¿De dónde viene, magistrado y cómo concibe la justicia?
Ricardo Alfredo Sodi – Mira, yo vengo de una tradición de generaciones de abogados: mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi hermano mayor y yo somos abogados. Mi abuelo, Demetrio Sodi, fue fundador de la Escuela Libre de Derecho. Somos una familia que ha tenido una fuerte tradición ligada a la justicia y al ejercicio de la profesión de abogados desde hace más de 150 años.
Yo estudié en la Escuela Libre de Derecho. Posteriormente hice diversos estudios de posgrado: en el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Judicial Federal, la especialidad en amparo; en la Universidad Complutense, un diploma de estudios avanzados en derecho de la empresa, que es un equivalente a un grado de maestría; en la Universidad Complutense de Madrid me doctoré con mención honorífica por mi tesis, un trabajo sobre la jurisdicción penal militar en tiempos de paz en el caso de México. Adicionalmente, hice una serie de diplomados sobre derecho americano y finanzas internacionales. He tenido una formación profesional constante.
He participado como académico, desde hace más de 34 años, impartiendo clases en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de la Defensa Nacional y en diversas instituciones de formación militar (al respecto, también he participado en muchísimos asuntos de corte militar, consejos de guerra, etcétera).
En 2010 fui designado por el Congreso del Estado de México como magistrado, donde fui asignado a una sala penal en Toluca. Posteriormente fui magistrado de la Sala Constitucional del Estado de México y, durante los últimos cinco años, fui presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Mi periodo como presidente terminó el 7 de enero de 2025.
En lo personal, soy un hombre casado, tengo una esposa a la que adoro, tres hijas (dos abogadas y un ingeniero químico). Mi hija mayor está casada y tiene dos hijos. Tengo una relación magnífica con mi yerno y mis dos nietos, Ricardo de dos años y medio, y Manuel de cuatro meses. Tengo una familia muy unida, muy armónica, muy bien avenida. Yo creo que el aspecto familiar es una fortaleza de cualquier persona, porque cuando uno tiene una estabilidad personal y familiar, las dificultades que puede uno tener en la vida se enfrentan con mucha facilidad; se resuelven con más empatía y con más armonía.
¿Por qué decidí aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Primero, porque para todo abogado es una aspiración muy importante llegar a ser ministro de la Corte; llegar al Tribunal Supremo del país implica el culmen de una carrera jurídica. Segundo, porque considero que la justicia necesita un cambio; pero los cambios se hacen por dentro, no desde afuera; si uno no es parte de la administración de justicia es muy difícil que se hagan cambios: o se hacen desde la política o se hacen desde la judicatura, y mi vocación es hacerlos desde la judicatura.
Esta reforma judicial ha traído algo bueno: poner a los poderes judiciales en la agenda nacional. Ahora todos estamos hablando del Poder Judicial. Es un gran momento para iniciar un proceso de transformación serio, bien informado, sobre bases sólidas para, a partir de ahí, construir una administración de justicia razonable y eficaz que permita el acceso efectivo a las personas. Un país que no tiene instituciones que permitan encauzar los procesos sociales, es un país que tiene un subdesarrollo social importante. En México, como ustedes han observado, vemos plantones, tomas de carreteras, manifestaciones frecuentes, y eso sucede porque las instituciones son insuficientes para dar cauce a las demandas sociales y resolverlas de manera eficaz. Eso sólo es posible hacerlo en un Estado de derecho: ahí las instituciones pueden encauzar esos problemas sociales y resolverlos. Eso es lo que creo que nos hace falta en México. La justicia en nuestro país se ha vuelto, en muchas formas, inaccesible: cara, formal, difícil, excluyente, clasista, y eso es con lo que debemos acabar.
El juicio de amparo, que fue una invención mexicana y que en otros países se ha desarrollado muchísimo, aquí está estancado. En México el juicio de amparo, por sus efectos, se ha vuelto ineficiente, insuficiente y tardado. Al promover una demanda de amparo, la resolución se obtiene en meses, ya no digo un amparo directo después de una sentencia definitiva, meses y recientemente hasta un año o más de un año.
Tenemos que replantearnos el federalismo judicial: qué le corresponde a cada quién en el sistema federal mexicano, qué le corresponde a los estados y qué a la Federación. Yo he sido presidente de un tribunal local, conozco la justicia local; si los procesos locales se refuerzan (cuando la trinchera de la justicia está en la justicia local, en los estados, donde la mayoría de los procesos judiciales y los que impactan directamente a la gente, como divorcios, arrendamientos, juicios hipotecarios, pensiones alimenticias, guardas y custodia) vamos a tener un avance muy importante en la justicia. Y si desde la justicia federal —que esa es mi intención— hacemos más efectivo, práctico y sólido el respaldo a la tutela de los derechos humanos, sin formalismos y sin falsos criterios de justicia que no resuelven el fondo, estaremos apoyando una transformación de la justicia.
Ahorita solamente vamos a cambiar la forma de elegir jueces y magistrados, pero la justicia no va a cambiar en esencia. Tenemos que hacer un plan serio para transformar la administración de justicia en lo que los mexicanos realmente queremos. Yo he sostenido que una buena administración de justicia es cara, pero una mala administración de justicia es más cara todavía, porque genera muchos rezagos sociales y un ambiente de incertidumbre. Es más, el ambiente para los negocios, no solamente de los grandes inversionistas que vienen a México, sino del ciudadano que arriesga su capital, del empresario pequeño, del microempresario, debe ser un ambiente para que, si va a rentar un inmueble, no lo despojen de él; si va a comprar una propiedad, no lo vayan a despojar de él; si va a abrir un negocio, que todas las trabas administrativas que le pongan, sobre todo basadas en aspectos de corrupción, no lo lastimen ni lo acaben; que tenga cómo defenderse para abrir desde una tortería hasta una fábrica de lo que ustedes quieran. O sea, tiene que haber un Estado de derecho que permita que las personas que arriesgan su capital y que se dedican a ser empresarios, desde microempresarios hasta grandes empresarios, tengan un ambiente de Estado de derecho propicio para que se respeten sus derechos y se les permita trabajar. Si están dentro del margen de la ley, si pagan sus contribuciones, si cumplen con todo esto, pues se les debe proteger y se les debe alentar para que haya más trabajo, para que haya más empleo y, sobre todo, para que se genere más riqueza. Y eso es lo que todos los estados queremos: generación de riqueza con base en el empleo en diferentes niveles, micro, mediano y pequeños empresarios. Y el Estado de derecho es el que favorece este ambiente de construcción de prosperidad.
Entonces, los tribunales, ¿qué venden, qué dan, qué proporcionan? Paz social. La palabra justicia es un poquito ambigua porque tiene muchas acepciones; es una de esas palabras, como democracia o pueblo, que están cargadas de ideología. En cambio, la paz social sí se puede medir y ese es un concepto que no tiene una carga ideológica: cuando uno puede dedicarse a lo que quiera, vivir en paz, con tranquilidad y que sus derechos estén a salvo, que sus propiedades estén a salvo, sus negocios puedan ser conducidos con base en la ley, que nadie lo esté extorsionando, que nadie le imponga barreras para hacer su actividad, entonces hay paz social. Eso es lo que brindamos los tribunales, un bien socialmente relevante.
¿Cómo concibe el panorama general de la justicia en México?
Ricardo Alfredo Sodi – Hoy es mala la percepción que hay de la justicia en México. Aquí tenemos que trabajar un poco con las percepciones, porque de eso está hecho el mundo contemporáneo (hoy no es la verdad lo que priva, sino la percepción de una verdad que tenemos vía redes sociales o medios de comunicación). La percepción de los jueces y de la administración de justicia es muy mala. La percepción de las fiscalías y de los ministerios públicos es muy mala. También la de la policía. Vean ustedes el índice de percepción de corrupción recientemente publicado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía: los jueces salen un poquito mejor que el policía de tránsito. Cuando una sociedad no confía en sus jueces, algo está mal. Los jueces tienen que ser respetados por la sociedad, pero también deben ser respetables por su conducta. Este es el único país donde al juez se le critica como persona, no por sus sentencias; se le critica por lo que se dice en internet de él, pero nadie lee realmente sus sentencias. Hay que leer las sentencia y formarnos un juicio de valor más serio.
En otros países con más cultura jurídica, la sentencia es analizada, glosada, criticada y juzgada, y entonces se forma un criterio respecto del juez. Si fue malo, bueno o regular, pero con base en su sentencia. Aquí sólo se hace con base en la opinión pública. Por eso desde las más altas tribunas del país a veces hay una denostación a los jueces, pero no un análisis de su trabajo. En este sentido, necesitamos un sistema de justicia respetado y respetable. Finalmente, un juez es la persona que tiene la altísima responsabilidad de construir paz social; es como un árbitro de fútbol: cuando el árbitro hace bien su trabajo, no se nota, pasa inadvertido; pero cuando lo hace mal, se puede caer a pedazos y puede haber violencia. Es lo mismo con un juez. Cuando un juez, cuando un magistrado, cuando un ministro hacen bien su trabajo, pasan inadvertidos; pero cuando lo hacen mal, generan mucha inquietud social. Por eso es importante seleccionar los mejores perfiles.
Esta es una elección diferente a la que hemos vivido en México porque ahora no estamos votando por partidos; estamos votando por personas. Es muy importante que quienes lleguen, tengan criterio político, pero nunca una posición política; porque entonces vamos a tener una justicia sesgada con base en criterios de partido político o de ideología, y un juez tiene que ser independiente e imparcial. Los jueces deben tener criterio político porque resuelven temas muy delicados —sobre todo los ministros—, pero jamás una posición política. Tenemos que buscar jueces que tengan valor, conciencia y convicción de que su misión principal es defender la Constitución y tutelar los derechos humanos.
¿Cómo combatir a la corrupción dentro del Poder Judicial?
Ricardo Alfredo Sodi – Primero, desarrollar en el seno del Poder Judicial servicios de investigación y de supervisión efectivos, cuidadosos, que vayan a la esencia de los procesos, para detectar zonas de riesgo; quizá no se detecte la corrupción inmediatamente —porque es muy difícil, y además quienes hacen actos de corrupción se cuidan de que no los descubran, son actos de realización oculta—, pero hay que generar toda una línea para ubicar dónde están focos amarillos o eventualmente rojos. Segundo, fomentar una cultura de la denuncia, porque sin ésta es muy difícil detectar los actos de corrupción. Y tercero, una vez que se cuenta con esos dos elementos, generar información que te permita ubicar que esos focos rojos o amarillos se convirtieron en rojos por actos de corrupción.
Yo hice eso en el Estado de México. Tengo la experiencia. Primero fundé al interior una unidad de investigación, de inteligencia, que recababa, desde redes sociales, comentarios de Radio Pasillo, de chismes (siempre que hay un chisme, hay una base de realidad). Una vez que tenemos la información, ubicamos los focos amarillos y después identificamos cuál es el problema. En el Estado de México determinamos, ahora que todo lo llevamos por vía de justicia digital —el tribunal electrónico es muy robusto—, nos dimos cuenta, simplemente analizando todo el cúmulo de asuntos que existe en el Estado de México, que había expedientes muy chiquitos, donde había una demanda, el actor en vez de ser emplazado por el actuario judicial, iba al juzgado y se daba por notificado ahí mismo, no había audiencia, se dictaba sentencia y nadie apelaba. Era un expediente de 15 a 20 hojas, cuando mucho. Con eso detectamos un fraude inmobiliario, porque había terrenos que, por ejemplo, estaban a nombre de personas de la tercera edad o de personas cuya identidad no se conocía, se otorgaba un poder falso, se demandaba un usucapión o un otorgamiento de escrituras, lo que fuera, y eso después se inscribía en el Registro Público de la Propiedad y luego se vendía a un tercero. Resultado, el fraude perfecto: por haberse hecho con base en la ley. Cuando detectamos eso, inmediatamente desarticulamos esa red de corrupción, presentamos las denuncias penales, se integraron las carpetas y ahora un juez ya está condenado y dos están sujetos a procedimientos penales y están suspendidos, privados de su libertad; pero no sólo ellos, sino muchos individuos del personal judicial y también abogados particulares, personas que se prestaron a ese tipo de maniobras. Cuando eso sucede, inmediatamente en el Poder Judicial se dan cuenta que uno va en serio, y evitan hacerlo, o se vuelven más sofisticados también. Pero la idea es que se desincentiva todo acto de corrupción.
¿Cómo se ha querido combatir la corrupción en México? Con grandes estructuras, aparatos y discursos. Es así como no se combate. Se combate con investigación, con inteligencia, recabando datos y generando patrones de conductas irregulares que pueden ser objeto de corrupción. Es como yo lo hice y es como pretendo fomentarlo si llego a la Corte —porque eso va a ser una labor más bien del Tribunal de Disciplina o del órgano de administración—. Pero desde ahí se tiene el poder de influencia para poder hacerlo, orientarlo, fomentarlo, sobre todo con la exitosa experiencia que tiene el Estado de México.
Tristemente la corrupción existe en el sector público y en el sector privado, y eso nos pone de verdad muy mal como país: las personas no confían en sus instituciones porque creen que esencialmente son corruptas. Es más, la mala fama de los jueces deriva de cuando un abogado es torpe y pierde un juicio, y culpa al juez afirmando que se vendió a la contraparte, sin reconocer que el propio abogado fue un torpe y un negligente, o que no tenía la capacidad para ganar el asunto, o que le ganaron a la buena. Eso es una corrupción del abogado particular que no reconoce sus defectos y le echa la culpa al juez. Hay abogados que piden dinero para el juez —evidentemente ese dinero nunca le llega al juez—. Tampoco hay conciencia de lo importante que es tener un gremio de abogados capacitado, bien formado, para llevar asuntos y defenderlos en juicio ante los tribunales.
Hay muchas cosas por hacer en México en el marco de la institución de justicia. No solamente el Poder Judicial, sino todas las instituciones que lo rodean, el foro, los abogados, los litigantes, que también deben tener parte de responsabilidad en el sentido de prepararse, colegiarse inclusive, y certificarse y prepararse constantemente para que las personas puedan confiar en ellos. Tristemente, ha habido un vaciamiento de esa ética dentro del gremio de los abogados. Hay que recomponerla, pues hay grandes abogados, grandes juristas, personas muy éticas, y no obstante la gran mayoría de las personas que requieren servicios jurídicos no los reciben de calidad. Todo eso se puede corregir porque en México tenemos mucho talento; las personas son muy capaces. Hay mucha vocación de servicio, pero necesitamos orientarla desde las instituciones. Eso es uno de mis objetivos en caso de llegar a la Suprema Corte.
Otro, que los efectos del juicio de amparo sean más prácticos. Los asuntos que lleguen a la Corte.
Cuando se dicta una sentencia tiene que ser más contundente. Se tienen que fijar criterios para que el amparo para efectos desaparezca. Es decir, se conceden amparos para efecto de que se repongan los procedimientos. Pues ya para qué, mejor defínelo, decídelo, resuélvelo, porque si no la justicia es larga e interminable. Las personas se cansan de una justicia tan dilatada y tan tortuosa. Digo, a mí como abogado particular me han tocado juicios que duran 14 años. ¡14! De veras es un absurdo. No se justifica, de ninguna forma, un procedimiento tan largo y engorroso.
Entonces tenemos que trabajar desde dentro y desde fuera por hacer una buena reforma de justicia. Yo conozco el sistema de justicia por dentro y por fuera, el sistema de justicia local y el federal. Creo que estoy en una buena posición para aportar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa experiencia que tengo y definir qué le toca a cada quien en materia de federalismo judicial. Volver a reforzar otra vez a las entidades federativas en todos sus esfuerzos legislativos y judicativos para que puedan contribuir a un acceso pleno a la justicia en todo el país. Sobre todo, favoreciendo la justicia de los estados, que es donde está la mayor carga de trabajo.
