Sara Inguaggiato examina la transformación del ecologismo en una estrategia electoral, donde la retórica verde convive con megaproyectos, daños ambientales y decisiones que contradicen los principios que dice defender.
A lo largo de los años, las áreas verdes han sido comprometidas y afectadas ante la priorización de construcciones y carriles para automóviles. La urbanización invade las ciudades utilizando recursos de manera intensiva, muchos de los cuales no son renovables. En México, la falta de políticas ecológicas específicas ha generado impactos visibles en los espacios naturales: “Las ciudades representan un espacio vivo en constante transformación y el crecimiento urbano genera una mayor demanda en el agua, la energía, la alimentación y en los servicios conexos” (Olsson, 2012)
Hasta ahora, el cuidado de los recursos naturales no ha sido una prioridad en la agenda pública. Esta situación ha motivado a ciertos grupos de ciudadanos a exigir justicia, aunque no se ha consolidado una respuesta política firme para cambiar dicha agenda pública.
En 1979, una brigada de vecinos perdió sus áreas verdes y, como forma de protesta, decidió formar un colectivo para defender los espacios naturales cercanos a sus hogares. Gradualmente sumaron a más personas a su movimiento y en 1986 fundaron el Partido Verde Mexicano, (actualmente Partido Verde Ecologista de México, [PVEM]) entonces encabezado por Jorge González Torres.
En sus primeros años, el PVEM enfrentó diversos retos para consolidarse, ya que no logró mantener su registro tras su primera participación electoral, en 1991; sin embargo, tres años después —en 1994— alcanzó reconocimiento nacional como el cuarto partido político más fuerte de México, lo que se logró tras un arduo trabajo para darse a conocer a través de medios de comunicación, asambleas y conferencias, momento en el que parecía que nos encontrábamos ante un partido político bien intencionado.
Desde 1994 y hasta la fecha, el PVEM, lejos de trabajar una verdadera agenda verde en prode México y sin una ideología clara, ha formado alianzas con diversos partidos políticos; eso sí, siempre aliado con el partido hegemónico del momento, sin importar la orientación política de este: desde el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Así, pareciera que existe con el único fin de continuar con su registro y no perder sus vastos privilegios.
En su trayectoria, el partido ha presentado diversas propuestas consideradas ambientales, aunque la aplicación efectiva de sus políticas ecológicas ha sido cuestionada por expertos y distintas organizaciones.
Algunas críticas señalan que sus acciones han estado más orientadas al marketing político que a verdaderos cambios estructurales, priorizando la división, la confusión y la fragmentación de la ideología política sobre la verdadera ideología verde, con la cual realizan greenwashing disfrazado de políticas ambientales que se adaptan a las modas del momento para mejorar la imagen de los partidos políticos, con lo cual demuestran su supuesto compromiso.
En México, la crisis ambiental actual requiere atención y acciones concretas, las cuales, desde el compromiso del Verde, son eternas promesas que se quedan en palabras, sin acción ni ejecución.
El partido afirma que su ideología se centra en la preservación ambiental y en el combate a la corrupción. Sin embargo, su eje rector —la naturaleza— ha pasado a segundo plano, ya que es un área en la que ha mostrado pocas acciones concretas.
Esto puede deberse a limitaciones en conocimientos especializados, o quizás a que las políticas ambientales no resultan tangibles a corto plazo ni evidentes a simple vista, lo que dificulta atraer y mantener al electorado mexicano, lo que conlleva el riesgo de que el partido pierda su registro.
En 2001, Jorge González Torres, fundador de ese instituto político, cedió la presidencia a su hijo, Jorge Emilio González Martínez, continuando con la tradición de tratarlo como un patrimonio familiar más que como una real fuerza política de cambio. Sin embargo, antes de pasar la batuta, enfrentó una última controversia pública: en 2004, en una clase de posgrado, mencionó: “A mí la ecología es lo que menos me importa, yo represento intereses”, lo que dio pie a cuestionamientos sobre la verdadera orientación ambiental del partido.
Posteriormente, su hijo, conocido como “El Niño Verde”, fue acusado de intentar comprar terrenos protegidos en Cancún para desarrollos turísticos, acción que le costaría su reputación y lo mantendría en el ojo público por vender el ecosistema, en total contravención de los supuestos intereses de su partido. Fue investigado por la Fiscalía General de la República, aunque al final fue absuelto por falta de pruebas.
Una de las propuestas más controvertidas del PVEM sucedió en 2009, cuando promovió la pena de muerte para secuestradores, una contradicción con los principios “verdes” que defienden la vida y los derechos humanos. Esa postura provocó su ruptura con el Partido Verde Europeo —el cual colabora con 36 partidos políticos de 32 países— así como la suspensión de su participación en redes internacionales y su expulsión de Global Greens, una red de partidos ecologistas suscritos a la Carta de los Verdes Mundiales de 2001;1 situación que hoy corre el riesgo de repetirse por la reciente iniciativa de uno de sus miembros de tipificar como delito federal la imposición de la paternidad a alguien que no es realmente el padre biológico de un menor.
Como negocio familiar que es, el PVEM ha estado envuelto en múltiples escándalos de financiamiento irregular. Es el caso de las aportaciones anómalas que recibió en especie en 2015, por la escandalosa suma de más de 2,284 millones de pesos provenientes de las cadenas televisivas más importantes del país, obteniendo con ello una ventaja publicitaria indebida sobre sus adversarios políticos, en franca violación del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe a los partidos obtener tiempos de transmisión en medios con fines electorales. Esto no ha sido un incidente aislado, pues se han documentado al menos siete fraudes electorales con impunidad por parte del Estado.
Posteriormente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2016, el PVEM apoyó proyectos de impacto ambiental significativo, como un desarrollo en el Malecón de Tajamar, Quintana Roo, donde se vio afectado más de 90 por ciento del manglar local, además de que obtuvo autorizaciones para minería a cielo abierto en varias regiones de la República. Ese mismo año, académicos y asociaciones civiles manifestaron su preocupación por el daño irreversible a la ecología, a la sociedad y a la ética del país que el partido estaba infligiendo ante la vista de todos.
También ha sido reconocido por pagar de manera no regulada a influencers para promocionar candidatos en redes sociales, práctica que ha derivado en multas por parte de las autoridades electorales. Tras esto, el PVEM continuó apoyando iniciativas cuestionables en términos éticos y ambientales, como la reforma eléctrica de 2022, y proyectos como el Tren Maya, que afectó ecosistemas y comunidades indígenas del sur del país.
Actualmente, el Partido Verde mantiene una alianza estratégica con Morena, partido que respalda su discurso ambiental, aunque la coherencia entre sus palabras y sus acciones legislativas es muy cuestionable.
No es inusual que se hable del cuidado del medio ambiente en campañas, pero los expertos y los legisladores coinciden en la necesidad de que las propuestas y las acciones sean coherentes y constaten avances reales en la protección ecológica. Es importante que la ciudadanía fortalezca su conciencia sobre la gravedad de la crisis ambiental, de modo que se exijan políticas públicas que protejan los recursos naturales y promuevan la sustentabilidad en el territorio mexicano.
El cambio climático es un desafío global que países como Islandia, Noruega, y Francia han abordado mediante la implementación de energías limpias y protocolos internacionales para mitigar daños. México, como país en desarrollo, se enfrenta al reto de equilibrar crecimiento y sustentabilidad, pero en la mayoría de los casos el tema ambiental se ha visto más como un mercado que como una prioridad social.
Queda claro que las autoridades no asumirán la responsabilidad de priorizar el cuidado del medio ambiente por encima de intereses, como la extracción petrolera o megaproyectos como un gasoducto de 800 kilómetros en el Golfo de California. Entonces, es deber y derecho de la sociedad alzar la voz y exigir decisiones que pongan en el centro el bienestar ambiental y el futuro de la población, algo en lo que debemos involucrarnos activamente todos los ciudadanos para que se convierta en un tema de agenda pública y deje de utilizarse como simple campaña de mercado o como discurso político vacío.
El Partido Verde, todavía incipiente, no logra consolidarse como un verdadero defensor ambiental y en múltiples ocasiones ha fungido como un aliado del gobierno, pues ha utilizado el marketing político y un discurso “ecologista” para engañar a la ciudadanía. Esta simulación desvía la atención de los problemas reales: aunque la población contribuye a la contaminación cotidiana, el mayor daño proviene de la entrega de recursos naturales a precios muy bajos otorgados a empresas multinacionales por parte del Estado, sin ningún tipo de regulación.
La ausencia de políticas ambientales en la agenda pública facilita que los medios difundan información parcial o sesgada, limitando la capacidad de la sociedad para exigir cambios reales. Los recursos naturales son patrimonio de todos y el rechazo que México recibe de organismos nacionales e internacionales evidencia la necesidad urgente de fortalecer sus políticas y proteger a las voces que reclaman justicia y respeto para un medio ambiente digno.
Fuentes
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Notas:- Esta carta fue elaborada por la entidad de Canberra, Australia. Los partidos que se comprometieron deben respetar y priorizar el cuidado de la democracia, la equidad, el cambio climático y la energía, la diversidad biológica, la sustentabilidad económica, los derechos humanos, la alimentación y el agua, la planificación a largo plazo, la paz y la actuación global.[↩]
