Héctor Carreón Perea: Justicia penal internacional

A 76 años del establecimiento de los Tribunales de Núremberg, fuente del Derecho penal internacional y antecedente de la Corte Penal Internacional, Héctor Carreón Perea nos platica su experiencia como becario de la Academia Principios de Núremberg y como secretario técnico de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional, así como su visión sobre la importancia de implementar las recomendaciones internacionales y los principios del Estatuto de Roma desde su posición como comisionado de la Comisión de Transición de la Procuraduría a la Fiscalía de la Ciudad de México.

Héctor Carreón Perea es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma d México y actualmente funge como comisionado de la Comisión de Transición de la Fiscalía de la Ciudad de México. Fue secretario técnico de la Coalición Mexicana para la Corte Penal Internacional. Es director del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A. C. y profesor de posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Se acerca una fecha histórica importante en relación con los juicios de Núremberg. Tú te dedicas al Derecho penal internacional. Nos interesa conocer tu experiencia al respecto. ¿Cómo te has acercado a las problemáticas penales internacionales? 

Héctor Carreón – Mi acercamiento directo al Derecho penal internacional se ha vinculado a partir de mi trabajo como activista en temas de derechos humanos. Aproximadamente en 2006, cuando fungía como activista en Amnistía Internacional (AI), tuve mi primer acercamiento con esta rama porque AI, sección México, fungía como la Secretaría Técnica de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional (CMCPI). Era muy importante el trabajo que se desarrollaba a través de esta organización no gubernamental (ONG), no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque no sólo impulsaba y divulgaba estos importantes temas que están vinculados directamente con la firma y la ratificación del Estatuto de Roma a nivel nacional, sino también a nivel internacional; México ya había firmado y ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y como parte de este gran trabajo que desarrollan particularmente las ONG, era importante visibilizar cuáles eran los contenidos del Estatuto de Roma, pero también cuál sería el impacto en el ámbito nacional y cómo México tendría que responder ante una eventual solicitud de colaboración, por ejemplo, con las instancias que conforman la Corte Penal Internacional.

Evidentemente, todo este trabajo que se dio a partir de la ratificación del Estatuto de Roma a nivel nacional forma parte de ese gran legado que han dejado particularmente los juicios de Núremberg y, posteriormente, los juicios o los tribunales ad hoc que se instauraron, primero para investigar y, posteriormente, para juzgar a aquellas personas responsables por la comisión de crímenes internacionales, como en el caso de Ruanda o en el de la ex Yugoslavia, de manera muy similar a lo que se planteaba en los juicios de Núremberg. El mandato ya se había establecido por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, posteriormente, en 1998, comenzó a plantearse la idea de crear una Corte Penal Internacional. Como abogado en el ámbito del Derecho penal fui involucrándome directamente en la definición y en la estrategia de difusión del Estatuto de Roma. Eso fue muy interesante porque después me tocó ser el representante de la CMCPI.

La CMCPI forma parte de una gran red de organizaciones que luchan o que están pendientes de combatir crímenes internacionales a partir de estas estrategias de divulgación del Estatuto de Roma. Cuando fui investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales también tuve el honor de ser secretario técnico de la CMCPI, en 2011. 

El 2011 fue un año decisivo para la Corte Penal Internacional y, sobre todo, para el Estado mexicano, porque en ese año se llevó a cabo la presentación de la primera comunicación oficial ante la Fiscalía de la CPI por la eventual comisión de crímenes internacionales en el Estado mexicano.

Ese año fue decisivo para el trabajo que desarrollé desde la Secretaría Técnica, porque no sólo nos correspondía difundir esta problemática en el ámbito de las ONG, sino también llevar a cabo una interlocución mucho más decisiva con las autoridades, sobre todo con las autoridades mexicanas, a quienes les correspondía también dar seguimiento e, incluso, dar contestaciones a algunas solicitudes que realizaba la fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la propia Asamblea de Estados Partes, en un gran esquema de colaboración. Ese año hay que tomar en consideración que se llevó a cabo el nombramiento de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que había trabajando temas de investigación de graves violaciones a derechos humanos que también constituían crímenes internacionales.

Desde esa perspectiva fue muy interesante y muy enriquecedor el trabajo que realicé como representante de la CMCPI, pues me tocó llevar a cabo el liderazgo de esos trabajos, no sólo desde el ámbito nacional, sino también en el ámbito regional.

¿De qué eras responsable? 

Héctor Carreón – Yo fungí como secretario técnico de la CMPCI, que no es otra cosa más que una red de organizaciones, académicos y personas defensoras de derechos humanos que dan difusión y promueven el debido entendimiento del Estatuto de Roma. El trabajo que desarrollé como secretario técnico de la CMCPI fue muy enriquecedor y muy importante también para mi formación posterior, en razón de que llevaba a cabo la interlocución con representantes de todos los poderes del gobierno.

Cuando se firmó y se ratificó el Estatuto de Roma por el Estado mexicano, y posteriormente se hizo la reforma la Constitución política donde se reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la disposición estableció candados para el reconocimiento directo de esta jurisdicción, es decir, para la colaboración directa. La Constitución estableció que para reconocer la jurisdicción, lo tenía que aprobar el Senado. Hasta la fecha ésta es una discusión seria, pues el Estatuto de Roma no acepta ninguna reserva; la firma y la ratificación de este tratado supone el compromiso de colaborar de manera directa. Entonces, desde ese punto en particular, tuve la oportunidad de promover, también con el apoyo de otros académicos, personas defensoras de derechos humanos y representantes de organismos internacionales, que existiera una regulación específica que permitiera dar cauce a esa disposición que plantea el artículo 21 constitucional. ¿Cómo lo planteamos? Por un lado, a través de recomendaciones al Poder Legislativo, para que se modificara esa reserva con el objetivo de aceptar la jurisdicción de manera directa, como lo establece el Estatuto de Roma; por otro lado, generamos un proyecto de ley reglamentaria de ese artículo 21 constitucional, para que las instituciones, particularmente de procuración de justicia, pudieran llevar a cabo una colaboración mucho más eficaz con aquellos requerimientos que pudiera llegar a hacer la fiscalía de la Corte Penal Internacional o aquellas solicitudes que se hicieran por parte de la Presidencia, o por parte de los órganos jurisdiccionales de este organismo internacional que es la CPI. 

Desafortunadamente, ese trabajo todavía sigue vigente. Todavía no se han tomado cartas en este asunto de manera seria y franca por parte del Poder Legislativo, en este caso por parte del Congreso de la Unión; pero estamos vislumbrando nuevos bríos en razón de los compromisos que se han comenzado a establecer por parte de la CPI con los países donde se hayan cometido posibles crímenes internacionales.

En el caso de México es importante mencionar que, si bien en 2011 se presentó una primera comunicación por posibles crímenes de guerra, en razón de este contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, en fechas recientes se han presentado otras comunicaciones por la eventual comisión de crímenes internacionales en diversos estados de la República.

¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarse a personas e instituciones que no querían o no quieren ratificar el Estatuto o ser partícipes de él? 

Héctor Carreón – Esa es una pregunta fundamental. Si lo vemos en términos prácticos, la jurisdicción que tiene la CPI también depende de la colaboración que den los Estados para llevar a cabo la investigación de esos crímenes internacionales; si no hay un espíritu de cooperación por parte de los Estados, es evidente que el trabajo de los órganos que conforman la CPI se encuentran en un esquema muy comprometido de eficacia. 

Es cierto que cuando se presenta una comunicación ante la Corte Penal Internacional, muchas veces los señalamientos que se hacen en estas comunicaciones están vinculados con servidores públicos de alto nivel. Estamos hablando de secretarios de Estado, de titulares de los poderes ejecutivos o, si lo queremos ver desde otras perspectivas, de ministros de Estado. Es importante tratar de luchar contra esos esquemas de impunidad, máxime cuando estos esquemas de impunidad se plantean desde las más altas esferas del poder, pues evidentemente la cooperación puede verse muy comprometida o los Estados particularmente pueden no dar su venia para cooperar con esas solicitudes.

Esto es muy interesante en el caso de México, porque como lo hacen muchos otros países, el canal de comunicación que tiene el Estado mexicano con la CPI o con los órganos que conforman la CPI, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y eso es muy interesante porque, supongamos, si la fiscalía está haciendo una investigación por la perpetración de un crimen internacional o de un crimen de lesa humanidad que haya sido cometido o que haya sido ordenado por un representante del Poder Ejecutivo, en el caso concreto, sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores depende del Poder Ejecutivo. Desde esa perspectiva, el éxito de esos requerimientos pudiera verse ampliamente comprometido e, incluso, desde esa perspectiva, la información que se pudiera plantear con base en una investigación también se vería comprometida. 

Una de las recomendaciones que particularmente he hecho, sobre todo en razón de que actualmente, al menos en el ámbito formal, la Fiscalía General de la República ya es una institución de carácter autónomo, como lo establece el artículo 102 constitucional, es que las comunicaciones que versen sobre una investigación o acerca de comunicaciones que traten sobre estas investigaciones de crímenes internacionales en el Estado mexicano, puedan ser conducidas de manera directa entre instituciones de carácter jurisdiccional o de carácter judicial, donde también podemos englobar a las fiscalías o a los poderes judiciales. 

Supongamos que se tienen que hacer requerimientos o solicitudes de actos de investigación que necesiten alguna orden judicial; entonces, desde esa perspectiva, si lo vemos con base en el sentido común o con base en el sentido legal común, nos vamos a dar cuenta de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no sería el canal idóneo para hacer esas solicitudes, sino las instituciones de carácter judicial. Y eso también proporciona mayor objetividad al trabajo que realizan las instituciones de procuración y administración de justicia.

El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración apoya las acciones tienen que ver con una amplia cooperación con la CPI. Si este pronunciamiento que eventualmente realizará la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes internacionales está en vísperas de publicarse, estoy convencido de que esa sería una situación muy positiva para el Estado mexicano. Desconocemos si esa situación se va a dar en esos buenos términos, pero sólo para dejarlo en ese contexto de experiencia, en su momento, en 2011, cuando se llevó a cabo la Asamblea de Estados Partes, como ya lo habíamos comentado, se presentó la primera comunicación que señalaba de manera particular al entonces titular del poder Ejecutivo federal, el presidente Felipe Calderón hinojosa, como uno de los principales responsables de estos crímenes internacionales que estaban vinculados con crímenes de guerra. 

Imaginemos alguna investigación de carácter preliminar contra un Estado: con más razón los Estados pueden mostrarse mucho más renuentes a esa colaboración.

¿Cómo surge esta Academia de Núremberg?

Héctor Carreón – La Academia Internacional Principios de Núremberg es una academia de carácter internacional con sede precisamente en Núremberg, que fue donde se llevaron a cabo los primeros juicios en contra de altos mandos del Partido Nacional Socialista por la comisión de crímenes de carácter internacional, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y algunos otros que se fueron produciendo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. 

La Academia Internacional Principios de Núremberg surgió como un espacio de diálogo académico, interinstitucional, para proveer asistencia técnica a aquellos representantes de instituciones de procuración de justicia, para que tuvieran un conocimiento más amplio sobre el legado que han tenido los juicios de Núremberg en la construcción y la confección de nuestro Derecho penal y, por supuesto, del Derecho penal internacional. 

Año con año, la Academia Internacional Principios de Núremberg publica una convocatoria para que jóvenes profesionales que están vinculados con temas de procuración y administración de justicia, o que estén vinculados con la defensa de derechos humanos en países donde han surgido este tipo de conflictos relacionados con crímenes internacionales, puedan profesionalizarse y tener un conocimiento mucho más amplio y actualizado de cuáles son los nuevos criterios de carácter jurisdiccional que se dan en el ámbito del Derecho penal internacional.

Es una capacitación muy exhaustiva que se ofrece durante dos semanas. Acuden servidores públicos de la CPI y también especialistas en el ámbito de la teoría del Derecho penal internacional. Compartimos un espacio de diálogo muy interesante, no sólo desde el ámbito teórico, sino desde el ámbito práctico; por ejemplo, cómo se lleva a cabo la representación de víctimas de crímenes de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, cómo se hacen las solicitudes por parte de la fiscalía de la CPI, cómo se ejerce la jurisdicción universal por parte de algunos Estados en vinculación directa o cooperación directa con la CPI.

¿Cómo llegaste ahí? 

Héctor Carreón – Es una convocatoria abierta. Participan bastantes compañeras y compañeros de todo el mundo y se eligen, de 600 aplicantes, aproximadamente 20 personas profesionistas. Yo fui el primer mexicano que participó de manera directa en esa convocatoria. 

¿Qué impacto tiene el Derecho penal internacional en tu trabajo como comisionado de la Comisión para la Transición de la Procuraduría a la Fiscalía de la Ciudad de México?

Héctor Carreón – Es un impacto muy importante. Todo el trabajo que particularmente he desarrollado desde el ámbito del Derecho penal internacional me ha permitido vincular esa experiencia con este trabajo. Esta Comisión de Transición de la Procuraduría a la Fiscalía de la Ciudad de México se creó a raíz de un mandato constitucional en la Ciudad de México. En su actual Carta Magna, la Ciudad de México establece que para garantizar la autonomía de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es necesario conformar una Comisión Técnica Ciudadana que se encargue de crear un plan de transición y, sobre todo, que atienda las necesidades y las demandas más sensibles que tiene la ciudadanía o las personas usuarias de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Desde esa perspectiva, he incorporado las recomendaciones que se han hecho en el ámbito internacional al ámbito local. Pensemos, por ejemplo, en los principios de La Haya sobre violencia sexual: estos principios han permitido interpretar de manera distinta los actos de violencia sexual, lo que permite incorporarlos a los esquemas de investigación y de persecución de determinados delitos en el ámbito local.

Esas recomendaciones me han permitido, como comisionado, incorporarlas, o hacer recomendaciones directas, a la institución, y versan desde el fortalecimiento de sus capacidades, como personas servidoras públicas, hasta aspectos que tienen que ver con la reconfiguración de la nueva arquitectura institucional que tiene la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

También me ha permitido comenzar a visibilizar que la atención a las personas usuarias es una atención que se debe proporcionar de manera integral, de la misma manera que se está tratando de hacer en el ámbito penal internacional: poner a las víctimas en el centro de todos estos programas de protección y de investigación de los delitos que más les afecten. 

Uno de los planteamientos, quizá más necesarios o más importantes, está vinculado directamente con la atención de primer contacto. Eso es algo sumamente importante: cómo nosotros, como personas servidoras públicas, comenzamos a entender de manera distinta el sentir y las preocupaciones de las personas víctimas o de las personas que acuden a las instituciones de procuración de justicia. Hay que tener presente que las instituciones de procuración de justicia tienen que comenzar a abrir las puertas de la justicia desde una perspectiva mucho más humana, integral y eficiente.

¿Cuál dirías que son, desde tu experiencia, las dos o tres cosas más urgentes sobre las que hay que reflexionar en este momento? 

Héctor Carreón – En el ámbito penal internacional la cuestión más urgente que se debe plantear es tomar conciencia sobre maneras más creativas para combatir la impunidad. No podemos seguir apuntalando las mismas estrategias para hacerlo, sino que se deben replantear nuevas estrategias o formas más creativas de colaborar, por ejemplo, con la CPI. 

Valdría la pena, también, valorar las nuevas políticas de persecución que ha establecido la fiscalía de la CPI, no sólo desde el punto de vista de la investigación directa, sino también desde el punto de vista de la cooperación, como se ha hecho con otros países.

Y, por último, abrir nuevamente las puertas de la justicia, siendo conscientes de que hay grupos que requieren atención prioritaria y que las instituciones de procuración de justicia también son instituciones protectoras de derechos humanos.