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Inteligencia artificial para el Derecho

En los últimos meses, la tecnología de la inteligencia artificial ha tenido avances considerables, derivado, en parte, del lanzamiento de ChatGPT, un modelo de lenguaje artificial desarrollado por OpenAI, cuya función consiste en generar un texto de respuesta coherente con una conversación sostenida con el usuario con base en información recabada de internet. Este programa ha aprobado exámenes de nivel profesional de diversas ramas, como medicina, Derecho y negocios, en cuestión de segundos. La capacidad de estos modelos y su prospecto hacia el futuro justificadamente genera incertidumbre para algunos; la realidad, sin embargo, es que se trata de un medio, no de un fin.

Si bien es cierto que muchas de las labores del operador jurídico se pueden automatizar, eso sólo significa que la función del abogado se concentrará en otras actividades. Richard y Daniel Susskind así lo abordan en el apartado sobre Derecho de su libro El futuro de las profesiones, poniendo como ejemplo los reportes de due diligence y revisión de documentación masiva que bien se podrían realizar vía un modelo de inteligencia artificial, dejando al abogado con la tarea de cuantificar y diagnosticar la contingencia o, en el caso del litigio, un modelo que arroje estrategias sugeridas en función de los datos proporcionados. 

Así las cosas, quizás los primeros momentos en la transición a un mundo automatizado sean difíciles, probablemente enfrentando recortes varios sectores de la fuerza laboral; sin embargo, lo anterior no es óbice para que el panorama se vuelva más especializado y que los abogados se actualicen conforme a la nueva tecnología. Pues bien, la crítica principal a los modelos algorítmicos es que son precisamente eso: algoritmos. Es decir, sirven para identificar datos objetivamente, como los buscadores como Google que sirven para arrojar la mayor cantidad de datos posibles, sin calificar su validez o su utilidad. Por eso, retomando el ejemplo de los due diligence, un modelo bien podría categorizar toda la documentación proveída, pero no podría cuantificar la contingencia que representa.

En Estados Unidos se viralizó la propuesta de la compañía DoNotPay que proponía cientos de miles de dólares al abogado que se presentara ante un juez y alegara con una transmisión directa de una inteligencia artificial. Esa propuesta fue descartada ultimadamente pues incluso afrontaba prisión quien la llevara a cabo. La posibilidad de que la inteligencia artificial argumente frente a un juez o jurado es interesante, pero contraviene la naturaleza de la argumentación y los valores esenciales de un proceso litigioso que busca la justicia, el cual es un concepto indeterminado. 

Y, aún más, los principios fundamentales del Derecho son esencialmente subjetivos. Más allá, sería imposible automatizar la labor de un tribunal constitucional que responde a un texto de carácter político y social y que representa los anhelos de un pueblo; pero sí podría, en cambio, clasificar los asuntos presentados ante él. En ese sentido, la llegada de la inteligencia artificial no debería asustar al abogado, sino motivarlo por un futuro que le permita concentrar su trabajo y eficientizarlo.

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