Para continuar y profundizar el diálogo detonado por la conferencia “Historia y retos de la abogacía” celebrada por la ANADE, la BMA y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México en el marco del Día de la Abogacía 2023, Alejandro Moncada, a la luz de la teoría general del Estado, expone los retos a los que se enfrentan quienes ejercen la profesión.
Con motivo del Día del Abogado, este año la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, llevó a cabo la conferencia “Historia y retos de la abogacía”, la cual, en el papel, lucía oportuna e interesante; no obstante, sus alcances fueron muy limitados. El momento que vive el país amerita compartir reflexiones más profundas.
Es evidente que la manera de actuar de nuestro gobierno no sólo vulnera y atenta todos los días en contra del Estado de Derecho sino que cada vez hace más profunda su ausencia, como si el Derecho y el Estado democrático no existiesen, pues no hay institución que ponga límites a este voraz apetito de poder. La falta de transparencia, el no ejercicio del derecho al acceso de información y la ausencia en la rendición de cuentas, entre otros atropellos, demuestran que estamos bajo un gobierno violatorio del Estado de Derecho. Podríamos limitarnos sólo a ello, pero no sería correcto pues su ausencia nos lleva directamente a la pérdida de conciencia de la razón de ser del Estado, ya que ambos se entrelazan. La vulnerabilidad del Estado de Derecho en un Estado moderno es impensable. En nuestras manos está —como estudiosos del Derecho— defenderlo con el actuar diario de nuestra profesión, así como rescatar y transmitir a los gobernantes y a los gobernados la razón de ser del Estado y su conexión invariable con éste; de ahí la ardua y excelsa labor que llevan a cabo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como último resquicio institucional que lo defiende ante los embates cada vez más frecuentes y descarados de un Poder Ejecutivo que constantemente atenta contra él y contra los principios naturales y sociales de cualquier Estado, traicionando así la función de éste e irrumpiendo en el orden social al proceder fuera de los límites naturales y sociales de todo gobernante.
Es claro que quienes gobiernan han olvidado el concepto de Estado, pues lejos de trabajar en aras del bien común de la población se han dedicado a polarizar a la sociedad y a llevar a cabo campañas cuyo único fin es preservar el poder a costa de lo que sea y de quien sea. Los constantes ataques e intentos de violación al Estado de Derecho ponen seriamente en riesgo la seguridad de los mexicanos.
De acuerdo con los argumentos anteriores, desde mi punto de vista son tres los retos de la abogacía: 1) la defensa del Estado de Derecho, 2) la reivindicación del Estado en su interrelación con el ordenamiento jurídico y 3) la solidaridad y el respaldo absoluto a los ministros de la SCJN.
Motivados por esto, los distintos colegios han iniciado un vínculo de colaboración; ahora es deber de nosotros, como miembros, unirnos e interactuar en defensa del Estado democrático, anteponiendo a toda costa el respeto por el Estado de Derecho, lo que será posible sólo con amor profundo y absoluto hacia nuestra profesión; con preparación y profesionalización constante que busque el equilibrio entre los derechos humanos per se y los derechos humanos en sociedad podremos encontrar, a través de la justicia y el orden, la estabilidad y el bienestar de todo México.
Lo anterior me remite a las clases de teoría general del Estado y me ha obligado a desempolvar los viejos apuntes del maestro Héctor González Uribe, quien acertadamente nos da la respuesta a la crisis de gobernabilidad. Explica el maestro, de manera sencilla, por qué un Estado no puede entenderse si no es a la luz del Estado de Derecho. Considero relevante hacer una pausa y compartir algunas notas que aprendí en las aulas de la universidad.
Para afrontar los retos a los que me refiero lo primero que debemos generar es conciencia —en el lector y en la sociedad, pero, sobre todo, en los gobernantes— de lo que es correcto y de lo que no lo es; de que el ordenamiento jurídico es lo que delimita con claridad la situación jurídica de los diversos miembros de la comunidad, tanto gobernantes como gobernados, lo que reduce el margen de arbitrariedad de la autoridad para dar, así, cauce sereno y estable a la vida social y política; de lo contrario, estaremos traicionándonos a nosotros mismos y al Estado republicano y democrático que hoy somos. Esta falta de conciencia es la que acentúa más la ausencia del Estado como institución, pues éste no se entiende sin el Derecho, y éste no se entiende sin aquél, como bien lo señala el maestro González Uribe en su libro Teoría política. En ese texto, el autor explica que el Estado moderno, después de siglos de evolución, en sí mismo es un Estado de la referida naturaleza, toda vez que se nos presenta en íntima relación con el ordenamiento jurídico. Durante dicha evolución, el constante desarrollo de esta forma de organización en los pueblos civilizados —desde la cultura clásica antigua, hasta la medieval y moderna— ha avanzado: de la organización arbitraria y despótica que pasaba por encima de los derechos de los individuos y los grupos, a la institución jurídicamente regulada y limitada que respeta los derechos de sus integrantes y los armoniza con los suyos.
El Derecho regula la conducta de las personas en sociedad; todas descansan en éste. Lo contrario es inconcebible. El Derecho tiene su origen en el consenso social y no puede ser eficaz si no cuenta con la aprobación de las personas a las que se dirige; sin embargo, dada la naturaleza desfalleciente e inclinada del ser humano hacia el mal, el orden jurídico también se caracteriza por la coercitividad; es decir, que el Derecho puede —y debe— imponerse, muchas veces por la fuerza, ante conductas y oposiciones no razonables.El maestro aclara que la fuerza coactiva no es la esencia del Derecho, pero sí es un elemento que le asegura su eficacia en casos extremos.
La interrelación entre el Estado y el ordenamiento jurídico nos hace mirar necesariamente el origen del Derecho, pues, como veremos más adelante —siguiendo al maestro González Uribe—, los principios de la ley natural y del Derecho son los que en el fondo sustentan la razón de ser del Estado. El maestro González Uribe sostiene que es importante recordar que el Derecho tiene una naturaleza moral; posee una vinculación directa e inmediata con los valores más elevados de la persona humana: la justicia, la verdad y el bien, por lo que podemos afirmar que los principios jurídicos supremos son, en realidad, la parte de la ley natural que se refiere al orden social. Esas ideas constituyen el mínimo de moralidad que es necesario para que la sociedad exista y cumpla su misión. Por eso, del origen y de la peculiaridad esencial del Derecho se derivan claramente, entre otros fines, el bien común, el cual consiste en aquella serie de condiciones materiales y espirituales que permiten a la persona humana alcanzar la perfección plena de su naturaleza racional, y del cual se desprende la dignidad personal, y los fines sociales, ligados de modo inmediato al orden y a la paz de la comunidad humana.
En un plano axiológico —continúa el maestro—, el Derecho persigue como fines la seguridad y la justicia, aunque en el fondo estos mismos valores, como ya veíamos, quedan englobados en el concepto amplio de bien común, y por eso concluye que el Derecho no es un fin en sí mismo sino un instrumento para alcanzar el bienestar humano, y como instrumento aparece siempre íntimamente vinculado con el poder político, pues el Derecho lo define, lo garantiza y le da vigencia efectiva. Es aquí donde tiene relevancia todo lo explicado.
Como se ha visto en nuestros días —en las civilizaciones modernas— hay una interrelación continua entre el Derecho y el Estado, de manera que podemos decir —y con razón— que todo Estado que trate de justificarse ante la conciencia jurídica y moral de las personas tiene que descansar en un Estado de Derecho. Esto significa que, superadas las etapas de violencia, arbitrariedad y despotismo, el Estado debe vivir normalmente en un ambiente con orden jurídico claro, definido y eficaz, en el cual sus funciones y sus atribuciones se especifiquen con exactitud; donde los abusos de las mismas puedan ser sancionados. Por lo tanto, el Derecho aparece en el horizonte político-estatal como la concretización o la institucionalización del orden frente a la espontaneidad, la iniciativa y el dinamismo del poder político, por una parte, y la libertad de acción y de organización de los ciudadanos, por la otra. El Derecho representa el elemento de peso y de resistencia que da una estructura formal, firme y segura a las actividades políticas. Ese es el gran tesoro que como sociedad tenemos, y la abogacía como tal es la que tiene la responsabilidad de cuidar y preservar ese elemento de peso.
En consecuencia, ahora podemos entender lo que día a día defiende con pulcritud y acierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación —como contrapeso natural en un auténtico Estado democrático a través de la división de poderes—. Ante el olvido inminente de nuestro presidente y de su gobierno, de la razón de ser del Estado, a nosotros, estudiosos y profesionistas del Derecho, nos corresponde enmendar el camino de este gobierno autoritario y hacerle ver que en un Estado de Derecho hay una serie de normas positivas que delimitan con claridad la situación jurídica de los diversos miembros de la comunidad, tanto gobernantes como gobernados, y reduce el margen de arbitrariedad administrativa y judicial, dando cauce sereno y estable a la vida social y política.
Es tal la importancia del Derecho que no puede quedar reducido a una mera conveniencia de la voluntad del poder público en turno. El Derecho está involucrado en la trama entera de la vida social: pueblo y gobierno a la vez. El Estado mismo, en cuanto autoridad y poder coactivo, está sometido a las normas.
El Derecho responde y está al servicio de la idea objetiva de un orden estable en la sociedad como resultado de la conjugación armónica de los valores de justicia y seguridad. Y para realizar esos fines convoca a una serie de voluntades subjetivas, que lo mismo son de legisladores, administradores y jueces —en el terreno de lo público—, que de individuos y grupos sociales, económicos, culturales y morales que integran la comunidad —en el terreno de lo privado—. Hay, pues, una colaboración estrecha de muy diversas fuerzas para la creación del Derecho positivo y la organización institucional del Estado.
Recordar los conceptos y los fundamentos del Estado y su interacción con el Derecho a través de este pequeño escrito nos permite confirmar que el principal reto de la abogacía es la defensa del Estado de Derecho, pues éste no puede identificarse con la voluntad de un grupo gobernante, de un partido político o de la clase social que predomine. El totalitarismo a veces llega a ser la expresión máxima del positivismo jurídico, pero también la de la suma injusticia contra la cual lucharían las personas mientras en ellas alienten los ideales de libertad. La acción espontánea y enérgica del poder político configura la comunidad y la conduce al cumplimiento de sus fines, y el Derecho, por su parte, señala los cauces estrictos por los cuales debe correr esa actividad, dando origen a un orden estable y firme de convivencia social.
Política y Derecho representan un papel de importancia definitiva en toda comunidad humana organizada, y ante expresiones como: “A mí no me vengan con que la ley es la ley”, entendemos ahora el desconocimiento y la ignorancia que se tiene de la razón de ser del Estado y lo que conlleva.
Concluyo, después de este pequeño recorrido por la asignatura de teoría general del Estado, que el gran reto que tiene la abogacía es el rescate del Estado mismo a través del Estado de Derecho.
