José Antonio Sánchez Barroso analiza cómo las nuevas leyes mexicanas amplían el poder estatal de vigilancia digital, cuestionando el futuro de la intimidad y de la privacidad ante un gobierno que todo lo quiere conocer y controlar.
La vida de los otros (Das leben der anderen) es una extraordinaria pieza cinematográfica de manufactura alemana ambientada en la Guerra Fría de los años ochenta. Se trata de un thriller de espionaje que se estrenó en 2006, el cual envuelve al espectador desde los primeros minutos. No en vano ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera.
El protagonista es Gerd Wiesler, un capitán de la Stasi, la agencia de inteligencia y policía secreta de Alemania Oriental. Wiesler es un hombre solitario y lúgubre que no se permite sentir ni manifestar emoción alguna: está emocionalmente muerto. En su trabajo destaca por ser meticuloso, extremadamente observador y obsesivo en cumplir a la perfección las órdenes de sus superiores. No cuestiona la moralidad del régimen comunista en que vive y al que sirve.
Un día recibe la orden de espiar a Georg Dreyman —el coprotagonista— porque se tiene la sospecha de que forma parte de un grupo subversivo que se opone al partido en el poder (el Partido Socialista Unificado de Alemania) pero, sobre todo, porque el secretario general de ese partido está interesado en la actriz Chista María Sieland, la mujer con la que vive Dreyman. Se trata de un dramaturgo que está abierto a la sensibilidad y a las emociones humanas, además de ser crítico de los problemas de su tiempo. Está profundamente enamorado de Christa María —su musa— y comparte la furia de sus colegas ante la censura impuesta por el régimen hegemónico.
La Stasi coloca micrófonos en cada una de las habitaciones del departamento de Dreyman. A partir de entonces todo lo que allí sucede será escuchado y registrado por Wiesler con la intención de encontrar algo que justifique la aprehensión de aquél. El capitán comienza a conocer el aspecto más humano del escritor, lo que provocará en él un proceso de transformación moral que más tarde lo llevará a convertirse en su cómplice.
El desenlace de la historia, que temporalmente coincide con la caída del muro de Berlín, es dramático para ambos personajes.
Hasta aquí el lector se preguntará si el propósito esencial de este artículo es simplemente reseñar una película que se estrenó hace casi 20 años. La realidad es que no, pues la pretensión del gobierno de saberlo y controlarlo todo para eventualmente legitimar acciones intrusivas en contra de determinadas personas parece renacer en nuestros días y en nuestro país.
Ya no son micrófonos conectados por cables ocultos en las paredes de las habitaciones. Ahora se trata de algo mucho más complejo y eficaz gracias a los avances de la tecnología: un sistema de vigilancia digital masivo que compromete, al menos, el derecho a la intimidad y derecho a la privacidad de todos los ciudadanos, sin visos de contrapesos.
Pongamos dos ejemplos. En primer lugar, la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que entró en vigor el 21 de marzo de este año, prevé varios supuestos en los que, por un lado, no es necesario obtener el consentimiento de las personas para el tratamiento de sus datos personales, y por otro, tampoco se requiere mandato judicial para ello (artículo 16).
En segundo lugar, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (conforme a las reformas publicadas el 16 de julio de este año), establece que la Plataforma Única de Identidad (que dependerá de la Secretaría de Gobernación) se podrá interconectar con bases de datos o sistemas de información, entre otros, de particulares que presten servicios financieros, de salud, de transporte, de telecomunicaciones, de educación, etcétera (artículo 12 bis). Además, contempla sanciones para los particulares que incumplan la obligación de permitir el acceso a sus bases de datos, registros o información, que van de 1,131,400 a 2,262,800 pesos (artículo 43 bis).
Parece que se ha aceptado la premisa de que el fin justifica los medios y el Congreso de la Unión está confiando al Ejecutivo una de las conquistas más valiosas de la sociedad durante el siglo XX: la privacidad.
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