A propósito de las celebraciones por el Día de la Abogacía que se sostuvieron en el Tecnológico de Monterrey (Jalisco), Liliane Cisneros reflexiona sobre el papel de la educación en la formación de nuevos modelos de profesionistas, conscientes de su entorno y de la violencia contextual por la que atraviesan Jalisco y el país en general.
En el marco del Día de la Abogacía, el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara fue sede del evento “Construyendo comunidad jurídica: Diálogos sobre inclusión”, una jornada que convocó a voces destacadas del ámbito jurídico nacional para reflexionar sobre el papel de la abogacía ante los retos sociales contemporáneos.
El evento, organizado por el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y la Asociación Abogadas MX, Capítulo Jalisco, reunió a un nutrido grupo de profesionales y estudiantes del Derecho que participaron en tres paneles clave:
- La abogacía frente a los problemas públicos: historia, aprendizajes y deudas pendientes,
- El rol de la formación jurídica ante las crisis sociales, y
- Construyendo comunidad: sinergias para un impacto social sostenible.
Entre los panelistas destacaron el Mtro. Juan Miguel Nava Contreras, presidente del Consejo Directivo de ANADE Sección Jalisco; el Mtro. Juan Alberto Ruvalcaba González, presidente del Capítulo de Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; la Mtra. María Teresa de la Concha Austrique, presidenta del Comité Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco; el Mtro. Javier Contreras Arreaga, director del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey Guadalajara; el Dr. Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, del ITESO; el Mtro. Fernando Zepeda Estrada, presidente del Consejo y referente cercano; así como el Dr. Hugo Briseño Ramírez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Guadalajara.
Este diálogo cobra especial relevancia en el contexto social actual que vive Jalisco, donde la desigualdad, la violencia y la desconfianza institucional exigen una abogacía sensible, activa y comprometida. No basta con conocer la ley: urge formar abogadas y abogados con conciencia social, capaces de leer la realidad con empatía y de poner el Derecho al servicio del bien común.
Fui invitada a este evento justamente a raíz de mi reciente entrevista, donde expresé con firmeza mi visión sobre la necesidad de una abogacía que escuche, que acompañe, que construya comunidad. Una visión que no solo comparto, sino que forma parte de mi convicción más profunda: el Derecho tiene sentido solo si se vive con compromiso, con humanidad, y con responsabilidad colectiva.
Porque el problema no está allá afuera, en los juzgados o en las calles, sino en cómo enseñamos y comprendemos el Derecho. La transformación comienza en las aulas, en las formas de pensamiento que cultivamos, en los discursos que repetimos, y en cómo elegimos ejercer nuestra profesión: si desde el privilegio o desde la responsabilidad ética.
Como mujer del ámbito jurídico, orgullosamente nacida en Cocula, Jalisco, y convencida de que el Derecho debe ponerse al servicio de la dignidad humana, celebro estos espacios de diálogo, escucha y construcción colectiva. La inclusión no debe quedarse en el discurso; debe reflejarse en las prácticas, en el lenguaje, en las decisiones que tomamos desde nuestras trincheras.
Agradezco sinceramente la invitación y reconozco la labor de quienes organizan, dialogan y transforman desde dentro. Este evento no solo me confirma que vamos por el camino correcto, sino que nos recuerda que ejercer la abogacía también es una forma de resistencia, de esperanza y de acción social.
Reflexión política: la abogacía que necesitamos nace del aula, no del privilegio
Conmemorar el Día de la Abogacía no debería limitarse a celebrar trayectorias o rendir culto a solemnidades. Debe ser, sobre todo, un momento para preguntarnos qué clase de abogacía estamos construyendo y al servicio de quién está puesta. En Jalisco —como en gran parte del país—, el sistema jurídico coexiste con profundas crisis sociales: desapariciones, violencia, desigualdad, impunidad. Frente a ese panorama, no podemos seguir formando profesionales del Derecho como si el mundo no estuviera ardiendo.
Participar en este encuentro confirmó algo que muchas y muchos sostenemos desde hace tiempo: la transformación del país no pasa únicamente por reformar leyes, sino por transformar la manera en que enseñamos y comprendemos el Derecho.
La política pública, las instituciones, la justicia… no se sostienen solas. Las sostienen personas. Y esas personas han sido formadas bajo una lógica jurídica que, muchas veces, perpetúa privilegios, neutraliza el pensamiento crítico y se desentiende del dolor colectivo. Es ahí donde nace la urgencia política: no se trata solo de legislar mejor, sino de educar diferente.
La abogacía que necesitamos en México no es la del poder, sino la del compromiso. No la del ego, sino la del territorio. No la de los méritos académicos desconectados de la realidad, sino la de la conciencia social encarnada en cada decisión jurídica.
Porque el problema no está «allá afuera»: está en cómo entendemos nuestra responsabilidad política desde el Derecho.
Este tipo de espacios —construidos desde la colaboración entre academia, asociaciones profesionales y sociedad civil— no son una política pública en sí, pero son el germen necesario para cuestionarlas, proponerlas o exigirlas. Quienes trabajamos por otra forma de ejercer el Derecho sabemos que este es el momento para tomar posición. No podemos seguir simulando neutralidad mientras allá afuera, la justicia sigue siendo privilegio de unos pocos.
Lo dije en mi entrevista y lo reafirmo aquí: el Derecho debe dejar de ser una herramienta de poder para convertirse en una herramienta de justicia. Y eso solo será posible si las nuevas generaciones de abogadas y abogados se forman con conciencia, con humanidad y con coraje político.
