México es un país situado en Norteamérica, caracterizado por su amplia cultura, gastronomía y biodiversidad; sin embargo, se encuentra en una situación social y política lamentable. A lo largo de los años, México se ha convertido en una de las cunas más grandes del mundo para el narcotráfico; desgraciadamente su belleza se ha visto opacada por las prácticas ilegales que vulneran la situación de millones de mexicanos día con día. Uno de los sectores más afectados son los menores de edad.
El narcotráfico mexicano analizó a la sociedad de manera exhaustiva y descubrió un gran problema social que acecha a casi la mitad de la población, ya que ésta se encuentra en situación de pobreza extrema. Gran parte de estas personas está dentro de círculos de violencia y conforma un grupo vulnerable; en esos círculos se realizan prácticas que transgreden los derechos humanos y prevalecen carencias físicas, económicas, sociales y psicológicas. Debido a lo anterior, los narcotraficantes comenzaron a reclutar a menores de edad en comunidades alejadas y marginadas con el fin de que formaran parte de sus diversas organizaciones criminales, enseñándoles y obligándolos a cometer una gran diversidad de delitos.
El fenómeno de los niños sicarios en México lamentablemente no es algo nuevo; sin embargo, se ha intensificado en la última década debido a la expansión y a la fuerza que ha adquirido el narcotráfico. En la actualidad no existe una cifra exacta de la cantidad de menores de edad que se encuentran en manos del crimen organizado, debido a que muchos de estos menores no viven para contarlo o siguen siendo parte de esas organizaciones criminales.
No obstante, la organización no gubernamental dedicada a trabajar con menores en conflicto con la ley, Reinserta, advierte que son aproximadamente 30,000 niños y adolescentes incorporados a las filas del crimen organizado.
Como es de esperarse, los que provienen de estados con mayor índice de pobreza son los más susceptibles de caer en las manos del crimen organizado: Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, entidades en las que el Estado mexicano ha fallado, pues ha permitido que el narcotráfico se haya convertido en un gobierno autoritario, donde ni siquiera las fuerzas del Estado mexicano pueden combatirlo. Aunque los menores en México se encuentren protegidos por diversos organismos, como la Organización de Naciones Unidas, y tratados internacionales como la Declaración de los Derechos de los Niños, la Convención sobre el Derecho de los Niños, entre otros, no hay nada que procure de manera real su bienestar.
El reclutamiento de menores, no siempre es violento. Al menos no al principio. Muchos niños y adolescentes se involucran con estas organizaciones debido a las necesidades económicas, promesas de dinero, poder y respeto e, inclusive, pertenencia a un grupo. Esto se debe a que en México se ha creado una afición deplorable hacia lo que se conoce como narcocultura, la cual idolatra a figuras representativas del narcotráfico y el estilo de vida que estos criminales pueden proporcionar a los jóvenes, lo que constituye para ellos la única forma de salir de situaciones de pobreza extrema e, incluso, de violencia familiar.
Hay diversos métodos para reclutar a los menores, entre los cuales destacan las redes sociales, la presión social en las colonias marginales, así como la promesa de algún premio simbólico. Una vez que alguien está dentro de una de estas organizaciones es casi imposible que salga, ya que la desobediencia o la rebeldía en contra de la organización criminal se paga con tortura o con la muerte.
Las consecuencias de este modo de vida para los menores son profundas y duraderas y van desde la pérdida de confianza fuera del grupo criminal, los trastornos de estrés postraumático, la criminalización y el estigma social, hasta el alto riesgo de reincidencia, ya que muchos de estos jóvenes, al ser juzgados por el sistema de justicia penal para adolescentes, pueden salir de la prisión pronto y volver a la organización delictiva, ya que no conocen otra forma de ganarse la vida y no encuentran manera de acceder a un buen nivel de vida sin cometer un delito. Debido a que son reclutados a edad temprana, las organizaciones delictivas los manipulan psicológicamente, proporcionándoles un sentido de pertenencia y de lealtad, por lo cual es urgente que el Estado mexicano les ofrezca programas de rehabilitación y asistencia psicológica efectivos.
El Estado ha fallado en garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia de miles de niños, ya que, aunque existen leyes que contemplan su protección, la implementación de esa legislación es muy débil y no podido impulsar programas para prevenir el reclutamiento criminal en zonas de la población vulnerables. Esto sólo lo han hecho algunas organizaciones no gubernamentales, pero su cobertura es mínima frente al gran tamaño del problema. Por lo anterior, el narcotráfico encontró la forma más fácil de allegarse seguidores fieles, debido a que los niños y los adolescentes se encuentran en una edad en la cual son muy moldeables y muy adaptables. No es aventurado afirmar que en México el narcotráfico educa a la juventud.
El de los niños sicarios ha sido un tema que el gobierno mexicano ha decidido soslayar, ya que, al hablar de ellos, no sólo se habla de violencia en el seno de las organizaciones criminales, sino de un sinfín de problemas estructurales. Narcocultura, pobreza extrema, violencia familiar, nulas oportunidades laborales, falta de educación, desigualdad social e impunidad. El Estado no puede atender este montón de problemas, lo cual provoca que los niños sigan cayendo en las redes de la narcocriminalidad por falta de oportunidades, lo que hace inevitable el sepelio de las infancias, mirado desde la indiferencia.
Nuestro país debe dejar de ver este fenómeno como un problema de seguridad pública, pues, debido a su gravedad, tiene que ser abordado como una emergencia en materia de derechos humanos. La prevención del sicariato infantil no debe comenzar con patrullas y folletos, sino con justicia, educación y esperanza, por medios legales y seguros.
El Estado debe comenzar con una prevención estructural y social y combatir la pobreza aumentando el acceso a servicios básicos, alimentación, vivienda y salud, específicamente en zonas donde el crimen organizado tiene más presencia. De igual manera, debe invertir en educación pública de calidad con escuelas seguras y funcionales ofreciendo alternativas al reclutamiento criminal. Asimismo, debe ampliar programas sociales orientados a informar a las familias en riesgo y a menores en situación de calle, promoviendo centros culturales, deportivos y tecnológicos en zonas marginadas, para crear sentido de pertenencia a organizaciones no criminales. Por otro lado, es elemental que haya protocolos de detección de riesgos y protocolos de actuación frente al reclutamiento, capacitando a autoridades federales y locales, fuerzas de seguridad e, inclusive, docentes en instituciones educativas. También se deben crear refugios y albergues seguros para niños en riesgo o que escapan de entornos violentos, en los cuales sean atendidas sus necesidades físicas, emocionales y psicológicas.
En los casos en que no se pueda prevenir el reclutamiento, después de que los jóvenes han experimentado ese evento traumático, se debe procurar la reintegración de los menores vinculados al crimen por medio de centros especializados, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y el Estado. Estos centros deben tener que como prioridad la rehabilitación y no el castigo y el estigma social. En su seno se debe proporcionar atención psicológica e, inclusive, psiquiátrica, a los menores, con un seguimiento a largo plazo.
La sociedad debe tener un enfoque con base en los derechos humanos, proscribiendo los estigmas y dejando de criminalizar a los menores. El Estado debe aplicar la ley desde una perspectiva integral, reconociéndoles a estos menores su condición de víctimas, garantizando su acceso a una defensa adecuada e instrumentando una política nacional contra el reclutamiento infantil en el crimen organizado, así como designando el presupuesto necesario y los mecanismos de seguimiento adecuados en coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales.
En conclusión, los niños sicarios en nuestro país constituyen una de las caras más dolorosas y complejas del crimen organizado, pues no sólo son menores armados entrenados para matar, sino que representan una generación atrapada en la violencia estructural y en una cultura que idolatra al narcotráfico. La pobreza, la violencia y la desintegración familiar, la impunidad y la falta de oportunidades son áreas de oportunidades para los grupos criminales, que utilizan a los menores como soldados útiles y desechables.
Lo más alarmante del caso no es el número creciente de menores involucrados en la delincuencia organizada sino la normalización de la violencia y los conflictos armados internos, pues esa normalización ha provocado que se deje de ver a estos menores como víctimas y se les vea como criminales, perdiendo de vista el contexto que los obligó a formar parte de aquellas organizaciones delictivas. El Estado ha fallado en garantizar entornos seguros y programas de prevención efectivos a los jóvenes, en tanto que los grupos criminales les ofrecen lo que el gobierno no puede: una identidad, una red de apoyo y una manera de salir adelante económicamente.
Frente a esta realidad, la respuesta no debe ser sólo punitiva, sino basada en una política integral de protección infantil en los territorios del país más vulnerables. Si el Estado y la sociedad en su conjunto no interviene ahora, millones de niños seguirán siendo reclutados en las estructuras criminales. Por eso es indispensable rescatarlos de las manos del crimen organizado, porque éste no es sólo un asunto de seguridad, sino un asunto social, humano y ético. Un Estado que permite que sus niños se conviertan en asesinos es un Estado fallido.
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Fuentes
Reinserta, Niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México, 2023.
Red por los Derechos de la Infancia, Informe sobre derechos de la infancia en México, 2023.

