¿De dónde viene, fiscal, y cómo concibe la justicia?
Sara Irene Herrerías – Vengo de una familia muy grande; soy la octava de nueve hermanos. Desde que nací ya había con quién dialogar y con quién llegar a acuerdos: por eso tengo mucho sentido de la justicia. Aunado a ello, mi mamá nos infundió el valor de ver siempre por la gente que estaba en una situación de desventaja y trabajar en favor de ellos. Esto fue algo que siempre viví en mi familia.
Decidí estudiar derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de entonces siempre busqué trabajos que tuvieran que ver con el logro de la justicia. Desde que era niña pensé ser directora de una cárcel, porque imaginaba que las personas que estaban ahí eran muy infelices y creía que en el fondo había algo de injusticia en su situación. Solía reflexionar acerca de qué manera podía trabajar con esas personas para que se reinsertaran en la sociedad y hacer que sus procesos judiciales fueran justos.
Cuando terminé la licenciatura, laboré con las trabajadoras sexuales de La Merced. Les impartía cursos para que pudieran defender sus derechos. Después fui investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y posteriormente ingresé al Poder Judicial de la Ciudad de México, donde trabajé 13 años como proyectista en una sala penal. Ahí me di cuenta de las muchas versiones que siempre hay sobre los hechos y que se tienen que escuchar todas para poder hacer justicia.
Luego estuve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde fungí como directora del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres y donde conocí muchos temas sobre derechos humanos. Ahí me interesé en la población LGBT+ e hice un estudio sobre crímenes de odio (interés que adquirí durante mi acercamiento a las trabajadoras sexuales de La Merced, pues en general esos temas están vinculados con la explotación de las personas), crímenes que muchas veces se disfrazan de homicidios pasionales. Desde ahí comencé a trabajar con la perspectiva de género.
Después fui fiscal en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República. Ahí tuve mayor cercanía con las víctimas. Por un lado, durante las investigaciones de delitos de trata de personas y violencia contra las mujeres (recuerdo muchos casos de trata de personas, como el de los niños que vendían globos y chicles en Chiapas, donde acreditamos la trata de personas de niños de distintas comunidades a quienes durante las noches mantenían en unas bodegas, y durante el día los llevaban a vender esos productos). Por otro lado, con las niñas y los jóvenes migrantes. Allí realizamos varios operativos en la frontera con Malapa, donde las niñas que tratan de llegar a Estados Unidos son explotadas sexualmente. Ahí me di cuenta de la delgada línea entre la debida atención a una víctima por parte del Estado y la comisión de delitos por parte de aquélla debido a la falta de esa atención: podíamos rescatarla como víctima, pero si no le dábamos un seguimiento a su caso, la dejábamos en situación de vulnerabilidad. Yo iba los domingos al refugio y realizaba diversas investigaciones; iba a ver qué le faltaba a cada una de las víctimas. Me di cuenta que hacerlas visibles, que se sintieran visibles para alguien, era algo definitorio para su vida.
Cuando estuve en la FEVIMTRA, se creó una institución de atención a víctimas que se llamaba Pro Víctima, para reunir en una sola instancia oficial a todas las personas de las instituciones que atendían víctimas en el país. Yo fui la procuradora social de atención a víctimas, por lo cual tuve un mayor acercamiento con las víctimas y descubrí que una debe tener mucha empatía; esto es, la capacidad de ponerse en el lugar de la víctima antes de escucharla, y de imaginar por lo que pasó para poder entenderla y darle una respuesta adecuada a su problema. Ahí instituimos un modelo de atención a través de mesas de trabajo compartidas por personas de distintas profesiones: trabajo social, psicología, derecho y medicina, para que la víctima compartiera una sola vez su historia y no se le revictimizara al pedirle que lo hiciera más veces. Los diversos profesionistas de esas mesas tenían que darle atención a ese caso desde su respectiva perspectiva disciplinar. Permanecí dos años en Pro Víctima, que luego se convirtió en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Entonces regresé a la Procuraduría General de la República desde donde elaboré un programa de prevención del delito. Fue uno de los lugares en los que más feliz he sido. Trabajé en la Telesecundaria 91, en Tepito. Mi hipótesis era que si los jóvenes de secundaria encontraban algo que los apasionara y los hiciera felices, se iba a generar la diferencia entre optar por cometer un delito o no en ese barrio, donde no hay tantas opciones. Los niños y las niñas pasaban de un taller a otro y se quedaban en el que realmente les gustaba. Eso tenía varios efectos. Por un lado, el tallerista los estimulaba mientras realizaban sus actividades, por lo que esas personas se volvían visibles para alguien y sentían que lo que estaban haciendo era algo importante. Por otro lado, la esencia del programa era la mediación. Había una mediadora experta con quien instituimos un taller de mediación entre pares, para que todos los conflictos se solucionaran a través de ese mecanismo. Esa fue una gran experiencia porque luego los niños y las niñas nos dijeron que querían mediar con sus papás, y llevaban a sus papás y ahí mediábamos el conflicto. Y después llegaron familias que decían: “Somos dos familias y nuestros hijos dicen que aquí se puede dialogar para solucionar nuestros problemas”. Ese fue un logro que supimos que podía incidir en la comunidad.
Luego me invitaron a encabezar la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación —donde se atienden asuntos tanto internacionales como nacionales— y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En esta unidad, donde trabajé durante dos años, también atendí víctimas, personas que venían de todos los lugares de México, y fui a todos esos lugares a atender sus problemáticas. Después me invitaron a regresar a la Procuraduría General de la República, como subprocuradora de Derechos Humanos, cuyo cargo, con la transformación a Fiscalía General de la República, ahora es el de fiscal especializada en materia de derechos humanos. Aquí atiendo nueve áreas de investigación del delito en materia de tortura, migrantes, libertad de expresión, desaparición forzada, entre otros. Aquí realizó investigación y me hago cargo de la unidad de género, de la atención psicosocial, de las quejas y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros asuntos.
¿Cómo concibe el panorama general de la justicia en México?
Sara Irene Herrerías – Como soy fiscal e investigo delitos e integro carpetas de investigación para llevarlas ante los jueces, puedo hablar desde mi experiencia —con fiscales especiales y ministerios públicos comprometidos que llegan ante los jueces— en relación con aquello a lo que me enfrento con el Poder Judicial: hay mucha dilación entre el momento en que solicitamos una audiencia para vinculación y los meses que se tardan en dárnosla en los distintos temas, y hay muchas resoluciones que nosotros consideramos que son contrarias a derecho —en cuestiones muy obvias, lo cual es algo inconcebible—.
Nos enfrentamos a muchos casos así cada día, aunque no puedo generalizar y afirmar que todo el Poder Judicial está así. La situación de la justicia muchas veces depende de las personas, de que los ministerios públicos sean sujetos honestos, comprometidos con el país, y de que los jueces y las juezas sea gente comprometida con México.
¿Cómo combatir la corrupción dentro del Poder Judicial?
Sara Irene Herrerías – Yo pienso que todos los casos que se apartan del criterio con el que siempre se ha resuelto un litigio se tienen que investigar. ¿Por qué en ese caso no se resolvió de la misma manera?
Considero que el Tribunal de Disciplina debe tener herramientas para poder combatir la corrupción y poseer la capacidad de investigar las cuentas, por ejemplo, no sólo de una persona, sino de su red de vínculos.
En este sentido, el Tribunal de Disciplina debe contar con los elementos para poder investigar a estas personas, porque esta es una manera muy importante para combatir la corrupción. Cuando en mis fiscalías se acerca gente joven, recién salida de la carrera, con el interés de entrar, siempre le digo que para mí es una maravilla que tenga ganas de participar y hacer las cosas conforme a derecho y procurar justicia. Al momento de entrevistar y conocer sus perfiles, suelo identificar a quienes están comprometidos con la justicia y no sólo ven a la institución como un medio de vida. Eso no implica que no vivamos de nuestro trabajo, pero debe prevalecer nuestro compromiso de cambiar a México y darles respuestas adecuadas a las víctimas.
