El pasado 10 de marzo de 2023, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Juzgadoras, la señora ministra en retiro Margarita Luna Ramos trasladó la invitación de Carmen Velázquez, jueza de la Corte Suprema de Nueva York y presidenta del Ala de Ley y Justicia del G-100,1 a las juezas y magistradas del fuero federal y local de todas las materias para asistir al Foro sobre Derecho, Justicia y Empoderamiento de las Mujeres Juezas, cuya sede fue la Organización de las Naciones Unidas en Manhattan, Nueva York. Se trató de una convocatoria abierta; sin embargo, sólo tres personas intervenimos en representación de las juzgadoras de los Estados Unidos Mexicanos. Así, quien suscribe, Belem Bolaños Martínez, jueza en la Ciudad de México, formé parte de la triada de quienes asumimos esa responsabilidad, pues calibramos el significado de aquella oportunidad y en este espacio comparto mi postura.
La llegada de mujeres juzgadoras significa un avance positivo en la demografía tradicional de los tribunales del mundo. A medida que la estructura del Poder Judicial se diversifica, sus prácticas y sus resoluciones se vuelven menos arraigadas, más lejanas a códigos atávicos de conducta o de simple inercia; no se trata de una mejora de apariencia, sino de la optimización de la calidad de las decisiones, y, en consecuencia, de la calidad de la justicia.
En la Ciudad de México, hasta el año pasado, habíamos 61 mujeres juezas frente a 127 jueces hombres, sólo en el sistema penal acusatorio. En 2021 el Poder Judicial de la Federación registró 434 mujeres juzgadoras frente a 723 hombres.
La gran pregunta que debemos responder hoy es: ¿por qué las mujeres no alcanzan los puestos de mayor jerarquía, a pesar de tener los mismos méritos y las mismas capacidades que los hombres? Sin duda, el Poder Judicial constituye el reflejo de la realidad nacional y es preciso atender las causas de la desigualdad que colocan a las mujeres fuera de la judicatura.
Por esta razón, en nuestro país se han ejecutado acciones que disminuyen la sobrecarga de trabajo profesional y la crisis de cuidados que aumentó durante la contingencia sanitaria por el virus sars CoV-2, así como por los roles estereotipados que limitan la participación de las mujeres. Sabemos que nuestro actuar disruptivo altera la estabilidad de lo ordinario, de lo repetido o de lo bien visto por otros.
Desde 2021 el Poder Judicial federal, como medida correctiva contra la desigualdad, ha realizado concursos de oposición sólo para mujeres, dándole preferencia a la candidata con alguna discapacidad; a aquella que fuese jefa de familia, o a aquella con mayor antigüedad en la carrera judicial. Estas son acciones afirmativas que hacen posible, a pasos lentos pero firmes, el fortalecimiento de la paridad en los órganos jurisdiccionales. Es oportuno resaltar que sólo 14 mujeres han integrado el máximo tribunal de Justicia del país, en comparación con los 202 ministros que han ocupado los espacios más altos en los órganos de impartición de justicia.
A pesar de los obstáculos, México celebra que desde el 2 de enero de este año, una mujer, la señora ministra Norma Lucia Piña Hernández, sea la primera presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que representa no sólo a las juzgadoras sino a todas las mujeres, al romper lo que parecía un indestructible techo de cristal. Su designación nos motivó de todas las formas posibles, primero, porque el saber de las juezas, sus habilidades y sus destrezas, es lo único que nada, ni nadie, salvo la desmemoria, podrá arrebatarnos, ni el poder abusador, ni el dinero ensoberbecido, ni la delincuencia, ni la corrupción institucional. Y, por otra parte, porque la mayoría del tiempo el trabajo de las juezas se realiza en solitario y en silencio; sin embargo, desde nuestras distintas tareas y facultades nos pronunciamos sobre el patrimonio, la salud, la educación o el trabajo de las personas —esto es, definimos vidas— y ese compromiso es el aliciente para trabajar días y noches con verbo apasionado y acción decidida.
Todos los días emitimos respuestas que empoderan a las víctimas sobrevivientes, pues nuestras sentencias dictadas de manera pronta e imparcial tienen un poder individual y colectivo que influye en la vida de las personas y conforman la identidad del Poder Judicial.
Los tiempos en que se pensaba que para ganar otro tiene que perder no existen más; sobre todo, cuando las dimensiones de la injusticia y la impunidad tienen muchos matices y hasta son invisibles a primera vista. En un mundo marcado por la complejidad, la diversidad, el abandono, la pobreza y la exclusión, son factores que nos obligan a tener una visión más amplia de los hechos y el contexto de los mismos para hacer justicia para las mujeres, las personas indígenas, las niñas, los niños y los adolescentes, las personas con discapacidad, las personas migrantes y otros grupos vulnerables. De lo contrario, los justiciables no podrían hacer oír su voz, hacer frente a la discriminación o hacer que los encargados de la adopción de decisiones rindan cuentas; son tiempos prometedores para la función judicial, no sólo para el fortalecimiento de la legalidad, sino también para el fomento de la accesibilidad, la transparencia y la máxima publicidad.
Así, la paridad de género exige no sólo la presencia de un mayor número de mujeres sino su incorporación a cargos de alta jerarquía y su permanencia. En el Poder Judicial esa paridad es vital, pues es el factor garante para promover y proteger el principio de la igualdad sustantiva. Si no fortalecemos esa igualdad en las entrañas de los tribunales tampoco podremos garantizar el acceso a la justicia ni la tutela judicial efectiva. Porque como juzgadoras también debemos asegurarnos de cumplir con nuestras responsabilidades con el grado más alto de excelencia y, a cambio, ganarnos la confianza de la sociedad, que es fundamental para el Estado de Derecho.
En estos tiempos, cuando los conflictos violentos y el desplazamiento económico causan altos niveles de incertidumbre y miedo alrededor del mundo, movimientos autoritarios y no democráticos que intentan presentarse como el antídoto de esos problemas, son retos que nos imponen construir un país donde las personas puedan crecer y desenvolverse sin discriminación y con un amplio abanico de oportunidades.
Ante este panorama, las juzgadoras mexicanas refrendamos nuestra vocación de servicio, pues somos conscientes de nuestro poder transformador y de que somos un factor real del cambio. Todos los días, en los tribunales, somos constructoras de paz. Estamos convencidas de que la presencia de nuevas caras y nuevas voces es un aliciente para observar con nuevos ojos otros horizontes y lograr los cambios pendientes desde hace mucho tiempo en la impartición de justicia en el mundo.
Durante nuestra estancia en la Organización de las Naciones Unidas fue llamativa la lucha de las juzgadoras en países como Estados Unidos, donde el feminismo tuvo un gran impulso; en aquel país tampoco lo han tenido fácil, si bien en la actualidad más de 50 por ciento del cuerpo estudiantil de las 20 mejores facultades de Derecho de esa nación son mujeres. La brecha de género en el ejercicio profesional es avasalladora. En pleno siglo xxi el simple título de licenciada en Derecho ha sido un boleto para atravesar una puerta que las mujeres tuvimos cerrada durante muchos siglos.
En el caso de las juzgadoras, durante este foro compartimos datos poco alentadores. Por ejemplo, en Estados Unidos a la fecha han sido nombradas 6,056 juezas, que representan 35 por ciento de los funcionarios en los tribunales federales y estatales; hay tres estados en cuya Corte federal no hay presencia de juezas: Nebraska, Carolina del Norte e Idaho, y Hawái es el único estado con paridad de género en el Poder Judicial: 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres.
La subrepresentación de juezas latinas, hispanas y afroamericanas aún es mayor. Apenas en 1972 Frances Muñoz fue la primera jueza de origen latinoamericano; en 2016 Sherrie Mikhail Miday fue la primera jueza egipcia estadounidense; en 2017 Rachel Freier fue la primera jueza jasídica judía estadounidense, y apenas en 2022 Ketanji Brown Jackson fue designada como la primera jueza afroamericana en la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Foro sobre Derecho, Justicia y Empoderamiento de las Mujeres Juezas reunió a líderes de las judicaturas y de las organizaciones civiles de diferentes continentes. Fue una convocatoria en la que prevaleció el intercambio de experiencias que cimentaron el sentido de propósito común, compromiso compartido y urgencia de acción, para no retrasar los imperativos de equidad, justicia, progreso y paridad para todos.
En definitiva, son notables los retos de las mujeres en la judicatura. En México no se trata sólo de empoderamiento de las juzgadoras o de paridad de género, sino de permanencia y contención de la violencia institucional, ya que cualquier ataque al Poder Judicial en general o a un juzgador o a una juzgadora en particular, constituye una amenaza a la independencia judicial y, por ende, al sistema democrático de pesos y contrapesos de nuestro país, lo que garantiza el derecho humano de acceso a la justicia y a un tribunal independiente e imparcial.
La administración de justicia no puede ni debe estar sujeta a los vaivenes políticos internos ni externos, por más loable que pudiera ser la intención de esos intereses. Lo anterior no constituye motivo fundado para enflaquecer la independencia judicial. Es claro que si un juzgador o una juzgadora actúa excediendo sus atribuciones, merece reproche con todas las garantías de un debido proceso, como cualquier persona; sin embargo, las juzgadoras siempre están sujetas a un triple rasero: la crisis de los cuidados, ser minoría y ser mujer; por esta razón nos sumamos al llamado de unidad y sororidad cuando son atacadas sin que se les concedA su derecho de audiencia.
No debemos olvidar que la imparcialidad en la justicia es una inversión que contribuye de manera efectiva a la anhelada paz social.
Si un pueblo no protege a sus jueces, no habrá justicia para nadie.
- El G100 es un grupo influyente de 100 mujeres líderes en todo el mundo, en 100 alas o sectores, con el apoyo de los campeones de He for She del G100, y 100 clubes de campo en cada ala para una poderosa promoción, conciencia e impacto en los gobiernos y las organizaciones globales a favor de un futuro con igualdad de género en esta década.[↩]
