El fracaso de la lucha contra la trata de personas

A 14 años de la primera ley nacional enfocada en combatir la trata de personas no hemos podido frenar esta conducta delictiva en México, a pesar de los esfuerzos institucionales y legislativos que se han promovido en los diferentes sexenios. Al contrario, las cifras de la incidencia delictiva que mensualmente reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran un aumento lento, pero constante, de las carpetas de investigación que se inician por alguna de las diversas formas de explotación en materia de trata, como expone el autor de este artículo.

Si consideramos las cifras de la trata de personas en México que se presentan a continuación la situación no parece alarmante.

Sin embargo, recordemos que las estadísticas oficiales contrastan con la cifra negra, y los delitos en materia de trata de personas no son la excepción. De acuerdo con el Global Slavery Index,¹ en México se estima la existencia de 341,000 casos de esclavitud, cifra muy elevada en comparación con las carpetas de investigación abiertas en los últimos seis años.²

¿Por qué ha aumentado esta conducta delictiva si se cuenta con un marco legal e incluso comisiones intersecretariales para combatirla? Identifico que el problema tiene su origen en tres causas: falta de presupuesto, desatención institucional y legislación ineficiente. A continuación analizo cada una de ellas.

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Falta de presupuesto

Las dependencias de la administración pública en México, tanto a nivel federal como estatal, pocas veces cuentan con presupuesto etiquetado en materia de prevención, identificación y combate a la trata de personas, lo cual dificulta llevar a cabo acciones que contribuyan a disminuir la incidencia de este delito.

Después de analizar los presupuestos de egresos de la Federación de 2001 a 2021 se advierte que sólo en seis periodos se registró el etiquetamiento de recursos en materia de trata de personas en los siguientes rubros:

La falta de presupuesto etiquetado, así como los bajos montos que históricamente se han asignado al combate a la trata de personas, tiene como resultado que este delito siga en aumento. El presupuesto asignado en los años expuestos palidece ante los 800 millones de pesos congelados a una sola familia en México por este delito.³

Desatención institucional

Al carecer de recursos etiquetados para combatir este delito, las instituciones públicas generalmente asignan las acciones en materia de trata de personas a las unidades de género o de derechos humanos, las cuales tienen funciones definidas y observan como una labor añadida lo vinculado con la trata. Lo anterior representa un grave problema ya que se convierte en una tarea secundaria, a la cual no se le otorga el peso que merece.

También es clara la deficiente implementación de políticas públicas en la materia, la cual responde, en gran medida, al desinterés histórico de los gobiernos para establecer el combate a la trata como uno de sus objetivos prioritarios. Si dirigimos nuestra atención a los planes nacionales de desarrollo 2001-2006 y 2007-2012, no se identifican acciones concretas para combatir la trata de personas. En 2013-2018 se contemplan sólo dos acciones aisladas en el rubro de perspectiva de género enfocadas en la tipificación y la armonización del marco legal, así como en la generación de campañas de sensibilización.

En el actual Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) no se menciona el combate a la trata de personas. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública vigente contempla como una estrategia específica la prevención del delito mediante acciones que, entre otras, ayuden a la desarticulación de los entramados delictivos dedicados a la trata de personas. Asimismo, se advierte un mayor impulso en las acciones llevadas a cabo por la Comisión Intersecretarial.

Legislación ineficiente

En 2007 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que tenía por objeto la prevención y la sanción de esta conducta delictiva y que era definida en los siguientes términos: “Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzosos, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes”. A pesar de los defectos que podían predicarse de la ley, se alineaba a la definición propuesta en el Protocolo de Palermo, que refiere tres elementos que conforman la trata: conductas, medios y fines.

Sólo cinco años después, en 2012, se promulgó una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos que abrogó la anterior. Contiene una definición de trata menos ambiciosa que su predecesora en la que sólo contempla dos de los tres elementos: conductas y fines. Los medios desaparecen.

De esta forma, la leyvigente habla sobre “delitos en materia de trata de personas” y no del delito de trata, lo cual parece simple redacción pero es más profundo: deja un amplio margen de discrecionalidad al interpretar la norma. El resultado: pocos casos judicializados y aún menos con sentencia condenatoria, como puede advertirse en los informes anuales de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas.

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1. Véase https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence.[↩]
2. Para profundizar sobre este asunto sugiero revisar el artículo “¿Por qué no logramos erradicar la trata de personas?”de Emilio Maus, disponible en https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/view/322/169.[↩]
3. Véase www.excelsior.com.mx/nacional/expolian-en-mexico-47-grupos-de-trata-de-personas/1407552.[↩]