A partir de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales, presentada recientemente por el senador Ricardo Monreal, el autor reflexiona sobre la complejidad que conllevaría su implementación y señala cuál es, en su opinión, el camino para acotar la influencia de dichas transnacionales: la regulación de datos personales.
La inhabilitación de los perfiles de Donald Trump durante los disturbios postelectorales en Estados Unidos dejó de manifiesto la enorme influencia que ejercen las redes sociales en la opinión pública. Hace cuatro años, Facebook y Twitter jugaron un papel fundamental para llevar a Trump al poder. Terminada la luna de miel, esas mismas plataformas se encargaron de sepultar su discurso.
Me inquieta que entidades privadas ostenten semejante poder, pero me preocupa aún más que algunos legisladores de MORENA se hayan dado a la tarea de “regularlas” sin tener un entendimiento claro sobre el reto que ello supone.
Tras leer la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, difundida por el senador Ricardo Monreal, cuya finalidad es “regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales”, tuve la sensación de que no es seria y, más bien, se trata de una estrategia para distraer la atención del público ante la crisis por la pandemia de Covid-19.
Entre otras cosas, propone que las redes sociales deberán obtener autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para operar en México, lo que estaría condicionado a la aprobación de sus términos y condiciones de servicio. No deja claro qué sucedería si las compañías se rehúsan a tramitar la autorización del gobierno, pero supongo que eventualmente tendría que venir un bloqueo al estilo de los que se aplican en China, Rusia o Venezuela.
Twitter y Facebook no son canales de televisión concesionados que van a temblar ante las amenazas del Poder Ejecutivo mexicano. Mark Zuckerberg jamás comparecerá ante el IFT para explicar los términos y condiciones de su servicio. Suponiendo que la iniciativa no sea un simple distractor, debemos asumir que el senador Monreal no comprende las dificultades que implica ejecutar una regulación de esta naturaleza.
Para empezar, existe la problemática de la jurisdicción y el derecho aplicable. Estas empresas se han construido un caparazón que las protege en contra de los embates de leyes extranjeras. Google, Facebook, Twitter y Apple, por mencionar tan sólo unos ejemplos, tienen su asiento corporativo en el estado de California, sus servidores están distribuidos en varios sitios de la Unión Americana y los términos y condiciones de servicio que firman sus usuarios son sometidos, en exclusiva, a las leyes y jurisdicción de California.
Desde hace al menos cinco años, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha tratado, en vano, de ejercer su competencia sobre Google para estudiar los reclamos de varias personas que deseaban oponerse a la utilización de sus datos personales, con fundamento en las leyes mexicanas. El caso llegó a los tribunales colegiados de circuito, donde originalmente se reconoció la competencia del INAI, pero tras la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso dio la vuelta y al final se resolvió que la filial mexicana de Google no es quien posee ni maneja los datos personales de los usuarios. Si alguien desea demandar a la matriz Google, Inc., deberá hacerlo en California y bajo las leyes estadounidenses.
La coraza jurisdiccional está bien diseñada, pero no sería el único ni el mayor obstáculo para someter a estas redes a los designios de la Cuarta Transformación.
Compañías como Google, Facebook o Twitter son de vital importancia para el gobierno de los Estados Unidos de América, en parte debido a la enorme cantidad de empleos e ingresos que generan para la economía estadounidense, pero también por la valiosa información que recaban día con día.
Si México amagara con desconectar a estas grandes redes, seguramente vendrían procedimientos arbitrales por la imposición de “barreras técnicas al comercio”, además de reclamos a nivel político por parte de nuestro vecino del norte. El horno no está para bollos, la relación con el nuevo gobierno de Joe Biden no es buena y esto podría empeorarla.
Finalmente, habría que preguntarnos qué opina la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta regulación. En un caso reciente, desfavoreció a quienes buscaban la desconexión total de un sitio web, incluso cuando se utilizaba predominantemente para violar derechos de autor (amparo en revisión 1/2017, Segunda Sala de la Suprema Corte).
Me parece que el bloqueo total de Twitter y Facebook, por negarse a obtener el aval del IFT, sería desproporcional y afectaría en grado superlativo la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos; es decir, el remedio sería peor que la enfermedad.
Es cierto que en otros países se han adoptado medidas para acotar o incluso neutralizar el poder de estos gigantes tecnológicos, pero se trata de economías mucho más poderosas, con un nivel de interdependencia menor al que sufrimos nosotros.
En 2015, Europa comenzó a emitir una serie de resoluciones judiciales que protegían los derechos de privacidad de sus ciudadanos en contra de las grandes firmas estadounidenses. El presidente Barack Obama reaccionó de inmediato, acusando a los gobiernos europeos de bloquear a las empresas americanas simplemente porque “no podían competir” con sus tecnologías.
Si México aspira a moderar el poder que ejercen las redes sociales extranjeras, debe empezar por entender cómo funcionan y cuál es su verdadera trascendencia. En su libro Los cuatro (The Four), el autor estadounidense Scott Galloway desmenuza las complejidades del poder detrás de Facebook, Google, Amazon y Apple. Estas firmas han aumentado vertiginosamente sus ganancias gracias a que operan en forma totalmente distinta a las empresas tradicionales.
Los activos más valiosos para estos gigantes son los datos y se han vuelto expertos en recopilarlos. Los recaban segundo a segundo, en cantidades imposibles de comprender para un ser humano. Sólo la inteligencia artificial y los algoritmos desarrollados por sus ingenieros pueden procesar e interpretar la información que diariamente fluye por sus servidores.
Partiendo de ese punto de vista, entenderemos que estas grandes firmas nunca serán aliadas de MORENA ni de sus adversarios; están más allá de ese discurso, su negocio no es influir en las candidaturas ni pelear una plurinominal, y son brazos tecnológicos que forman parte de una estructura mucho más relevante.
Difícilmente se logrará que empresas como Facebook y Google admitan plenamente la competencia del INAI para sancionar y vigilar el manejo de los datos personales, pero mediante buenos oficios se puede buscar que suscriban convenios para respetar nuestros derechos bajo estándares similares a los europeos.
El camino para acotar la influencia de estas transnacionales pasa necesariamente por la regulación de datos personales. Ése es el aspecto de mayor importancia para ellas y donde realmente se produce una afectación para la mayoría de los mexicanos. Difícilmente se logrará que admitan plenamente la competencia del INAI para sancionar y vigilar el manejo de los datos personales, pero mediante buenos oficios se puede buscar que suscriban convenios para respetar nuestros derechos bajo estándares similares a los europeos.
A diferencia de lo que han expresado algunas otras voces que se oponen a la iniciativa, yo no creo que las redes sociales deban considerarse meros “clubes privados”, donde invariablemente los usuarios se someten a los términos y condiciones del servicio. Existen derechos humanos fundamentales irrenunciables que están por encima de los contratos privados. Sin embargo, regular las actividades de estas empresas es un reto mayúsculo que debe abordarse con toda seriedad y profesionalismo. Hago votos porque la iniciativa se considere simplemente como una idea incipiente que habrá de nutrirse con las opiniones de muchos expertos en nuestro país.
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