Acostumbrados a los ejercicios democráticos y a los procesos electorales, para muchos ciudadanos es fácil olvidar que además de exigir que las elecciones y las consultas se realicen con estricto apego a la normatividad, es indispensable involucrarse y participar activamente en un diálogo honesto y auténtico con los actores políticos y las autoridades electorales. Así nos lo recuerda el autor de esta colaboración.
En la esfera pública y en la esfera democrática hay reglas que nos dicen qué podemos hacer, qué debemos hacer y hasta dónde podemos actuar en el juego electoral. Y digo juego no en un sentido minimizador, carente de seriedad, porque no es así. Todo lo contrario. Lo digo teniendo en mente aquella definición utilizada por la teoría de juegos cuando se analiza el comportamiento de las instituciones y la ciudadanía en la esfera pública.1 En este juego cada quien persigue finalidades distintas que, por supuesto, eventualmente confluyen en la legitimidad y la continuidad de la democracia, pero que de inicio son diferentes: las candidatas y los candidatos buscan ocupar un cargo público para representar a sus votantes, los partidos buscan posicionar sus agendas programáticas en el debate público, la ciudadanía busca que la candidata o el candidato por quien votó llegue a ocupar un cargo, y las autoridades electorales buscan que se cumplan las reglas. Al menos, en un sentido mínimo, ésta es la manera en que interactúan las principales jugadoras y jugadores en la mesa, y las condiciones con las que lo hacen se ciñen a aquellas dictadas por la norma.
Para que una democracia sea verdaderamente deliberativa, todas las personas involucradas en la esfera política deben expresarse de manera auténtica. Deben creer en lo que dicen y sus mensajes no deben tener otra intención más que la de entablar una conversación franca, honesta y sincera con la ciudadanía. No puede haber agendas escondidas, tapujos, ni intenciones perversas.
Ahora bien, hay un componente esencial en este entramado normativo que dota de sentido a los ejercicios democráticos: el diálogo con la ciudadanía. Si analizamos la construcción del derecho electoral en México podremos darnos cuenta de que muchas de las normas que lo componen regulan la forma, la manera, el momento y las condiciones válidas de interacción entre partidos políticos, candidatas o candidatos y ciudadanía. Son muchas las maneras de acercamiento político y electoral en una contienda —que pueden ser formales, como debates entre candidatos, o informales, pero efectivas, como los videos de candidatos en TikTok—, por lo que las regulaciones en la materia electoral justamente buscan preservar que en todos y en cada uno de estos momentos de interacción con la ciudadanía se garanticen los principios de paridad, legalidad, certeza, equidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Sin embargo, la acérrima defensa de los principios electorales no es un fin en sí mismo. Hay todavía una finalidad pragmática más profunda: la creación de un acuerdo colectivo sobre el valor de la democracia. Se escucha fácil, pero es mucho más complejo de lo que parece. Llama poderosamente la atención que ante la pregunta “¿qué describe mejor a un ciudadano?”, el 36.3 por ciento de las personas de 15 años y más en nuestro país contestó “tener responsabilidades”, el 29.4 por ciento contestó “tener derechos”, y tan sólo 7.3 por ciento contestó “pertenecer a un país”.2 Esto nos dice que en México no existe, como tal, un consenso colectivo sobre el valor de la ciudadanía y la importancia de la democracia en nuestra sociedad.
Este acuerdo colectivo se logra únicamente cuando las actoras y los actores políticos y las autoridades electorales logran abrir canales efectivos de diálogo con la ciudadanía; pero no cualquier diálogo, sino uno sincero. A este tipo de diálogo Jürgen Habermas lo llama de “racionalidad comunicativa”,3 y para que una democracia sea verdaderamente deliberativa, todas las personas involucradas en la esfera política deben expresarse de manera auténtica. Deben creer en lo que dicen y sus mensajes no deben tener otra intención más que la de entablar una conversación franca, honesta y sincera con la ciudadanía. No puede haber agendas escondidas, tapujos, ni intenciones perversas.
Entonces, la labor de las autoridades electorales no sólo es velar por que se cumplan las leyes. Su carga de responsabilidad es mucho mayor, pues tienen que cuidar muy atentamente que todos los acercamientos de quienes buscan llegar a cargos públicos con la ciudadanía sean sinceros. Por eso no es gratuito que el marco normativo electoral mexicano sea tan robusto y, en ocasiones, incluso excesivo. Es así porque precisamente ha atendido a la historia y a la realidad política de nuestro país; con cada determinación, las instituciones electorales han acercado progresiva, pero firmemente, el derecho electoral a la ciudadanía En este sentido, no se trata de defender la norma por el bien de la norma. Se trata de defender la norma por el bien del sistema democrático y de las ciudadanas y los ciudadanos.
Por supuesto, los procesos electorales son instrumentales para rotar a los representantes, para procurar alternancias en el gobierno, para introducir distintas agendas políticas en el actuar del Estado, para establecer vínculos permanentes con las electoras y los electores, para permitir la pluralidad de ideas, para tutelar y promover la participación sustantiva de las mujeres en condiciones de igualdad, para atender problemáticas y para crear propuestas. Pero más allá de estas cuestiones naturales y necesarias en cualquier régimen democrático, quien está en el centro de todo esto es la ciudadanía. Y no basta con que existan rotaciones en los cargos públicos y que el procedimiento para hacerlo se cumpla formalmente: es necesario que cualquier norma y su respectiva aplicación estén pensadas para crear un diálogo honesto y claro con la ciudadanía. Pues es ésta, y nadie más, la que decide, delibera y confía en la democracia para vivir libremente en sociedad.
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- Al respecto, Rawls señala que, como en cualquier juego, los distintos actores en una institución buscarán conseguir sus objetivos propios: “Normalmente, la teoría de una institución, así como la de un juego, da las reglas constitutivas por sentadas y analiza el modo según el cual se distribuye el poder explicando cómo es probable que se aprovechen de sus oportunidades aquellos que participan en ella”. John Rawls, Teoría de la justicia, Cambridge, Harvard University Press, 1971, p. 64.[↩]
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e Instituto Nacional Electoral (INE), “Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020”. Comunicado de prensa número 188/21, publicado el 24 de marzo del 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENCUCI20_Nal.pdf.[↩]
- Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, España, Taurus, 1998.[↩]
