Luis E. Pereda reflexiona sobre el creciente papel de las fuerzas armadas en tareas de gobierno en México. Se destaca la falta de transparencia y supervisión efectiva desde el poder civil, lo que plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas y las posibles amenazas a las libertades civiles. El texto hace hincapié en la necesidad de repensar esta militarización y restaurar el control civil sobre estas tareas.
Después de pagarle al teniente dos boletos para el estreno de la más reciente película escrita, actuada y dirigida por las fuerzas armadas permanentes, nos dirigimos a la dulcería de la Cineteca, donde el soldado en turno nos entregó una bolsa de palomitas patriótico-acarameladas (elaboradas por una empresa de un general). Veníamos de la consulta en la clínica familiar que nos corresponde. El médico militar que nos auscultó ahí nos confirmó que sólo necesitábamos tomar vitaminas fortipatrióticas (fabricadas por una empresa de un general). Era temprano; saliendo de la Cineteca nos daría tiempo de ir al cuartel a pagar mis impuestos, de acuerdo con el cálculo del capitán, y de ahí a refrendar en la comandancia mi licencia de conducir, la cual ya estaba próxima a vencer, y si no lo hacía estaría imposibilitado a identificarme para cobrar mis cheques del Tren Maya en Banjército (el único banco que los acepta). Mañana sería otro día, propicio para ir temprano a Súperjército (propiedad de un general) a comprar verduras y tortillas patrióticas (elaboradas por una empresa de un general). Afortunadamente, pronto llegará el verano y podremos salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (construido por unos contratistas amigos de un general) y volar en un Hércules C-130 patriótico al balneario de las Islas Marías, operado por la Secretaría de Marina. ¡Qué lejanos quedaron aquellos días en que la única tarea que las fuerzas armadas realizaban de manera inconstitucional era la seguridad pública!
¿Usted cree que todo lo anterior es fantasía? Piénselo dos veces y revisé las publicaciones del Diario Oficial de la Federación del 81 de marzo de 2019, del 222 y 273 de septiembre de 2022, del 34 y 1856 de mayo de 2023 y, por supuesto, el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada el 26 de marzo 2019.7 Léalas a la luz del informe “Transformación militarizada: derechos humanos y controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México”,8 publicado por Washington Office on Latin America (wola) en septiembre de 2023. Las banderas rojas están ahí.
“Al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación”, afirma el texto de 57 páginas, disponible en inglés y español. En pocas palabras, lo que el texto dice es que la amenaza que las fuerzas armadas representan para nuestras libertades civiles cada año se hace más grande. No hay suficientes controles y los que existen no se cumplen. El poder civil no tiene la capacidad de contener al poder militar, y éste lo sabe. ¿Qué podría salir mal?
Si no hacemos algo distinto, la escena descrita en el primer párrafo de este artículo fácilmente podría convertirse en realidad. Nuestra actual situación es resultado indirecto de la indolencia que durante décadas cabildos, gobernadores y congresos estatales mostraron ante las precarias condiciones de los 2,459 cuerpos de policía municipal que existen (o existían) en el país. Policías municipales mal pagados, deficientemente entrenados y escasamente equipados fueron la puerta de entrada del crimen organizado que hoy opera con total libertad en 35 por ciento del país, según datos compartidos el 16 de marzo de 20219 por el general Glen D. VanHerck, comandante del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad) y del Mando Norte de Estados Unidos (Usnorthcom).10
A la indolencia de las autoridades municipales y estatales se sumó la corrupción de policías y ministerios públicos federales… ¿Y la del ejército? Cuando se parte de premisas equivocadas, se llega a conclusiones equivocadas. ¿De verdad era tan difícil anticipar que, si se ponía a los militares en las calles y en las carreteras, sin ningún tipo de control efectivo sobre su actuación, obtendríamos los mismos comportamientos nocivos de sus contrapartes civiles? Aparentemente sí era muy difícil anticiparlo, porque el mismo error se cometió durante tres sexenios seguidos. ¿O en realidad para el tercer sexenio ya no había nada que hacer y no se trató de una decisión sino de una instrucción?
Ahora los militares no sólo están en calles y carreteras; también están en aduanas, puertos, aeropuertos, aerolíneas, oficinas, administración, construcción y turismo. Todo sin transparencia ni supervisión efectiva desde el poder civil. Para muestra, un botón: “Los datos brindados a wola muestran discrepancias de una magnitud considerable entre el número de detenciones militares reportadas directamente por las fuerzas armadas y el número de detenciones militares reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a partir del Registro Nacional de Detenciones (RND)”.
Como ciudadanos nos indignamos y nos molestamos con toda razón cuando, por obra y arte de la corrupción de nuestros políticos, recibimos servicios de mala calidad a precios elevadísimos; por ejemplo, varillas radioactivas, leche con bacterias, vacunas caducas, carreteras defectuosas, monumentos faraónicos y trenes inconclusos. Pero, ¿qué elementos nos lleva a pensar que las fuerzas armadas son inmunes a la seducción del dinero fácil? ¿Qué evidencia nos sugiere que delegarle más y más tareas a las fuerzas armadas nos traerá de regreso servicios públicos de calidad, con eficiencia, eficacia y transparencia? ¿Acaso las fuerzas armadas de hoy recibieron un entrenamiento de naturaleza civil para realizar tareas de gobierno, bajo parámetros distintos a la vertical obediencia castrense? ¿O estamos hablando de la misma corporación con el mismo sistema y el mismo método de 1968 y 1971?
En 2019 ya era preocupante el aumento de tortura, uso excesivo de fuerza letal y desaparición forzada. Esta preocupación llevó a simular una respuesta por parte del Congreso de la Unión, la cual se tradujo en la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Esta ley establece que cuando la detención se practique por fuerzas armadas que realicen tareas de seguridad pública, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, inmediatamente deberán dar aviso de la detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente. Una obligación que, de acuerdo con wola, muy rara vez se cumple.
¿Cuál es el verdadero problema detrás de la cada vez mayor y constante presencia del Ejército y la Marina en las tareas de gobierno que le corresponden, por diseño constitucional, a las instituciones civiles? El verdadero problema en cinco palabras: falta de rendición de cuentas. Lo que en el ámbito civil no queda duda que tenemos derecho a exigir; en el ámbito castrense es una batalla continua indagar incluso las cuestionas más básicas; por ejemplo, las respuestas a preguntas asociadas al ejercicio de recursos públicos, quién, cuánto, dónde y cómo se gastó el dinero.
Hoy la ecuación es sencilla y clara: entre más tareas de gobierno se entreguen a los militares, menos control de éstas tendremos desde el ámbito civil. ¿De qué lado de la línea cree usted que sus libertades civiles corren menos peligro?
- Decreto por el que se desincorporan del Sistema Federal Penitenciario los centros federales de readaptación social que se indican, ubicados en el Complejo Penitenciario Islas Marías.[↩]
- Resolución por la que se autoriza la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria, denominada Turística Integral Islas Marías, S. A. de C. V., misma que estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de Marina.[↩]
- Acuerdo por el que se otorga la autorización para el uso y aprovechamiento a favor de la Secretaría de Marina, sobre diecisiete (17) terrenos con una superficie de 288,019,332 m², del archipiélago de Islas Marías, ubicados en la Isla María Madre, localizada a 112 km de la costa del estado mexicano de Nayarit.[↩]
- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, en Materia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.[↩]
- Resolución mediante la cual se autoriza la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria denominada Aerolínea del Estado Mexicano, S. A. de C. V., agrupada al sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional.[↩]
- Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público.[↩]
- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.[↩]
- Disponible en https://www.wola.org/wp-content/uploads/2023/09/Transformacion-militarizada_.pdf.[↩]
- Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, Congressional Research Service, 7 de junio de 2022.[↩]
- Glen D. VanHerck > U. S. Department of Defense > Biography.[↩]
