Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y agradecido por la hospitalidad que le ha brindado nuestra Máxima Casa de Estudios a lo largo de los años, Sergio García Ramírez abre las puertas de su casa a dos alumnas de la misma institución, quienes conversan con él sobre su historia personal y el aprendizaje que ha tenido en su larga trayectoria de servicio público y en la academia. Opiniones mesuradas, producto de la experiencia y la observación atenta, son las que don Sergio nos ofrece en esta entrevista, ya se trate de la situación actual en materia de protección de derechos humanos o de la protección del medio ambiente y el uso de energías renovables.
Karen Rebollo: Nuestra primera pregunta va enfocada a usted. ¿Quién es Sergio García Ramírez?
A partir de mis respuestas seguramente me conocerán más, pero les diré que soy un hombre muy afortunado por los profesores que tuve, por la hospitalidad que me brindaron varias instituciones, por las oportunidades que me ha dado la vida y, muy particularmente, por estar aquí, sano hasta donde alcanzo a ver, de muy buen ánimo, recibiéndolas.
He tenido el privilegio de ser académico y servidor público durante muchos años y de conciliar con armonía esas dos actividades. También me he podido desempeñar, para mi fortuna, en medios internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante 12 años, y también en otras instancias.
Tengo una enorme deuda con la vida; cuando me vaya, no la dejaré pagada. Pero quiero reconocerla, al igual que a mi país, a mis amigos y a mi familia, y agradecer a Dios.
Hilda Luna: Con una trayectoria tan amplia, ¿qué meta tiene en este momento de su vida?
Seguir trabajando. Alcanzar una realización personal que me permita servir a mi país; ser útil, servir a mi profesión, al magisterio y a la investigación, además de aportar algo a estudiantes como ustedes. Ojalá que pueda conseguirlo mediante la cátedra, los libros, la investigación y la formación de nuevos juristas.
K. R.: De los cargos que ha ejercido, ¿cuál es el que más lo ha marcado y por qué?
Empecé siendo servidor público como delegado del Departamento de Prevención Social en la Penitenciaría del Distrito Federal, en 1961, y gracias a mi trabajo alcancé cargos de diverso rango, algunos muy importantes y otros más modestos, pero puedo decir con toda franqueza que prácticamente todos los empleos que he tenido y las actividades que he desarrollado han dejado una huella en mí.
Algunos los recuerdo con especial afecto; por ejemplo, mi paso por el mundo de las prisiones. Como director del Centro Penitenciario del Estado de México viví una relación intensa con los dramas de las cárceles, de los presos y sus familiares, de sus dolores, penas y alegrías. Yo estaba alojado en un pequeño dormitorio dentro de la penitenciaría. Ahí viví prácticamente durante tres años, lo que fue muy formador para mí. También fue muy grato haber sido el último director de la cárcel preventiva de la capital, conocida como Lecumberri, lugar que ahora aloja al Archivo General de la Nación.
Mi tránsito por las procuradurías también fue muy valioso. Tenía 32 años cuando ingresé a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Y me desempeñé durante seis años en la Procuraduría General de la República. Otra encomienda que me ha dejado profunda huella fue ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presidí durante cuatro años. Ahí se ampliaron mis perspectivas y se ensanchó mi mundo en relación con la causa de la tutela de los derechos humanos.
K. R.: Y también ha dejado una gran huella en el mundo académico…
Quiero poner mucho énfasis en mi vida académica, que he seguido como un hilo de vida, desde la primera clase que impartí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era profesor de derecho procesal penal y había estudiado mucho para preparar mi clase. Estaba muy nervioso porque era un grupo de casi 100 alumnos. Al final me fue muy bien. Había dejado de fumar, pero esta situación me hizo recaer; sentía que era yo el que se examinaba a sí mismo a través de los alumnos.
Tengo una gratitud inmensa hacia la Facultad de Derecho, que me promovió como profesor emérito, distinción que le reconozco al doctor Raúl Contreras Bustamante. También quiero mencionar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, antes llamado Instituto de Derecho Comparado, al cual entré por concurso y en el que continúo como investigador. A veces me he separado por razones de falta de tiempo y trabajo, pero ha sido mi hogar académico y es una marca que llevo como broche.
H. L: Con la experiencia que ha tenido en sus diversos cargos, ¿cuáles considera que son los retos que implica ser un servidor público?
La función pública implica un compromiso muy serio y grave. Uno debe entender que es un privilegio, pero al mismo tiempo una responsabilidad que debe ser llevada a cabo con dignidad, señorío y cumplimiento, porque se debe al pueblo y a la nación, sea cual sea el cargo.
A veces no se puede conciliar fácilmente el sueño pensando en las cosas que hay que hacer, cómo hay que hacerlas y en los problemas que se presentan, pero debemos tratar de remontarlos con serenidad. Más aún si se tiene la suerte de dirigir, mediar y representar a una institución. Se debe tomar en cuenta que los hechos propios marcan la vida de otras personas y que la forma en que uno desempeña su labor se pondera en función de los resultados que entrega a los ojos de la nación.
K. R.: Si usted, Sergio García Ramírez, pudiera impulsar tres reformas constitucionales que considere favorables para resolver problemas de gran calado para México, ¿cuáles serían?
Más que pensar en reformas constitucionales, hay que pensar en la forma de aplicar la Constitución, en la que figuran muchos derechos humanos, antes llamados garantías individuales, que no se materializan: constan en la Constitución, pero no en la vida de las personas.
Sabemos que nuestra Constitución nos define como una república democrática, federal, laica y social, pero también sabemos que nuestra democracia aún es muy débil y quebradiza. Al mismo tiempo, sabemos que nuestra Federación es sui generis, pues no acaba de consolidarse y atraviesa por momentos muy tormentosos como el actual. Sabemos que la laicidad está prevista en nuestra Constitución, pero no acaba de asentarse. Estamos conscientes de que existe una división de poderes, pero ¿qué tan genuino es el respeto a esa división de poderes? Porque, con toda franqueza, los hechos no acreditan la verdadera división de éstos, un sistema de frenos y contrapesos. Sabemos que la Constitución prevé una serie de órganos autónomos y al mismo tiempo presenciamos una invectiva hacia éstos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En fin, hay muchas cosas que están en la Constitución, pero no en la realidad, aunque ya hemos tenido un diluvio de reformas. Por eso yo pensaría, más bien, en la aplicación de la Constitución.
H. L: Afirmaba que su experiencia como juez de la Corte Interamericana le permitió tener un panorama más amplio de la protección de los derechos humanos. ¿En qué sentido?
América Latina ha tenido muchas vicisitudes en materia de desarrollo democrático. Se ha logrado una marcha hacia la democracia accidentada y esto ha marcado la forma en que se entienden y se respetan los derechos humanos. La misión de la Corte, al igual que la de la Comisión Interamericana, es promover y proteger los derechos humanos, pero no es un tribunal grande: tiene siete jueces, con jurisdicción de 500 millones de seres humanos a través de los Estados correspondientes. Sin embargo, aun siendo un tribunal relativamente compacto, su jurisprudencia liberadora, progresista y avanzada en el curso de 40 años es muy valiosa.
Mencionaré un ejemplo: el caso Radilla. Así como muchos países tienen su propia sentencia clave que ha impulsado cambios importantes en su vida pública, política y jurídica, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió esa sentencia y la analizó, impactó poderosamente al sistema jurídico mexicano.
Bajo mi presidencia en la Corte Interamericana ocurrieron dos novedades que me gusta mencionar porque me traen buenos recuerdos. Primero, la Corte comenzó a ser itinerante después de nunca haber salido de su sede en San José de Costa Rica; impulsamos que fuera a sesionar en las capitales de otros países miembros para que se le conociera en toda América. Hoy en día la Corte ya ha sesionado en todos los Estados donde ejerce su jurisdicción. En esta etapa se estableció una competencia que permite que la Corte esté supervisando el cumplimiento de sus sentencias, convocando a sesiones especiales de cumplimiento a sus integrantes y pidiendo cuentas. Esto es importante, porque aunque no puede llegar más allá para forzar el cumplimiento, sí puede inducirlo.
K. R.: Anteriormente nos habló de la democracia —democracia real, afirmó—. ¿Qué reflexión podría hacer sobre el periodo electoral que vivimos recientemente?
Para decirlo con toda franqueza, me preocupa mucho lo que está pasando en México. Lo he expresado en muchos foros de viva voz, tengo una columna que generosamente me han permitido medios como El Universal y la revista Siempre!, donde me ocupo de nuestra democracia en estos momentos. Creo que lejos de dar pasos hacia delante hemos caído en baches muy profundos y muy peligrosos para el imperio de los derechos humanos, para la seguridad jurídica y para la democracia. Existe un exacerbado apetito de poder y su concentración absoluta en unas solas manos, lo que lejos de ser saludable es sumamente peligroso. El camino que estamos viendo no es el más adecuado. Sé que muchos compatriotas tienen otra opinión, favorable a muchas de las cosas que están ocurriendo; no obstante, la mía no lo es. Al contrario, es la de un ciudadano preocupado por que se pierda el camino de la libertad y se extravíe el camino de la democracia. Hemos presenciado violaciones dolorosas a la Constitución de la República propiciadas desde la cumbre del poder, cometidas por el Ejecutivo y avaladas por el Legislativo; además de una presión muy dura sobre el Poder Judicial, así como un asedio contra los órganos constitucionales autónomos.
K. R.: ¿Qué opinión tiene de las reformas en materia energética, más específicamente en materia de energías renovables?
La generación a la que yo pertenezco se formó con una convicción nacionalista muy acentuada: celebramos mucho la expropiación petrolera y la nacionalización de la generación de la energía eléctrica.Entonces,nos atrae la idea de que la nación ejerza el control sobre sus recursos naturales y de que sea la gran beneficiaria de éstos.
Ahora, ¿cómo llevarlo a cabo? Es algo muy diferente 1938 a 2021. El camino que hemos adoptado entraña grandes riesgos, ya que marchamos a contracorriente de la historia, quebrantando acuerdos que habíamos comprometido. Además, el futuro de la humanidad está en la generación de energías limpias, no de energías que contaminan la atmósfera. En la edición de juniode abogacía encontrarán un modesto artículo de su servidor sobre ese tema, precisamente sobre bioética y derechos humanos, la contaminación ambiental y la necesidad de conservar la tierra. Ahí expreso que algunas de las medidas que hemos tomado van justamente en contra de la conservación de la salud y el ambiente.
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K. R.: A una década de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿qué balance nos puede ofrecer de la implementación y los beneficios de esta reforma en el contexto de desapariciones forzadas, violencia de género, asesinato de periodistas, violencia doméstica, falta de acceso a medicamentos, etcétera, que vive nuestro país? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué necesitamos corregir?
En algunos casos hemos caminado hacia delante en la normativa sobre derechos humanos. Sin embargo, tenemos deficiencias evidentes; entre ellas, la carencia de disposiciones que fueron ordenadas por el Constituyente Permanente hace 10 años y todavía no han sido atendidas, como en el caso de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. No obstante, más vale que nos tomemos tiempo y trabajo para colmar este vacío y no caigamos en errores en un tema tan extraordinariamente delicado como es la suspensión de derechos y garantías. En el mismo orden, hay que seguir señalando y corregir de inmediato los graves desaciertos que contiene nuestra normativa constitucional y secundaria en cuestiones que atañen directamente a derechos humanos, como la militarización de la seguridad pública, la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, donde hemos puesto gotas de veneno en el texto constitucional y contravenido flagrantemente los estándares internacionales sobre derechos humanos. Lo hemos señalado constantemente, sin encontrar respuesta.
Por supuesto, muchos de estos problemas surgieron en años anteriores, pero ahora están aquí y de nada sirve seguir imputando culpas al pasado sin resolver los males del presente. De todo ello se desprende, como es obvio, la necesidad imperiosa de corregir el rumbo y los métodos que hemos adoptado para resolver esos problemas. Si no lo hacemos seguiremos cosechando males como los que se identifican en su pregunta.
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H. L.: ¿Cómo erradicar la violencia generada por la delincuencia organizada?
Es evidente la necesidad de llevar adelante medidas de fondo que corrijan el extravío en el que hemos caído, no sólo en lo que respecta a la delincuencia organizada o evolucionada, sino también en lo que atañe a la delincuencia tradicional u ordinaria. Reitero que las medidas aplicadas no han dado, ni remotamente, los resultados apetecidos. Se impone una revisión profunda e inmediata. Es lamentable que hayamos destruido la Policía Federal y no hayamos favorecido seriamente la integración y el buen desempeño de las policías locales, donde tenemos un déficit muy grande que ha tenido un costo elevado y creciente para la seguridad de los ciudadanos. Corresponde a las autoridades competentes aportar soluciones y tomar medidas pertinentes, mismas que deben indicar qué vías emprenderán para contener y disminuir con eficacia y legitimidad la criminalidad que nos agobia. Por supuesto, esto debe ocurrir en el marco del Estado de derecho y con medidas propias de una sociedad democrática. Sería muy lamentable que perdiéramos derechos y libertades en aras de avanzar en seguridad. La antinomia entre seguridad, por una parte, y derechos y democracia, por la otra, implica un falso dilema que no podemos aceptar.
¿Cuál es la ruta crítica que deben seguir las autoridades para atacar los grandes problemas que aquejan a nuestro país?
Yo he procurado aportar opiniones a partir de una visión objetiva y razonada de la realidad. Lo que suelo decir es lo mismo que se dice en muchos círculos de opinión, de los cuales recogemos pareceres que motivan comentarios ponderados, nunca injuriosos para nadie. Me parece que es deber de las autoridades escuchar y analizar los puntos de vista que se elevan en la sociedad. No es poco frecuente que se vuelva la espalda a las opiniones de amplios sectores de la comunidad, e incluso que se les agreda y se les descalifique desde diversas tribunas del poder público. Ahora bien, estimo absolutamente necesario que el poder público lleve a cabo un diagnóstico objetivo y fidedigno de los problemas que nos aquejan: si no se reconoce la existencia de tan graves problemas y se insiste en subestimarlos, ignorar las experiencias dolorosas que se han multiplicado e ignorar las expresiones de analistas de buena fe, no será posible contar con soluciones verdaderas. Hay que hacerlo pronto. El tiempo corre en contra.
H. L.: Nos gustaría concluir esta entrevista, además de con un agradecimiento, preguntándole qué mensaje les daría a los futuros juristas de México.
México es nuestra casa, es nuestra tierra, nuestro origen y, finalmente, nuestro destino. Lo que esperaría es que amemos nuestra casa y que nos entreguemos con fervor a su mejoramiento y a su desarrollo, que procuremos que todos esos valores en los que decimos creer —la libertad, la justicia, la generosidad, el bien común— se materialicen en México y logremos para nuestro país un mejor desarrollo y porvenir. Esto es lo que creo que deben hacer las nuevas generaciones, en cuyas manos está el destino del país. De igual manera, las viejas generaciones tenemos algo que hacer con nuestras manos expertas, que no son las manos del futuro, sino del presente, en el mejor de los casos.
Considero que lo que se tiene que hacer es amar a México y con ese fervor cultivar el futuro y procurar que esos valores se arraiguen en el país. Ojalá logremos superar las discordias y las divisiones. Estamos muy confrontados y eso nos debilita y pone sombras en nuestro futuro, así que yo les recomendaría a los jóvenes juristas y también a los jóvenes médicos, filósofos, arquitectos, artistas, obreros y campesinos que con amor hagan lo más que puedan para lograr una mejor conciliación de la que tenemos en este instante.
Lo que estoy diciendo se ha dicho mucho y puede resultar retórico, pero si no se hace, las consecuencias pueden ser negativas. Yo les preguntaría, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? Porque está en sus manos, más que en las mías.
