Ximena Velázquez analiza el principio de publicidad en la justicia, destacando su papel en la transparencia y legitimidad. ¿Cómo equilibrar transparencia judicial y la independencia de los jueces?
La información de lo que sucede hoy en día está a sólo un clic debido al avance tecnológico en las comunicaciones, gracias a lo cual podemos enterarnos de hechos que están aconteciendo en el otro lado del mundo y recurrir a múltiples fuentes para cerciorarnos de su veracidad.
Ahora bien, el acceso a la información es crucial para poder generar una opinión de cada individuo respecto de lo que está sucediendo; de ahí deriva la importancia del acceso a la información en nuestro país, específicamente respecto de nuestro máximo tribunal, con el fin de saber qué se está resolviendo y las razones por las cuales se están tomando esas determinaciones, alejando la actividad jurisdiccional de una práctica discrecional.
A lo largo de la historia se han presentado experiencias al respecto, como sucedía con los pontífices en la antigua Roma y con los eclesiásticos en la Edad Media. Era común el hecho de que aquellos que pertenecían a un sector privilegiado en la sociedad eran los únicos que tenían acceso a la información con la cual resolverían una controversia. Esta situación dio lugar a la discrecionalidad de las decisiones de los tribunales causando un gran problema respecto de la imparcialidad de las resoluciones y propició la falta de transparencia y justificación en sus decisiones.
Actualmente nuestra Ley Suprema protege el derecho de acceso a la información, vinculando al Estado a garantizarlo, en su artículo 6, que literalmente expresa lo siguiente: “El derecho a la información será garantizado por el Estado…”.
En este precepto contenido en la ley se infiere implícitamente el principio de publicidad, el cual debe primar toda actividad pública. Este principio se basa en conocer las razones que tienen los servidores y los funcionarios públicos para ejecutar sus acciones de gobierno, así como en contar con la información necesaria para evaluar esos actos, los cuales deben ser del conocimiento de todos los gobernados, por lo que se trata de un principio que motiva a las autoridades a cumplir con su deber.
De igual manera podemos apreciar este principio como un mecanismo democrático que motiva a las autoridades a cumplir a cabalidad con sus funciones con el objetivo de garantizar la transparencia de la información derivada del ejercicio del poder público.
Este principio, trasladado al ejercicio de la función jurisdiccional, es muy importante, debido a la naturaleza de la actividad judicial. Los funcionarios del Poder Judicial tienen la función de un freno al poder público; por lo tanto, sus decisiones deben estar sujetas al escrutinio público, motivando una actuación dotada de probidad y una debida justificación caracterizada por un correcto trabajo argumentativo que se vea reflejado en sus resoluciones. Es un derecho del pueblo mexicano saber las razones por las cuales el órgano judicial está actuando de una manera determinada —de aquí la frase: “El pueblo es el juez de los jueces”—, con la finalidad de generar mayor certidumbre jurídica entre los gobernados.
En conclusión, este principio es un mecanismo democrático que le otorga mayor legitimidad a la función jurisdiccional, debido a que fortalece la confianza pública en la justicia, genera mayor certeza en los gobernados, propicia una mayor responsabilidad de jueces y magistrados en el objetivo de lograr mayor independencia en sus decisiones y procura que todo lo que se decida en nuestros tribunales esté dotado de la mayor transparencia posible.
