Estefanía Rueda expone con precisión cómo la reforma al INFONAVIT ignora lo esencial: el acceso real a una vivienda digna.
Todos hemos escuchado el concepto de vivienda digna y la eterna promesa del Estado de garantizar su acceso a todos los trabajadores. En el caso de nuestro país, incluso se considera como un derecho humano en el artículo 4 de la Constitución e internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos.
La reciente reforma a la ley del INFONAVIT nace precisamente con el objetivo de que más personas puedan adquirir un bien inmueble a menor precio o, bien, rentar uno que en el futuro pueda ser de su propiedad.
Por supuesto que este tema es de interés público, pues existe un déficit de 9 millones de viviendas en México y 14 millones de familias que están imposibilitadas económicamente para adquirir una casa habitación y que por estar en la informalidad, no cuentan con el soporte de una institución de seguridad social que facilite la obtención de un préstamo para estos efectos. Incluso aquellas personas que cotizan en el seguro social enfrentan dificultades financieras para cubrir los créditos hipotecarios otorgados por la administración pública, pues las tasas de interés pueden ir hasta el 10.45%. (Échale, 2023)
La pregunta es, si esta modificación legislativa realmente va a combatir la falta de vivienda digna, pues para 2019 se estimaba que el 38.4% de la población mexicana vivía en hogares inadecuados, encontrándose el 62.4% de éstos en zonas rurales (ONU, 2019).
En este sentido, se vuelve fundamental entender a qué se refiere este término, y qué características debe cumplir un inmueble para ser considerado como uno «digno».
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las condiciones que hacen que una vivienda sea adecuada son las siguientes (ONU, 2019):
- Seguridad de la tenencia. Debemos considerar que la misma estará protegida en tanto prevalezca el Estado de Derecho en México, es decir, habrá que esperar los resultados de la implementación de la reforma judicial y la estrategia federal del combate al crimen organizado para determinar si habrá una salvaguarda real del derecho a la propiedad que prevenga los desalojos forzosos e ilegales.
- Disponibilidad de servicios de electricidad, drenaje y agua potable. En 2023 se identificó que 28.1 millones de viviendas carecían de los mismos o tenían alguna falla de infraestructura que hacían imposible su uso. (Escobar, 2023) Esto ha provocado, según la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y
Promoción de la Vivienda, el abandono de 117 mil inmuebles al norte del Estado de México, muchos en su momento, fueron entregados por el INFONAVIT en municipios sin capacidad para suministrar los servicios básicos a estos fraccionamientos de interés social (Venegas, 2024). A nivel nacional, el 14% de las casas habitación están desocupadas por este tipo de carencias y la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en las periferias de las grandes urbes (INEGI, 2020). Lo anterior se traduce en una problemática que no se resolverá con nuevas construcciones financiadas con recursos públicos, sino que requiere de una inversión fuerte en la rehabilitación de los espacios ya existentes, tanto en las grandes ciudades, como en zonas conurbadas y rurales. También, resulta fundamental que las nuevas casas que se construyan provean instalaciones que, en buena medida, las hagan autosustentables, por ejemplo, sistemas de captación de lluvia, muros verdes y paneles solares.
- Asequibilidad, es decir, que la persona no tenga que disponer más del 30% de sus ingresos para tener un lugar donde vivir. El reto para México es que el 56% de las familias necesitan un hogar económico o en una zona popular, pero solo el 10% de las nuevas construcciones se ubica en este rango de precios. Aunado a ello, se estima que el valor de las viviendas aumenta un 10% cada año, lo que dificulta todavía más la adquisición de un bien inmueble o, en su defecto, lleva a las personas a comprar casas en lugares remotos sin servicios públicos garantizados. (David, 2024)
- Habitabilidad ante desastres naturales o estructurales y que protejan la integridad física de sus habitantes. En México, 15.9 millones de personas viven en hogares con piso de tierra, techos de lámina, cartón o palma (Échale, 2023) que constituyen un riesgo para la salud y la vida en caso de lluvias torrenciales, huracanes y sequías. Pero las viviendas que cuentan con techo y piso firme en el país tampoco están a salvo. Recordemos lo sucedido con más de 270 mil familias que perdieron sus hogares en el huracán Otis (El Economista, 2023) y las 1,900 que se vieron afectadas en Chalco por las inundaciones en 2024 (Contra Réplica, 2024). A nivel federal, se estima que 7 de cada 10 habitantes de la República Mexicana viven en riesgo derivado de un posible desastre natural o climático. (David, 2024) Esto refleja la necesidad de una política pública más efectiva para la prevención de desastres que, nuevamente, no está contemplada en la reforma de viviendas para los trabajadores de la iniciativa privada.
- Accesibilidad para grupos vulnerables, especialmente para personas con discapacidad. Si hay algo que caracteriza los diseños de los desarrollos inmobiliarios de interés social, son sus espacios sumamente reducidos y en
caso de ser departamentos, su falta de elevadores. Salvo que se renueve también este concepto por parte de la constructora del Estado, las nuevas disposiciones legales de poco servirán para, por ejemplo, habitantes con sillas de ruedas o adultos mayores con problemas motrices o de visión.
- Ubicación. Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en diversos foros que las nuevas viviendas que construya su gobierno se encontrarán cerca de los centros de trabajo de los empleados, esto es, dentro de las áreas urbanas, el primer reto será encontrar espacios disponibles para llevar a cabo esta faena. En caso de hallarlos, el siguiente desafío será satisfacer las necesidades de toda la población, pues en la actualidad ya se han presentado situaciones de desabasto de agua potable y electricidad en la Ciudad de México y Monterrey, derivado, entre otros factores, de la alta densidad poblacional. Sin considerar la insuficiencia del transporte público que se vive en estas localidades, así como en Guadalajara. Esta reforma debería estar acompañada de un incremento al presupuesto de suministro y mantenimiento de servicios y transporte público, de lo contrario, solo ocasionará un colapso en el debido funcionamiento de las ciudades.
Sin entrar a cuestiones técnicas sobre la nueva forma en que funcionará el INFONAVIT o la organización de la sociedad mercantil que se constituirá para construir las nuevas viviendas de los trabajadores, es claro que el esfuerzo legislativo en esta reforma quedó corto para atender integralmente la problemática de la falta de vivienda digna en el país. A menos que en su implementación se ejecuten acciones para recuperar espacios deshabitados, incrementar y mejorar la cobertura de los servicios públicos, incluido el transporte, y considerar las necesidades reales de la población en la construcción de las nuevas viviendas, es altamente probable que atestigüemos otro intento fallido para garantizar el derecho de todos los mexicanos a un hogar digno.
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Fuentes de consulta
Contra Réplica (2024). Contabilizan mil 900 familias afectadas por inundaciones en Chalco. Recuperado el 18 de febrero de 2025 de https://www.contrareplica.mx/nota- Contabilizan-mil-900-familias-afectadas-por-inundaciones-en-Chalco–202417926
David, J. (2024). Cinco elementos clave para impulsar la vivienda adecuada en México: prioridades para la nueva administración. Recuperado el 17 de febrero de 2025 de https://es.wri.org/insights/cinco-elementos-clave-para-impulsar-la-vivienda- adecuada-en-mexico-prioridades-para-la
Échale (2023). Falta de vivienda en México. Recuperado el 17 de febrero de 2025 de https://echale.mx/falta-de-vivienda-en-mexico/
El Economista (2023). Reportan 273,844 viviendas afectadas por paso de Otis. Recuperado el 15 de febrero de 2025 de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reportan-273844-viviendas-afectadas- por-paso-de-Otis-20231030-0014.html
Escobar, S. (2023). En México, 8 de cada 10 viviendas carecen de servicios básicos o necesitan reestructuraciones: Sedatu. Recuperado el 18 de febrero de 2025 de https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/En-Mexico-8-de-cada-10- viviendas-carecen-de-servicios-basicos-o-necesitan-reestructuraciones-Sedatu- 20230420-0135.html
INEGI (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Recuperado el 16 de febrero de 2025 de https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
ONU (2019). Elementos de una vivienda adecuada. Recuperado el 17 de febrero de 2025 de https://onu-habitat.org/index.php/elementos-de-una-vivienda-adecuada
ONU (2019). La vivienda en el centro de los ODS en México. Recuperado el 17 de febrero de 2025 de https://onu-habitat.org/index.php/la-vivienda-en-el-centro-de-los- ods-en-mexico
Venegas, P. (2024). Infonavit lleva a cabo un programa de recuperación de viviendas abandonadas en Edomex. Recuperado el 16 de febrero de 2025 de https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/infonavit-lleva-a-cabo-un-programa-de- recuperacion-de-viviendas-abandonadas-en-edomex-20766296