El Congreso de la Unión es el máximo órgano de representación de la pluralidad de nuestro país. A través de éste, formalmente se busca dar voz a cada uno de los sectores que conforman a la sociedad, pero, ¿qué pasa cuando hay una mayoría aplastante que no permite un justo plano de igualdad para la deliberación parlamentaria?
La dispensa de trámites está prevista en el artículo 82 de la Ley General del Congreso de la Unión por considerarse un asunto de urgente u obvia resolución; sin embargo, han existido diversos pronunciamientos de la Corte sobre cuáles son los requisitos de procedencia, entre los cuales destaca que existan determinados hechos que generen una verdadera condición de urgencia que se relacione con el contenido de la aprobación.
Sin embargo, a pesar de estos pronunciamientos, no existe una regulación precisa para poder cumplir un estándar deseable de deliberación de las minorías, lo que propicia que las consecuencias terminen recayendo en los actores legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad como medio de defensa y protección de los intereses de una sociedad que debe ser representada.
No es una figura novedosa; lo que sí es novedoso es la cantidad de veces en que en la actual legislatura se ha utilizado para atender los caprichos de un Poder Ejecutivo que propone iniciativas sin un análisis completo de sus impactos. El problema de que no exista un contrapeso en el Poder Legislativo propicia iniciativas aprobadas sin haber sido leídas. Apenas el 23 de abril en la Cámara de Diputados se celebró el Día del Libro y la diputada Teresa Ochoa hizo el siguiente pronunciamiento: “En esta semana, en la que habrá una cascada de dictámenes, a los que tratarán de dispensar los trámites legislativos, es un bueno momento para recordar que no deberíamos votar sin leer lo que aprobamos; lo que nos hace revelador el significado de la importancia de celebrar un día como hoy.”
En esta última cascada de iniciativas, la cámara de origen fue la Cámara de Diputados, en la que se dispensó el trámite de forma integral; sin embargo, al pasar a la de Cámara de Senadores esas iniciativas sí se turnaron a comisiones. Vale la pena preguntar: ¿realmente, el simple hecho de que se turnen a comisiones dos o tres días antes de votarse en pleno, es suficiente para considerar que se cumplió un análisis exhaustivo? Hay muchas propuestas que se dictaminaron un día antes de la sesión del 28 de abril; entonces podemos asegurar que formalmente hubo dictamen. ¿Tenemos que conformarnos con esa formalidad o debemos exigir un proceso que realmente atienda el fondo de las iniciativas?
Ahora, un hecho importante que la última semana descontroló a la Cámara de Senadores, fue la falta de nombramientos para las personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que la oposición no estaba dispuesta a sesionar hasta que no hubiera un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para después votarla en el pleno y cumplir con su obligación constitucional.
Después de múltiples intentos fallidos de sesionar en su sede habitual, se alcanzó al quórum y la votación suficientes para cambiar de sede, a la cual sólo la senadora Xóchitl Gálvez llegó para encadenarse a la silla de la mesa directiva, obligando a que los senadores de la mayoría sesionaran en el patio de Xicoténcatl.
Lo que ocurrió en la última semana de abril fue la demostración más grande de que la mayoría parlamentaria está dispuesta a evadir todos los obstáculos; no fue algo de la noche a la mañana. Este golpe fatal al Derecho parlamentario se había ido orquestando sesión tras sesión.
