Mateo Mansilla-Moya examina cómo la transformación democrática en México ha dejado fuera la regulación del error judicial, perpetuando la impunidad y la desconfianza en el Poder Judicial.
La responsabilidad patrimonial del Estado excluye la indemnización por errores judiciales, dejando a las víctimas sin reparación efectiva ante fallos del sistema de justicia.
Un caso de trata de personas sirve de ejemplo para cuestionar cómo una mala interpretación del derecho puede conducir a decisiones judiciales equivocadas.