado de derecho. El abogado no es un espectador del deterioro institucional: es, quiera o no, uno de sus protagonistas.
La abogacía frente a la fragilidad del Estado de derecho
Uno de los rasgos más preocupantes del contexto mexicano es la debilidad estructural de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Está a la vista que tenemos en México altos niveles de impunidad, investigaciones deficientes en las fiscalías, saturación de los tribunales y una percepción generalizada de ineficacia; todos esos fenómenos erosionan la confianza ciudadana en la legalidad. En ese ambiente, el derecho frecuentemente es visto como un obstáculo, un tecnicismo inútil o, peor aún, un instrumento para proteger privilegios indebidos.
Esta percepción es profundamente equivocada, pero no puede combatirse con discursos simplistas ni con concesiones al clamor popular. La función del abogado no consiste en adaptarse acríticamente a la indignación social, sino en recordar —una y otra vez, si es necesario— que sin reglas, sin procedimientos y sin garantías no existe justicia posible.
La historia demuestra que cuando se renuncia al derecho en nombre de la eficacia o de la emoción colectiva, lo que sigue no es un sistema más justo, sino uno más arbitrario. Quienes redactaron la llamada “reforma judicial” de 2024 deberían haberlo tomado en cuenta. Sus repercusiones negativas están a la vista y se verán acentuadas en el futuro inmediato.
Derecho y opinión pública: una tensión inevitable
Una de las tensiones más complejas que enfrenta el abogado en México es la que se produce entre la lógica jurídica y la lógica mediática. Los juicios paralelos, la condena anticipada en redes sociales y la presión de la opinión pública generan un entorno hostil para el ejercicio técnico del derecho. En ese contexto, conviene recordar una verdad elemental: los asuntos jurídicos se ganan o se pierden ante los tribunales, no en los medios de comunicación.
El abogado que confunde el foro judicial con el foro mediático corre el riesgo de sacrificar la defensa técnica en aras de la popularidad momentánea. La argumentación jurídica exige tiempo, rigor, prueba y método. No responde a consignas ni a mayorías circunstanciales. Defender esta distinción no es una postura elitista ni insensible; es una condición mínima para que el sistema de justicia conserve racionalidad y coherencia.
Presunción de inocencia y debido proceso
En el debate público mexicano, la presunción de inocencia y el respeto absoluto al debido proceso suelen presentarse como obstáculos para combatir la impunidad. Nada más alejado de la realidad. Estos principios no son concesiones graciosas del derecho moderno ni beneficios corporativos para abogados; son herramientas indispensables para aproximarse a la verdad en un proceso judicial (véase al respecto las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizadas en el amparo directo 4/2022, caso “Duda razonable”).
La presunción de inocencia no desaparece por la presión social ni por la gravedad de los hechos imputados. El debido proceso no es un formalismo vacío, sino el conjunto de garantías que permiten evaluar pruebas, escuchar argumentos y tomar decisiones fundadas.1 Renunciar a estos principios no fortalece el sistema de justicia: lo debilita y lo expone al error, al abuso y a la arbitrariedad.
El abogado tiene aquí una función particularmente ingrata, pero indispensable: defender reglas que no siempre son populares, explicar principios que no siempre se comprenden y resistir la tentación de buscar atajos. En sociedades con instituciones frágiles, esta tarea resulta aún más necesaria.
El abogado como factor de resistencia institucional
Ejercer la abogacía en México hoy implica, en muchos casos, una forma de resistencia institucional. No una resistencia política ni ideológica, sino una resistencia técnica y ética frente a la banalización del derecho.
Cada vez que un abogado exige que se respete la carga de la prueba, que se valoren adecuadamente los medios probatorios o que se funde y motive una resolución, está defendiendo algo más que un caso concreto: está defendiendo una forma civilizada de resolver conflictos.
Esta resistencia no es heroica ni espectacular. Se ejerce en escritos bien construidos, en audiencias preparadas con rigor, en la negativa a presentar argumentos deshonestos y en la insistencia cotidiana en que la ley se aplique conforme a sus propios estándares. Es una labor silenciosa, muchas veces incomprendida, pero absolutamente central para la salud del sistema jurídico.
Responsabilidad profesional y liderazgo jurídico
En este contexto, ser abogado implica asumir una responsabilidad personal indelegable. No basta con conocer la ley ni con dominar técnicas procesales. Es necesario comprender el impacto que tiene cada actuación profesional en la credibilidad del sistema jurídico. La abogacía no es una profesión neutral: cada abogado contribuye, para bien o para mal, a moldear la percepción social del derecho.2
De ahí que el abogado esté llamado a ejercer una forma específica de liderazgo: un liderazgo basado en el ejemplo, en la integridad y en la coherencia entre lo que se argumenta y lo que se practica. No se trata de ocupar cargos públicos ni de encabezar movimientos, sino de demostrar, a través del ejercicio profesional cotidiano, que el derecho sigue siendo una herramienta válida para ordenar la convivencia social.
Conclusión
Ser abogado en México hoy es asumir un oficio exigente, incómodo y, en ocasiones, ingrato. Pero también es ejercer una función insustituible para la vigencia del Estado de derecho.
En un entorno marcado por la fragilidad institucional y la impaciencia social, el abogado está llamado a ser un punto de estabilidad, racionalidad y rigor. No para complacer a la opinión pública, sino para cumplir con la tarea esencial del derecho: aplicar la Constitución y las leyes con técnica, responsabilidad y compromiso ético.
Notas:
