En los últimos meses, el panorama político y jurídico en México ha puesto en duda la democracia y al Estado constitucional de Derecho. La militarización de la Guardia Nacional, la división de poderes, la prisión preventiva oficiosa, la discusión. Tito Garza nos comparte sus opiniones sobre el contexto político y de Derecho en México.
¿Qué significa que México está en “crisis”?
Parece, en efecto, que la palabra crisis ha perdido todo el sentido. Ahora hay crisis en todo. Hay crisis económica, crisis de salud; la pandemia fue como un parteaguas para hablar también de una crisis generalizada en distintos ámbitos de la vida social. Parece que incluso la crisis como palabra queda corta. Ahora ya no hablamos de crisis climática, sino de emergencia climática. En ese sentido me parece que tiene bastante contenido potencial la palabra crisis para poder teorizar al respecto.
Parece que en México la palabra crisis es sistemática, constante y, sobre todo, normal en aras de buscar siempre soluciones a una crisis que no cesa. Para evitar la crisis hay que hacer un borrón y cuenta nueva.
La palabra crisis tiene un aspecto importante, porque no hemos hablado propiamente de la crisis en el Derecho; hablamos de todos estos aspectos de crisis humanitaria, migrante, en materia de educación, de salud, etcétera; pero parece que el Derecho queda al margen, y creo que aquí, sobre todo en esta administración, en una administración con fuertes tintes populistas, tenemos que empezar a hablar de cómo el Derecho tendría que ponerle cara, idear alguna respuesta a una crisis de la democracia que también está afectando al Derecho.
¿Por qué? Porque vemos que la Constitución ya no se cumple por el solo hecho de ser la Constitución. Ahora vemos cómo a través de leyes secundarias se está modificando incluso la Constitución.
Creo que vale la pena pensar en estos tiempos de la crisis en México y de la crisis del Derecho prácticamente como algo consustancial en términos más bien propositivos. Etimológicamente, la palabra crisis invita a una definición en la antesala de tomar alguna respuesta crucial; en términos políticos, podría entenderse siempre que la crisis viene en la antesala de un cambio de coyuntura. Habría que entender de una vez por todas que la crisis es una oportunidad para generar reflexiones que no estaban en la agenda pública, que no teníamos en el radar, que no estaban en nuestra línea temporal.
En esta coyuntura, que parecería que nos está desgastando mucho y está haciéndonos un ambiente bastante polarizado, creo que vale la pena replantear algunos conceptos que tradicionalmente no hubiéramos pensado: la idea de jerarquía, la idea de contra mayoría del Poder Judicial, la idea propiamente de la relación entre Derecho y democracia. En ese sentido, la crisis tiene un valor conceptual para poder poner sobre la agenda temas y conceptos en los que tradicionalmente nos hemos enfocado para solventar la crisis, para salir de la crisis.
Este año hemos visto el tema de la reforma eléctrica, la revocación de mandato, la detención de Murillo Karam, la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la Guardia Nacional. A mitad de este sexenio, ¿qué es, según tu perspectiva, lo que está pasando y qué es lo que deberíamos estar observando?
Yo creo que hay algo que llama la atención, que es la preeminencia que están teniendo los juristas, en sentido amplio, en esta administración. Parecería que tradicionalmente la tenían los politólogos, los economistas e, incluso, personas más bien dedicadas a las humanidades; pero esa figura del abogado, como alguien que tiene que salir a dar la cara para explicar qué está pasando, incluso a veces para traducir el lenguaje de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, del Consejo de la Judicatura, parece que ya no es casual. Ya cada semana tiene que haber una explicación en ocasión de escándalos jurídicos.
Esto habla también de esta crisis del Derecho, de la indispensable necesidad de replantear ciertos temas a partir de algunos parámetros distintos que no sean los que tradicionalmente se venían usando.¿De qué nos habla? Bueno, yo creo que nos habla claramente del fenómeno del populismo como un fenómeno retórico, ideológico, simbólico, que cree que con el solo hecho de enarbolar un discurso y algunas políticas públicas que vayan en ese mismo cauce, es suficiente para trascender y generar una transformación, en palabras de la actual administración, la cuarta transformación.
Aquí el problema es que cualquier cambio o cualquier transformación necesita tener un anclaje jurídico. Si esa transformación y esos cambios no están bien afinados a través de una ley reglamentaria, de una buena reforma a la Constitución, es muy probable que, con la próxima presidenta o presidente, con la próxima administración que llegue, sea del color que llegue, cambie esta narrativa y cambie los colores y cambie los símbolos. El Derecho permanece, a diferencia de muchas políticas públicas. Por eso, el derecho es la última barrera que tenemos para generar algún tipo de contención.
En ese sentido, que estemos hablando de todas estas cuestiones nos habla por lo menos de dos señales muy particulares de esta administración. Una, un desprecio por el Derecho; es decir, que la forma, lo institucional, el ABC de los procedimientos, en muchísimas ocasiones no se siguen en aras de enarbolar y robustecer la narrativa, la retórica, etcétera. Y dos, el Derecho no funciona solo; el Derecho funciona con operadores jurídicos, con abogados, con juezas, con fiscales, etcétera. ¿Dónde están los abogados de esta administración? Esa es una pregunta crucial que parecería que no está en el radar. ¿Cuál es el papel de la consejera jurídica? ¿Y el ex consejero jurídico? ¿Cómo ellos, siendo los encargados de velar por la buena salud jurídica de la administración pública, han permitido este tipo de cuestiones? Parecería que, en el tema particular de la prisión preventiva oficiosa, la propia consejera jurídica firma una carta, presionando a los ministros de la Suprema Corte.
Ese tipo de cosas no son propiamente roles que debe desempeñar la consejera jurídica, sino quizá algún fanático o alguien que apoye ciegamente, desde una perspectiva política, al gobierno. Pero para poder llevar a cabo estos trabajos es necesario escribir, es necesario hacer mucho trabajo que no va a emocionar a las masas, que no va a generar una polarización; porque es trabajo gris, es trabajo burocrático, es trabajo que tienen que hacer los abogados. Pero no por el hecho de que sea burocrático, grifo, incluso aburrido, significa que no es importante.
Entonces esas serían las dos reflexiones. Uno, en efecto, creo que existen muchísimas contradicciones en el plano jurídico, y dos, si realmente estamos hablando de una transformación, de un populismo, de una retórica que las masas aplauden y demás, hay que saber que cualquier cambio sin un anclaje jurídico difícilmente va a poder sostenerse.
¿A qué se debe este desprecio del actual gobierno por el Derecho?
Yo creo que hay una cuestión enteramente populista. Estos son datos; ningún presidente en la historia contemporánea de México había tenido esos números: sus niveles de aprobación siguen siendo apabullantes. En ese sentido es mucho más sencillo generar un aplauso antes que generar una buena ley que no vaya a ser impugnada o que tarde que temprano no vaya a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese sentido, creo que este desprecio por el Derecho encuentra mucha consonancia con entender que al día de hoy el Derecho como tal parecería que no termina de encontrar su lugar frente a los nuevos fenómenos políticos que están emergiendo. El propio presidente lo ha dicho: él no tiene una buena relación con los abogados; prefiere la justicia antes que el Derecho. Dirían: “Oh, qué contenido hay en esta frase”. Pero lo cierto es que parecería que el presidente está más enfocado en generar una narrativa a partir de conceptos etéreos, sin ningún anclaje en alguna ley, antes que en poner en claro cómo se va a generar esa justicia a través de procedimientos de distintas instituciones.
Creo que este desprecio se debe a que el gobierno sinceramente cree que el poder que va a ejercer de esta manera va a durar mucho tiempo.
Pero hay una Constitución y hay un régimen político, que es la democracia constitucional, que está antes que cualquier líder carismático, antes que cualquier nivel de aprobación. En los próximos años vamos a ver un cambio en esa relación con el Derecho, porque la propia Constitución, por fortuna, va limitando el poder. Lo que queremos ver aquí es que ojalá los operadores políticos se den cuenta de que la mejor manera de llevar a cabo una buena administración es a través del Derecho y no solamente mediante la política o de la retórica.
Ante todo esto, el 13 de septiembre, en el contexto de la iniciativa de Morena para restringir facultades a la Corte, publicaste en Twitter: “No deja de sorprender que cada semana, sin falta, hay un nuevo escándalo jurídico con esta administración”, cosa que ya habíamos platicado. Queremos profundizar en ese tema. En términos constitucionales quizá hay mucho en juego. ¿Cuáles son las problemáticas involucradas aquí? ¿Cuál es el estatus de la división de poderes?
El estatus sería que, en definitiva, si no seguimos llamando la atención como gremio, como colegios, como universidades, como sociedad civil, la relevancia del Derecho va a pasar a segundo término.
Y parecería que hay algunos que coquetean con esta idea; parecería que con el solo hecho de tener un líder carismático que pueda unir a las masas, que saque adelante los proyectos, el Derecho sea un estorbo. Yo creo que es muy sano en cualquier democracia que se impugne el Derecho cuando está mal hecho, que se produzca crítica, que se escriban tesis, que se publiquen artículos, que se llame la atención sobre nuestro campo de especialidad para saber qué estamos haciendo y sostener que el Derecho tiene un lugar, porque si no hubiera Derecho simple y sencillamente estaríamos atenidos a la ley del más fuerte, al ojo por ojo, diente por diente
Esto me parece fundamental: hacer una reivindicación del Derecho, una apología del Derecho en estos tiempos; pero no por la mala razón de que cada semana hay un escándalo.Tendríamos que entender que lo único que nos da alguna certeza, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de los múltiples problemas estructurales que tiene el fenómeno jurídico, a pesar de sus múltiples falencias, es el Derecho, pues sirve para estructurar la vida social.
Más allá de la absurda iniciativa que propone Morena para restringir facultades a la Corte ignorando la Constitución…
— Tito Garza Onofre (@garza_onofre) September 13, 2022
No deja de sorprender que cada semana, sin falta, hay un nuevo escándalo jurídico con esta administración.
La relación de la 4T con el Derecho es delirante.
Entonces tendríamos que saber que lo que entiende esta administración por el Derecho es una especie como de estorbo. Pero el Derecho tiene un cariz de transformación, un cariz de ordenamiento social, un cariz de ayuda a la sociedad para perseguir ciertos ideales y determinados fines valiosos. Y, en efecto, si nuestros especialistas y quienes tienen la última palabra, como las altas cortes, sea la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, se ven y se suben a esa ola y tratan de emparejar sus narrativas, pues parecería que sostienen el discurso populista y no deciden conforme a razones jurídicas, sino más bien políticas, midiendo muy bien las aguas de la popularidad, de las masas y de las palabras del presidente, yo creo que ahí el escenario está perdido.
La independencia judicial, hay que entender, es un poder contramayoritario. No tiene que estar a mano alzada, viendo la simpatía de las masas. El Poder Judicial, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, las altas cortes, la judicatura en general, responden a un mandato de la Constitución; si no les gusta ese mandato al que tienen que responder los jueces y las juezas en este país, tenemos que decir algo bien claro: reformen la Constitución. ¿Y por qué lo hacen ahorita y por qué no lo hicieron en 2018, cuando el voto de popularidad y la legitimidad era alta?
Eso para mí es muy claro; o sea, esa idea de que el presidente Andrés Manuel López Obrador era quien tenía el mejor diagnóstico de México, yo lo pongo en entredicho. Si tenía el mejor diagnóstico desde el día uno te pones a trabajar en ese diagnóstico. Que estés haciendo reformas ahorita para limitar a la Corte después de que el año pasado hubo una reforma judicial parece una contradicción.
Que quieras ahora cambiar el Instituto Nacional Electoral cuando estamos de cara a la elección más grande del país en el Estado de México, y viene el 2024, resulta sospechoso. El diagnóstico entonces ya no fue un diagnóstico, sino una simple cuestión de improvisación.
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En una entrevista compartiste tu opinión sobre la selección de las y los ministros de la Corte, particularmente con respecto a la conformación de las ternas por parte del presidente. ¿Tú cambiarías las formas de selección de los ministros? ¿Qué problemas pudieran derivarse de una decisión de esa índole?
En definitiva, creo que uno de los grandes pendientes de la última reforma judicial, y de cualquier cuestión estructural de la judicatura, es que nadie le entra al tema de las designaciones. Parecería que siguen apareciendo todos los dados cargados para el presidente, y eso a veces nos puede gustar o no nos puede gustar.
Ha habido designaciones, no solamente en esta administración, sino desde hace muchos años, que hemos criticado, y otras que hemos aplaudido, porque parecería que, en efecto, son personas que cumplen no sólo los requisitos formales, sino que también tienen las facultades para entender el papel que están ejerciendo. En palabras de José Woldenberg, no es que la ley no estaba preparada para este escenario; es que la ley nunca vio un escenario donde las mayorías en ambas cámaras iban a dejar pasar prácticamente cualquier ley.
Por eso la regla de la sobrerrepresentación, por eso la regla de las minorías. Es necesario afinar cuestiones para que no todo pase en estos contextos, que parecería que son totalmente afines al presidente de la República.
En ese sentido, en efecto, yo creo que hay que poner más candados, yo creo que hay que poner cada vez mayor escrutinio. Eventualmente hay muchísimos candados, pero ahorita no me atrevería a sugerir alguno. Algunos colegas defienden la elección popular; otros dicen que la elección debe ser impulsada por las universidades. Hay muchísimos métodos, no sé cuál sea el ideal. Lo que sí creo es que el actual, como está desde 1994, no ayuda a tener a las mejores personas en esos puestos tan importantes, actualmente y en los años que vienen, porque parecería que con el solo hecho de poner a unos cuantos ministros, hacer que uno renuncie, generar algunos acuerdos, basta para que la Suprema Corte ya no ejerza un control mayoritario, sino, como lo decía hace algunos minutos, para que la Corte, los ministros, algunas personas en específico, se sumen a la obra del populismo y antes que buscar decisiones que estén ancladas al ámbito jurídico, busquen decisiones que tengan un respaldo popular y que simple y sencillamente siguen la estela del presidente de la República.
No hay que olvidar que la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes pasó por la Suprema Corte. Una mayoría de ministros y ministras votó por algo que era un disparate, que constitucionalmente no se puede defender. Eso es un buen ejemplo de cómo la Suprema Corte puede claudicar a su función como garante constitucional en aras de evitar un problema mayor; en aras de tener contento al presidente. Esa no es la Suprema Corte que queremos. Para una Suprema Corte con mejores posibilidades de presentar sentenciar a partir de argumentos jurídicos necesitamos filtros que cada vez exijan mayor calidad y mayores criterios cualitativos en el ejercicio de la función.
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Llama la atención que los defensores de derechos humanos, cuando se produjo la discusión sobre si procedía o no la prisión preventiva oficiosa, se limitaran a criticar que la Corte votara en contra de eliminar esa figura, tan desastrosa para los derechos humanos. ¿Qué opinas?
Mira, creo que el ejemplo que tuvimos hace ya varias semanas en torno de la prisión preventiva oficiosa y la manera en quela Corte la iba a decretar inconstitucional, fue una tormenta perfecta. Porque, en definitiva, hacer una apología de la prisión preventiva oficiosa por el solo hecho de que está en la Constitución, me parece totalmente indefendible. No hay una sola persona seria en el gremio a la que realmente le interese una perspectiva integral del sistema de justicia que defienda la prisión preventiva oficiosa.
En ese sentido, lo que estaba por hacer la Corte me parecía riesgoso y abría la puerta para futuras ocasiones y para echar a volar la imaginación sobre el papel que iba a tener la propia Corte al declarar inconstitucionales las normas de la Constitución. En ese sentido, creo que algunos días la discusión estuvo mejor que otros. Las opciones fueron planteadas. Pero me parece que hay un tema crucial: que la Corte tiene que asumir su papel. Queremos una Corte que no entre en esos terrenos; queremos una Corte que discuta. Que discuta, pero con ciertos estándares. Había una propuesta en torno de que fueran una mayoría calificada, aunque fuera siempre en relación con tratados internacionales, etcétera. Creo que la Suprema Corte nos ha quedado a deber en el sentido de que no ha asumido su verdadero papel constitucional. Muchas veces se plantea como una Corte garantista, de avanzada, una Corte que va más adelante, y a veces parecería que tenemos una Corte formalista, que más bien prefiere darle la vuelta a esos temas escabrosos.
Ahí es cuando me refiero que una cosa pega con la otra. Tenemos buenos juristas que pueden defender con argumentos sus posturas. Lo que escuchamos en la discusión acerca de la prisión preventiva, lo conocimos de la voz de algunas ministras que estaban replicando prácticamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hubo otras cuantas que creo que se fueron al extremo, al hablar propiamente de un papel muchísimo más activo de la Suprema Corte.
En los próximos años esto tiene que remediarse con base en algunos consensos. Ojalá que después de esta primera discusión, de ese primer atisbo que vimos de una discusión acerca del papel de la Suprema Corte como intérprete final de la Constitución, en los próximos años, en los próximos meses, podamos ver mejores argumentos y una discusión muchísimo más informada sobre el papel que necesitamos de nuestra Suprema Corte de Justicia.
Hay quienes defienden la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué?
Mira, se podría defender por comodidad. Se podría defender enteramente por un argumento que sostiene que es más fácil no moverle al sistema de justicia desde una óptica más integral, y lo más sencillo, que el tema permanezca ajeno, que vayamos conociéndolo poco a poco a partir de casos, pero que realmente no esté en la agenda pública. Defender la prisión preventiva oficiosa nos habla de una inminente necesidad de apoyar una estrategia que no ha funcionado.
Es decir, por qué defenderías algo que no ha funcionado; porque a mí me conviene, porque ahí no gasto capital político, porque ahí no gastó capital económico, porque simple y sencillamente parecería que las cárceles no constituyen un tema importante. E incluso si pudiéramos poner a discusión la importancia de las cárceles en este país, no les llama la atención más que a personas que están comprometidas con la reparación del daño desde una óptica muchísimo más enfocada en la reinserción.
En ese sentido, por qué defender la prisión preventiva; porque es lo más sencillo: meter a la cárcel a personas que no tengan sentencia, atentar contra la libertad, contra la presunción de inocencia. Y en ese sentido parecería que lo que hace falta es muchísimo más divulgación. Hay que entender que el sistema de justicia no va a cambiar de la noche a la mañana simplemente por meter más personas a la cárcel.
El sistema de justicia en México es un tema complicado y es un tema que el presidente o que el gobernador que le vaya a entrar, difícilmente podrá solucionarlo con mano dura. Es necesario un cambio de estructura, no solamente normativa, sino también de la cultura que irradia de esos ámbitos y, sobre todo, de cuestiones presupuestales.
¿Por qué defender la prisión preventiva oficiosa? Porque no cuesta; al contrario, sale más barato seguir aprobando que los fiscales hagan mal su trabajo y que en el ínter se investigue, y que en el transcurso de varios años las personas puedan salir de la cárcel después de años de no tener acceso a sus sentencias. En síntesis, es algo totalmente acomodaticio, algo que electoralmente no parecería generar ningún tipo de ruido.
La Guardia Nacional quedó en manos de Secretaría de la Defensa Nacional. Esta iniciativa no tuvo buena recepción. En cierta forma pareció detonar la memoria histórica de lo acontecido en otros sexenios. ¿Es pertinente hablar de la militarización de la Guardia Nacional? ¿Cómo ves la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de no intervenir?
Yo creo que sí es pertinente hablar de militarización, y no solamente de la Guardia Nacional. Hay evidencia empírica en los aeropuertos, en los puertos, en las aduanas, donde, en efecto, la milicia, los militares y la marina están teniendo más poder económico, más presencia. Esto no había ocurrido en sexenios anteriores. Y hay que decirlo: no es el hecho de estar en contra del ejército por el sólo hecho de ser el ejército.
El ejército es una de las instituciones más opacas, el ejército es una de las instituciones que todavía tienen rasgos que no terminan de encontrar cabida en los actuales parámetros que exigen las democracias constitucionales. En ese sentido, el problema con esto, de nueva cuenta, es que parecería que es algo cómodo antes de enfocarse en la reinserción social y en la prevención del delito, en tener policías bien capacitados, con buen presupuesto, y entender el federalismo y los matices que tiene la diferencia de ser un policía en el norte de la República, en el sur, en el centro…
De nueva cuenta el tema del diagnóstico es de la persona que más conocía a este país, la persona que más lo recorrió. Por eso es incomprensible que crea que todos los estados de la República en este país necesitan policías militares. Yo, sinceramente, no lo podría sostener. En ese sentido, es preocupante constatar cómo el aparato de gobierno y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con su supuesta autonomía, al final se empatan con ese discurso de que los soldados son pueblo uniformado. A mí me preocupa no solamente como un tema de derechos humanos, sino, sobre todo, por cómo revertir esas decisiones, porque parecería que se están haciendo a espaldas de la Constitución y la Suprema Corte no ha dicho nada al respecto y ha sido omisa.
El presidente se va a ir en 2024; Morena como tal va a perder su impulso, tarde que temprano, pero los efectos para el próximo sexenio, o para 2030, serán desastrosos. A mí no me da la cabeza para imaginar cómo ese poder en torno de aduanas, en torno de la Guardia Nacional, en torno de la seguridad pública, en torno de la construcción de megaproyectos, ectétera, de la noche a la mañana, se le va a quitar a los militares.
El problema no es a corto plazo; probablemente incluso algunos podrán defender, no es mi caso, pero que la presencia de los militares puede servir en comunidades donde las policías, simple y sencillamente, han fracasado. Bueno, ese es el problema, que ni siquiera está comprobado que la mayor presencia de militares haya reducido la delincuencia o los índices de criminalidad en este país. ¿Por qué? Porque no son personas que están capacitadas para hacer intervenciones en torno de la noción de seguridad pública. La labor del ejército, al final del día, consiste en confrontar, a través de choque, propiamente, a la delincuencia organizada.
Es preocupante porque la militarización será una de las grandes herencias que el obradorismo va a dejar a futuro, más allá del populismo, más allá en la narrativa, más allá del papel que están teniendo los abogados. Ahora que están dotados de tanto poder el Ejército y la Marina, ¿cómo lo vamos a regular a lo que a lo que tradicionalmente existía?
¿Qué es todo esto?
Yo me atrevería a decir que es improvisación. Yo tampoco hago teorías de conspiración, si tarde o temprano estamos en posibilidad de dar un golpe de Estado. No, me parece que hay elementos suficientes para tener un cierto temor y decir claramente que hay un riesgo latente en cualquier democracia en ciernes.
Es una profunda improvisación que al final del día se traduce de nueva cuenta en la retórica de la transformación, pues al final del día la transformación sólo es discursiva, ya que en el país siguen aumentando los feminicidios y el tema financiero sigue siendo uno de los grandes pendientes. No necesariamente esa transformación va a echar raíces más allá de 2024 o en 2030.
La visión a largo plazo que necesita este país, que pueda conjugar los grandes problemas estructurales de crisis, como la crisis climática, como la crisis de género, como la crisis migratoria, nos enfrenta a preguntas cada vez más fuertes y a respuestas cada vez más débiles. A mí, en particular, todo lo que aduce el gobierno me suena a improvisación, pues se duerme en los laureles de una narrativa de nueva cuenta con base en el pueblo, en las necesidades del pueblo, cuando lo cierto es que el pueblo el día de mañana va a dejar de estar en la agenda.
Para realmente ayudar al pueblo se necesitan mediciones, estudios cuantitativos, y no la erogación de dinero en efectivo para adultos mayores, para personas que no trabajan ni estudian. El paternalismo bien ejercido tiene una razón de ser, pero este paternalismo más bien parecería clientelismo, cuya la necesidad es que en el corto y en el mediano plazos funcione el proyecto del gobierno obradorista. Pero a largo plazo esta improvisación va a cobrar sus respectivas víctimas.
Volviendo a las primeras preguntas, ¿cómo se podría sacar de la crisis al Derecho?
Sinceramente le he dado muchas vueltas y eso me lo cuestiono todos los días por mi profesión, porque a eso me dedico. Yo cómo les puedo hablar de la Constitución a mis estudiantes, cuando la Constitución no se está cumpliendo; cuando el presidente dice que una ley secundaria puede modificar la Constitución.
Una de las ideas que se me han llegado a ocurrir es que nuestros gobernantes, por lo menos, tengan una noción muchísimo más amplia del Derecho. No creo que necesitemos presidentes abogados. No, en absoluto, pero sí creo que ellos necesitan buenos equipos de asesores legales, de consejeros jurídicos que realmente apoyen la toma de decisiones. Y que digan: “Ojo con esto, y si quieres hacer esto, este es el camino, y si no te gusta el camino, hay que reformar el camino, pero para reformar este camino los costos políticos van a ser estos”. Pero, al parecer, más bien funciona al revés: el presidente dice algo y sobre lo que dice se tiene que modificar la ley; sobre lo que dice se tiene que improvisar.
Yo esperaría que con prudencia, con una actitud muchísimo más cauta, en torno de las expectativas populares, se podría transitar con el apoyo de mejores equipos de abogados que puedan ponerle límites al poder, aunque va a haber cosas que definitivamente el consejero o el equipo de abogados del presidente rechacen: “Esto no se puede hacer y no conviene”.
Hace falta, sobre todo, una perspectiva ética en la profesión y que los abogados entiendan que el Estado puede hacer mucho por reivindicar el papel de nuestra profesión. El Estado puede hacer mucho para evitar que la crisis del Derecho permee todos los ámbitos de la vida social. Es necesario que el Estado dé pasos para entender el Estado de Derecho. No todo es Estado. Necesitamos un Derecho que vaya a la par del Estado.
Entonces, si tenemos buenas leyes, esperaría que las buenas leyes generen mejores condiciones para una mejor convivencia. El problema es que si tenemos un Ejecutivo federal al que no le interesa el Derecho, o en el caso de los estados de la República, si tenemos ejecutivos para quienes el Derecho está totalmente empatado con el empresariado y con la privatización, y no con una idea de lo público, estamos perdidos. Esto, en definitiva, en el largo plazo, puede llevarnos a los dos extremos: a un desentendimiento completo del Derecho en aras de la política o a una difuminación de la línea que hay entre clientes y ciudadanos. Ya no tendremos derechos; lo que ahora tendremos serán servicios.
Entonces creo que necesitamos cada vez más abogados comprometidos cuyos sus horizontes valorativos siempre estén pendientes de los riesgos morales que implica un ejercicio de la profesión que cada vez necesita poner más límites al poder político.
Por último, ¿cómo ves, en términos constitucionales, el panorama de los derechos humanos en México?
En definitiva, creo que hay derechos que responden más a un modelo liberal, a un modelo económico, y hay derechos que sí surgen de consignas que vienen del pueblo; depende de la fundamentación y de la justificación de cada derecho.
Lo que parecería hoy en día es que el mercado ha ido minando cada vez más el potencial emancipador y de reivindicación de muchos derechos humanos. Aprovecharse de este discurso de los derechos humanos no abona a su exigibilidad. En ese sentido, a mí me gusta mucho lo que dice la Constitución en torno de los derechos humanos; pero ya no solamente debería importarnos la Constitución; habría que hacer leyes secundarias y reglamentarias y, sobre todo, armonizarlas en la práctica cotidiana para conocer sus implicaciones.
Decir que tenemos un derecho a la alimentación suficiente, eso es papel mojado. Para llevar a cabo ese tipo de prerrogativas que están plasmadas en la Constitución es necesario pisar callos, hacer leyes secundarias, meterse con la industria, entender el tema de la informalidad, comprender los hábitos culturales. Este es un tema al que nadie le ha entrado y al parecer nadie le va a entrar; simple y sencillamente se deja al arbitrio de quien puede tener algunos intereses al respecto.
En ese sentido, el tema de los derechos humanos está completamente desfasado. Tenemos, por un lado, una cuestión normativa muy linda, muy amplia, muy densa en derechos, y, por otro, en la práctica necesitamos la operatividad a través de acciones, a través de amparos, a través de reivindicaciones sociales para llamar la atención sobre lo que les corresponde a las personas.
Es un tema muy complejo, que difícilmente se podrá solventar de la noche a la mañana. Pero mientras tenemos gobiernos ausentes, más bien dejando al arbitrio de cada uno de los actores que entiendan como quieran estos derechos humanos, en definitiva, el panorama constitucional en México va a seguir siendo bastante lúgubre. Es decir, tenemos una Constitución de papel que en la práctica no significa un verdadero cambio, una posibilidad de generar una transformación social interesante.
