María Angelina Domercq: La primera notaria

I

Originaria de un matrimonio poblano, donde el padre, un agente viajero francés que, de acuerdo con los registros genealógicos, engendró una abundante descendencia, María Angelina Domercq Balseca nació el 14 de noviembre de 1918, dotada de una serena belleza y notable inteligencia.

Al egresar de la secundaria 6 en 1934, fue admitida en San Ildefonso; sin embargo, algunos problemas de salud que fueron reconocidos por la administración escolar le impidieron cursar el ciclo lectivo de 1935. De haberlo hecho, habría coincidido en las aulas con Elena Garro.

Recuperada, terminó la preparatoria en dos años e ingresó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, como parte de la generación 1938-1942, donde ni el cinco por ciento de sus integrantes eran del sexo femenino. Una prueba de su talento la dio en la clase de Teoría General de las Obligaciones, una de las más complejas de toda la carrera y de la que, de más de 110 alumnos matriculados, sólo una decena alcanzaron la máxima nota. Angelina estuvo entre ellos. 

Su último periodo en la Facultad fue excepcional. Las calificaciones con las que concluyó demuestran la disciplina que alcanzó, sobre todo en una época en la que la evaluación era anual. Diez en Contratos, diez en Derecho Mercantil, diez en Derecho Internacional Privado, nueve en Filosofía del Derecho… La joven estaba decidida a ser una abogada de excelencia y alcanzar su sueño a la brevedad. 

Una vez que aprobó la última materia del plan de estudios, registró su tema de tesis La deducción jurídica y su trascendencia y solicitó fecha de examen de grado. Después de ser aprobada su petición, se formó el jurado, encabezado por Gabriel García Rojas e integrado, entre otros, por Eduardo García Máynez, quienes el miércoles 12 de mayo de 1943 examinaron a Angelina, la calificaron digna de licenciarse y le tomaron la protesta de ley. Uno de los sinodales calificó su trabajo “como un esfuerzo ejemplar”, alabando “la brevedad y acierto con que aborda temas urgidos de investigación jurídica”.

Su familia y amigos se congraciaron. La poblana logró lo impensable y su futuro pintaba brillante. No contaban con que ese éxito no era suficiente para la joven. Ella anhelaba conquistar un reto más. Uno que nunca una mujer en México había logrado: ser notaria. Aunque nadie dudaba de su capacidad para alcanzar esa posición, todos sabían que la empresa era imposible, ya que la legislación reservaba el desempeño notarial exclusivamente a los varones.

Mientras tanto, Angelina y su madre se instalaron en los altos de un inmueble de la calle de la Soledad. Para sostener económicamente a su hija mientras ésta se concentraba en sus estudios, además de solicitar las becas correspondientes, doña Carmen Balseca obtuvo un empleo administrativo bajo las órdenes del notario José G. Silva Bulnes. Dada la cercanía entre su domicilio, la escuela y la oficina, Angelina se hizo una presencia recurrente en el despacho y, poco a poco, se fue familiarizando con los protocolos, el sello de autorizar, el peculiar olor de la tinta y con todos aquellos elementos que distinguen ese oficio.

Aunque sólo tenía unos años a cargo de la notaría 36, José G. Silva Bulnes ya era un hombre mayor cuando contrató a Carmen Balseca para que le ayudara a poner en orden su oficina. La cantidad de trabajo era tal que, con frecuencia, Silva veía a Angelina estudiando en un rincón, mientras esperaba a su madre. Lo que más le asombró de ella fue lo pronto que se interesó por la disciplina notarial, la cual aprendió con rapidez. Así, halló en ella una eficiente asistente jurídica, para él y para quienes sucesivamente serían sus adscritos, Francisco Villalón e Higinio Guerra y Guerra.

Por eso, cuando Angelina se tituló, a Silva no le sorprendió su petición: “quería ser la primera mujer en desempeñar el cargo de notaria en México”. Silva no tenía que explicarle que, además de la misoginia que imperaba en el gremio, la legislación vigente, al negarles las prerrogativas de la ciudadanía, impedía que las mujeres accedieran a esa actividad. A cada una de sus objeciones, Angelina anteponía que apelaría a la validez de su pretensión, a la bondad del presidente del notariado local y a que demostraría en el examen respectivo que poseía iguales o mejores talentos que cualquier otro competidor.

Ante su determinación, Silva accedió a reconocer ante la autoridad administrativa que Angelina dominaba la profesión y que había realizado sus prácticas bajo su responsabilidad. Sin embargo, el jefe del Departamento del Distrito Federal, al recibir la notificación, determinó de forma arbitraria que no podía serle de utilidad para los efectos de la Ley del Notariado, ya que era requisito legal, para ser considerado apto, estar en el goce de los derechos de ciudadano, los cuales no tenía por razón de su sexo. 

La injusta resolución obligó a Angelina a interponer un amparo. En una primera fase, le fue sobreseído, aunque en su revisión, le fue concedido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una ajustada votación de tres ministros a favor (Alfonso Ramírez Baños, Franco Carreño Gómez y Octavio Mendoza González) y dos en contra (Gabino Fraga y Manuel Bartlett Bautista).

Infatuada, el 7 de agosto de 1945, Angelina presentó su examen para obtener la patente de aspirante. A sus 26 años, se convirtió en la primera mujer en sentarse frente a ese atemorizante jurado de cinco sinodales, más si quien lo presidía era el afamado Manuel Borja Soriano. El caso que se le planteó fue una compraventa de un inmueble para un menor. Los numerosos asistentes pudieron atestiguar cómo Angelina, después de sortear todas las réplicas, fue aprobada por unanimidad; mucho se comentó que su evaluación fue la mejor en ese periodo. Su éxito no dejaba de impresionar, pues nunca una abogada había logrado tanto sin descender de una familia de alcurnia o sin contar con el apoyo del mandamás en turno.

Lo más difícil había pasado. Ahora necesitaba que hubiera una notaría vacante para acceder en automático al gremio o que un notario de número la eligiera como su adscrita para, después de un tiempo, recibir la titularidad. Angelina estaba segura de que su antiguo jefe, José G. Silva, le daría la oportunidad, ya que ambos se beneficiarían. 

Sin embargo, con un debate legislativo de apenas veinte días, el 23 de febrero de 1946 se publicó la Ley del Notariado para el Distrito Federal y Territorios, la cual estableció un novedoso requisito para acceder a esa profesión: ya no bastaba con ser abogado, mayor de 25 años, de buena conducta y reputación; haber trabajado bajo la dirección de un notario por un plazo razonable; haber demostrado conocer el quehacer notarial ante un jurado para obtener la patente de aspirante; y esperar tranquilamente una plaza. Ahora, se adicionaba un concurso de oposición para acceder a la vacante en el cual, el que obtuviera la mayor calificación de entre los aspirantes concursantes, la cubriría.  

Al respecto, se aclaró que el objetivo de la nueva ley era mejorar el oficio, dando paso a profesionales más calificados, limitando el acceso al gremio a aquellos “aspirantes a notarios [que hubieren demostrado] previamente su capacidad” y así, sólo llegaran a tener ese carácter “[una vez que poseyeran] un conocimiento completo de los problemas del ejercicio”, suprimiendo a los adscritos con la intención de “evitar los penosos aunque reducidos casos de ventas de notarías efectuados por los titulares de las mismas”. No obstante, veladamente y tal como lo insinúa un destacado jurista de la época en sus memorias inéditas, lo que se buscaba en realidad era “deshacerse de los indeseables”.

(Publicado en El Universal en seis entregas, desde julio de 2022).