En 2010 la editorial inglesa Allen Lane publicó una obra que, además de haber sido reconocida por su relevancia política con el Orwell Prize for Best Political Book 2011 –otorgado por The Orwell Foundation–, ha sido fundamental para la comprensión del Estado de Derecho actual. En The Rule of Law, libro al que nos referimos, el jurista británico Tom Bingham enunció los que consideró los principios constituyentes de un Estado que encuadran en esa naturaleza, entre los cuales destacan cuatro de suma relevancia para los temas que aquí se abordan: la accesibilidad a la ley, su aplicación no discrecional, el debido ejercicio del poder y la garantía y la protección de los derechos humanos. En resumen, estos principios se refieren a que el Estado debe resolver las cuestiones relativas a derechos y responsabilidades legales, antes que discrecionalmente, con base en un sistema jurídico claro, inteligible y predecible, respetando los derechos humanos de las personas y ejerciendo su poder con buena fe, justicia y para los fines para los que le fue conferido.
Para concluir con estos principios, Bingham estudia qué se entiende por Estado de Derecho a partir de la propuesta de A. V. Dicey, quien describe esa categoría de la siguiente manera: ninguna persona puede ser castigada sin ley ni tribunales establecidos previamente a la comisión de su conducta ilícita y nadie puede estar por encima de esas normas e instituciones.
Si atendemos estrictamente a lo planteado en el primer párrafo anterior, podemos concluir, entre otras cosas, que no basta la existencia de ciertas instituciones y normas jurídicas en un Estado para que pueda considerarse de Derecho; es decir, se requiere, como afirma Bingham, la debida y transparente aplicación de la ley por parte de las autoridades a las que se les ha conferido un poder, o, dicho de otro modo, una conducta estatal. Algunas sociedades han creado mecanismos para vigilar que las acciones del Estado se realicen con base en estos principios; en México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Para garantizar la correcta e independiente operación de estos dos órganos que ayudan a construir un Estado de Derecho, constitucionalmente se les ha dotado de autonomía. Al respecto, hay diversas cuestiones que responder. ¿Qué significa que un organismo constitucional sea autónomo y por qué es relevante para un Estado de Derecho? ¿Por qué son importantes los contrapesos en el ejercicio del poder? ¿Qué papel juega la ciudadanía como contrapeso y en la construcción, consolidación y fortalecimiento de las instituciones? Las voces de las comisionadas del INAI y las de los consejeros consultivos de la CNDH se han sumado a este número para compartirnos sus perspectivas al respecto.
Por supuesto, durante la construcción y la consolidación de un Estado de Derecho surgen diversidad de problemas. En México, el relativo a las autonomías, no es el único. Una de las preocupaciones que tienden a crecer conforme se desarrollan las nuevas generaciones es el ejercicio de sus derechos; entre otros, el acceso al derecho a la vivienda. Para poner el tema sobre la mesa, pedimos su opinión a la abogada y activista Carla Escoffié, experta en la materia, sobre diversos fenómenos que se están produciendo en el territorio: las burbujas inmobiliarias, la gentrificación, los desplazamientos forzosos provocados por los megaproyectos y la desigualdad social como una afrenta a este derecho humano.
Las respuestas a los problemas que aquí se plantean no necesariamente los encontrará el lector en nuestras páginas –o en la de Tom Bingham–; sin embargo, las voces y las plumas que se suman a la reflexión crítica y propositiva sirven como poderosos detonantes para el diálogo, la reflexión y la acción tendiente a la construcción del Estado de Derecho. ¡Bienvenidos!
