Silvana Torres explora la evolución histórica de la autonomía municipal en México desde el Derecho romano, su importancia política y los desafíos modernos para preservar esta autonomía en el contexto nacional
El municipio es una de las instituciones jurídicas más antiguas, y existe desde el Derecho romano. Los romanos lo definieron como la ciudad principal y libre, que se gobernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían obtener privilegios y derechos teniendo el carácter de ciudadanos.
Al igual que los de diversos países hispanohablantes, nuestro ordenamiento jurídico retomó esta institución desde la llegada de los españoles. Fue Hernán Cortés quien constituyó el primer municipio en esta porción de la América Continental en 1519, siendo este acto como la primera fundación democrática que significó la piedra angular de la construcción jurídica ideada para legitimar la conquista.
Ahora bien, el artículo 40 de nuestra carta magna establece que, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Por su parte, el artículo 115 constitucional preceptúa que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.
A pesar de la importancia político-social que tiene esta institución en nuestro país, recientemente hemos visto una serie de acciones por parte de diversos actores políticos que únicamente vislumbran sus intentos de menoscabar la autonomía municipal.
El presidente de la Conferencia Nacional de los Municipios de México, Cesar Garza Villareal, expresó que en ciertas regiones del país la soberbia y el autoritarismo sometían y sojuzgaban ilegalmente a los ayuntamientos “porque en la mente de un déspota tirano, el municipio es un gobierno chiquito, un gobierno al que se le puede pisar.”
Un ejemplo claro de esta situación son las recientes denuncias de 24 alcaldes de Nuevo León, quienes acusaron al gobernador Samuel García Sepúlveda de retenerles de forma ilegal fondos y participaciones federales y estatales, en represalia a las decisiones de los diputados de oposición en el congreso local.
Claramente estas presiones políticas no son nuevas, los municipios siempre han estado expuestos a golpeteos políticos para mermar su autonomía, ya sea por parte del gobierno estatal o federal.
Otro ejemplo relativamente reciente, fueron las declaraciones del actual secretario de gobernación Adán Augusto, quien afirmó que el municipio de Irapuato, Guanajuato, no contaba con una corporación policiaca local, politizando de esta forma la grave situación que sufre el estado en materia de seguridad pública.
Es indispensable que, con independencia de los bandos políticos e ideológicos, se priorice una relación de coordinación y cordialidad entre los tres niveles de gobierno para poder cumplir eficazmente los mandatos constitucionales en aras del beneficio de los gobernados, sobre todo en temas tan relevantes como la seguridad, la educación y la economía.
Silvana Torres Alfaro
Escuela Libre de Derecho
