Al cierre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre el desabasto de medicamentos y la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarlos en tiempo; también analizó la constitucionalidad del seguro para ahorradores frente a la quiebra de instituciones financieras y la protección de los ahorros para el retiro en las Afores. En materia fiscal, los tribunales emitieron criterios relacionados con facturas falsas y el procedimiento para identificar empresas fantasma.
FISCAL
Estándar de prueba en CFDI: materialidad de operaciones
Cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le solicita al contribuyente que acredite si efectivamente se adquirieron los bienes o servicios respaldados en CFDI —facturas—, esto es, que pruebe la materialidad de las operaciones, no puede exigirle que aporte documentos que no tienen relación con las operaciones realizadas.
La legislación fiscal no establece un estándar de prueba, por lo que el SAT tendrá que aceptar documentos privados y pruebas indirectas y analizarlos de manera correlacionada para concluir si se acredita o no la materialidad de las operaciones. Registros: 2027497 y 2027498.
Procedimiento para determinar empresas fantasma
Al procedimiento del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación para verificar la expedición o el uso de facturas falsas —CFDI falsos— no le son aplicables los principios de justicia tributaria del artículo 31, fracción iv constitucional. Por otra parte, este procedimiento no viola el principio de seguridad jurídica ya que permite que los contribuyentes acrediten la legalidad de los CFDI. Registros: 2027463 y 2027462.
Facturas falsas y certificado de sello digital
Un tribunal resolvió que la reforma de 2019 que modificó la regulación de la cancelación del certificado de sello digital por el uso de facturas falsas debe ser considerado como un sistema normativo que podía impugnarse por su sola entrada en vigor. Como requisito para acreditar el interés jurídico, el contribuyente debía demostrar que había recibido CFDI de contribuyentes incluidos en el listado del 69-B (facturas falsas). Registros: 2027428 y 2027452.
ADMINISTRATIVO
Seguro para ahorradores por quiebra de bancos
Es constitucional que la ley establezca un tope máximo de 400,000 udis (poco más de tres millones de pesos) al monto del seguro que protege a los ahorradores a través del Instituto para la protección del Ahorro Bancario. Lo anterior, porque la finalidad de este seguro es minimizar la pérdida y no eliminar el riesgo total por realizar operaciones con instituciones bancarias. [Segunda Sala, Jurisprudencia]. Registros: 2027397 y 2027398.
Las autoridades no pueden usar redes sociales para exponer a personas
Si un funcionario público realiza publicaciones en redes sociales y difunde comentarios en medios de comunicación en contra de una persona, podrá promoverse juicio de amparo en su contra por afectar el derecho al honor y a la presunción de inocencia.
Actos de autoridad. Todas las manifestaciones hechas por un funcionario público deben considerarse como un acto de autoridad. Registro: 2027290.
Carga dinámica de la prueba. El funcionario queda obligado a demostrar que la información que difundió es veraz. Registro: 2027301.
Libertad de expresión vs. derecho al honor. Las autoridades sólo pueden difundir información verdadera, imparcial y que sea de relevancia pública; de lo contrario se violan derechos humanos. Registro: 2027309.
CONSTITUCIONAL
Desabasto de medicamentos y obligación de suministrarlos en tiempo
Si un paciente no recibe su tratamiento por parte del hospital del IMSS y se ve en la necesidad de comprar el medicamento, entonces el IMSS deberá reembolsar el gasto en el que incurrió. En enfermedades que requieren el suministro constante de medicamentos, el derecho a la salud se viola por la falta de entrega y también por la entrega tardía de las medicinas. [Primera Sala, Jurisprudencia]. Registros: 2027440, 2027439 y 2027441.
Obligación de dar atención médica por el IMSS
El IMSS está obligado a brindar atención médica a un niño a pesar de que estando en tratamiento pierda la condición de derechohabiente. Deberá atenderlo de manera directa, transferirlo a otra institución o incluirlo en el programa IMSS-Bienestar para personas sin seguridad social. Registro: 2027438.
Los bancos no pueden disponer de pensiones para el retiro
Debe declararse nula la cláusula que le permite al banco tomar recursos de un cuentahabiente para realizar el pago de un crédito, cuando se trata de la cuenta en la que recibe su pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en jurisprudencia:
Cobro de crédito con otras cuentas. Estas cláusulas son abusivas, sobre todo si le permiten al banco disponer del ahorro para el retiro de un adulto mayor. Registros: 2027303 y 2027304.
Pensión jubilatoria. Es una dimensión del derecho al salario, por lo que no puede ser embargado o utilizarse para compensar deudas. La pensión jubilatoria debe protegerse para procurar la subsistencia del adulto mayor. Registros: 2027325 y 2027312.
Sistema de ahorro para el retiro. Es un régimen de orden público e interés social que debe ser respetado por las instituciones financieras privadas, ya que forman parte del sistema de ahorro de seguridad social y manejan fondos de previsión social. Registro: 2027291.
Obligaciones de las sociedades de ahorro para el retiro. Deben procurar que los trabajadores ejerzan sus derechos, administrar de forma transparente los recursos y entregar los recursos acumulados. Registro: 2027291.
Relación con otras instituciones financieras. Las sociedades de ahorro para el retiro deben evitar conflictos de interés y el uso indebido de información privilegiada. Tienen que operar de manera independiente, incluso dentro del mismo grupo financiero. Registro: 2027334.
AMPARO
¿Se puede desconocer la jurisprudencia de la SCJN?
La jurisprudencia emitida por la SCJN no puede ser desatendida por el resto de los órganos jurisdiccionales bajo la consideración de que se integró indebidamente. Los tribunales sólo podrán dejar de aplicar la jurisprudencia cuando estimen que el caso analizado refiere a un supuesto distinto. [Pleno, Jurisprudencia]. Registro: 2027495.
No procede la suspensión definitiva en actos de violencia de género
Un alumno cometió violencia de género y sexual contra compañeras de la misma universidad y solicitó la suspensión definitiva para no ser expulsado. Un tribunal resolvió que no se puede conceder la suspensión definitiva cuando los actos reclamados tengan origen en actos de violencia de género. Registro: 2027410.
JUICIO EN LÍNEA
Copias de expedientes judiciales certificadas digitalmente
Los juzgados y los tribunales pueden expedir copias certificadas digitales del expediente utilizando la firma electrónica del servidor público para certificarlas. La entrega de las copias puede hacerse por correo, utilizando la cuenta de correo electrónico institucional. En un segundo criterio se estableció el procedimiento para este trámite, en tanto no está previsto en la Ley de Amparo. [Primera Sala, Jurisprudencia]. Registro: 2027433, 2027432 y 2027431.
Desahogo de requerimiento de copias de traslado en línea
Si el juzgado requiere al quejoso para que exhiba copias de traslado, el quejoso podrá desahogar el requerimiento en línea, a pesar de que la demanda de amparo fue presentada físicamente. No se le puede obligar a presentar las copias de manera física. Registro: 2027489.
Firma electrónica en juicios locales vs. juicio de amparo
Debe tenerse como válida la firma electrónica utilizada al presentar amparo directo a través del sistema en línea del Poder Judicial de Nuevo León, a pesar de que ese medio de certificación no esté previsto en la Ley de Amparo. La Primera Sala de la SCJN resolvió que la demanda interpuesta sí cumple con el principio de parte agraviada. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. [Jurisprudencia]. Registros: 2027369, 2027370.
CIVIL
Retroactividad del derecho a recibir alimentos
El derecho a recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible. Por lo tanto, a pesar de que el Código Familiar para el Estado de Morelos no lo contemple, una persona que fue reconocida por su padre siendo mayor de edad —a los 20 años—, sí podrá demandar el pago de alimentos que su padre no le proporcionó cuando era niño. [Primera Sala, Jurisprudencia]. Registro: 2027373.
LABORAL
¿Para recibir pensión de viudez se requieren seis meses de matrimonio?
Los requisitos previstos en la Ley del Seguro Social que condicionan la pensión de viudez del IMSS a que el fallecimiento del cónyuge haya sucedido después de cumplir seis meses de matrimonio o a que hubieran tenido hijos en común, restringen el derecho a la igualdad y son inconstitucionales. [Segunda Sala]. Comunicado 345/2023.
PENAL
Secreto bancario: inconstitucional solicitar información sin control judicial
La Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar información a los bancos para fines penales sin autorización judicial previa. La Primera Sala determinó que esa facultad es inconstitucional porque transgrede el derecho a la privacidad. En materia penal es obligatorio el control judicial previo cuando se puedan afectar derechos humanos. [Jurisprudencia]. Registro: 2027468.
Acceso a carpeta de investigación aun cuando no haya imputación
La Primera Sala analizó los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y resolvió que las personas que estén siendo investigadas por el Ministerio Público tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación cuando se encuentren detenidas, sean citadas como imputadas o bien cuando la autoridad realice actos de molestia en su contra. Por ello, la persona podrá tener acceso a la carpeta de investigación si el Ministerio Público acude a buscarla a su domicilio o a su trabajo. Con ello se garantiza el derecho a una defensa adecuada de la persona investigada. [Jurisprudencia]. Registros: 2027417, 2027416 y 2027418.
Alcance de la suspensión contra orden de aprehensión
Un pleno regional resolvió que cuando en juicio de amparo se otorga suspensión provisional en contra de una orden de aprehensión, posteriormente no podrá dictarse prisión preventiva justificada, porque el imputado se encuentra a disposición del juez de amparo. [Jurisprudencia]. Registro: 2027515.
