En este texto, elaborado y presentado por José Rodrigo Moreno Elizondo para el conversatorio “Memoria, justicia y sistema penitenciario” organizado por abogacía en colaboración con el Archivo General de la Nación y Tirant lo Blanch, el autor, Jefe del Departamento de Programas Educativos para la Ciudadanía del AGN, nos acerca al funcionamiento de una de las penitenciarías más famosas de México. Entre otros temas, aborda el devenir histórico del Palacio de Lecumberri.
En el Archivo General de la Nación (AGN) nos alegra participar en este acto para pensar los vínculos entre la memoria, la justicia y el sistema penitenciario. Nos hermana el reconocimiento de la relevancia de la memoria, de la reflexión crítica sobre la misma, de su análisis y su interpretación científica para traducirla en experiencia útil para transformar la realidad; en este caso, para aprender de la experiencia histórica de la impartición de justicia, la implementación de la pena y los aciertos y los errores del sistema penitenciario. Nada más a propósito para pensar la relación entre esa tríada que hacerlo desde esta institución, cuya historia se anudó con el destino final de la que fuera Penitenciaría y luego Cárcel Preventiva del Distrito Federal, a partir del conocimiento científico acumulado, pero también desde las pistas que nos brinda el patrimonio documental.
Desde que Lecumberri fue destinada como sede del AGN, en 1977, se realizaron diversos esfuerzos por recuperar la experiencia de la extinta prisión. Formaron parte de ello los trabajos de los promotores del rescate del edificio hasta los primeros esfuerzos de recuperación documental que se tradujeron en la publicación del número 18 del Boletín del Archivo General de la Nación, de finales de 1981 y principios de 1982, en el amanecer de la reapropiación y la resignificación del edificio por parte del archivo. Este material se ha convertido en fuente obligada de consulta y se reeditó en el alba del siglo XXI a propósito del centenario de la inauguración de la penitenciaría. También se auspició la publicación, un año más tarde, del libro de Antonio Padilla Arroyo, De Belem a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el México decimonónico (2001). Además, este periodo de transición, de construcción y de inauguración de la prisión ha estado presente en numerosas publicaciones que abordan la historia de la institución, como El Palacio de Lecumberri (1990) y Lecumberri: un palacio lleno de historia (1994).
Como se observa, en los ejercicios memorísticos y de reproducción documental por parte de la institución ha tenido preeminencia el momento de gestación de la prisión, con mayores vacíos en la recuperación de la experiencia posterior. Lo anterior se relaciona con el tema que compete a esta charla introductoria. Parece natural dejar en el pasado las experiencias negativas en torno de la prisión, las historias de fracaso del sistema penitenciario decimonónico del que era la máxima expresión, tanto como la corrupción de su vida interna y de algunos funcionarios, así como su triste papel como espacio de reclusión para la disidencia política, de manera especial durante los grandes movimientos sociales que cuestionaron dictaduras y regímenes autoritarios al propugnar por mayor democracia y por un México más justo. Sin embargo, es importante poder expandir el proceso de integración de la historia de la prisión en la memoria y este conversatorio nos brinda la ocasión a partir de las aristas que titulan mi intervención.
Vale la pena esclarecer el sentido de mi participación en la medida en que se trata de un tema que tiene una dimensión jurídica insoslayable. Me alegra converger con ustedes en el planteamiento sobre la necesidad de pugnar por ampliación de las áreas de trabajo y de los ámbitos de competencia de los juristas en relación con el pasado, la memoria y la historia. En ese sentido, la historia representa un extraordinario laboratorio para comprender las relaciones y las tensiones entre las normas que buscan regular la práctica en distintos ámbitos, así como las prácticas que entran en consonancia o en disonancia con ellas. De esas discrepancias podemos extraer los aprendizajes que buscamos. En lo que corresponde al tema que nos convoca, Lecumberri, es claro que la práctica desbordó a la norma matriz decimonónica y que incluso se construyeron nuevos regímenes de funcionamiento interno que regularon la vida de la prisión, no necesariamente reglamentados de manera oficial, los que explica las múltiples situaciones extraordinarias que se vivieron en su seno.
Aquí me gustaría abordar el tema a partir de la política desde la perspectiva histórica. Es claro que la prisión tuvo una dimensión política fundamental en tanto que buscó albergar a todos aquellos sujetos que representaban un peligro para la reproducción de la comunidad política de la que formaban parte: desde los delitos de sus primeros habitantes que habían tomado la vida de otras personas, hasta de quienes fueron considerados como una parte indeseable del cuerpo social y que había que extirpar porque cuestionaban el orden social y político de manera radical. Entre esos extremos se encontró la actividad de la prisión, pero también la intervención en la sociedad de una política que buscaba materializar un sistema penitenciario tan anhelado en el país, con una dimensión punitiva y regenerativa, así como un entramado institucional y jurídico, del que Lecumberri era punta de lanza.
Parte importante de la explicación del fracaso y la descomposición de Lecumberri podemos encontrarla en el ámbito político, donde se llegó al extremo de su uso como parte del aparato de represión del Estado contra la disidencia, una de las aristas que pintaron de negro a Lecumberri. Así, una de las preguntas que debemos plantear en el ejercicio es ¿cómo explicar el fenómeno que hizo posible dicho uso del espacio? Desde luego, encontraremos la respuesta inmediata en la corrupción; pero represión y corrupción son dos expresiones del fundamento en el ámbito político, donde formal e informalmente se minó el sentido original de la penitenciaría y se construyeron las condiciones de excepcionalidad y discrecionalidad que fueron caldo de cultivo de ambos fenómenos. Pero hagamos memoria y recuperemos algunos elementos ilustrativos.
Durante los primeros años la penitenciaría funcionó de manera óptima con la articulación del panóptico y el sistema Crofton en los periodos de reclusión que configuraron su diseño, con una vida estrictamente regulada por su reglamento interno. Así pareció suceder a lo largo de su primera década de vida, mientras mantuvo un número de presos manejable: 690 en todos los periodos hacia 1910. A pesar de no haberse construido los cuerpos penitenciarios destinados a mujeres y menores que figuraron en el proyecto original, el éxito de la penitenciaría era un dato conocido e incluso se halagaba su funcionamiento. De tal manera, en 1907 comenzó un proceso de ampliación que permitió a la prisión alcanzar un total de 1,066 celdas, las cuales fueron inauguradas el 29 de septiembre de 1910, en el marco de las fiestas del Centenario del inicio del movimiento de independencia.
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Todo parece haber cambiado a partir de su utilización como prisión política, lo que implicó también su uso informal como cárcel preventiva, lo cual vino de la mano de la sacudida que implicó un nuevo proceso revolucionario. Dicho proceso puso a prueba una de las razones de peso más importantes que determinaron la ubicación de la penitenciaría y su edificación. Uno de los problemas que buscaba atender era el escape de los presos, pero, sobre todo, no ser afectada por los trastornos que predominaron en el siglo XIX y que también habían alcanzado a las cárceles. En la memoria de 1886, que daba cuenta sobre los trabajos realizados en la construcción de la penitenciaría, se planteaba que, además de considerar los problemas administrativos derivados de la aplicación de leyes, tratándose de una prisión federal, lo más conveniente era su ubicación en la capital del país, “y por ser la Ciudad de México el centro administrativo y de población industrial de más importancia, se decidió que la penitenciaría se estableciese en uno de los llanos contiguos a la capital, para atender eficazmente su organización y defenderla de los ataques de los revolucionarios”.1 En efecto, la penitenciaría había sido una fortaleza inexpugnable frente a los vicios heredados por las cárceles, como los motines, las rebeliones o “un golpe de mano de alguna revolución”.2 Cuando se produjo la Revolución esta afirmación fue puesta a prueba y prácticamente minada, no por la fuerza de las armas, sino primordialmente de las ideas políticas; las armas fueron un elemento secundario.
La introducción de presos políticos implicó la primera ruptura normativa en relación con el tipo de reos y de espacios e inauguró no sólo el uso discrecional de la penitenciaría, sino también abrió la posibilidad del cuestionamiento de la microfísica del poder que se desarrollaba dentro del espacio carcelario. En diciembre de 1911 el delegado del Consejo de Dirección de la Penitenciaría informaba al secretario de Gobernación sobre la creciente indisciplina entre los reos y el cuestionamiento a empleados, jefes, reglamento y delegados. El delegado lo atribuía precisamente a los presos políticos que se encontraban en una situación excepcional, fuera del reglamento, y sostenían conversaciones con los reclusos e incluso promovían la rebelión entre ellos. De ahí que el delegado recomendara, entre otras cosas, evitar el envío de los presos políticos, aunque entendía que no se pudiese tomar en cuenta dicha consideración en el contexto vigente.3
Vale la pena preguntarse quiénes eran esos reos políticos que poblaban la penitenciaría. Uno de los primeros fue el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, acusado de estar vinculado con Francisco I. Madero, quien a principios de enero de 1911 se encontraba preso mientras se desarrollaba su proceso y sus declaraciones.4 Otro fue Ireneo Paz, director del periódico La Patria, acusado de los delitos de rebelión, amago y amenazas, quien llevaba su proceso judicial sin ser declarado formalmente preso, aunque con la defensa de sus hijos Arturo y Octavio Paz, don Ireneo pudo salir libre.5
No todos los reos políticos corrieron la suerte de don Ireneo Paz, pues entonces ya eran más de 100 acusados de diversas partes del país por su participación en el movimiento maderista. Éstos iban desde la captura por la difusión de prensa antirreeleccionista hasta la exclamación pública de su adhesión a Madero en las cantinas. Al parecer, en un primer momento se les aplicó el reglamento de manera similar al resto de los presos, lo que se consideraba muy duro por no haberse pensado el establecimiento para albergar a las personas por manifestar ideas contrarias al gobierno, lo que llegó hasta la prensa internacional.6 No sorprende así que se abriera la puerta a una situación extraordinaria y a la ruptura del reglamento para brindar algunas concesiones.5
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Algunos de los numerosos reos para los que se destinó toda una crujía alcanzaron la libertad con el empuje de la marcha ascendente de la Revolución. Muchos fueron liberados a mediados de abril del mismo año,7 ya con varias victorias de los maderistas frente al Ejército federal y con el arribo de las fuerzas revolucionarias a las afueras de Ciudad Juárez. Cuando el triunfo se consumó, llegó a la penitenciaría la noticia de la promesa de amnistía para los casi 100 reos políticos que se encontraban en ella.8
Sin embargo, el gobierno de transición y la entrada de Madero hasta finales de año parecen haber permitido la continuidad de la situación,9 lo que incluso se sumó a las tempranas depuraciones del proceso, como en el caso de los partidarios de Emilio Vázquez Gómez que terminaron encarcelados.10 A finales de noviembre todavía había varios presos políticos que solicitaban su libertad a los jueces, mientras se encontraban en las crujías.11
A pesar de lo anterior, sabemos que todavía a finales de 1911 se albergaban esperanzas de que la situación cambiara. En respuesta a la propuesta del delegado del Consejo de Dirección de la Penitenciaría, la Secretaría de Gobernación respondía que, tras una visita al establecimiento y con la esperanza de los cambios políticos del nuevo gobierno, pronto se restablecería la subordinación en la prisión, por lo cual era innecesario tomar medida alguna al respecto. Sin embargo, todavía continuaron confinándose disidentes políticos, muchos de los cuales elevaron peticiones hasta el presidente de la República, entre partidarios de la oposición política, ex maderistas devenidos zapatistas como Gildardo Magaña o el propio Pancho Villa.12 Así, la prisión continuó involucrada en acontecimientos de profundas implicaciones políticas, como el magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en 1913. Después de este periodo realmente fueron contados los reos políticos que permanecieron en la penitenciaría, pero continuó participando de la política con peticiones de adhesión al bando dominante, de acuerdo con lo que nos permiten afirmar los expedientes que hemos localizado en el acervo del AGN.
La presencia de los reos políticos en el alba de la Revolución y las concesiones que hizo el gobierno para limpiar su imagen pública mostraban en acto la posibilidad de transgredir el reglamento y, a su vez, alimentaba la conciencia de los reos de su poder para subvertirla. Este conocimiento se convirtió en el arma más poderosa de los reos y, de manera simultánea, la aparente suavización del trato se tornó en la posibilidad de continuar con el uso político de la prisión para la represión bajo la apariencia de un trato menos riguroso. La primera circunstancia se alimentó con la sobrepoblación de la prisión que ya no tendría vuelta atrás. La segunda cuestión tuvo implicaciones en el uso puntual de la prisión para la reclusión ante coyunturas específicas, en las que se implementaron mecanismos de represión física y psicológica, como se mostró con los presos políticos del movimiento estudiantil popular de 1968.
Sobre el primer aspecto es bien sabido el creciente poder de los reos y la construcción de una estructura de poder que articulaba presos comunes, mayores de crujías, policía, jefes de vigilancia, dirección e instituciones externas, lo que en algunos casos implicó tráfico de drogas, violencia y asesinatos. Eso permitió a personajes como David Alfaro Siqueiros aprovechar las circunstancias para salir a ratos de su reclusión de 1940, pero también a presos comunes que aprovechaban para ir a las cantinas. Como permiten saber los documentos de los fondos, esta situación extraordinaria no era ignorada por el aparato de vigilancia y represión: la Oficina Confidencial, la Oficina de Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, así como el Estado Mayor Presidencial. De ahí que quien también se aprovechó de la situación extraordinaria fueron los propios aparatos destinados a la persecución política.
Esta posibilidad se facilitó aún más con el cierre de la cárcel de Belén en 1933 y el traslado de sus reclusos a Lecumberri, con lo cual la penitenciaría se convirtió de facto en una prisión no sólo para sentenciados sino también para procesados,13 circunstancia que apenas se formalizó en 1957 con la adopción legal del carácter de cárcel preventiva. De ese modo se retroalimentaron sobrepoblación, corrupción y represión política.
La puerta estaba abierta y el uso de la prisión como espacio de reclusión política no cesó con la existencia de múltiples casos particulares, aunque tuvo momentos de inflexión claramente identificables durante su vida:
• El primero, en el marco de las manifestaciones obreras del 1º de mayo de 1929 y la posterior persecución de los comunistas, cuando terminaron presos Valentín Campa, Alberto Lumbreras, Miguel A. Velasco, Lorenzo Gómez y José Revueltas, de manera discrecional y sin registro, con la implicación del Estado Mayor Presidencial.
• El segundo, frente a la imposición de dirigentes sindicales y la persecución política de ferrocarrileros entre 1949 y 1953.
• El tercero, con la represión de la huelga ferrocarrilera de 1959 en la persecución iniciada a principios de año.14
• El cuarto, vinculado con las detenciones de organizaciones guerrilleras como el Partido Obrero Revolucionario -trotskista (POR-t) en 1965, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y militantes de organizaciones derivadas de la experiencia del Grupo Popular Guerrillero.
• Una masificación de la prisión política similar a la vivida en 1910 se reeditó al calor de la represión desarrollada hacia el movimiento estudiantil popular de 1968.
• Finalmente, la transición hacia la reclusión de las guerrillas, la construcción de la crujía “O” y el confinamiento de quienes no fueron aniquilados.
En todos esos momentos la prisión también sirvió como una trampa en la que los reos fueron carnada que permitió dar seguimiento a otros ciudadanos, sin distinción. Al entrar en la órbita de la prisión se activaba el mecanismo de identificación, vigilancia y seguimiento extramuros para los diversos actores sociales, lo que en el menor de los casos se restringía a la vigilancia, pero podía transitar a la detención-desaparición temporal, al encarcelamiento o a la detención-desaparición permanente. Los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales nos permiten conocer testimonios de estas situaciones, así como de los mecanismos de cooperación y flujo de información sobre los presos, su ubicación, la vida carcelaria diaria, las visitas, los documentos requisados en coyunturas y los sujetos considerados peligrosos.
A pesar del confinamiento y de los mecanismos sutiles de represión, de acuerdo con el caso, los presos desarrollaron una política de resistencia que les permitió transitar por las cárceles. Desde la batalla de ideas y la lucha legal entablada por los presos políticos de principios de siglo, pasando por las huelgas de hambre a lo largo de los distintos momentos clave de la prisión política, así como la resistencia corporal y mental ante los mecanismos de tortura física y psicológica. Podemos documentar estos momentos, experiencias de vigilancia, represión y de lucha por la libertad a partir del fondo de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales.
Por último, pese a la oscuridad hubo importantes esfuerzos para dar lugar a la luz por parte de directores relevantes: Carlos Martín del Campo y Sergio García Ramírez. Ambos entraron en tensión con las extraordinarias dinámicas y los lastres de un establecimiento lleno de corrupción. Tuvieron que coexistir con los usos de represión política de la penitenciaría, con los ferrocarrileros, con los movimientos disidentes y con los saldos del 68 y las guerrillas. El primero buscó rehabilitar a los presos por medio de la educación, las artes y la creación. El segundo brindó a la prisión un digno cierre en sus últimos meses en 1976 e implementó una política para reintegrar a los presos por medio de la recreación y la cultura. Pero esta última experiencia es mejor conocerla de la propia voz de este destacado protagonista de la historia. Ambos estaban convencidos de que la redención del espacio carcelario estaba íntimamente ligada con la cultura. Y no se equivocaron.
A modo de cierre
A pesar del oscuro pasado que envolvió a la prisión, la transformación del edificio histórico y de las crujías en sede del AGN significó la posibilidad de redención del espacio: una redención material por la transformación arquitectónica y una redención simbólica de la memoria. Hoy día, una de nuestras responsabilidades, como casa de la memoria histórica, consiste en integrar de manera crítica esa experiencia en la memoria colectiva de nuestra población con el fin de extraer los aprendizajes necesarios para la construcción de un aparato de justicia y penitenciario que redima a la humanidad, destierre la injustica y construya una sociedad más justa y democrática con la fuerza de las ideas como nuestro instrumento más potente. Desde luego, las reflexiones más precisas en la materia vendrán de la mano de los especialistas.
Referencias
Archivo
Archivo General de la Nación (México Contemporáneo, Administración Pública Federal Siglo XX, Secretaría de Gobernación, Dirección Federal de Seguridad, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales).
Hemerografía
Boletín del Archivo General de la Nación (1981-1982)
Iberia. Diario de la Mañana (1911)
El Diario (1911)
El Diario del Hogar (1911)
El Heraldo Mexicano (1911)
El Tiempo (1911)
Bibliografía
Campa Salazar, Valentín, Mi testimonio. Experiencias de un comunista mexicano, México, Ediciones de Cultura Popular, 1978.
El Palacio de Lecumberri, México, Archivo General de la Nación, 1990.
Lecumberri, penitenciaría de México, México, Archivo General de la Nación, 2000.
Lecumberri. Un palacio lleno de historia, México, Archivo General de la Nación, 1994.
Padilla Arroyo, Antonio, De Belem a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el México decimonónico, México, Archivo General de la Nación, 2001.
Sergio García Ramírez, “El sistema penitenciario. Siglos XIX y XX”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XXXII, núm. 95, México, UNAM-IIJ, mayo-agosto de 1999, pp. 357-395.
Taibo II, Paco Ignacio, Pancho Villa. Una biografía narrativa, México, Booklet, 2006.
- Memoria sobre la Penitenciaría, presentada por el ingeniero José María Romero, diputado federal por el estado de Michoacán, México, Imprenta de J. Vicente Villada, 1886. AGN, México Independiente, Fondo Gobernación, Cárceles y Penitenciarías. Publicado en Lecumberri, penitenciaría de México, México, Archivo General de la Nación, 2000.[↩]
- Antonio Padilla Arroyo, De Belén a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el México decimonónico, México, AGN, 2000, p. 160.[↩]
- El delegado del Consejo de Dirección de la Penitenciaría al secretario de Gobernación, México, 26 de diciembre de 1911. AGN, México Independiente, Gobernación, Sección 3ª, Cárceles y Penitenciarías. Publicado en Lecumberri, penitenciaría de México, México, AGN, 2000.[↩]
- “Las confesiones de Robles Domínguez han comenzado”, Iberia. Diario de la Mañana, México, 4 de enero de 1911, p. 1.[↩]
- “El director de La Patria nombra defensores a sus hijos Arturo y Octavio Paz”, El Tiempo, México, 25 de febrero de 1911, p. 1.[↩][↩]
- Ángel Ornelas al director de El Tiempo, México, 20 de abril de 1911. Publicada en “Los presos políticos en la penitenciaría”, El Tiempo, 22 de abril de 1911, p. 6.[↩]
- Entre los liberados estuvieron los guanajuatenses Nabor Valtierra, Jesús Chagoya, Agustín Landeros, Antonio Méndez, Alejandro Matienzo y Ugarte; los veracruzanos Buenaventura Cruz, Anastasio Cisneros, Amador Cisneros, Eulalio Sánchez, Manuel M. Arano y Francisco Carrillo; los campechanos Manuel Navarro, Calixto Maldonado Espinosa y Urbano Espinosa; el saltillense Modesto Martínez Cantú, y los jaliscienses Zeferino Huerta, Eliseo Chávez, Leandro Gutiérrez, Úrsulo Godínez, Anselmo Arámbula y José Sevilla. “Se abrieron hoy las puertas de la prisión”, El Heraldo Mexicano, México, 11 de abril de 1911, p. 1; “21 inocentes fueron puestos en libertad”, El Tiempo, México, México, 12 de abril de 1911, p. 2.[↩]
- “Los presos políticos esperan la amnistía. Parece que los recluidos en la penitenciaría conocen la noticia”, El Heraldo Mexicano, México, 19 de mayo de 1911. Aquí se pueden consultar los nombres de los presos en la penitenciaría.[↩]
- A finales de mayo el licenciado Marto Baesa denunciaba la desigualdad en la impartición de justicia con el apresamiento de Juan Bautista Baca, hermano del maderista Guillermo Baca, así como la suspensión de los procesos de los reos, muchos de los cuales se encontraban archivados. “Injusticias de la justicia”, El Diario del Hogar, México, 20 de mayo de 1911, p. 3.[↩]
- Fue el caso de Ernesto González Aldana, ayudante de Emilio Vázquez Gómez, quien fue conducido al Distrito Federal como parte de las aprehensiones que se realizaban contra Emilio bajo la acusación de ser instigador de la protesta de varios ex jefes revolucionarios contra el presidente de la República. “Ernesto González Aldana pasará a la Penitenciaría”, El Diario, 15 de agosto de 1911, p. 8; “Otros cinco vazquistas”, Diario del Hogar, México, 12 de diciembre de 1911, p. 1.[↩]
- “Piden su libertad al juez respectivo”, El Tiempo, México, 22 de noviembre de 1911, p. 6.[↩]
- Véase el capítulo trece, “Tras las rejas”, de Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa. Una biografía narrativa, México, Booklet, 2006.[↩]
- Sergio García Ramírez, “El sistema penitenciario. Siglos XIX y XX”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XXXII, núm. 95, México, UNAM-IIJ, mayo-agosto de 1999, pp. 357-395.[↩]
- Sobre la estancia de Valentín Campa, los comunistas y los ferrocarrileros, véase Valentín Campa Salazar, Mi testimonio. Experiencias de un comunista mexicano, México, Ediciones de Cultura Popular, 1978.[↩]
