Tito Garza y Javier Martín Reyes: En defensa de una educación pública de excelencia

Javier Martín Reyes y Juan Jesús “Tito” Garza Onofre —la dupla que lo mismo publica en reconocidos diarios de circulación nacional que tuitea, escribe para revistas académicas o aparece en programas televisivos vertiendo sus opiniones jurídicas— son algunas de las voces más críticas en el escenario jurídico actual. Su más reciente batalla se está dando en la defensa de la universidad pública, en el marco de la designación de José Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). De visita en las oficinas de abogacía®, nos hablan de forma desenfadada sobre el mundo de las leyes, con una visión fresca y apegada a lo que ellos esperan sean los nuevos cánones de la enseñanza jurídica en México.

¿Cómo surge la colaboración entre ustedes, que se ha vuelto muy visible, muy mediática?

Javier Martín Reyes (JMR): Comenzó genuinamente por Twitter. Creo que el primer momento en que empezamos a interactuar fue cuando se dio a conocer la propuesta para que Eduardo Medina Mora fuera a la Corte. Se escribieron muchas cosas en esa coyuntura. Ahí es donde nace el movimiento Sin Cuotas ni Cuates. Ya entonces yo escribía algunas cosas en el blog de Nexos y “Tito”tenía lo que creo que fue uno de los primeros blogs jurídicos del país: Entre abogados te veas, que luego se convirtió en el título de su tesis doctoral.

Juan Jesús Garza Onofre (TGO): Es de lo poco bueno que nos ha dejado Twitter. En realidad eran otras épocas; se podía hacer amigos. Mi blog era muy de nicho y buscaba hacerlo crecer. Para él tuve la fortuna de entrevistar al ministro José Ramón Cossío Díaz, a Pedro Salazar Ugarte, a Sergio López Ayllón; a mis profesores de España: Atienza y demás. El blog seguía el interés de mi tesis, la cual es sobre abogacía —La figura del abogado dentro de la teoría del derecho—, en la que hago un estudio histórico sobre por qué los grandes teóricos, desde Kelsen hasta Dworkin, no hablan de la abogacía como tal.

Entonces su colaboración surgió a partir de una afinidad electiva, personal, de una ética profesional compartida, de una afinidad de pensamiento sostenida por la amistad.

Javier Martín Reyes (JMR): Creo que nos ha tocado vivir coyunturas jurídicas muy específicas a partir de las cuales empezamos a publicar juntos.

Tito Garza Onofre (TGO): De coyunturas específicas con un fuerte componente constitucional, yo diría. También nos une nuestro interés por reivindicar el rol público del académico. Me parece que en el país hay una fuerte ausencia de académicos de ese corte, generacionalmente hablando. Ojo, no es algo que nos hubiéramos propuesto, pero nos dimos cuenta de que había una oportunidad para impulsar la discusión desde el ámbito jurídico más allá de los análisis politológicos, de buscar que el académico tenga un rol más central en la tarea de ordenar un poco la discusión pública.

Son muy críticos de los textos con los que se enseña el derecho en México. Se preguntan, por ejemplo, por qué seguimos estudiando con los libros clásicos, pero ya muy viejos, como los de Tena Ramírez, Burgoa, etcétera.

Javier Martín Reyes (JMR): Y de la ausencia de oferta que los sustituya. No es que el Tena Ramírez y el Burgoa no sean importantes, porque por supuesto lo son. Y es obvio que al estudiar la historia del constitucionalismo tienen un lugar importantísimo; pero como libros de texto están completamente rebasados por la realidad. Cuando lees el Tena Ramírez te das cuenta de que era un abogado que entendía perfectamente el debate estadounidense y las complejidades de la Constitución mexicana de ese tiempo, y al mismo tiempo trataba de darle un entendimiento al tema jurídico dentro de un sistema que, evidentemente, estaba muy lejos de ser una democracia constitucional. A mí lo que me causa mucha preocupación es que como gremio académico jurídico no hemos sido capaces de sustituir esos grandes libros.

Ustedes, como Ana Laura Magaloni, tienen esta idea de una nueva pedagogía jurídica de la que se habla poco. ¿Cuál es exactamente esa idea?

JMR: A mí me gusta mucho la idea que tuvo Ana Laura Magaloni, que eventualmente culminó en la creación de la División de Estudios Jurídicos del CIDE: ver el derecho como una herramienta para resolver problemas sociales. Lo que implica eso es que los abogados deben estar muy preparados en la parte normativa; deben tener habilidades de interpretación y de argumentación, pero también deben entender la realidad y resolver problemas prácticos. Antes, en las escuelas de derecho podías pasarte toda la carrera sin leer una sola sentencia. Entonces, la idea es trabajar en la construcción de las premisas fácticas y normativas de los argumentos; analizar casos relevantes y plantear soluciones jurídicas, y entrenar a los alumnos para redactar una sentencia, una demanda, un memorándum. La lógica es que desde la carrera se empiece a operar con los materiales jurídicos y construir soluciones.

Tito Garza Onofre (TGO): Complemento lo de Javier, que habla de lo adjetivo, diciendo que el Estado no ha puesto atención a la calidad de los profesionistas que egrersan de las escuelas, de las personas que tienen una cédula para ejercer el derecho, y eso deviene en problemas como el coyote, la mala praxis, la disparidad de los sueldos. La frase es de la profesora Magaloni, pero en México no gana un caso el que tenga el mejor abogado, sino el que tenga el dinero para pagar el mejor abogado. Hoy en día hay como 2,300 escuelas de derecho en el país. Es un tema de estructuración de la educación jurídica. Necesitamos que el gobierno asuma un liderazgo muchísimo más activo en saber que no podemos hablar de reformas estructurales, de una transformación, de cualquier adjetivo político que se quiera implementar en la realidad, si no vemos a los abogados como actores cruciales para generar una mejor cultura jurídica. En México parece que es más importante parecer abogado que ser abogado.

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¿Qué opinión tienen no sólo de la enseñanza sino de la práctica de los derechos humanos en México?

TGO: Hay que decirlo: hay muchos charlatanes en este campo, mucha gente que abusa del principio pro persona y que ha banalizado los derechos humanos. Por ejemplo, si lees bien la Constitución de la Ciudad de México, tienes derecho hasta a un gimnasio y a un entrenador. Éste fue un gran golpe de realidad para mí. O sea, me parece que el tema de los derechos humanos es fantástico; tiene una reflexión filosófica profunda, pero hay mucha gente que está lucrando y haciendo unicornios con eso. Tengo un texto que está por salir en el que le llamo algo así como “la moda de los derechohumaneros”, donde hago una crítica a este modelo precisamente discursivo y no realista; es más, yo diría que, para quien realmente lo necesita —víctimas y personas en condiciones de pobreza, por ejemplo—, constituye una doble revictimización: es creer que el derecho lo puede todo mágicamente. En ese sentido, es necesario entender que derecho y sociedad son dos cosas que no se pueden desempatar y que esa relación debe abordarse de manera rigurosa. Creo que ésa es la clave. 

JMR: Ése es el gran problema de una parte de quienes usan el discurso de los derechos humanos: que termina siendo mucho más una carta de buenas intenciones, algo donde cabe todo. Creo que también es paradójico que a veces olvidamos que los derechos humanos también son derecho, y que si no tienes una buena teoría de los derechos fundamentales, una buena teoría de interpretación constitucional, de cómo los dotas de contenido, de cómo lidias con sus colisiones y con las restricciones presupuestarias, entonces no puedes hacerte cargo de que hay limitantes fácticas y normativas que hacen imposible que el Estado pueda garantizar absolutamente derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo.

Javier, en tu colaboración en Balance temprano desde la izquierda democrática (Grano de Sal, 2020) realizas un recuento de los hitos jurídicos —antijurídicos, más bien— de esta administración federal. ¿Creen que estamos entrando a un momento inconstitucional, posconstitucional, aconstitucional, preconstitucional? Evidentemente el lugar en el que nos encontramos no es virtuoso…

Tito Garza Onofre (TGO): Esta administración es escandalosa para una persona que tenga conocimiento y respeto por las reglas, por el Estado y por el derecho como ordenador de la vida social. Simplemente los ha mandado por los aires; es escandaloso el nivel de desaseo jurídico que se advierte. Más allá de cuestiones ideológicas y políticas, cualquier transformación, cualquier cambio de régimen, necesita abogados. La transformación discursiva, digamos, ya está; parecería que por lo menos la batalla narrativa está ganada. Todos los apelativos que quiera usar el presidente de la República los hacemos parte de nuestra conversación pública. ¿Y la transformación jurídica? Yo creo que la ausencia más grande de la discusión política actual corresponde a las cuestiones jurídicas.

JMR: Creo que lo que dice “Tito” es algo muy sintomático de la tradición intelectual de la izquierda mexicana. La gran falla en el pensamiento de la izquierda dominante es su dificultad para articular y anclar las causas de forma jurídica en una democracia constitucional. El constitucionalismo descansa sobre la idea de que el poder está sometido a la ley y de que el ejercicio del poder se da a través, precisamente, de leyes o normas generales. En Balance temprano dijimos que la tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera ser: “Todo por la razón y el derecho (hasta que estorben)”. No entiende que podrá tener toda la legitimidad democrática, pero no por eso se puede olvidar de la legitimidad jurídica.

TGO: No sé si lo que tenemos ahorita sea una izquierda, pero históricamente la izquierda nunca se ha llevado bien con los abogados; la izquierda siempre ha cojeado de esa pata, del trazado fino, que al final del día es un trabajo de escritorio, aburrido; es un trabajo que no va a levantar las pasiones a las que ahora parecería estarnos acostumbrando esta polarización, pero es indispensable para dejar los cimientos para lo que viene. Lo que estamos viviendo es algo que creo que a largo plazo podrá servir para el populismo, para la narrativa; pero las transformaciones son jurídicas: los grandes cambios tienen que estar anclados en leyes, en reglamentos, en buenos ordenamientos, aspecto en el que, en la actual administración, cada semana hay un escándalo.

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“La tesis del presidente López Obrador pareciera ser: ‘Todo por la razón y el derecho (hasta que estorben)’. No entiende que podrá tener toda la legitimidad democrática, pero no por eso se puede olvidar de la legitimidad jurídica.”

Javier Martín Reyes

Javier Martín Reyes es profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), licenciado en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, maestro por la Universidad de Columbia, en Nueva York, y doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En Twitter han sido recipiendarios del abuso del “no podía saberse”. Me gustaría que ahora tuvieran la oportunidad de responder a esas críticas: ¿en qué momento vieron alguna virtud en este régimen o que esto que está pasando no iba a pasar? También como falla educativa en la formación de sus alumnos. ¿Cómo no vieron venir esto? 

JMR: Creo que lo que era muy difícil de prever en su momento fue que iban a tener mayorías legislativas (cercanas a la mayoría calificada) que son producto tanto de los votos como de una escandalosa sobrerrepresentación y del “chapulineo”. Una de las variables que explica lo que hoy estamos viviendo es que durante la primera mitad de este gobierno el presidente prácticamente podía hacer todo lo que le viniera en gana en términos constitucionales, y creo que eso es algo que, de nueva cuenta, no fue fácil prever en ese momento.

Y que las instituciones iban a aguantar más, ¿no?

JMR: Creo que las instituciones autónomas han tomado tres caminos muy diferentes. Unas instituciones se han tomado en serio su rol y han salido a decir lo que tienen que decir, como en el caso del Instituto Nacional Electoral (INE). En otros casos lo que hemos visto han sido claudicaciones abiertas. Con todo lo que costó construirla, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha desaparecido de facto, por desgracia. Si quisiéramos que el Poder Judicial, el INE, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Banco de México respondieran a la agenda de las mayorías, los tendríamos incorporados al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, o estaríamos votando por ellos. Hay órganos que claramente han fallado.

TGO: Tratando de responder de manera muy puntual a la pregunta, yo pensé que realmente iban a tener una visión mayor, porque eran muchas las expectativas. No esperaba este grado de improvisación y de falta de ideas. También creo que hay cosas indefendibles de los últimos sexenios; por eso, en la elección era imposible refrendarlos sin engañarnos pensando que los que venían eran personajes nuevos, porque no lo eran.

“Mucha gente abusa del principio pro persona y ha banalizado los derechos humanos. Hoy en día vivimos una moda de los ‘derechohumaneros’.”

Juan Jesús Garza Onofre es licenciado en derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, master en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y master en estudios avanzados en derechos humanos y doctorado en estudios avanzados en derechos humanos por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Un tema que se ha perdido de vista completamente —y que forma parte de sus intereses académicos— es el del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Dónde estamos con ese tema?

Javier Martín Reyes (JMR): Es una pena lo que está sucediendo en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo han saboteado en los hechos. Su implementación está atorada simplemente porque al presidente no le importa. No sabemos qué va a pasar el siguiente sexenio, pero lo que sí sabemos es que vamos a encontrarnos con un aparato estatal desmantelado, muy debilitado, que yo creo que nos va a tomar 10 o 20 años reconstruir. Pienso que éste sí es un retroceso histórico, como en muchos otros ámbitos. Los cambios que hemos tenido en la Constitución, los cambios que ha habido en la judicatura, los cambios que ha habido en los órganos con autonomía, lo que se había hecho en el combate y la medición de la pobreza, la rendición de cuentas y la transparencia general, son de esos grandes retrocesos históricos que nos va a costar un montón remontar.

TGO: Parecería que lo que nos ha traído esta administración es un centralismo brutal que está relegando los temas de federalismo. Y el centralismo siempre es el primer paso hacia el autoritarismo. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción yo creo que existe una desarticulación brutal respecto de los estados de la República.

¿Qué opinión tienen acerca de la reforma judicial?

Javier Martín Reyes (JMR): La reforma judicial es una reforma de claroscuros. Por ejemplo, en el tema de los precedentes me parece que no va a haber una transición fácil. También hay cosas súper preocupantes que no se están discutiendo, como la concentración del poder en el Consejo de la Judicatura y en la presidencia de la Corte. Por eso creo que lo que hizo el rector de la Escuela Libre de Derecho al impugnar la reforma fue algo muy responsable y admirable para un rector tan joven, tan innovador, de una escuela tan importante; ahí sí me quito el sombrero. Porque además lo que puso el rector de la Libre sobre la mesa fueron argumentos.

TGO: Creo que la han vendido como si fuera la panacea. El discurso es grandilocuente. Normativamente sí, es el cambio más importante desde 1994, pero se quedaron fuera muchos temas: ¿por qué no se abocó a la justicia local?, ¿por qué no tocó a la justicia electoral?, ¿por qué no se mencionó nada sobre el tema de las designaciones en la propia Suprema Corte?, ¿por qué no reguló bien el tema de las renuncias? Al día de hoy no sabemos todavía por qué renunció Eduardo Medina Mora… Hay puntos críticos que la reforma va esquivando. A mí me dicen mucho las ausencias. En estos momentos mi pronóstico es más bien pesimista. Me pone muy nervioso que de verdad todo sea política, que la política prime sobre el derecho. La política pasa, pero no el derecho, que se traduce en instituciones. La época de populismo, confrontación y polarización es la mejor época para hacer una apología del derecho con base en los valores liberales clásicos de entender el derecho como eso: como el ordenador de la vida social. 

Si yo fuera un joven que quiere estudiar derecho, ¿por qué me recomendarían la academia como una carrera de vida?

TGO: Por una razón muy sencilla: la academia es uno de los ámbitos profesionales donde tienes más libertad: de cátedra, de pensamiento… Durante muchos años la academia ha sido vista como un espacio rígido, pero creo que hay que pugnar por una academia muchísimo más humana en la que tengas la posibilidad de escribir acerca de lo que quieras, con rigor, con un trabajo colectivo de conocimiento y de incidencia pública. No estoy de acuerdo con una academia acomodaticia y pasiva en absoluto. Creo que si hay un factor de cambio en este país es la educación. Si hubiera que apostarle a algo es a que, así como admiramos al gran político, al gran abogado, al gran estadista, reivindiquemos la figura del profesor.

Javier Martín Reyes (JMR): Yo voy a ser más pragmático. Comparto lo que dice “Tito”, pero creo que una de las cosas que tiene el derecho es que es una disciplina práctica, es una profesión. A fin de cuentas somos personas que estudiamos para solucionar problemas de la realidad social. En ese sentido, tengo la impresión de que una forma para incidir en la manera en que se resuelven los problemas sociales en México es mediante una academia jurídica que impacte a miles de abogados.

Creo que luego a los académicos nos convencen de que lo que escribimos va a ser lo más importante y lo que más trascendencia va a tener; pero realmente considero que el impacto más directo que tenemos los que hacemos trabajo académico se produce en nuestros alumnos. En el aula es donde realmente puedes transformar realidades y vidas, donde realmente puedes influir. Hay que entender la academia como una fuente de herramientas que les sirve a otros para la acción.

¿Qué opinión tienen acerca de la designación de José Romero Tellaeche como director del CIDE?

Tito Garza Onofre (TGO): Creo que es una afrenta, una forma de seguir despreciando las reglas y a las instituciones. Además de que el proceso de designación cuenta con diversas irregularidades que tendrán que solventarse en tribunales, lo cierto es que la calidad ética del involucrado está por los suelos. Él mismo debería, por dignidad y respeto a toda la comunidad, dar un paso atrás y renunciar; entender que no basta con tener el apoyo del presidente para poder liderar una institución como el CIDE.

Javier Martín Reyes (JMR): Es una tragedia y una arbitrariedad. Durante sus primeros cuatro meses, José Romero Tellaeche ha ofendido a la comunidad del CIDE; ha destituido a funcionarios importantísimos como Alejandro Madrazo y Catherine Andrews; ha suspendido unilateralmente las evaluaciones académicas con el propósito de despedir a profesores incómodos, y ha mostrado que no tiene la capacidad de dirigir a una comunidad que lo repudia. Su designación se realizó en abierta violación a los estatutos. Yo confío en que los tribunales nos darán la razón.