La prohibición del vapeo plantea un dilema regulatorio. ¿En qué momento las restricciones a un producto dejan de proteger la salud pública y comienzan a vulnerar derechos fundamentales?
La baja adopción de la voluntad anticipada contrasta con sus beneficios: menos sufrimiento, menores costos médicos y claridad jurídica en decisiones extremas, dentro de un sistema que apenas la promueve.