¿A qué retos se enfrenta la justicia penal en materia de género, legislación, política pública y prácticas en las instituciones públicas?
Patricia González – La materia de género es uno de los principales retos porque nuestros tribunales y, en particular, nuestras fiscalías, todavía no están lo suficientemente preparados para poder impulsar la metodología de investigaciones criminales con perspectiva de género. Esta perspectiva genera igualdad entre hombres y mujeres al momento en que se desarrolla una investigación.
El diseño que actualmente tienen las fiscalías generales de justicia limita mucho el trabajo con perspectiva de género, porque en las primeras horas en que se presenta una denuncia, las áreas que están destinadas a las fiscalías son comunes y ordinarias para cualquier otro delito que no necesariamente necesita la aplicación de la perspectiva de género. Es ahí donde hay un primer obstáculo para las víctimas de violencia de género o de delitos por razones de género. Entonces, esos delitos por razones de género realmente deberían tener una infraestructura y un personal especializados para iniciar y detonar con celeridad una investigación.
Uno de los principales retos es elaborar un rediseño institucional que permita que las denuncias de las víctimas sean atendidas de manera inmediata por estructuras paralelas a las que tienen que ver con los delitos comunes, que no requieren la aplicación de la metodología de género. Estas estructuras deben contar con personal especializado, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino además equipos inter y multidisciplinarios que ayuden a darle acceso a la justicia a las víctimas, a conocer la verdad, a reconstruir los hechos tal y como ocurrieron. El equipo inter y multidisciplinario necesariamente debe trabajar con los laboratorios de ciencia forense de manera directa e inmediata, pues hay delitos que se cometen por razones de género, como todos los de naturaleza sexual, que requieren que se detone la investigación criminal de inmediato, y que en la atención a las víctimas participen no sólo psicólogos clínicos sino también psicólogos que auxilien a la víctima en la captura de su declaración, peritos de campo en criminalística y de laboratorio en criminalística, que analicen cuidadosamente cualquier indicio objetivo que presenten las víctimas que hayan sufrido algún delito por razón de género. Lo anterior, porque las personas que reciben denuncias por delitos ordinarios no están preparadas para obtener la información de víctimas que sufren violencia de género.
¿Usted cree que hay excesos en la aplicación de la perspectiva de género o hay un entendimiento equivocado de dicha perspectiva de género?
Patricia González – Más que nada, existe un gran desconocimiento de lo que es esa metodología. Realizar investigaciones criminales con perspectiva de género implica, además de la ciencia forense, el desarrollo de otra ciencia multidisciplinar que esté asociada con la metodología con perspectiva de género, porque no es lo mismo llevar a cabo una investigación criminal, por ejemplo, de un delito de violación en contra de una mujer que en detrimento de una mujer de un grupo etnocultural indígena y, además, que se halla en extrema pobreza. Ambos casos requieren la perspectiva de género, pero la suma de vulnerabilidades exige equipos multidisciplinarios que puedan comprender hacia dónde va una hipótesis de investigación a partir del planteamiento de la teoría del caso —que en ambos casos es similar, pero a la vez muy diferente en atención al perfil de las víctimas—.
En México esto no ha quedado claro.
Si uno presenta una denuncia por robo o fraude, puede entrar por la puerta ordinaria de acceso a la justicia de la fiscalía. La puerta ordinaria permite que se vayan siguiendo los pasos de manera muy natural y no se requiere necesariamente que en el momento en que se presenta una denuncia participen todos los equipos. Es diferente en los que requieren perspectiva de género. Hay víctimas que no quieren hablar, que durante sus declaraciones ofrecen un relato muy genérico, y para lo cual están los psicólogos del testimonio y los psicólogos clínicos que realizan contención de crisis cuando las víctimas rompen en llanto.
¿La aplicación de la perspectiva de género implica creerles ciegamente a las mujeres cuando denuncian?
Patricia González – No se trata simplemente de creerles, sino, simple y sencillamente, de realizar una investigación objetiva e imparcial. Y eso a veces es muy complicado porque en nuestro país se ha tergiversado mucho el abordaje de la perspectiva de género. No se trata de creerle a ciegas lo que dice una mujer o una niña o una adolescente, sino de aplicar los conocimientos especializados necesarios para obtener la información lo más pura posible, sin tanta contaminación, porque, a veces, en los casos de delitos cometidos por razones de género, los relatos suelen estar muy contaminados, en particular cuando se trata de mujeres, niñas y adolescentes, porque los mismos familiares, amigos, vecinos y algunos abogados, que desconocen estos temas, contaminan la información, hablándoles a las víctimas —con un paternalismo con el que las condicionan a qué decir y qué no–, tergiversando completamente lo que en realidad ha ocurrido, y haciendo que a veces se sigan procesos de manera fraudulenta y alterada. En síntesis, no se trata de creerles a ciegas a una mujer, a una niña o a una adolescente, sino, simplemente, de recolectar la información a partir del método científico que exigen la ciencia forense y la psicología del testimonio.
Cuando fue procuradora general de justicia de Chihuahua elaboró el anteproyecto de la primera Ley Estatal de Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, instaló el primer Centro de Justicia para Mujeres en la ciudad chihuahuense, y en Ciudad Juárez diseñó el Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. Una década después, ¿cómo han influido estos mecanismos jurídicos en la vida de las mujeres de esa entidad federativa?
Patricia González – Han ayudado bastante. Anteriormente, en Chihuahua las investigaciones criminales que se realizaban por la comisión de delitos por razones de género no tenían este tipo de estructuras gubernamentales.
El Protocolo Alba se elaboró porque había desapariciones de mujeres y se le denominó así porque los policías, en la madrugada, antes de que saliera el sol —esto es, en el alba—, buscaban datos e indicios que nos permitieran verificar dónde estaban las mujeres desaparecidas. Íbamos a buscar por ciertos lugares donde ya teníamos diseñado un plan de investigación y de búsqueda y realizábamos verificaciones en el vecindario —por ejemplo, en los sitios aledaños a donde había desaparecido la mujer—. Muchos datos nos ayudaron a entender que había desapariciones voluntarias de personas que sufrían violencia familiar y se iban a Estados Unidos y no les había ocurrido absolutamente nada. Hicimos convenios con Estados Unidos a través de los cuales pudimos localizar a muchas mujeres.
No es cierto que la mayoría de ellas aparecían muertas en los alrededores de Ciudad Juárez. Esa es una gran mentira que se creó simple y sencillamente para poner el foco de atención en un problema de violencia contra las mujeres que está viviendo todo el país, no sólo Ciudad Juárez. Ese fue el lugar que captó la atención internacional de los organismos internacionales de derechos humanos y a raíz de esa situación surgió el Protocolo Alba, y otras herramientas, como el Centro de Justicia para Mujeres, que instalamos con el objetivo de abordar los delitos cometidos por razones de género en espacios exclusivamente destinados a capturar información verídica con diversos especialistas, un centro distinto a las otras estructuras de las fiscalías que atienden otro tipos de delitos.
Los centros de justicia para mujeres que instalamos en Chihuahua poseían refugios para mujeres muy pobres, inmigrantes que habían sido víctimas de violencia y que tenían niños muy pequeños. Ahí teníamos estancias infantiles para que estuvieran sus hijos mientras se realizaba el proceso de captura de la información de las denuncias y para ayudarlas y empoderarlas sobre la violencia que estaban padeciendo. También teníamos una bolsa de trabajo, en conjunto con algunos empresarios, mediante la cual las colocábamos antes de que salieran de esos centros de justicia, para que pudieran tener un trabajo y permanecer en un lugar seguro con sus hijos.
Ahí fue donde creamos las órdenes y las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia por delitos que se cometen por razones de género. Además de eso, le dábamos seguimiento hasta dos años al cumplimiento de las órdenes y las medidas de protección. Por eso este programa, que se instaló con motivo del sistema penal acusatorio, fue exitoso. Sin embargo, posteriormente se les recortaron los recursos económicos a los centros de justicia para mujeres y en la actualidad ya no se les da seguimiento a las órdenes y a las medidas de protección. ¿Cuáles son los resultados de esta situación? Pues que, si tienen la manera de sacar a una mujer de ese ciclo de violencia y ésta sale a trabajar, vuelve a ser víctima de violencia. Hubo un caso emblemático en Ciudad Juárez derivado de los recortes presupuestales: una mujer salió de estos centros de justicia y fue asesinada por su agresor, porque no le dieron seguimiento a una medida de protección. A propósito, en la Cámara de Diputados, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hemos planteado la necesidad de que exista una Ley Nacional de Órdenes y Medidas de Protección para que todas las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas del país, a través de los centros de justicia para mujeres, les den seguimiento a todos los casos hasta que desaparezca el riesgo en el que viven esas mujeres.
En los centros de justicia para mujeres teníamos personal especializado que hacía mediciones de riesgo (bajo, medio y alto). Quienes tenían un riesgo muy alto permanecían en los albergues hasta que se empoderaba a las mujeres, se las colocaba en un trabajo y se les proporcionaba protección a través de policías preventivos que estaban al pendiente de ellas cuando salían a trabajar.
El modelo tiene mucho que ver con la medición de los riesgos a los que se enfrenta una mujer que ha sufrido violencia de género o violencia familiar. Si no se miden esos riesgos, siempre está latente la comisión de una agresión y llega un momento en que el agresor puede cometer un delito de mayor envergadura, como feminicidio, si no se salvaguarda a la mujer con una orden o una medida de protección.
¿El sistema penal acusatorio que usted ayudó a implementar ha funcionado para brindar justicia a las mujeres víctimas de violencia?
Patricia González – Se les ha dado voz a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes para que presenten denuncias y para que se les garantice el acceso a la justicia. El problema que tenemos ahora tiene que ver con cuestiones presupuestales. Si diseñáramos una Fiscalía General de Justicia con sus centros de justicia para mujeres con el suficiente presupuesto por objetivos, cambiaría radicalmente el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad que requieren las víctimas de violencia en los delitos cometidos por razones de género. Sin embargo, en la actualidad todavía no podemos afirmar que se ha implementado en su totalidad el sistema acusatorio. Para las mujeres hay una implementación insuficiente por el diseño institucional que tienen las fiscalías, por la falta de presupuesto por objetivos y por la ausencia de personal especializado. Pero, sobre todo, por los deficientes procesos que se instauran cuando comienza la denuncia y se detona la investigación: son tortuosos, largos y a veces incluso estériles porque no hay personal especializado que detone investigaciones criminales efectivas y eficientes.
Muchos avances que ha habido en la legislación y en la jurisprudencia para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres se han producido gracias al aporte de movimientos sociales y funcionarios públicos comprometidos con el cambio. Sin embargo, muchas veces quienes están en el sector público se benefician del uso del discurso de género. ¿Cómo trasladar este discurso de género al plano material para reducir la violencia en las prácticas institucionales?
Patricia González – Con nuevos diseños institucionales. Lo que no cambió en este país fue la estructura y el funcionamiento de las fiscalías y de las policías, que era lo que tenía que haber cambiado. Cambiaron de nombre, de procuradurías a fiscalías, pero las añejas estructuras permanecen, igual que su funcionamiento a través de procesos muy lentos que no permiten que las víctimas de violencia de género accedan a la justicia y al conocimiento de la verdad de los hechos de manera rápida y expedita. Creo que es muy importante que sigamos trabajando para que realmente cambien esas estructuras, sobre todo las de las policías y las de las fiscalías. Las víctimas de violencia de género tienen en la ley todos sus derechos garantizados, pero un sistema de justicia penal no se hace solamente con la legislación. Para que esa legislación se aplique se requieren instituciones y estas instituciones necesitan procesos rápidos y ágiles, pero, además, personal altamente calificado, con conocimientos especializados en la materia y, sobre todo, que trabaje de la mano de las nuevas tecnologías. En este sentido, la tecnología forense es muy importante en los centros de justicia para mujeres, para el cumplimiento de las órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género. Las policías deberían tener plataformas tecnológicas a través de las cuales puedan dar seguimiento a todos los casos, para evitar que se les causen daños mayores a las mujeres que han sido víctimas de delitos por razones de género. Por ejemplo, nosotros implementamos el chip para los agresores domésticos, a los que podíamos ubicar en una computadora y a quienes se les advertía que no podían acercarse a 10 kilómetros a la redonda del lugar de trabajo o del domicilio de su víctima. Lo que hacían los policías era monitorear ese chip. Cuando veían que un agresor se estaba acercando a la zona de trabajo o al domicilio de la víctima, inmediatamente se comunicaban con una unidad de la policía y detenían al transgresor de la medida cautelar. Por eso creo que el uso de la tecnología es muy importante para evitar muchísimos casos de feminicidio o de lesiones graves o de reincidencia de la violencia familiar.
Usted ha representado al Estado mexicano como agente alterno en los casos de feminicidio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Parlamento Europeo. ¿Los tribunales internacionales están a la altura de la realidad a la que se enfrentan las mujeres en el mundo en términos de violencia?
Patricia González – Hay una política internacional muy interesante relacionada con el apoyo a las políticas públicas nacionales para proteger a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes de los agresores cuyo comportamiento está muy relacionado con la misoginia y el machismo en los países latinoamericanos, no solamente en México. Y aunque creo que esa política internacional es muy importante, los organismos mundiales que deberían seguirla a veces también son demasiado lentos para dar respuesta a las víctimas.
Por ejemplo, el caso de Campo Algodonero me tocó representar al Estado mexicano. Fue tardadísimo llegar a la Comisión Interamericana y cuando el caso se trasladó a la Corte Interamericana también transcurrió muchísimo tiempo. El Estado mexicano y otros países latinoamericanos han denunciado que no hay seriedad en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual pugnan por una reforma para que los procedimientos que se llevan ante esa corte sean mucho más rápidos y más efectivos.
En un contexto de transformación del orden global y de las relaciones internacionales, suscitado principalmente por algunos gobiernos de ultraderecha, ¿qué les espera a los discursos de género que suelen identificarse más bien con las izquierdas progresistas?
Patricia González – Hay ahí una gran desventaja por la percepción que existe en relación con lo que realmente es una política pública que se tiene que abordar desde el punto de vista de la ciencia y que no debe estar contaminada por cuestiones políticas. La instalación de la ciencia y la tecnología en las investigaciones criminales, en el proceso penal relacionado con la aplicación de las leyes a los delitos cometidos por razones de género, tiene que ser completamente objetiva e imparcial. La ciencia y la tecnología deben prevalecer por encima de cualquier aspecto político.
Sobre el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que desarrolló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aplicó por primera vez en el caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía, ¿es adecuada la coordinación entre poderes judiciales locales y fiscalías locales para la atención, la investigación y la persecución de delitos en materia de género?
Patricia González – Este protocolo no ha sido suficiente para juzgar con perspectiva de género porque no se han llevado a cabo las capacitaciones suficientes para que los jueces y las juezas puedan tener los conocimientos que estamos comentando, que deberían brindar a las víctimas acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad. Para reconstruir los hechos que han ocurrido en el mundo empírico y trasladarlos al mundo del derecho se necesitan especialistas y tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales de las entidades federativas no han ofrecido las capacitaciones suficientes a jueces y a juezas para que cumplan con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Además, este protocolo necesita el diseño de nuevas instituciones para que pueda ser efectivo. Si queremos aplicar protocolos o leyes innovadoras sin tener diseños institucionales y personal especializados para abordar estos temas, vamos a seguir topándonos con obstáculos muy graves en lo que concierne a la justicia para las mujeres, las niñas y las adolescentes que han sufrido delitos por razones de género.
¿Nos puede platicar sobre su participación en el caso del feminicidio de Rubí, hija de Marisela Escobedo?
Patricia González – El caso de Rubí, hija de Marisela Escobedo, fue emblemático. Rubí era una adolescente que se enamoró de un joven. Vivían en colonias diferentes y pertenecían a grupos distintos. El tema de la discriminación en Ciudad Juárez siempre ha estado latente, sobre todo en los grupos que se van formando en las colonias y en los fraccionamientos de la metrópoli. Ahí había principalmente dos grandes pandillas: los Aztecas y los Mexicles.
La madre de Rubí no quería que su hija tuviera una relación con aquel jovencito porque provenía de uno de los grupos en los que se movían esas pandillas. No necesariamente porque perteneciera a alguna de éstas, simple y sencillamente porque se veía como del grupo donde viven los Mexicles, o del grupo donde viven Los Aztecas, o del grupo donde viven los Artistas Asesinos.
Los jovencitos se fueron a vivir juntos y tuvieron un bebé. La mamá de Rubí dejó de verla durante mucho tiempo porque se enojó mucho de que su hija se fuera con el muchacho. Sin embargo, fue ella quien presentó la denuncia cuando las amiguitas de Rubí le dijeron que no conocían el paradero de su hija. Sabían que Rubí había peleado con su pareja; primero sólo se insultaron, pero después llegaron a los golpes. En el forcejeó ella cayó y se golpeó la base del cráneo. Murió.
Por temor a que lo metieran a la cárcel, decidió tirar el cuerpo de Rubí fuera de la ciudad. En aquella época se decía que tiraban a las mujeres por ahí para que la gente pensara que habían sido víctimas de un asesino serial.
Eso fue lo que ocurrió con Rubí. Nosotros llevamos a cabo las investigaciones de su caso. Yo pude platicar con el muchachito y darme cuenta de lo que realmente había ocurrido. Lamentablemente recién estábamos estrenando el sistema acusatorio y hubo un fuerte enfrentamiento entre la mamá de Rubí y los funcionarios judiciales y los fiscales. Ella estaba fuera de sí, muy molesta por haber abandonado a su hija y porque no volvió a verla desde que se fue a vivir con el muchacho.Nosotros solicitamos la orden de aprehensión del chico porque insistimos en que las pruebas que teníamos eran suficientes para procesarlo. Logramos identificar el cuerpo de Rubí a partir de unos cuantos restos óseos, hallados en una zona a la que llaman las marraneras. Tardamos casi un año en localizarlos después de una larga investigación de indicios objetivos y de declaraciones del muchacho, quien finalmente confesó que él la había llevado a ese lugar. Nuestras antropólogas forenses lograron identificar algunas piezas óseas como pertenecientes a Rubí. Nunca encontramos su cabecita.