A propósito de la celebración del Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario (CIDS) auspiciado por la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario (RIDS), teniendo como sede las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en este mes de octubre será útil llevar a cabo un análisis sobre la importancia de que las sociedades cuenten con este tipo de organizaciones y esta clase de eventos donde, de manera objetiva e imparcial, se realicen reflexiones acerca del estado actual de fenómenos y situaciones que atañen a todas y a todos.
En principio, se debe subrayar que la RIDS “es una estrategia de articulación y cooperación entre personas e instituciones del ámbito del derecho sanitario en los países miembros de la comunidad iberoamericana” (https://ridsanitario.com/la-red/) respecto del derecho a la protección de la salud. Próxima a cumplir 15 años de funcionamiento, la RIDS se ha consolidado paulatinamente como una red en la que se comparte información, se identifican problemas, se realizan investigaciones y se divulga la discusión en relación con el derecho sanitario.
Es menester señalar que la RIDS celebra año con año, en distintas ciudades, el CIDS, mismo que se convierte en un importante punto de encuentro en el que, además de desempeñar diversas actividades académicas, se lleva a cabo la asamblea de su consejo directivo en aras de acordar aspectos como el ingreso de integrantes o el plan a seguir hasta la celebración del siguiente evento. Cada uno de los CIDS tiene verificativo en distintas ciudades de la región iberoamericana, donde, tejiendo alianzas estratégicas con diversas instituciones, la RIDS logra, con destacable éxito, cumplir con varios de sus objetivos.
En 2026 la sede del CIDS es la Ciudad de México. En esta ocasión el eje alrededor del que girarán los temas que se abordarán será “Innovación y Salud”, aspecto que además de su amplitud se ha ido consolidando como uno de especial interés alrededor del mundo, mucho más después de haber vivido la pandemia que padeció la humanidad, la cual dejó patentes algunas de las tensiones que se evidenciaron entre la innovación y el acceso a vacunas alrededor del mundo.
A pesar de lo anterior, llama la atención que no exista en México un esfuerzo con las características con las que cuenta la RIDS, más aún cuando se habla de un Estado federal que, por definición, requiere instrumentar una estructura gubernamental desde distintos órdenes de gobierno y a partir de diferentes realidades de la población cuyas necesidades se debe atender.
El caso mexicano es paradigmático desde distintos ángulos, pues su sistema nacional de salud se ha caracterizado históricamente por encontrarse muy atomizado, por lo que brinda diversos niveles de acceso a la protección de la salud a su población, en muchos casos incrementando la brecha originaria entre unos sectores sociales y otros.
Como la recién mencionada particularidad, existen muchas otras que hacen que se requieran esfuerzos coordinados desde la academia para lograr que el derecho a la protección de la salud, elevado a rango constitucional en el artículo 4º de la Carta Magna, sea efectivamente garantizado y que todas las normas, instituciones y procedimientos formen parte de un entramado que logre que este, que simultáneamente es un derecho fundamental y un servicio público, se garantice y se preste de manera efectiva y con la calidad indispensable.
Si bien la existencia de redes académicas invariablemente conlleva la confluencia de una diversidad de opiniones, lo cierto es que el hecho de que exista un foro en el que cada una de ellas se discuta y se contraste es una buena noticia no sólo para la deliberación democrática, sino también para el arribo a diversas conclusiones que permitan a la organización asumir posiciones en las que tenga cabida toda aquella diversidad, produciendo enfoques potentes derivados de la vida colegiada que les dio origen.
Sin duda, la existencia de una red que aborde el derecho sanitario en México es, además de pertinente, necesaria. Dicha necesidad proviene de la gran cantidad de reformas que ha tenido el sector en los últimos años y de todas las demás que vendrán, pues ha quedado claro que muchas de las que se han observado carecen de consistencia con su entorno normativo y fáctico, lo que trae como consecuencia que la atomización que, de acuerdo con distintas voces, ha caracterizado al sistema nacional de salud en México, no haga más que profundizarse, lo que ha tenido un impacto directo en la brecha de desigualdad que desde hace mucho tiempo ha existido en la población que requiere servicios públicos de calidad, ya sean los prestados por instituciones públicas o los que se encuentran a cargo de instituciones privadas.
Un esfuerzo parecido al realizado en la región latinoamericana se encuentra en curso con la creación de la Red Mexicana de Derecho Sanitario, esfuerzo colaborativo iniciado por un grupo de personas expertas y por diversas instituciones relacionadas que tiene como finalidades el intercambio académico de ideas, la producción de publicaciones, la organización de actividades académicas, la emisión de opiniones consultivas y, gracias a todo lo anterior, el perfeccionamiento del derecho sanitario.
En definitiva, para la consecución de esta meta ha sido muy importante el impulso que ha implicado la organización del CIDS en Ciudad de México, pues gracias a éste se ha logrado convocar a muy destacados perfiles estudiosos del derecho sanitario que tienen su origen en diversas ramas del conocimiento, que van desde el derecho, hasta la medicina, pasando por la economía, el trabajo social, la ciencia política y otras áreas disciplinares que brindarán una riqueza inigualable a los trabajos que desde la Red Mexicana de Derecho Sanitario se emprendan.
Por otra parte, con esta red de nueva creación se pretende recabar la opinión de los diferentes actores que convergen en una industria de especial relevancia para la economía mundial y, por supuesto, para la mexicana. Si bien las normas, las instituciones y los procedimientos para la regulación de este sector han existido desde hace un tiempo considerable, las reformas emprendidas en los últimos años han tenido un impacto negativo en su eficacia, por lo que en la actualidad las normas requieren una actualización, las instituciones necesitan un replanteamiento y los procedimientos requieren ser puestos al día para que, en conjunto, se cuente con las condiciones indispensables para lograr una regulación eficaz de un sector en el que los agentes que ahí intervienen son verdaderos factores reales de poder.
De igual manera, se requiere un abordaje estrictamente académico de la disrupción generada por la llegada de nuevas tecnologías, pues para nadie es un secreto que lo vertiginoso del desarrollo de estas últimas alrededor del mundo no sólo ha supuesto serios retos para los Estados, sino también para la academia, para el derecho y para todo aquello que esté relacionado con las áreas en las que impacta la irrupción de tecnologías que no hacen más que avanzar y, por lo general, llevar un ritmo más rápido que el que lleva su regulación por parte del Estado y su análisis a cargo de la academia.
En razón de lo anterior, el nacimiento de una Red Mexicana de Derecho Sanitario que cuente con alianzas estratégicas con redes de otros países y, desde luego, con la RIDS, está generando importantes expectativas en las personas y en las instituciones que la conformarán, y seguramente lo hará en las personas que lleguen a conocer el trabajo que desde ahí sea realice, pues es claro que el derecho sanitario atraviesa de manera transversal diversas disciplinas que la convierten en una que es observada por personas con distintas formaciones y por instituciones dedicadas a diferentes temas, lo cual de manera natural hará de esta red una organización relevante que, como ha sucedido con el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, dará buenos resultados.
En definitiva, el amplio horizonte que se podrá explorar desde la Red Mexicana de Derecho Sanitario hará de ella una organización privilegiada que, eventualmente, fungirá como una voz que deberán escuchar todos los actores que concurren en un área que debe importar a todas las personas, pues aborda uno de los principales bienes jurídicos tutelados que existen: la protección de la vida.
